CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El colectivo #SeguridadSinGuerra aplaudió las tres sentencias de amparo emitidas por los jueces federales Fernando Silva García y Karla María Macías Lovera, donde afirman que la Ley de Seguridad Interior, por el sólo hecho de existir, amedrenta los derechos de las mexicanas y los mexicanos y les inhibe en el ejercicio de sus derechos, aún sin que exista un acto concreto de aplicación.
En un comunicado, el colectivo destacó la explicación que dio la juez Lovera al respecto: “Los efectos de las normas que se impugnan se desprenden de la alegada naturaleza ambigua, equívoca, vaga e imprecisa de dichas normas, que generan un efecto inhibidor al ejercicio de los derechos de acceso a la información, libertad de expresión, reunión, asociación, privacidad, protección de datos personales…”.
De igual manera, resaltó una consideración del juez Silva García, en la que éste confirmó lo que #SeguridadSinGuerra había alertado sobre la puesta en marcha de la Ley sin necesidad de emitir alguna Declaratoria de Protección a la Seguridad Interior:
“[…] el precepto 26 de la Ley de Seguridad Interior, al establecer que las Fuerzas Armadas pueden llevar acciones de seguridad interior para atender riesgos de seguridad interior, es evidente que para ello no se requiere la emisión de declaratoria alguna, pues en términos del artículo 11 de la Ley de Seguridad Interior, la citada declaratoria sólo se puede emitir ante una amenaza de seguridad interior, pero no así ante un riesgo que sólo constituye una situación que potencialmente podría convertirse en alguna amenaza a la seguridad interior, pero que aún no llega a constituirse”.
Llama sociedad civil mexicana a que el sistema interamericano emita opinión consultiva sobre políticas de seguridad de la región y derechos humanos
Bogotá, Colombia, 02 de marzo de 2018.- Representantes del Colectivo Seguridad Sin Guerra y la Federación Nacional de Ombudspersons manifestaron a las y los comisionados de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) una Opinión Consultiva* y allegar de insumos técnicos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) a efecto de resolver mejor los temas de controversia contenidos en la Ley de Seguridad Interior.
Dicho llamado ocurrió por la mañana durante la audiencia temática concedida durante el 167 periodo de sesiones del organismo, realizado en Bogotá, Colombia.
Los peticionarios de la audiencia también solicitaron a la CIDH que exhorte al Estado mexicano a que las discusiones en la SCJN incluyan audiencias públicas como se ha hecho en otros casos de gran relevancia, y que se mantenga al tanto de las discusiones alrededor de la discusión de las controversias y acciones de inconstitucionalidad, así como de los avances las demandas de amparo mencionadas.
Cabe destacar que el colectivo advirtió que se trata de la Ley más impugnada ante la SCJN. Son 23 los recursos que han presentado órganos públicos autónomos, municipios, estados y las minorías legislativas en el Congreso de la Unión: 9 acciones de inconstitucionalidad y 14 controversias, a las que se añaden más de 700 demandas de amparo en todo el país.
Durante la audiencia de forma inédita se proyectó un video del Presidente de la CNDH, Luis Raúl González Pérez, en el que explicó su oposición a la Le y por qué por qué este organismo interpuso la Acción de Inconstitucionalidad. Por su parte, las comisionadas y comisionados sostuvieron que el modelo de seguridad ciudadana es el que mejor respeta los derechos humanos y apoyaron la petición de emitir una opinión consultiva. Se trata de un mecanismo para dar opiniones acerca de la compatibilidad entre leyes internas e instrumentos internacionales.
En sus intervenciones, el Comisionado Luis Ernesto Vargas Silva y la Comisionada Flávia Piovesan expresaron sus coincidencias con lo expuesto por los peticionarios y manifestaron su intención de impulsar la solicitud de opinión consultiva a la Corte Interamericana.
Las y los integrantes de organizaciones de la sociedad civil expresaron ante el sistema interamericano de derechos humanos que la Ley perpetuará la crisis de violencia y abonará a que siga la impunidad en los casos de graves violaciones a derechos humanos cometidos por las Fuerzas Armadas, que según un reciente informe de la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA) es del 97%.
Entre las múltiples deficiencias de la legislación se acusó la imprecisión en la definición de “Seguridad Interior” y los conceptos asociados a ésta, su sentido contrario a las obligaciones internacionales de México en materia de derechos humanos, la falta de adecuada tutela a los derechos a la vida y la integridad personales, los riesgos para el ejercicio de la libertad de expresión y la protesta, la inexistencia de límites temporales precisos respecto de la vigencia de una Declaratoria de Protección a la Seguridad Interior y la violación del derecho a la protección de datos personales al obligar a organismos autónomos a entregar información, además de la falta de regulación del uso de la fuerza y de controles democráticos, también viola el derecho a la consulta previa de las comunidades indígenas, el principio de inmediatez en la puesta de disposición, principio de legalidad, principio pro persona y principio de progresividad.
