Seguro escuchaste la discusión sobre la creación de una fiscalía eficaz, autónoma e independiente.
Pero eso a mí, ¿en qué me afecta?
¿Por qué tendrías que exigir una institución así? Si alguna vez fuiste víctima de un delito e intentaste denunciar, sabes que es un camino lleno de piedras. Tardado, violento y sin un final feliz.
Quien te robó el celular, quien te asaltó en el transporte público, quien te acosó o abusó de ti, quien desapareció o mató a un familiar, lo más probable es que siga libre y tú no hayas obtenido justicia.
Pero, ¿por qué?
Pues, en la mayoría de las ocasiones, quien labora en las procuradurías no hace bien su trabajo.
No colecta las evidencias correctamente, no escucha a las víctimas, no busca a los desaparecidos, no arma correctamente los expedientes, no le da seguimiento al caso o cuando detiene a un presunto culpable lo tortura para que se incrimine –y con esto el detenido tiene la oportunidad de salir libre–.
Siendo honestos, mucho de esto sucede porque no están capacitados, tienen demasiado trabajo, la burocracia les ha consumido o tienen vínculos con el crimen y el poder político.
Ahora tenemos una oportunidad invaluable. Podemos dar el salto de las procuradurías a fiscalías, y que esto no signifique nada más cambiar el nombre, que realmente construyamos una institución donde obtengamos justicia.
Entonces, ¿qué debemos exigirle a la clase política?
Que en un proceso transparente y con la participación de la ciudadanía nombre a un fiscal general que no tengan vínculos con el poder político ni con el crimen, y que sea una persona que puedan probar su autonomía, independencia, conocimiento y honradez.
Que se capacite a los funcionarios, se despida a quienes están corrompidos y contrate perfiles especializados capaces de poner en el centro a las víctimas, investigar los delitos y respetar la ley.
Que el presupuesto asignado para la institución sea realmente utilizado en nuestro beneficio; que quien sea cachado participando en un acto de corrupción sea investigado, despedido y juzgado.
Y por último pero no menos importante, que nos rindan cuentas, que nos digan qué están haciendo con nuestros recursos, cuáles han sido sus resultados.
Para empezar a empoderarnos como ciudadanía tenemos que exigir y darle seguimiento a nuestras peticiones hasta que se hagan realidad. No se trata de soñar, ellos trabajan para nosotros.
En este año la zona metropolitana del Valle de México ha registrado episodios de contaminación severa, ante lo cual la Comisión Ambiental de la Megalópolis ha activado en tres ocasiones diferentes la contingencia ambiental. Con ésta, se ponen en marcha diferentes medidas, como el programa hoy no circula, cuyo objetivo es minimizar el impacto ambiental que generan los medios de transporte.
Desde mi percepción, estas medidas no han sido del todo eficientes, ya que no responsabilizan a las empresas por sus emisiones, y toda la carga ha recaído en conductores y transportistas.
No obstante, es conveniente detenernos un momento y reflexionar sobre este asunto, ya que si vemos con calma este problema nos debería dar asco el sólo hecho de pensar qué estamos respirando. Está comprobado que la contaminación genera graves daños a la salud de quienes respiran todos los días aire que contiene sustancias tóxicas y que, al no poder circular por la falta de aire o lluvia, causan lo que se denomina contingencia ambiental.
Un estudio efectuado por la Universidad de Lancaster, Inglaterra, publicado en Proceedings of the National Academy of Science (PNAS), analizó muestras del cerebro de adultos y niños que murieron en la Ciudad de México y descubrió pequeñas partículas de metal que salen de la combustión de autos, las cuales se introducen por la nariz y llegan hasta el cerebro. Esto puede producir graves daños al cerebro y contribuir a la enfermedad de Alzheimer, señala el estudio.
Además, la BBC publicó diversas investigaciones, de las cuales se desprende que la contaminación causa siete millones de muertes prematuras de niños a nivel mundial, y que los niños y adultos mayores son los más afectados por este tipo de riesgos medioambientales para la salud.
Sin duda, esto debería generarnos una gran preocupación por nuestra salud y bienestar, puesto que los daños no son siempre evidentes y pueden ser a largo plazo. Además, ¿no debería de igual manera hacer que reclamemos a las autoridades gubernamentales la protección, tutela y observancia de un derecho humano del cual somos titulares y que claramente está siendo transgredido? Me explico:
Existen varios fundamentos legales para decir que no sólo tenemos derecho a la salud, sino también a un medio ambiente sano para conseguir lo anterior. Por ejemplo:
• El artículo cuarto, párrafo quinto de la Constitución establece que “[t]oda persona tiene derecho a un medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar. El Estado garantizará el respeto a este derecho. El daño y deterioro ambiental generará responsabilidad para quien lo provoque en términos de lo dispuesto por la ley”.
• El artículo 73, fracción XXIX-G de la Constitución Federal, faculta al Congreso a: “…expedir leyes que establezcan la concurrencia del Gobierno Federal, de los gobiernos de los estados y de los municipios, en el ámbito de sus respectivas competencias, en materia de protección al ambiente y de preservación y restauración del equilibrio ecológico”.
Por otro lado, existen diversas disposiciones en tratados internacionales de los cuales el Estado mexicano es parte, que también imponen obligaciones en materia de protección al ambiente y bienestar, y que por ser tratados de derechos humanos forman parte del bloque de constitucionalidad con base en el artículo primero constitucional.
Entre ellos destacan:
A. Los artículos 11 y 12 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, los cuales establecen el derecho de toda persona a un nivel de vida adecuado y el derecho al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental.
B. La Convención sobre los Derechos del Niño en su artículo 24, párrafo primero y segundo incisos c) y e), establecen también la obligación de los Estados Parte de tomar todas las medidas pertinentes para reducir los riesgos a la salud de los niños por contaminación del medio ambiente.
Cabe destacar que entre las muchísimas leyes que tenemos expedidas por nuestros magníficos legisladores existe la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, cuyo objeto es sentar las bases para garantizar el derecho de toda persona a vivir en un medio ambiente sano para su desarrollo, salud y bienestar.
Es claro que las medidas implementadas por las autoridades, tanto federales como locales y las de la Ciudad de México, no son suficientes ni eficaces en la protección del medio ambiente y la salud de los ciudadanos, puesto que sigue habiendo contingencias ambientales con cierta cotidianidad, además de que la carga de la responsabilidad recae únicamente en los automovilistas y otros conductores, excluyendo a otros actores, como las empresas e industrias, que también contribuyen a la contaminación con sus emisiones.
Como siempre -y para variar-, hay muchos intereses de por medio, pero es claro que no se ha llegado a medidas apropiadas que ante todo evitan la continua transgresión del derecho humano a la salud.
¿Será posible promover un juicio de amparo indirecto por omisiones legislativas en materia ambiental, como lo son la falta de disposiciones legales que responsabilicen a las empresas o cualquier otro sujeto que contribuya a la contaminación y que garanticen el respeto al derecho humano a la salud? Es una pregunta que queda en el aire. Mientras, mejor usemos Uber, Cabify o la bicla, y contribuyamos todos con un granito de arena.
A finales de mayo del presente año fue nombrado el Concejo Indígena de Gobierno (CIG) y su vocera, la indígena nahua de Tuxpan, Jalisco, María de Jesús Patricio Martínez, como parte de una controvertida propuesta anunciada por el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) y el Congreso Nacional Indígena (CNI) desde finales del año pasado.
En las últimas semanas han tenido lugar numerosos eventos refiriéndose al caso y algunos medios de comunicación, como Aristegui Noticias, han entrevistado a la vocera, mostrando apertura e interés. Por otro lado, han surgido también muchas opiniones al respecto que rayan en la discriminación y el estigma sobre esta persona a partida triple: por ser mujer, indígena y pobre.
Esto nos lleva a poner sobre la mesa la cuestión del derecho de los pueblos indígenas y de las mujeres, debido a que el país padece en gran medida un alto índice de discriminación, marginación y, en los últimos años, de feminicidios.
Son muchas las personas que se han planteado este problema que habrá de enfrentar la propuesta zapatista en la palestra nacional, sobre todo en política, terreno en el cual más que hablar y debatir las propuestas de cambio, hemos presenciado la tendencia a las descalificaciones más desorbitantes a diestra y siniestra.
Pareciera que la política se ha convertido en vehículo hacia la discriminación sistémica que afecta a nuestro país de un rincón a otro.
Considero de vital importancia el tema debido a que los grupos indígenas, ya de por sí, se encuentran en una situación de vulnerabilidad. Darles voz en un contexto como el actual es desafiar superestructuras que permanecen ahí, veladas, escondidas en un clóset esperando manifestarse.
Si hacemos un poco de memoria hacia las encuestas que se hacían en la pasada contienda electoral en Estados Unidos, seguramente pudimos percibir la innegable realidad de que estas no revelaban exactamente la afinidad por el racismo Trumpniano, ¡pues ninguna persona estaría dispuesta a declararse públicamente racista!
En México como en Estados Unidos, lejos de las encuestas, muchas personas esconderán su tendencia discriminatoria y racial con argumentos como: ¡Es una propuesta sin alcances! ¡Es una mujer que no tiene experiencia! ¡Los usos y costumbres no son aplicables al conjunto de la realidad mexicana! ¡Quieren que todos seamos pobres! ¡Si de verdad propugnan por una mujer ahí está Margarita Zavala!
No es desconocida la historia en cuanto a que las mujeres tomen parte en las decisiones de sus países. En México las mujeres votaron por primera vez en 1955, después de una larga lucha por hacer valer sus derechos en ese terreno. Pero atrás o abajo quedaron los derechos de estas otras mujeres pertenecientes a los pueblos indígenas y pobres.
Pero lo que queremos destacar es el terreno fértil que se creará, no en cuanto a la aceptación y los efectos que una propuesta así tenga en política, sino de los sentimientos, sentires, reacciones y acciones que existen entre la población mexicana, sus líderes de opinión, etcétera.
Hace unos días veía una entrevista que Milenio realizó a la vocera del CIG, y justo al inicio el entrevistador aludía a su nombre, vinculándolo con la religión católica: “En el nombre llevas la penitencia… los obispos deben estar bendiciéndote… ¿El subcomandante Galeano te dice qué hacer?”, remató. De alguna forma, tratando de hacer entender que esta mujer no sería capaz de pensar, hablar y hacer por sí misma.
Es importante empezar a reflexionar sobre la violación a los derechos humanos a la igualdad y a la no discriminación, porque está claro que el proceso electoral podrá medir exactamente nuestros niveles en ese sentido, pero no hay duda que será sobre el pellejo de miles de mujeres pertenecientes a los pueblos y comunidades indígenas que hoy se apresuran a levantar la voz.
