Opinión – Centro Nacional de Comunicación Social AC

1 junio, 2023

Seguridad para periodistas en México, una necesidad lejana a la realidad

Imagen: Cencos

Erika Díaz/Cencos

Es bien sabido que México es uno de los países más peligrosos en el mundo para ejercer la labor periodística, sin embargo, muchas personas aún desconocen la existencia de un mecanismo creado para su protección, el cual a 11 años de haber sido creado, sigue contando con fallas que no han permitido que cumpla plenamente su propósito. Con el propósito de esclarecer algunas dudas, hablaremos más sobre ello a continuación.

El Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas surgió en el año 2012 como resultado de la situación de riesgo y vulnerabilidad vivida por personas defensoras y periodistas en México, a partir de la promulgación de la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas. Cabe mencionar que ambos fueron resultado de la iniciativa y el trabajo continuo de varias organizaciones de derechos humanos y periodistas que se unieron para formar el Espacio de Organizaciones de la Sociedad Civil (Espacio OSC).

Dicho mecanismo se creó con la misión de “proteger a personas defensoras de derechos humanos y periodistas que sufren agresiones con motivo de su labor¹”, y por lo tanto sus objetivos también son garantizar la vida, la seguridad y la integridad personal de las personas que se integren a él por cuestiones de seguridad y protección².

Sin embargo, a pesar de su existencia, éste cuenta con fallas, además de que no responde a realidades locales y resulta insuficiente como única medida de protección para periodistas a nivel federal.

En cuanto a las fallas del Mecanismo, en 2019, a solicitud de la Subsecretaría de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, la Oficina en México de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos realizó el “Diagnóstico sobre el funcionamiento del Mecanismo”, del cual se desprenden 104 recomendaciones para su fortalecimiento. Entre ellas se encuentran las siguientes³:

Insuficiencia de recursos humanos y económicos para cubrir los requisitos legales y las necesidades reales de protección y se prevé que esa insuficiencia se agudice por la creciente tendencia de solicitudes de incorporación. Habría que mencionar que este hecho impacta sobre la capacidad para proteger eficazmente.
Falta de participación activa de las autoridades que componen la Junta de Gobierno. Sin la existencia de protección integral y la participación de las autoridades pertinentes, las personas beneficiarias reciben una protección limitada ante la situación de riesgo que enfrentan.
Falta de herramientas y capacitaciones necesarias para realizar sus funciones con la eficacia requerida.
Un gran número de medidas no se implementan de manera adecuada o en su totalidad.
No hay un mensaje claro de priorización política que garantice su función principal de coordinar las acciones de la Federación y de las entidades federativas para la protección de las personas afectadas. Esta situación provoca mayores retos al momento de asegurar la necesaria coordinación y corresponsabilidad de las autoridades federales y estatales.
Carece de criterios de actuación adecuados para condenar públicamente cualquier ataque por parte de servidores públicos, así como para dar vista a la fiscalía correspondiente para que se inicie una investigación criminal y para iniciar el procedimiento correspondiente de control y sanción administrativa.

A cuatro años del diagnóstico, continúan las deficiencias del Mecanismo, llevando a que sean las organizaciones de derechos humanos las que continúen dando visibilidad tanto al Mecanismo para exponer sus fallas y dar un llamado a las autoridades para que se involucren, como a la importancia de la protección de personas defensoras y periodistas en México.

Un ejemplo de ello es que recientemente se llevó a cabo el “Seminario Internacional de Políticas de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas” por parte del Espacio OSC, en el cual especialistas recalcaron la importancia de contar con políticas públicas de protección que incidan en la existencia de entornos seguros para el ejercicio de la libertad de expresión y la labor de defensa tanto en México como en los demás países de América Latina.

Acerca del Mecanismo de Protección, Sara Mendiola, directora ejecutiva de la organización Propuesta Cívica, comentó que hasta el momento no ha logrado dar los resultados para los cuales fue creado, además de que ha fallado en incorporar el efecto preventivo, así como el enfoque de género y el interseccional. De igual forma, habló sobre la importancia de posicionar en un primer lugar la política pública criminal para atender delitos contra periodistas, la cual “tiene que arropar, tiene que integrar el modelo de protección porque no habrá mecanismo que alcance ni recurso suficiente que lo haga sostenible si los agresores siguen en las calles porque las fiscalías no hacen su trabajo. De hecho, si las fiscalías hicieran su trabajo, no habría necesidad de tener un Mecanismo⁴.”

Por su parte, Lucía Lagunes, directora del Centro de Comunicación e Información de la Mujer (CIMAC) y miembro del Consejo Consultivo del Mecanismo, hizo hincapié en la importancia que tiene la sociedad civil en el fortalecimiento y monitoreo de las políticas de protección. “La fuerza que tenemos las propias organizaciones se respalda con los hechos. […] Hemos aprendido que hay que romper los muros de una institución y colocar la institucionalidad del Estado mexicano a favor de una política de protección integral que garantice efectivamente que la vida y la libertad de las personas defensoras de derechos humanos y periodistas esté protegida, y que hacer la tarea que tenemos que hacer por el compromiso que tenemos se puede hacer en libertad y sin que eso implique que perdamos la vida⁵.”

Finalmente, resulta lamentable que las personas estén siendo asesinadas por motivo de su labor informativa y que tanto el mecanismo designado a proteger periodistas y personas defensoras como el Estado minimicen la situación de violencia que viven y no tengan respuesta alguna frente a las fallas ya mencionadas. Pareciera ser como si las más de mil personas incorporadas actualmente al Mecanismo fueran pocas, cuando realmente no debería haber ni una sola persona incorporada.

Hasta ahora, el gobierno mexicano ha fallado en cumplir su obligación de garantizar el ejercicio pleno de la libertad de expresión, de proveer un entorno seguro y respetar los derechos humanos de periodistas, así como en generar las condiciones propicias para un periodismo libre de violencia en el país, y con ello convirtiendo la seguridad de periodistas y personas defensoras en una necesidad lejana a la realidad.

¹ Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas

² Para conocer el funcionamiento del Mecanismo, recomendamos leer la publicación Mecanismo de Protección: ¿Qué es, cómo funciona y cómo ser beneficiario?, de Artículo 19: https://bit.ly/43oQn1Q

³ Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Diagnóstico sobre el funcionamiento del Mecanismo, 2019

⁴ Sara Mendiola, Seminario Internacional de Políticas de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, 2023

⁵ Lucía Lagunes, Seminario Internacional de Políticas de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, 2023

15 mayo, 202312 mayo, 2023

Con 98% de impunidad en casos de asesinatos a periodistas, ¿existe una crisis para la libertad de expresión en México?

Imagen: Cencos

Erika Díaz/Cencos

México es uno de los países más peligrosos en el mundo para ejercer el periodismo y con ello la libertad de expresión.

En el sexenio actual se ha documentado un incremento exponencial en la violencia contra la prensa, convirtiendo a nuestro país en uno de los lugares más violentos y mortíferos para ejercer el periodismo tanto en Latinoamérica como en el mundo. Un ejemplo de ello es el hecho de que el Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ) reportó que más de la mitad de los 67 casos de periodistas y trabajadores de medios asesinados a nivel global durante el 2022 se registraron únicamente en tres países: Ucrania, México y Haití, México siendo superado únicamente por un país en actual conflicto bélico¹.

Tan sólo en 2022, en Cencos se documentaron 17 periodistas asesinados, mientras que ARTICLE 19 documentó 696 agresiones contra periodistas y medios, representando un grave peligro, pues de acuerdo con la organización “[…] las agresiones letales, el acoso judicial, las amenazas y el estigma preocupan sobremanera, por el efecto cascada que tienen para silenciar al gremio y por el impacto negativo que la censura de quienes informan tiene en el flujo y acceso a la información de la sociedad mexicana”².

Habría que mencionar que entre las agresiones más comunes contra periodistas y medios de comunicación se encuentran las amenazas, intimidaciones, hostigamiento, acoso y el uso ilegítimo del poder público.

Lo que resulta más preocupante no es solamente la alta tasa de violencia, sino el hecho de que la mayoría de las agresiones son cometidas por autoridades públicas, pues de los 696 casos documentados por ARTICLE 19, 296 (42.53%) fueron realizados directamente por actores del Estado. Además de que en repetidas ocasiones el presidente Andrés Manuel López Obrador, misma persona que debe trabajar a favor de los derechos de todas las personas por igual, ha realizado comentarios descalificativos, estigmatizantes y criminalizantes hacia periodistas e incluso también hacia organizaciones de la sociedad civil, algunos de los cuales se pueden considerar como ataques contra la prensa; los cuales son alentados por un gobierno que en lugar de garantizar su seguridad la obstaculiza y se niega a reconocer la importancia de su labor.

A pesar de que en México existen leyes, instancias y mecanismos designados específicamente a la protección de periodistas, como la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra de la Libertad de Expresión (FEADLE) y el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras y Periodistas, la realidad es que son tanto insuficientes como ineficaces dada la falta de recursos designados y del compromiso de las autoridades para adoptar medidas inmediatas y eficientes de atención y protección a quienes denuncian ser víctimas de agresiones debido a su labor. Además de que hace falta hacer más accesibles estas medidas para aquellas personas que viven fuera de la capital del país, tomando en cuenta que en algunos estados existen ‘zonas de silencio’ en las que persiste un mayor riesgo para que periodistas narren sus historias.

Sin embargo, estas problemáticas no son las únicas que enfrenta el gremio periodístico en nuestro país.

Recientemente, se ha dado a conocer que el Estado mexicano, a través del Ejército, ha utilizado el malware Pegasus para espiar ilícitamente a periodistas y personas defensoras de derechos humanos. Y aunque el número de personas espiadas no es alto (tres personas defensoras de derechos humanos y dos periodistas en lo que va del gobierno actual), esto representa un antecedente peligroso para la posibilidad de conocer e infiltrar información que les ponga en un riesgo mayor al que ya enfrentan, además de tener la facilidad de espiar a las personas indiscriminadamente sin enfrentar consecuencia alguna.

Si bien a principios de año el presidente López Obrador dijo en una de sus conferencias matutinas que: “En este país no hay impunidad y la justicia llega; tarda, pero llega cuando hay voluntad”, resulta contradictorio que el gobierno utilice medidas como Pegasus, las defienda y proteja sin que enfrente sanción alguna, aún cuando represente violaciones a los derechos humanos, convirtiéndose a él y a su gobierno en parte de la crisis de impunidad y de libertad de expresión. Así pues, la declaración realizada por el presidente representa una mentira en la que se trata de hacer creer a la población la idea de una nación totalmente alejada de la realidad, ya que, por una parte, en el país existe un 99% de impunidad en los crímenes contra periodistas, lo que lo coloca en el sexto lugar del “Índice Global de Impunidad” de CPJ. De acuerdo con la FEADLE, de los 143 expedientes en trámite de denuncias por delitos contra periodistas documentados en 2022, únicamente 34 tuvieron una resolución definitiva a favor de las víctimas.

Y por otra parte, es evidente que hay una falta de voluntad política e institucional en cuanto a la aplicación de justicia en crímenes contra periodistas, comenzando por el hecho de que actualmente miles de periodistas siguen realizando su labor bajo un escenario precario, violento y estigmatizante a pesar de que se han denunciado estas condiciones desde hace más de una década, y continuando con que los recursos económicos y humanos designados para la investigación de agresiones contra periodistas y medios de comunicación son escasos, lo que ha llevado a que 9 de cada 10 casos en contra de periodistas debido a su labor no se investiguen ni castiguen³.

Así entonces, es necesario adoptar medidas y políticas públicas integrales de protección que vaya más allá de una simulación de cumplimiento del gobierno y de un compromiso a medias; se debe contar con los recursos necesarios para adoptar mecanismos que no sólo se enfoquen en la reacción ante los delitos sino que realmente garanticen el respeto a periodistas y medios de comunicación, prevengan ataques y violaciones a sus derechos humanos, protejan y garanticen sus derechos a la vida e integridad personal, y que investiguen, juzguen y sancionen a personas responsables de delitos contra periodistas para evitar que continúe casi una totalidad de impunidad en el país.

Hablar de una crisis para la libertad de expresión en México resulta no sólo apropiado, sino que también necesario para poder visibilizarla y comenzar a actuar en conjunto para exigir un alto a la violencia hacia aquellas personas que ejercen su derecho a comunicar y compartir información con la sociedad, sobre todo antes de que sea demasiado tarde y hablemos entonces de una crisis general de derechos humanos en el país.

¹Comité para la Protección de los Periodistas, El drástico aumento en la cifra de periodistas muertos convierte al 2022 en un año mortal para la prensa, 2023.

² ARTICLE 19, Voces contra la indiferencia. Informe anual de ARTICLE 19, 2023.

³ Red de Intercambio Internacional por la Libertad de Expresión (IFEX).

7 marzo, 2022

Espacio cívico y la demanda de justicia en México en tiempos de pandemia

Erika Díaz/Cencos

Cuando se enfrenta una situación de pandemia mundial se genera un contexto de miedo e incertidumbre, pero, ¿qué sucede cuando en un país donde hay múltiples violaciones de derechos humanos se reducen los espacios para pedir justicia?

Desde hace casi dos años vimos cómo un virus fue capaz de transformar el mundo entero, de forzarnos a adaptarnos a un nuevo estilo de vida y adoptar varias acciones para frenar su propagación. Pero eso no fue lo único que cambió.

En México se establecieron diferentes medidas sanitarias, entre ellas estar en cuarentena, suspender algunas labores, incluyendo las del personal del Poder Judicial, y reducir los espacios de reunión social. Así, el COVID-19 no sólo se convirtió en una amenaza para nuestras vidas, sino que también para las demandas de justicia ante violaciones de derechos humanos. Como mencionó en un comunicado el secretario general de las Naciones Unidas, António Guterres, “la pandemia de COVID-19 es una emergencia de salud pública, pero es mucho más. Es una crisis económica. Una crisis social. Y una crisis humana que se está convirtiendo rápidamente en una crisis de derechos humanos.”¹

Una de las consecuencia de las normas y prácticas impuestas por el gobierno mexicano frente a la pandemia fue la reducción de espacios cívicos -espacios donde se garantiza la participación ciudadana, la organización de la sociedad civil y la ciudadanía para buscar un cambio social y tener la posibilidad de evaluar la eficacia de los sistemas políticos, junto con la elaboración y aplicación de políticas-. Esto significó una limitación a determinados derechos, como a la libertad de asociación, de reunión pacífica e incluso a la libertad de expresión, poniendo en peligro la participación y la democracia en el país.

Y si bien las acciones para proteger la salud pública son necesarias, también puede llegar a existir el riesgo de que sean utilizadas de manera abusiva y se conviertan en medidas represivas. El Monitor Tracking Civic Space de la organización CIVICUS, ha reportado que únicamente el 3.1% de la población mundial vive en países con un espacio cívico abierto²; por su parte, México es catalogado como un país represivo. Un ejemplo de ello es la represión contra estudiantes de la Escuela Normal Rural Mactumactzá, quienes en mayo de 2021 se manifestaban en la Caseta de Chiapa de Corzo para demandar mejoras educativas y fueron desalojados con uso de fuerza, dejando un saldo de 95 personas detenidas y denuncias de por lo menos 54 personas desaparecidas^3. O incluso el hecho de que en diciembre de 2021 la Cámara de Senadores aprobó la reforma al artículo 533 de la Ley de Vías Generales de Comunicación, la cual de acuerdo con el Espacio OSC para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas y el Frente por la Libertad de Expresión y la Protesta Social (FLEPS) “permitirá el incremento de actos de violencia institucional en contextos de manifestaciones, demostrando nuevamente la intención de inhibir el ejercicio de libertades esenciales para una sociedad democrática por parte del Estado mexicano, tal como ha ocurrido en los años 2020 y 2021, en el que organizaciones integrantes del FLEPS documentaron actos de represión y estigmatización de las autoridades en sus distintos niveles en contra de manifestantes y personas defensoras de derechos humanos como lo han sido colectivos feministas así como personas defensoras de tierra y territorio.”⁴

A pesar de esta situación, las personas continuaron alzando la voz, demostrando una vez más el poder que tiene el derecho a la manifestación y la libertad de expresión. De las calles a plataformas digitales y redes sociales, los movimientos, marchas y protestas en México encontraron un nuevo medio para hacerse escuchar. Así, la población se adaptó a las nuevas necesidades y con ello fue capaz de seguir exigiendo justicia y respeto a sus derechos, manifestándose con el Macro Evento Digital Vivan las Mujeres para enfrentar la impunidad en los feminicidios, con la XLIII Marcha del Orgullo LGBT de la CDMX Digital para mostrar apoyo a la comunidad LGBTIQ+, y con con el Concierto Virtual 9N para recordar la represión que hubo de la protesta feminista en Cancún en 2020, entre otros.

Poco a poco, en los países se han ido reanudando las actividades y las personas han vuelto a las calles para comunicar exigencias urgentes sobre las violencias que se viven en el país, como aquellas relacionadas con recordarle al Estado su papel frente al caso de los 43 estudiantes normalistas desaparecidos de Ayotzinapa y las más de 90 mil personas desaparecidas que hay en México, o con las agresiones que enfrentan periodistas y medios de comunicación día a día.

Sin embargo, la realidad es que en México la protesta social es estigmatizada y criminalizada por los tres niveles de gobierno, lo que ha generado que incluso en un contexto de pandemia las personas manifestantes sigan siendo objeto de abusos y castigos desproporcionados. Según lo documentado por el Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria, las movilizaciones y en especial el movimiento feminista que había cobrado fuerza e importancia en los últimos años, fueron detenidas con las medidas sanitarias y cuando se comenzaron a activar de nuevo, tuvieron una respuesta policial desproporcionada y violenta. Con represiones, detenciones arbitrarias, encapsulamientos, desapariciones e incluso penas de prisión, como es el caso de la defensora indígena Kenia Inés Hernandez, quien en octubre de 2020 fue detenida arbitrariamente sin orden judicial y el pasado mes de febrero fue sentenciada a más de 10 años de prisión a base de cargos fabricados en su contra como represalia por su trabajo de defensa de los derechos humanos, se ha dejado en claro que en el país el uso del espacio cívico es peligroso y altamente castigado.

Así entonces, resulta necesario asegurarnos de que las respuestas ante esta o cualquier pandemia se aborden adecuadamente y de que el gobierno mantenga una transparencia en cuanto a su actuación, pero sobre todo habría que garantizar el espacio cívico abierto donde participen de manera segura personas defensoras de derechos humanos, organizaciones de la sociedad civil, periodistas, medios de comunicación y la sociedad en general, pues son indispensables tanto para construir y fortalecer mecanismos de diálogo y políticas encaminadas a respetar los derechos de todas las personas, como para consolidar que no exista retroceso ni restricción alguna en el ejercicio de derechos.

Hoy más que nunca es imprescindible que las voces de las personas sean escuchadas.

_{1 António Guterres, “Retroceso en los derechos humanos por pandemia es inaceptable: Guterres”, Naciones Unidas Derechos Humanos Oficina del Alto Comisionado América Central Oficina Regional, http://www.oacnudh.org/retroceso-en-los-derechos-humanos-por-pandemia-es-inaceptable-guterres/}

_{2 CIVICUS, “Monitor Tracking Civic Space”, CIVICUS, https://monitor.civicus.org/quickfacts/}

_{3 Comisión Nacional de los Derechos Humanos, ”Comunicado de prensa DGC/140/2021 Dirección General de Comunicación”, CNDH, https://www.cndh.org.mx/sites/default/files/documentos/2021-05/COM_2021_140.pdf}

_{4 FLEPS, “Organizaciones lamentan la aprobación de la reforma a la Ley de Vías Generales de Comunicación que criminaliza e inhibe el derecho a la protesta social”, FLEPS, https://libertadyprotesta.org/wp-content/uploads/2021/12/FLEPS_Comunicado-vs-aprobacion-criminalizacion-A19-PC.pdf}

8 agosto, 2019

Convocan a protesta por violaciones cometidas presuntamente por policías de CDMX

Redacción/Animal Político

La protesta fue convocada luego de que se conocieran dos casos de mujeres que denunciaron ser víctimas de violaciones, presuntamente cometidas por policías de la Ciudad de México.

Tras la difusión de dos testimonios de mujeres que denunciaron haber sido víctimas de violación, presuntamente cometida por policías de la Ciudad de México, ciudadanas convocaron a una protesta el próximo lunes 12 de julio.

Con las consignas “¡Basta de policías agresores!”, “#NoMeCuidanMeViolan” y “#LaPolicíaViola”, las ciudadanas llamaron a marchar a las 12:00 PM desde las oficinas de la Secretaría de Seguridad Ciudadana hasta el edificio conocido como ‘Búnker’, de la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México.

En algunos de los mensajes de convocatoria, las mujeres expresaron que se encuentran “hartas de no vivir tranquilas” y de no poder salir a la calle “sin sentirnos vulnerables”.

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16 julio, 201916 julio, 2019

Corte admite a trámite impugnación de la CNDH a leyes sobre uso de la fuerza

Eduardo Murillo/ La Jornada

La Suprema Corte de Justicia admitió a trámite las acciones de inconstitucionalidad promovidas por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) en contra de las Leyes Nacionales sobre Uso de la Fuerza y del Registro de Detenciones.

En sus notificaciones de este lunes, la Corte informó que accedió a estudiar la procedencia de estas impugnaciones, una vez que se comprobó la legalidad de las peticiones.

La CNDH reclama la inconstitucionalidad de ambas leyes en su integridad, argumentando que no regulan la totalidad de los elementos mínimos e indispensables que el texto de la Constitución estableció para el contenido de esos ordenamientos, componentes básicos para el adecuado funcionamiento de la institución policial, por lo que estima que el Congreso incurrió en diversas omisiones legislativas, respecto de las cuales la Suprema Corte debe pronunciarse.

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21 septiembre, 2018

#Ayotzinapa: no hay imposibilidad jurídica para crear la Comisión para la Investigación y la Verdad

Después de que la PGR interpusiera diversos recursos en contra de una sentencia emitida por el Tribunal Colegiado del Décimo Noveno Circuito de Tamaulipas a inicios de junio, en la que se ordenaba “conformar una Comisión para la Investigación y la Verdad del Caso Ayotzinapa”, hoy, 20 de septiembre, dicho Tribunal resolvió “que no existe imposibilidad jurídica para crearla” y que “al analizar el artículo 21 constitucional se concluyó que no existe exclusividad del Ministerio Público para investigar”, como alegaba la PGR.

3 septiembre, 2018

Hasta los dientes, el documental que te demuestra que en México nadie está a salvo

Ixchel Cisneros/Cencos

Gracias a un grupo de estudiantes y chavales interesados por saber la verdad, por limpiar el nombre de sus amigos, surgió el documental HASTA LOS DIENTES.

Iban armados HASTA LOS DIENTES. Eso dijeron los militares, y por eso los mataron. La verdad: eran dos estudiantes que se quedaron tarde en la escuela. Era marzo de 2010.

Tras una persecución en la capital de Nuevo León, entre el Ejército y un supuesto grupo de criminales, las Fuerzas Armadas llegaron a la entrada del Tecnológico de Monterrey y sin ningún protocolo entraron y comenzaron a disparar.

Video: Noticias 22 vía YouTube

Javier Francisco Arredondo y Jorge Antonio Mercado Alonso eligieron mal el día para salir después de las 12 de la noche de la institución donde estudiaban, o por lo menos eso cree la autoridad. Estos dos estudiantes de excelencia caminaron a la salida como siempre lo hacían y fueron recibidos a balazos. Ahí, justo en la entrada de su escuela murieron.

Pero la impunidad en este caso fue mucho más allá, pues no únicamente el Ejército los había “confundido” con criminales, sino que tras haberlos asesinado, los integrantes de las fuerza del orden alteraron las pruebas, les sembraron armas y mintieron al llamarles criminales. Al día siguiente, los medios de comunicación anunciaban el abatimiento de dos miembros del crimen organizado que iban armados HASTA LOS DIENTES y por eso merecían ser fulminados.

Como sucede mucho en este país, desde que Felipe Calderón inició SU guerra contra el narco, estos jóvenes fueron criminalizados y señalados como delincuentes y el Tec de Monterrey fue cómplice. Sí, esa escuela que dice siempre poner en alto los valores y el respeto, le mintió a la familia de estos alumnos, les ocultó el hecho y después les dio la espalda.

Han pasado ya ocho años y esta historia se ha repetido en miles de ocasiones; el gobierno les llama víctimas colaterales y muchas veces les señala como criminales pero son personas –en su mayoría jóvenes- que no debieron morir.

El caso de los estudiantes del Tec en 2010 nos demuestra que en México nadie está a salvo. (Foto: Proceso)

Para nosotros como sociedad es más fácil hacernos de la vista gorda y creer la versión de la autoridad y en ocasiones hasta señalarlos también: “eran malandros”, “merecían la muerte”, “eso les pasa por juntarse con la gente equivocada”. Y, ¿qué pasaría si esos jóvenes fueran tus hijos o hijas? ¿o tú misma? Tu familia tendría que lidiar, además de con el asesinato de un ser querido, con los señalamientos, con las miradas de repudio.

Este país está podrido, sí, pero mucho tenemos que ver nosotros al fomentar este discurso de odio, al no exigir el cese de la violencia, al no pedir que se mejores las policías civiles y se regrese a los cuarteles a las fuerzas armadas, será lo que sea pero ellos están entrenados para matar y lo han demostrado.

Gracias a un grupo de estudiantes y chavales interesados por saber la verdad, por limpiar el nombre de sus amigos, surgió el documental HASTA LOS DIENTES, donde el director Alberto Arnaut cuenta la historia de Javier y Jorge. De cómo fueron torturados y asesinados por los militares dentro de su propia escuela.

El 7 de septiembre se estrena en 400 salas en todo el país, ojalá puedas ir a verla y no, únicamente por apoyar al cine mexicano sino para que te des cuenta por qué muchos pedimos que el ejército y la marina regresen a sus cuarteles, por qué pedimos una #SeguridadSinGuerra.

Publicado en culturacolectiva.com

15 agosto, 201815 agosto, 2018

¿Por qué tendría que importarme que la procuraduría pasará a ser fiscalía?