Las y los peticionarios recordaron que la ley se aprobó a pesar de las numerosas recomendaciones de mecanismos internacionales -incluida la propia CIDH- sobre la necesidad de retirar al Ejército de las tareas de seguridad pública, e incluso a pesar de los múltiples señalamientos de las organizaciones de sociedad civil, academia, órganos públicos de derechos humanos y de organismos internacionales sobre el riesgo de legislar en la materia.
#SeguridadSinGuerra
*Reglamento de la Corte interamericana de derechos humanos. Artículo 70.
La ley de seguridad “invierte el mando civil sobre el militar”, mientras que no hay “evidencia de que la intervención militar reduzca la violencia”, dijo Ernesto López Portillo, secretario técnico del Foro Mexicano para la Seguridad Democrática y uno de los voceros que tomaron la palabra en nombre de la sociedad civil.
Bogotá, 2 de marzo (EFE).- La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) mostró hoy su preocupación por la Ley de Seguridad Interior de México, que formaliza la participación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad, puesto que puede debilitar los derechos y libertades individuales.
“La preocupación que muestro con la ley de seguridad interior es la misma que extendió la comisión el pasado 4 de diciembre. De un lado es legítimo y necesario fortalecer la garantía de derecho a la seguridad, pero sin comprometer ni debilitar derechos ni libertades individuales”, aseguró la comisionada Flavia Piovesan durante las audiencias que la CIDH celebra en Bogotá.
En este sentido, señaló que “la formación castrense tiene otra lógica, otra racionalidad” a la policial, por lo que consideran que los militares no tienen la experiencia necesaria ni la preparación adecuada “para el desarrollo de este rol de seguridad”.
En ese sentido, Ernesto López Portillo, secretario técnico del Foro Mexicano para la Seguridad Democrática y uno de los voceros que tomaron la palabra en nombre de la sociedad civil, aseguró que la inseguridad ha crecido.
“Si tuviéramos una máquina para regresar en el tiempo y nos hubiéramos reunido durante una hora hace dos años, habría 2,1 homicidios en México en esa hora. Hoy, habría 3,5 personas asesinadas”, comentó.
Además de esa degeneración de la situación, aseguró que la ley de seguridad “invierte el mando civil sobre el militar”, mientras que no hay “evidencia de que la intervención militar reduzca la violencia”.
Organizaciones no gubernamentales consideraron que 2018 “es un año fundamental para los derechos humanos, pues la disyuntiva entre un Estado violador de derechos humanos y uno que está diseñado para fomentar la corrupción y la impunidad se resolverá no sólo en lo electoral. La efervescencia civil no será espectadora del reparto de los botines. Procesos como #FiscalíaQueSirva y #SeguridadSinGuerra son ejemplos de ello. La sociedad expresará con claridad sus posiciones y ello nos llevará a tensiones previsibles más allá de lo electoral”.
En un comunicado firmado por la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todas y Todos”, así como por los colectivos #FiscalíaQueSirva y #SeguridadSinGuerra, advirtieron que con la Ley de Seguridad Interior “somos dirigidos peligrosamente al precipicio de los derechos suspendidos, donde un Estado opaco y escandalosamente impune exige que confiemos a ciegas en él. Consideramos que sólo derogando la LSI e impulsando una Fiscalía verdaderamente autónoma e independiente será posible empezar un cambio real en la seguridad y la justicia de este país”.
Recordaron que persiste la crisis de seguridad y de derechos humanos y “el ciclo violento de esta nueva docena trágica confirma los peores augurios y aún arroja novedades: Las comunidades y las personas somos víctimas de una violencia estratégica y dirigida, que es correlativa al señuelo del proceso electoral”.
La Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todas y Todos” (Red TDT) ha documentado 34 ejecuciones extrajudiciales para personas defensoras de derechos humanos en 2017. Este año, también ha resultado el peor de los últimos 20 años en materia de una violencia con el rostro de 23 mil 101 víctimas solo relacionadas con el derecho a la vida, del cual el Estado mexicano no parece hacerse responsable.
Ciudad de México | Desinformémonos. Organizaciones y colectivos de Jalisco aseguraron que la Ley de Seguridad Interior (LSI) es “una verdadera amenaza contra el derecho de manifestación y contra las luchas populares” y que sólo “respalda y profundiza la militarización en curso”, la cual “no ha hecho más que recrudecer la violencia” en el país.
Los integrantes de los colectivos encabezaron un acto para protestar contra la LSI e informar las “10 amenazas graves” que implica, entre las que se encuentran “las ejecuciones extrajudiciales en México”.
Durante la protesta explicaron que la Ley de Seguridad Interior “legaliza la intervención de los militares en tareas que corresponden a autoridades civiles, sin un marco de transparencia y rendición de cuentas, ni mecanismos que garanticen el respeto a derechos tan esenciales como la libertad y la vida de las personas”.
Los colectivos #Seguridadsinguerra y #Fiscalíaquesirva indicaron que aun cuando se apruebe la Ley de Seguridad Interior las acciones continuarán para oponerse a esta legislación, que podría ir desde promover una acción de inconstitucionalidad, manifestaciones públicas o llegar al plano internacional.