Ixchel Cisneros Soltero

Seguro escuchaste la discusión sobre la creación de una fiscalía eficaz, autónoma e independiente.

Pero eso a mí, ¿en qué me afecta?

¿Por qué tendrías que exigir una institución así? Si alguna vez fuiste víctima de un delito e intentaste denunciar, sabes que es un camino lleno de piedras. Tardado, violento y sin un final feliz.

Quien te robó el celular, quien te asaltó en el transporte público, quien te acosó o abusó de ti, quien desapareció o mató a un familiar, lo más probable es que siga libre y tú no hayas obtenido justicia.

Pero, ¿por qué?

Pues, en la mayoría de las ocasiones, quien labora en las procuradurías no hace bien su trabajo.

No colecta las evidencias correctamente, no escucha a las víctimas, no busca a los desaparecidos, no arma correctamente los expedientes, no le da seguimiento al caso o cuando detiene a un presunto culpable lo tortura para que se incrimine –y con esto el detenido tiene la oportunidad de salir libre–.

Siendo honestos, mucho de esto sucede porque no están capacitados, tienen demasiado trabajo, la burocracia les ha consumido o tienen vínculos con el crimen y el poder político.

Ahora tenemos una oportunidad invaluable. Podemos dar el salto de las procuradurías a fiscalías, y que esto no signifique nada más cambiar el nombre, que realmente construyamos una institución donde obtengamos justicia.

Entonces, ¿qué debemos exigirle a la clase política?

Que en un proceso transparente y con la participación de la ciudadanía nombre a un fiscal general que no tengan vínculos con el poder político ni con el crimen, y que sea una persona que puedan probar su autonomía, independencia, conocimiento y honradez.

Que se capacite a los funcionarios, se despida a quienes están corrompidos y contrate perfiles especializados capaces de poner en el centro a las víctimas, investigar los delitos y respetar la ley.

Que el presupuesto asignado para la institución sea realmente utilizado en nuestro beneficio; que quien sea cachado participando en un acto de corrupción sea investigado, despedido y juzgado.

Y por último pero no menos importante, que nos rindan cuentas, que nos digan qué están haciendo con nuestros recursos, cuáles han sido sus resultados.

Para empezar a empoderarnos como ciudadanía tenemos que exigir y darle seguimiento a nuestras peticiones hasta que se hagan realidad. No se trata de soñar, ellos trabajan para nosotros.

14 junio, 2018

Muy futbolera y también consciente

Por Redacción/Huffington post

Listas están la pantalla, las botanas, las cervezas, el café, y galletas para los más fresas. El día tiene más luz, levantarse temprano tiene un nuevo significado, por lo menos para los futboleros –y los villamelones- llega nuestro momento este jueves 14 de junio: ¡empieza el Mundial!

Por lo menos en mi caso es una época que espero con mucha, mucha emoción. ¡Ah, qué recuerdos de aquél Corea-Japón! Estaba en la universidad y nos juntábamos a beber desde las 6 de la mañana con toda la bandota. O el Mundial de Sudáfrica, cuando vi la inauguración desde una cama de hospital a punto de parir a mi segundo hijo. Para mí toda una fiesta, pues.

No miento al decir que en la oficina ya organizamos nuestras labores cotidianas para no perdernos los mejores partidos, pues la mayoría de ellos nos tocarán en horario laboral. Y por favor no empiecen con que el futbol es el opio del pueblo, que nos tienen dormidos, que nos manipulan a todos y todas las aficionadas. Pues, por lo menos yo, seguiré trabajando por los derechos humanos mientras veo pasar a la Selección Mexicana a la siguiente ronda –¡ay ajá!-.

No, ya en serio, yo sí creo que puedo ser aficionada al futbol y seguirme preocupando por lo que pasa en nuestro país. No por prender la tele se me olvidan las más de 34 mil personas desaparecidas o las 25 mil que fueron asesinadas en 2017.

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