En una conferencia de prensa en el patio del Senado, los integrantes de diferentes organizaciones que se oponen a la aprobación de esta ley criticaron que el diálogo que convocó el presidente Enrique Peña Nieto fue una simulación y que los cambios hechos a la propuesta original fue solo un maquillaje.
“Fue un diálogo simulado. El presidente pidió al Senado abrir los espacios y con la presencia de 7 gobernadores, 6 presidentes municipales, con la convocatoria a organizaciones que son afines a esta propuesta, es que se dijo que ya se había hecho la consulta solicitada por el presidente de la República”, expresó Luis Sánchez, coordinador de la bancada de senadores del PRD.
Los oradores en la conferencia, entre ellos María Elena Morera, la senadora Angélica de la Peña y el actor Diego Luna, cuestionaron que no se escuchen los llamados y recomendaciones hechas por académicos, la Comisión Nacional de Derechos Humanos y la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas, que han pedido que se detenga la aprobación de esta ley.
Indicaron que los cambios a la minuta enviada por la Cámara de Diputados solo fueron en comas y palabras. Recordaron que más de 250 mil personas han firmado en change.org para detener esta ley.
El Senado discutirá este miércoles la aprobación de una nueva propuesta de la Ley de Seguridad Interior que modifica 9 de los 34 artículos del dictamen aprobado por los diputados la semana pasada, entre ellos el relacionado con la “clasificación” de toda la información generada por esta ley, y la condición de que las marchas tendrían que ser pacíficas para que no representara una amenaza a la seguridad.
Sin embargo organizaciones civiles que han hecho un seguimiento puntual de la evolución de esta ley, agrupadas en el colectivo “Seguridad Sin Guerra” (#SeguridadSinGuerra), advierten que son cambios “cosméticos” que no modifican el fondo de esta norma que desde su punto de vista es inconstitucional, no solo porque involucra a militares en temas de seguridad pública, sino porque faltan controles y priva la opacidad.
Se prevé que este miércoles las comisiones unidas en el Senado analicen el dictamen. En caso de aprobarlo este tendría que regresar a la Cámara de Diputados dado que ya se le hicieron modificaciones y sería los diputados quienes de vuelta tendrían que analizarlo y aprobarlo para que, entonces sí, pueda ser abordado por el pleno del Senado y no solo por comisiones.
A continuación se describen las modificaciones planteadas por el Senado y la opinión de las organizaciones.
Artículo 1
El dictamen del senado elimina de este artículo el enunciado que consideraba de forma genérica que “todas las disposiciones de la presente ley son materia de seguridad nacional”. En lugar de eso incluye una señalamiento más específico: “Sus disposiciones son materia de seguridad nacional en términos de lo dispuesto por la fracción XXIX-M del artículo 73 y la fracción VI del artículo 89 de la constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de seguridad interior”
El colectivo “Seguridad sin Guerra” considera que esto no es suficiente para atender el tema de inconstitucionalidad en el que cae el Senado, pues recuerdan que el problema es más profundo toda vez que el artículo 21 de la Constitución establece que los temas de seguridad pública son facultad de las autoridades civiles, y no de militares como lo contempla la Ley que se pretende aprobar.
Artículo 7
En el dictamen aprobado por la Cámara de Diputados este artículo señalaba que los actos realizados por las autoridades militares y federales en el contexto de una declaratoria de intervención en un estado “deben preservar en todo momento y sin excepción los derechos humanos”.
El dictamen modificado por el senado cambia “preservar” por las palabras “respetar, proteger y garantizar” los derechos humanos y añade que esto deberá hacerse de acuerdo con “lo dispuesto por las Constitución y tratados internacionales”.
Además el dictamen del Senado elimina el segundo párrafo de este artículo que hacía referencia a la suspensión de derechos en casos de perturbaciones graves a la paz pública.
De acuerdo con el colectivo “Seguridad Sin Guerra” esos cambios “son insuficientes pues no se genera ningún control adicional y extraordinario de supervisión en materia de derechos humanos, que fue lo que se propuso por académicos y organizaciones”.
Organizaciones sociales que integran el colectivo #SeguridadSinGuerra convocan este lunes a un “diálogo nacional sobre seguridad ciudadana“, para analizar el “modelo de seguridad que permita la formación de policías y que realmente dé certeza jurídica a los miembros de las Fuerzas Armadas”.
En una carta que comienzan a difundir este día, plantean como objetivos “construir una agenda legislativa integral que permita avanzar a un modelo de seguridad no militarizado, compatible con la Constitución”. Esto, luego de que el pasado viernes, el presidente Enrique Peña Nieto hiciera un llamado a ampliar los espacios de diálogo y acercamiento con organizaciones de la sociedad civil.
Proponen que estos diálogos se realizan el 23 y 24 de enero, durante 12 horas cada día.
Aquí la carta y la propuesta dirigida al gobierno federal, dirigentes de partidos, líderes parlamentarios, el presidente de la CNDH, así como a la Secretaría de la Defensa Nacional y a la Marina:
