La comunidad de Nahuatzen se encuentra ubicada en la meseta purépecha del estado de Michoacán. Desde el año 2015 inició un proceso de construcción de autonomía como pueblo indígena y recientemente consiguió el reconocimiento del Consejo Ciudadano Indígena de Nahuatzen (CCIN) como la autoridad responsable para el ejercicio del presupuesto que corresponde a su comunidad, bajo el juicio ciudadano TEEM-JDC- 035/2017, resuelto por el Tribunal Electoral del Estado de Michoacán. Por tanto, el CCIN fue reconocido como autoridad indígena.
A partir de ese momento comenzó un proceso de gestión de gobierno encabezado por cuatro representantes de cada uno de los cuatro barrios que integran la comunidad. Así, el Consejo Ciudadano Indígena de gobierno de Nahuatzen ha sido clave para el cuidado del bosque, su reforestación, la promoción del deporte y una amplia gama de obra pública.
Este ejercicio del derecho a la libre determinación no ha sido bien recibido por el actual presidente municipal, David Otlica, quien desde el momento en el que entró en funciones, implementó una ofensiva para impedir que el consejo pueda continuar con sus labores.
Es así que el 1 de noviembre de 2018 el director de análisis y desarrollo político Noel García Cancinos citó en una reunión a las 17:00, en la comunidad de Huecorio, al Concejo y ayuntamiento para buscar un convenio de paz duradera. Ese mismo día al atardecer policías municipales contratados por el ayuntamiento golpearon al chofer de recolección de basura y por la tarde balacearon a un compañero en la salida a Arantepacua. La situación escaló el 7 de noviembre, cuando una comisión del Concejo fue citada por el gobierno del estado para dialogar sobre la utilización de lo que habían sido las oficinas del ayuntamiento y que desde 2015 se utilizaron como la Casa Comunal. En dicha negociación, el grupo que iba en representación del ayuntamiento aprovechó el retiro de los representantes del gobierno del estado para secuestrar por 12 horas a la comisión del Consejo. En este contexto de amenaza el CCIN aceptó abandonar la Casa Comunal hasta que una autoridad competente pudiera determinar qué autoridad podría ocupar el espacio.
Días después, el domingo 11 de noviembre, fue detenido en Morelia José Gerardo Talavera Pineda, quien rentó la casa en la que el Concejo había decidido operar temporalmente; al día siguiente fue detenido el concejal José Luis Jiménez Meza a las orillas de la comunidad y dos días después, el concejal José Antonio Arreola Jiménez. Las detenciones estuvieron a cargo de la policía de investigación y se realizaron con violencia, particularmente la detención de Antonio ocurrió en su casa y sus hijos pequeños fueron encañonados y amenazados por parte de los policías. De acuerdo con información proporcionada por los mismos presos, los primeros días que estuvieron encarcelados fueron golpeados durante las noches por personas desconocidas.
La comunidad purépecha de Nahuatzen estamos convencidos de que luchar por nuestra libre determinación es luchar por nuestros bosques, por nuestra comunidad y por nuestras vidas. Somos un pueblo pacífico y apostamos al diálogo como un instrumento que nos permita resolver los conflictos que podamos tener con el gobierno municipal o con el gobierno estatal.
Desde esta tribuna emplazamos al gobierno del estado para que cese la represión y el hostigamiento contra el Consejo Ciudadano Indígena de Gobierno y que acepte nuestra propuesta de diálogo para encontrar alternativas que nos permitan ejercer nuestros derechos en plenitud, así como vivir en paz en nuestra comunidad. Exigimos la cancelación de las órdenes de aprehensión y la libertad inmediata de nuestros compañeros presos injustamente; las razones que los mantienen encarcelados son razones políticas inaceptables en un estado democrático de derecho.
El Concejo Ciudadano Indígena de Nahuatzen dio una conferencia de prensa en la Ciudad de México, en la que hizo público el llamado al gobierno de Michoacán y al federal de intervenir para detener el conflicto y que cese el hostigamiento.Lee el boletín de prensa.
Según un diagnóstico de 2015 del Instituto Nacional de Lenguas Indígenas (Inali), en el territorio mexicano existen actualmente alrededor de 68 lenguas de pueblos originarios, y aproximadamente 364 variantes de éstas.
A poco más de 500 años de la llegada de los españoles al continente americano, y con cientos de años de poscolonialismo, durante la segunda mitad del siglo XX la violencia contra los pueblos originarios en territorio mexicano continuó acentuándose, haciendo pagar el precio a niñas y niños por el hecho de ser quienes son. Fue mediante la violencia del sistema educativo que el Estado mexicano intentó despojarlos de una de sus raíces más significativas: sus lenguas maternas.
Parafraseando a Michel Foucault en su charla “Las redes del poder”, un elemento que sirve dentro de las formas de dominación en la sociedad es la educación; tomando en cuenta que la dominación puede darse en estos casos como el despojo de la identidad, y con ello una serie de consecuencias invisibles como desproteger un territorio, esto le vuelve más sencillo al poder político y económico llegar a los pueblos e instalar sus empresas transnacionales, mineras, eólicas, o de cualquier otro índole.
El gobierno federal ha implementado una violencia sistematizada para desaparecer la multiculturalidad en nuestro país. Por ello, echando un vistazo a la historia, surge la necesidad de revertir la pérdida de costumbres y tradiciones de pueblos originarios como una forma de defender la tierra y los recursos.
El presente trabajo fotográfico intenta esbozar un retrato de mujeres y hombres originarios de la Sierra Norte de Oaxaca, que durante su infancia y formación escolar fueron violentados de diferentes maneras por el hecho de hablar zapoteco, su lengua materna, a pesar de lo cual decidieron conservar su idioma transmitírselo, en la medida de lo posible, a sus descendientes.
Bruno Leonardo Enríquez
Bruno Leonardo Enríquez, de 67 años y originario de San Andrés Solaga, vivió políticas racistas en la segunda mitad del siglo XX desde la educación ejercida por el gobierno federal.
Con 67 años de edad, originario del sector Zoogocho, en la Sierra Juárez, Oaxaca, e hijo de padres campesinos, Bruno narra cómo ha sido para él resistir al occidentalismo en su cotidianidad.
“Era difícil como hijos de campesinos que tuviéramos educación, sin embargo, hubo escuela primaria en la comunidad y eso nos abrió el ojo, pero también siempre fuimos con miedo. No éramos como los niños de hoy en día que pueden contestarle a sus padres y a sus maestros; anteriormente era más fuerte el sentido de obediencia y disciplina”, comenta Bruno sobre su contexto escolar.
Menciona que con la llegada de profesores de otras regiones del estado capacitaron a los maestros con la norma de españolizar a todas las niñas y niños en gran parte de la sierra.
“Silviano Arce, originario de Solaga, Oaxaca fue director cuando yo iba en quinto año. Él y otros profes prohibieron que habláramos zapoteco. Los maestros se organizaron y comenzaron a anotar en una lista a los niños que hablaban zapoteco, su discurso era que tenían un estatuto de que el niño tenía que hablar español. Tenían la regla de ponerle castigo a los niños: que nos formáramos como media hora en fila; pero la tarea más difícil que nos dejó era acarrear agua de la escuela para la pileta: de un manantial, acarrear agua hasta la escuela. 10 cubetas por niño, dependía de la edad que tuviéramos la cantidad de cubetas: de 8 años, cinco cubetas; y el más grande, 12. Esto fue en los años sesenta, de 1962 a 1966”.
Bruno agrega: “Si tengo algo que recordar del castigo que recibí y que miré en los demás es que lo traje a pecho, pero con ánimos para mantener mi lengua y compartirla con mis tres hijos, que hoy en día hablan y entienden el zapoteco”.
Minerva Victoria Hernández Martínez
Minerva Victoria Hernández Martínez tiene 51 años y nació en un pueblo originario de Oaxaca. Por ser mujer zapoteca y hablar su lengua, sufrió maltrato de sus profesores.
Minerva estudió enfermería en Oaxaca de Juárez y fue auxiliar del área médica en el Instituto Mexicano del Seguro Social, en una clínica rural en la Sierra Norte; a sus 51 años ha logrado conservar su idioma a pesar de los abusos ejercidos por el sistema educativo.
Fue entre 1964 y 1971 que estudió la primaria en la zona serrana. Asegura que la prohibición del zapoteco se ejercía a través de diferentes formas de terror.
“Cuando yo cursaba de segundo a cuarto año fueron los maestros que más agredían a los niños por hablar el zapoteco, tal vez porque no nos entendían; eran maestros que venían de otros estados o de la ciudad y no sabían hablar ninguna lengua”.
Minerva también narra la doble violencia que sufrió por el hecho de ser mujer: “la gente antes pensaba que nosotras debíamos casarnos, tener hijos, tener una familia; decían que no era necesario para nosotras ser mujeres independientes y estudiar. Mi papá sí tenía la idea de que nosotros nos superáramos, aunque no tenía los medios económicos”.
Una vez que logró entrar a la escuela, pese a todo pronóstico de violencia de género, Minerva se encontró con la violencia por ser de un pueblo originario.
“Si una decía 10 palabras en nuestro idioma, 10 cubetas de agua iban a acarrear. También nos mandaban por cosas de campo y en el peor de los casos nos golpeaban con un palo en las manos. Una vez el maestro, originario de Veracruz, me dejó encerrada en el salón sin ir a comer por no saberme la tabla del siete, me dijo ‘¡Burra!’, yo le respondí en zapoteco ‘¡Tu lo serás!’ A mí esto no se me olvida porque fue uno de los castigos que más me dolió, no me dejó salir y yo tenía mucha hambre. Ya estábamos acostumbrados a que nos pegarán con un palo, pero que nos dejaran sin comer, eso fue más duro para mí”.
“En ese tiempo, cuenta Hernández Martínez, yo no reaccionaba, simplemente empecé a tener rencor a los maestros. Pensaba ‘¿por qué me hacen esto?, ¿es tan malo hablar mi idioma?’ Yo nunca me voy avergonzar del zapoteco. Es importante preservar nuestra lengua para transmitir a las nuevas generaciones y que no desaparezcan nuestras comunidades, nuestras raíces, la cultura ancestral”.
Ernesto Ferras García
Ernesto Ferras, campesino de 81 años, originario de San Andrés Solaga, fue víctima del racismo implementado por el plan educativo del gobierno federal en la década de los sesenta.
Campesino por tradición, trabajó las tierras en su comunidad San Andrés Solaga, hasta que cruzó Estados Unidos de manera ilegal para irse como bracero. Tiene 81 años y ésta es su versión de lo que es ser un niño zapoteco en la sierra:
“No platicábamos, porque luego luego nos regañaban. Los maestros nombraron una comisión del orden y nos acusaban; nuestros compañeros nos anotaban y nos ponían el dedo, le decían a nuestro maestro quiénes hablamos zapoteco y los maestros nos castigaban: nos hincaban y nos ponían a sostener un palo con las manos alzadas durante una hora. Era un castigo de agotamiento, de resistencia”.
“Pienso que es importante que hablemos los dos idiomas, tanto el nuestro, como el español”, agregó.
Juana Bautista Poblano
Juana Bautista Poblano es originaria de Villa Hidalgo Yalalag, Sierra Juárez. A sus 74 años recuerda cómo sufrió y resistió la violencia y discriminación mientras estudiaba la primaria, por ser mujer serrana y hablar su lengua materna: el zapoteco.
“Tengo 74 años y soy de Villa Hidalgo Yalalag. Desde chiquita me dediqué a la costura, hacía ropa, manta, fondos, camisas, pantalones, e iba a Zoogocho a vender. A eso me dediqué toda la vida, con mi difunta madre”.
Juana asegura que cuando estudió la primaria nadie hablaba español: “los maestros nos obligaron a gritos, nos regañaban mucho, nos decían ‘burros’, ‘tapados’, ‘cerrados’. Nos decían tapados, porque no podíamos hablar su idioma. A veces nos dejaban encerrados en el salón, con mucha hambre, porque nos decía el profesor que no aprendíamos nada”.
“Yo entré grande a la escuela porque antes los padres no querían que nosotras las mujeres fuéramos a estudiar. Decían que debíamos quedarnos en casa para mantener a los hombres. Decían que no tenemos derecho, que nosotras tenemos que estar en la cocina para mantener a los maridos”, cuenta Juana, quien hasta los 12 años de edad pudo entrar a la primaria. “Mi padre me apoyó para ir a la escuela, mi pobre madre quería que me casara porque ya tenía 12”, agregó.
Bautista Poblano dice que a pesar de no haber sido víctima de violencia física por hablar su lengua materna, fue víctima psicológica y verbalmente, y que recibió insultos y discriminación. “En cambio mis compañeros, porque no sabían responder les ponían ladrillos en la cabeza, con las manos a que se estuvieran horas: dos ladrillos en cada mano y así varias horas. Yo lo vi, era muy común”.
Eligio Modesto Hernández Sánchez
Cuando estudiaba en el nivel básico, Eligio Modesto Hernández Sánchez, sufrió violencia y represión de parte de sus maestros por hablar una lengua de un pueblo originario. Él, como ninguno o pocos, decidió vengarse de sus profesores y cortar el cable con el que lo golpeaban a él y a sus compañeros.
“Empecé a manejar a los 15 años, estoy por cumplir 56. Desde que manejo, toda mi vida he sido chofer de camiones pesados; toda clase de camiones: tortos, volteos, autobuses, máquinas pesadas, etcétera”, cuenta Hernández Sánchez, nacido en la Solaga, Sierra Norte de Oaxaca.
“Tuve maestros federales, ellos eran mano dura y más porque en las reuniones con padres éstos autorizaban que nos golpearan, porque supuestamente en eso constaba la educación. Mi maestro de Villa Alta, Juan Gómez, nos golpeaba con un cable de luz, como de corriente, nos daba en las manos 10 veces por hablar zapoteco, nos apaleaban por ser quienes éramos”.
En los setenta Eligio y sus compañeros sufrían la violencia por ser serranos, zapotecos, originarios de un territorio, sin embargo, no claudicaron, continuaron hablando su lengua, al grado de transmitirla a sus hijos y nieto, no sin antes vengarse de sus victimarios, como pocos infantes se atreverían.
“Una vez dejé una ventana del salón entreabierta y me fui. Una vez que ya no había ni maestros ni compañeros, por la ventana me metí, llevaba unas tijeras e hice el cable pedacitos y se lo dejé ahí acomodado en el escritorio, como un obsequio. En la tarde, cuando llegó, encontró el montón de cable cortado, preguntó quién había sido y como nadie me vio nadie dijo nada. El maestro formó de un lado las mujeres y del otro lado a los hombres; fue a cortar una vara de durazno y 10 golpes nos dio a cada quien. Niñas y niños lloraron”.
Hernández Sánchez también recuerda cómo él y un primo en las tardes a que los profesores regresaran del comedor y desde una colina arriba los apedreaban:“sí les atinamos, y luego a correr… nunca supieron que fuimos nosotros (risas)”.
Natividad Fabián Gabriel
Natividas Fabián Gabriel es originaria de Solaga. Hoy tiene 78 y recuerda que además de recibir golpes de sus profesores por hablar su lengua, le obligaban a hacer planas con la frase “No debo hablar zapoteco”.
Costurera la mayor parte de su vida, Natividad, de 78 años, se dedica a la panadería con su hija Manuela. Recuerda las dificultades de acceder a la educación básica por el hecho de ser mujer y la violencia que ejercían los docentes hacia ella y sus compañeros.
“Yo como mujer sólo se me permitió estudiar la primaria, lo demás ya no; dijeron que yo debía casarme, tener hijos y estar en el hogar. Durante ese tiempo que estudié la primaria el maestro nos castigaba, nos daba vara en las manos cuando uno platicaba en zapoteco: un varazo por palabra. Después dijo que ya no nos iba a golpear, sino que nos iba a cobrar dinero: alrededor de cinco centavos por palabra”.
“Nos ponían a escribir una plana de ‘No debo hablar zapoteco’”, agregó.
Natividad recuerda que el castigo para ella era doble: al llegar a su casa su madre la regañaba porque no aprendía como los maestros exigían.
“Es mejor saber ambos idiomas, español y zapoteco, para poder entender a todos. Aunque la mayoría de los niños chiquitos hoy en día ya no quieren hablar zapoteco o no sé si sus padres son los que no quieren… no sabemos”, reflexiona.
Si bien este entorno racista pareciera ser del siglo pasado, algunas observaciones del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación han comprobado que hoy en día, en muchas de las escuelas rurales del país, niñas y niños siguen siendo discriminados y regañados en ocasiones por hablar en su lengua materna.
El viento dominante en el Istmo de Tehuantepec, Oaxaca, en el suroeste de México, es lo que en las últimas dos décadas ha atraído la mirada e inversión de empresas extranjeras dedicadas a la producción de energía con recursos renovables, pero también ha propiciado que las comunidades de esta región del país emprendan una lucha jurídica en defensa de sus tierras.
El Istmo de Tehuantepec se ha convertido en los últimos 20 años en la principal generadora de energía eólica en México, a la par que las comunidades de la zona luchan por mejores condiciones de vida para sus pobladores.
Foto: Jorge Ulloa
Los pobladores aseguran que no están en contra de este tipo de proyectos, pero sí de que se instalen sin que se garantice el derecho que tienen a una consulta previa, libre e informada, y el derecho a determinar el tipo de desarrollo que quieren; además de que no se tomen en cuenta consideraciones para proteger el medio ambiente.
Los megaproyectos eólicos han llegado a la región con la promesa de progreso, pero para los habitantes –quienes no cuentan con servicios básicos de educación y salud– éste no llega.
En la comunidad de San Dionisio del Mar, que en 2010 tenía una población total de 5 mil 098 habitantes, de los cuales 2 mil 559 estaban en pobreza extrema, el pueblo se organizó para luchar contra la instalación de un parque eólico de la empresa Mareña Renovables. El megaproyecto consistía en más de 100 aerogeneradores, que serían instalados en la laguna de Santa Teresa, afectando el principal medio de subsistencia de la región: la pesca.
“El mar es nuestra madre, es nuestro banco, porque de ella dependemos, porque de acá comemos. No es posible que venga un extranjero e instale sus aerogeneradores, contaminando nuestro mar, contaminando nuestra madre, y nos dejan sin trabajo, sin alimento”, explicó en este documental Aquilino Altamirano, habitante de San Dionisio del Mar.
Foto: Jorge Ulloa
En 2012 los pobladores obtuvieron un amparo que revocó la instalación de este megaproyecto, y a seis años continúan en resistencia. Durante este tiempo, los huaves han defendido no sólo su fuente de trabajo y alimentación, sino también su cultura; la adquisición de territorios para estos megaproyectos destruye también el conocimiento de la medicina prehispánica, que durante siglos han practicado sus antepasados.
Los pobladores de este municipio también denuncian que este proyecto se instalaría no sólo sin su consentimiento, sino con prácticas corruptas y falta de transparencia; las comunidades que defienden la tierra y el territorio ante los proyectos eólicos aseguran que no sólo son las empresas las que violan sus derechos, también los gobiernos municipales, estatal y federal.
En el Istmo de Tehuantepec otras comunidades indígenas se han organizado en contra de la instalación de megaproyectos, defienden su derecho a la tierra, territorio y bienes naturales; al consentimiento libre, previo e informado, a la consulta libre, previa e informada, a la libre determinación y a un medio ambiente sano; pero en su lucha se han enfrentado a ataques e intimidaciones.
Las y los defensores comunitarios son en México una de las poblaciones más vulnerables; en esta región, a pesar de haber detenido el proyecto, continúan organizados y en oposición a las eólicas, ya que consideran que persiste el riesgo de ser despojados de su tierra, y luchan no sólo por protegerla en el presente, sino por las generaciones que vienen.
Redacción: Marcela Méndez | Video: Jorge Ulloa y Marco Aguilar | Fotografía: Viridiana Ramírez
En su casa ubicada en Hopelchén, Campeche –un municipio con cerca de 40 mil habitantes– Luciano Cablé Puc recuerda que hace unos años la apicultura era una actividad más redituable. Con 12 cajitas de abejas, él y su padre llegaban a producir hasta 300 kilos de miel, pero ahora, con la misma cantidad, lo máximo que obtiene son 100.
La apicultura, que por generaciones ha sido una de las principales actividades económicas para las comunidades mayas de la península de Yucatán, ha disminuido por el uso de agroquímicos y la deforestación que trajo consigo la siembra de soya transgénica en la región, misma que se introdujo sin el conocimiento de los pobladores.
Fue en 2012 cuando la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa) concedió –con el aval de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat)– a la empresa trasnacional Monstanto un permiso para la siembra en etapa comercial de soya genéticamente modificada.
En 253 mil hectáreas en Campeche, Yucatán, Quintana Roo, Tamaulipas, San Luis Potosí, Veracruz y Chiapas se podía sembrar, pero la autorización violaba varios derechos reconocidos a los pueblos originarios, como el de la libre determinación y el de la consulta previa, libre e informada.
Tampoco consideraba que el uso de glifosato –herbicida asociado con este tipo de siembra y que ha sido clasificado por la Organización Mundial de la Salud (OMS) como “probablemente cancerígeno para los seres humanos”– podría tener repercusiones importantes en el agua, ni se estudió la coexistencia de la soya transgénica con las abejas, explica Eduardo Batllori, actual secretario de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente (Seduma) en Yucatán.
“Este tipo de siembra beneficia sólo a los empresarios”, aseguran integrantes de las comunidades mayas, quienes en los últimos años han visto cómo su medio ambiente y sus medios de subsistencia se van deteriorando. Denuncian contaminación en el agua, deforestación y la disminución de la actividad apícola como consecuencia del uso excesivo de agroquímicos.
“Ya no hay floración y no hay comida, no hay néctar para la abeja… a veces fumigan hasta con aviones y todo, acaban con la abeja. Cuando vas a tu apiario ves que toda la abeja está muerta. ¿Qué lo está matando, qué lo está matando?”, explica Luciano.
El Estado y Monsanto litigaron contra las comunidades
Las comunidades indígenas no recibieron ningún tipo de información sobre la autorización de siembra y mucho menos fueron consultadas; se enteraron de que en estas tierras había soya genéticamente modificada cuando un cargamento de miel fue rechazado en Europa por estar contaminado.
“Fue cuando se dio a conocer a nivel regional que la miel que se exporta a Europa, principalmente a Alemania, iba a tener que ser etiquetada si contenía elementos transgénicos”, asegura Irma Gómez, asesora del Colectivo de Comunidades Mayas de los Chenes.
Ante el permiso, las y los apicultores y algunas autoridades mayas comenzaron a organizarse y decidieron ampararse, con lo que iniciaron una lucha contra una de las empresas más poderosas en el mundo. Argumentaron que esta autorización era violatoria de la constitución y de tratados internacionales, ya que no se estableció un mecanismo de diálogo con ellas y ellos para que conocieran las implicaciones del proyecto y decidieran si éste era compatible con su visión cultural y con su proyecto de desarrollo.
En un primer momento, explica el abogado Jorge Fernández, de la organización Indignación A.C., las comunidades de Hopelchén, Campeche obtuvieron del juzgado segundo de distrito una suspensión de oficio: el juez determinó que, dados los riesgos que podrían derivarse de la siembra de soya transgénica, el permiso tendría que ser suspendido mientras se resolvía el juicio de amparo.
Después, el mismo juez determinó que, en efecto, fueron violados el derecho a la consulta y al principio precautorio, “porque se estaba estableciendo una medida tecnológica –la siembra de un transgen– cuyos efectos no se había acreditado que no causaran daño al medio ambiente”.
Pero Monsanto, la empresa trasnacional con más solicitudes de liberación para cultivos transgénicos en México (379 de un total de 853 entre 2007 y agosto de 2017, según el estudio “Treinta años de transgénicos en México”), impugnó esa sentencia junto con el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica), y el caso llegó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
“El 2015 la SCJN nos otorga una sentencia donde queda prohibida la siembra de soya transgénica hasta que no se nos haga una consulta a las comunidades”, segura Leydy Pech, integrante del Colectivo de Comunidades Mayas de los Chenes.
Se confirma el amparo favorable a las comunidades que habían impugnado el permiso “pero con un matiz importante y, desde nuestra perspectiva, bastante grave: reconoce que hubo violación a la consulta previa, pero no entra al estudio de todos los impactos potenciales que la siembra de soya genéticamente modificada iba causar en el medio ambiente”, explica Fernández.
La resolución de la Suprema Corte no fue respetada, de acuerdo con Pech, “hasta 2017, aun cuando estaban suspendidos los permisos, hubo siembra de soya transgénica, pero esa soya que se sembró está dentro de la ilegalidad”.
Irma Gómez añade que los registros oficiales de Sagarpa no distinguen entre soya convencional y soya genéticamente modificada, pero que los productores afirman que, por lo menos de lo que se sembró en 2017, la mayor parte fue soya transgénica: “el año pasado se sembraron 48 mil hectáreas, cuando en 2016 fueron poco más de 20 mil, 25 mil máximo; prácticamente se duplicó la cantidad de soya en el municipio”.
La consulta tampoco se ha respetado: “La Comisión Intersecretarial de Bioseguridad de los Organismos Genéticamente Modificados (Cibiogem) y la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI), facultados para llevar todo el proceso de la consulta la han violentado porque han tratado de dividirnos a las comunidades, las han confrontado y eso no es de buena fe… la consulta tampoco es vinculante: en realidad se está haciendo una consulta donde no se reconocen las decisiones de las comunidades, es un derecho que está siendo violado”, asegura Leydy Pech.
Para Jorge Fernández la lucha de los pueblos mayas en contra de la siembra transgénica tiene una importancia legal y política, ya que comunidades “que generalmente han estado en una situación de discriminación, que generalmente litigan o se relacionan con el Estado en una situación de inequidad histórica, de discriminación, lograron llegar hasta el máximo tribunal para reclamar una política de Estado que además beneficiaba a una de las empresas más poderosas del mundo y más denunciadas a nivel mundial, como es Monsanto”.
Al mismo tiempo, permitió visibilizar las limitaciones del sistema de justicia, pues la Corte reconoció de manera limitada un derecho, que es el derecho a la consulta: “todavía no tenemos una Suprema Corte o tribunales que reconozcan de manera plena el derecho a la libre determinación, que es un tema de cómo las comunidades quieren o visibilizan su proyecto de vida y su proyecto de desarrollo”, explica.
“Por esta tierra sí vale la pena seguir luchando”
Según estudios realizados en Hopelchén, entre 2000 y 2013 se perdieron 60 mil hectáreas de selvas, lo que equivale a 12% del territorio municipal. Este incremento de la deforestación está relacionado con la llegada, a finales de la década de los ochenta, de pobladores que provenían de otros estados, como Durango y Zacatecas, y que decidieron establecerse en la península para cultivar esas tierras.
Los menonitas, explica Irma Gómez, llegaron porque había una gran disponibilidad de tierra: no eran ejidos, como ahora, sino terrenos nacionales; se han establecido en tierras que son de su propiedad.
Esta comunidad demanda mucha tierra.
El gobernador menonita Pedro Woelke llegó a Hopelchén cuando tenía apenas 15 años. En Zacatecas la gente ya no tenía tierra, cuenta, por lo que su papá propuso que si se mudaban a Campeche le regalaría, a cada uno de sus hijos, 10 hectáreas de tierra. Ahora Woelke, que siembra soya, sorgo e incluso papaya, tiene 100 hectáreas, y lamenta la prohibición de la soya transgénica, porque esa aguantaba más las condiciones climáticas, y porque desde 2015 tiene que batallar con otro tipo de semillas.
Él ha estado presente en reuniones con las comunidades mayas, y asegura que trabajadores de Sagarpa les han dicho que llegará un momento en que se libere la semilla como estaba antes, genéticamente modificada.
Frente a este panorama, miembros de las comunidades insisten en que está en las manos del gobierno frenar los daños al medio ambiente, tanto la contaminación del agua, como los daños a las abejas y otras especies animales, y la deforestación; sin embargo, denuncian que no hay un monitoreo adecuado y que tampoco hay castigo.
Piden que se apliquen las leyes para frenar la devastación al medio ambiente.
En medio del bosque, don Feliciano, apicultor maya e integrante del Colectivo de Comunidades Mayas de los Chenes, camina y habla de los árboles que le rodean y de la defensa que continúa para las comunidades: “Por esta tierra sí vale, vale la pena seguir luchando para que no se siga destruyendo por los hombres que vienen a destruir aquí nuestro territorio, porque el gobierno no hace nada, no para todos esos problemas cuando está a su alcance, porque creemos que él es el que debe de poner mano dura en eso, pero vemos que no es así”.
Desde el inicio de su vigencia en 2008 hasta su total implementación en 2016 el Sistema Penal Acusatorio ha sido blanco de ataques por parte de políticos y medios de comunicación, quienes afirman que no ha sido suficientemente eficiente para lograr la procuración de justicia en México.
Es importante destacar que este sistema privilegia la libertad. Por su grado de lesividad, la prisión preventiva se dibuja como último mecanismo de sujeción del imputado a proceso, lo cual busca garantizar que personas inocentes no se encuentren en prisión.
Esta característica ha merecido críticas de diversos sectores; entre ellas, se le culpa de fomentar la impunidad en nuestro país, pero ¿quées un sistema penal y cuál es su función en una sociedad?, ¿cuáles son las verdaderas causas de la impunidad? y, finalmente, ¿es la modificación del sistema penal la única respuesta a esta crisis?
Cuando hablamos de la crisis del sistema penal mexicano es imprescindible referirnos a su cuestionada credibilidad y eficacia. De acuerdo con la Sexta Encuesta Nacional sobre Inseguridad (ENSI-6), durante 2008, a nivel nacional, 11.46 por ciento de la población adulta había sido víctima de algún delito. La desconfianza y falta de legitimidad de ese sistema se demostraba en la cifra negra, ya que 78 por ciento de las víctimas no presentó denuncia alguna, es decir, sólo 22 de cada 100 delitos fueron denunciados y el resto no fue dado a conocer a las autoridades.
Los entrevistados señalaron como las principales razones para no denunciar: la pérdida de tiempo (39 por ciento), la desconfianza en la autoridad (16 por ciento), que son trámites largos y difíciles (10 por ciento), la actitud hostil de la autoridad (3 por ciento), y el miedo a ser extorsionados (1 por ciento ).
Gráfica: Análisis de lA ensi-6/2009
Esto, aunado al actuar deficiente de las autoridades al tratar los delitos que sí fueron denunciados.
Debido a la notoria disfuncionalidad de este sistema, resultaba necesaria una evaluación más profunda de las instituciones encargadas de la administración y procuración de justicia. Con base en el análisis de experiencias internacionales y los esfuerzos realizados por diversas entidades de la República –tales como Chihuahua, Estado de México, Nuevo León y Oaxaca– en la implementación de nuevos modelos, distintos sectores gubernamentales identificaron la necesidad de articular el modelo que lograría revertir los índices de inseguridad.
Siguiendo la tendencia imperante en América Latina se implementó un nuevo sistema penal en nuestro país, que pasó de ser mixto a acusatorio, con la intención de integrar los nuevos estándares en materia de derechos humanos, colocando a las personas y el respeto a sus derechos como el eje rector del funcionamiento del sistema
En esta tesitura, el Poder Legislativo estableció un plazo máximo de ocho años para la implementación del sistema, ante lo cual fue publicado el Código Nacional de Procedimientos Penales. En conjunto, la legislación supuso el traslado de un sistema semiinquisitivo o mixto a un acusatorio, lo que implica la incorporación de elementos completamente disímiles a sus predecesores, entre ellos:
Una clara separación de funciones procesales, la carga de la prueba recae en quien acusa, es decir, el Ministerio Público; la valoración y el control de legalidad de las mismas corresponde al juez, quien las valorará de manera libre y lógica. Así, la delimitación de las funciones de las partes toma un papel trascendental; de acuerdo con Luigi Ferrajoli, convierte al juez en un sujeto pasivo.
El sistema transita de una instrumentación en su mayoría escrita a una totalmente oral, lo que supone un gran avance en recursos procesales que reducen la duración del proceso. Asimismo convierte en indispensable la presencia del juez en cada uno de los actos procesales, lo que en concatenación con lo anterior supone una mayor participación de las partes, convirtiéndolo en un proceso más claro y eficaz.
De igual manera privilegia la presunción de inocencia como regla de trato procesal, de la mano con la prohibición de la prisión preventiva como regla general, implementando medidas de sujeción al proceso menos lesivas a los derechos de los individuos.
Uno de los fines principales del proceso es la reparación del daño, lo que integra a la víctima como parte activa del proceso, garantizando de esta manera la impartición de justicia.
Principales diferencias entre el sistema penal mixto y el acusatorio y oral
A pesar de la implementación de un nuevo sistema de justicia penal, durante el año 2015 la Envipe estimó que la cifra negra, es decir, el nivel de delitos no denunciados o que no derivaron en averiguación previa, aumentó a 93.6 por cuento a nivel nacional durante 2016.
Se advierte nuevamente que los principales motivos que llevan a la población víctima de un delito a no denunciar son atribuibles a la autoridad, tales como considerar la denuncia como pérdida de tiempo (33.1 por ciento) y la desconfianza en la autoridad (16.5 por ciento).
Según el Índice Global de Impunidad (IGI), en 2017 México encabezó, nuevamente, la lista de países del continente americano con alto índice de impunidad, seguido de Perú, Venezuela, Brasil, Colombia, Nicaragua, Paraguay, Honduras. Y ocupa el lugar 66 de 193 estados miembros de las Naciones Unidas.
México es el país de América con mayor índice de impunidad | Gráfica: Índice Global de Impunidad 2017
Sin embargo, el sistema penal es la configuración de medidas punitivas, es decir, medidas que implican una pena ante la infracción de las leyes, que el Estado adopta con el fin de lograr control social.
Es necesario entender que a pesar de los esfuerzos por mejorar los sistemas de justicia, el Sistema Penal debido a su carácter punitivo debe ser para el Estado un instrumento de “ultima ratio” (ultima razón). Por su carácter lesivo es necesario optar por medios distintos al derecho penal para la salvaguarda de los bienes jurídicos tutelados.
Considerarlo como la única herramienta para mantener el orden social es un gran equívoco, que resulta característico de regímenes autoritarios; en una democracia pone en evidencia la mala instrumentación del aparato estatal.
Es cierto que no es posible visibilizar ninguna diferencia sustancial que implique mejoría con las cifras obtenidas antes de que se instrumentara el nuevo sistema penal.
La entrada en vigor, en México, del nuevo sistema de justicia penal puede crear una percepción equivocada de aumento de la impunidad. Sin embargo, el actual sistema acusatorio no la genera por sí mismo. Las estadísticas apuntan a que son los sistemas de seguridad locales y federales mal preparados y con deficiente funcionamiento, así como un sistema de justicia colapsado y ajeno a la rendición de cuentas externa.
Con ello se ha demostrado que la impunidad que permea en el país tiene una naturaleza multifactorial que no encuentra su raíz únicamente en el sistema de justicia penal, por ende no será solventada con el endurecimiento de las penas o mediante el uso del derecho penal como único medio de control social.
Es cierto que es importante atender algunos supuestos perfectibles, como es hacer efectivos los procesos de investigación, aumentar el número de jueces, así como la profesionalización de los servicios. Sin embargo, se advierte que estos no constituyen la estructura del mismo, sino comprenden el área operativa del sistema; es aquí que encuentran su punto de convergencia la necesidad de mecanismos e instancias de evaluación que combatan la corrupción, lo cual posibilitaría una adecuada distribución del presupuesto público.
Si bien no deben dejarse de lado los avances significativos en la protección a los derechos de las personas en el proceso penal, como la revisión de las actuaciones policiales, la posibilidad de seguir procesos en libertad, la participación de la víctima y la garantía de reparación del daño, es necesario que una vez entendido lo anterior, el Estado apueste por otras alternativas como la prevención del delito es sus distintas dimensiones, entre ellas: mejorar las condiciones laborales y el salario, mejorar el acceso a la educación y tomar medidas para la no reincidencia, temas que son los grandes ausentes en la discusión y que fortalecerían de manera considerable una visión de política criminal más integral.
Eso lo saben “Kalimba” y “El gordo”, lo saben Víctor Hugo, Alondra y las más de 4 mil 500 personas que se calcula viven hoy en las calles de la Ciudad de México. Lo sabía también Mansiyer –como lo llaman sus amigos– quien murió una noche de este año, cuando alguien lo atacó mientras dormía en una calle del centro de la ciudad.
Sobrevivir en la calle es no saber cuándo vas a comer, si vas a tener un lugar donde dormir. Sobrevivir es también dejar la vida en manos extrañas que te pueden agredir en la mitad de la noche. Por eso no es extraño reconocer una especie de resignación ante los riesgos entre quienes integran las poblaciones callejeras: porque en su cotidianidad está impregnada la muerte.
Con todo, saben que es cosa seria. “La muerte no es bonita”, dice Alondra con sus 23 años, y “cuando te toca, ni aunque te quites”.
Para quienes viven en la calle no sólo se trata de los riesgos de muerte a los que se enfrentan, también saben de las altas probabilidades de que, una vez muertos, vayan a la fosa común, un lugar destinado a personas desconocidas o no reclamadas por un familiar.
En un esfuerzo por combatir esta situación, la organización El Caracol, que trabaja con poblaciones callejeras, desde hace 14 años organiza una campaña en la que reflexiona con personas que viven en la calle sobre el tema de la muerte. El objetivo de la campaña Chiras pelas, calacas flacas es, en primer lugar, que las poblaciones callejeras identifiquen los riesgos de morir a los que se enfrentan y que generen mecanismos de autoprotección; y en segundo, recabar información sobre quiénes y cómo han muerto durante el año en las calles de esta ciudad. Esto último les permite impulsar políticas públicas para disminuir los riesgos y, en última instancia, para que su historia no se pierda en la fosa común.
El objetivo no es fácil, y El Caracol lo sabe. Por eso, ha perfeccionado una metodología para lograr lo que se propone: se trata de un juego con canicas, que es poco invasivo y al que los “valedores” le entran casi de forma inmediata.
Foto: Viridiana Ramírez
Es el mediodía del jueves 19 de octubre. Cada jugador le da un nombre a su canica: tiene que ser un riesgo de muerte de los que ellos enfrentan todos los días.
Después de un rato las canicas se llaman solvente, alcohol y policía; se llaman mariguana, riñas y discriminación. El juego arranca: la primera canica que entra en un hoyito en el suelo adquiere un poder para “matar” a las demás, para dejarlas fuera del juego. “¡Pelas!”, grita alguien, en una ronda, el solvente mata al resto de los riesgos.
Ángel, quien coordina la campaña Chiras pelas, calacas flacas el día de hoy, coloca en la pared una hoja de papel, en la que los jugadores identifican las actividades de riesgo a las que se enfrentan, y las clasifican por colores. El rojo significa riesgo de muerte, el amarillo es una alerta, y el verde no representa peligro. “¿Qué nos pone en riesgo?”, se preguntan quienes viven en la calle: las drogas, el alcohol, no usar protección durante las relaciones sexuales, la depresión, las riñas o peleas. “¿Cómo podemos evitarlos?”, reflexionan, y ellos mismos se responden: haciendo ejercicio, teniendo una buena alimentación, evitando problemas.
El semáforo de riesgos se queda pegado: si alguien no jugó y se acerca más tarde al punto de reunión, puede preguntarse de qué trata, enterarse y ser consciente de las medidas de protección que puede implementar, si es que no lo ha hecho.
Ángel coloca otra hoja: ahora busca saber quién, de ese grupo de población callejera, ha muerto en el año. La lista la encabeza Reyna, pero nadie sabe cómo ni por qué murió. De hecho, ella no pertenece a este grupo, la noticia de su muerte llegó hace apenas unos días. Otra mujer, desconocida, murió el 18 de octubre. Es la muerte más reciente. A Mansiyer “lo picaron”, “lo agarraron dormido”. Con el paso de los minutos la lista se va alimentando: las causas de muerte, en general, nadie las conoce.
Ángel también busca que los participantes se protejan para no morir igual. ¿Cómo evitar que alguien te ataque mientras duermes? Tener un grupo, dicen ellos, y cuidarse entre todos. También conseguir un lugar seguro donde dormir.
Algunos de los curiosos que se acercan no quieren compartir mucha información, quizás porque piensan que se meterían en problemas, o tal vez porque la muerte les hace ruido y no quieren pensar en ella. Hace unos días, en una calle cercana al Teatro Blanquita, hubo una balacera. Murió un joven que, aunque no era de la población callejera, les hizo recordar a quienes sobreviven ahí la fragilidad de la vida. Ellos lo vieron todo y no pudieron hacer nada. “Está cabrón”, “esa cruz blanca es su cruz”, dicen.
Al final de la campaña, los integrantes de El Caracol difunden información sobre sus actividades: ahí dan asistencia y ayuda legal. Decenas de personas se acercan: quieren tramitar su acta de nacimiento, su credencial de elector. Quieren tener nombre, identidad. Hay quienes buscan trabajo o resolver un problema médico. Ángel toma sus datos para brindarles ayuda y no perder de vista esos casos.
Por ahora la jornada termina. Los valedores se van a comer, y los integrantes de El Caracol regresan a sus oficinas para continuar con las actividades. Para el resto de la gente, la vida sigue su curso habitual.
Foto: Marcela Méndez/Cencos
Muchas causas de muerte en las poblaciones callejeras pueden evitarse: son excesivamente prevenibles, según la Organización Mundial de la Salud (OMS). En la actualidad, es difícil ver que alguien muera como consecuencia de una gripa o de una infección estomacal, ya que existen los elementos técnicos y científicos para evitarlo; en las personas que viven en la calle es, sin embargo, habitual, porque no tienen acceso al derecho a la salud, y esto se relaciona con la discriminación que viven todos los días.
Explica Enrique Hernández, director de El Caracol, que a lo largo de la campaña han detectado que mientras un ciudadano de la Ciudad de México tarda cerca de 45 minutos en ser atendido por una ambulancia durante una situación de emergencia, las poblaciones callejeras deben esperar hasta cinco horas en promedio. No sólo eso, muchas de las personas que viven en la calle han dejado de buscar asistencia médica para evitar que los traten mal. “La discriminación mata”, decía el eslogan de Chiras pelas, calacas flacas el año pasado.
La presión policíaca y de la comunidad es otra forma de discriminación que incide en las causas de muerte de esta población. “Hemos documentado casos graves de limpieza social: ¿qué significa? Que hay presión policiaca para retirar a la población sin que medie una orden del juez; el argumento para retirarles es solamente que viven en las calles”.
Entre 2010 y 2011 un grupo de población callejera tuvo presión policiaca todos los días durante seis meses; El Caracol documentó la muerte de 10 personas que fueron víctimas de esta presión psicológica. “No hubo sangre, pero sí hubo diez muertos”.
Todo lo anterior da cuenta, de acuerdo con el director de El Caracol, de que aunque la ciudad avanza, las poblaciones callejeras no han visto garantizados sus derechos más elementales, como el acceso a la salud, a la seguridad y a la protección.
Foto: Marcela Méndez/Cencos
Este 2 de noviembre el Panteón Civil de Dolores, ubicado en la delegación Miguel Hidalgo, es una fiesta. Cientos de familias han venido para recordar a sus seres queridos: hay hijos y nietos alrededor de las tumbas. Hay flores frescas y papel picado de colores; hay comida e incluso música. Las personas se reúnen con los seres queridos que se les adelantaron.
Conforme uno camina hacia el fondo del panteón, los colores se van perdiendo y se ven flores marchitas, tumbas abandonadas. Uno llega luego a un camino sin pavimento: es pura terracería que lleva a la fosa común. Ahí yacen cientos de cadáveres de personas que no fueron reclamadas por nadie, que no tienen nombre ni anécdotas, ni historia. Ahí la muerte no es fiesta, sino abandono.
Al inicio del camino, enclavadas en la tierra, unas placas blancas sirven para señalar las primeras fosas: hay números y letras, pero no retratos, no nombres.
Es precisamente este recóndito lugar en el que descansan cientos de personas que alguna vez vivieron en la calle y que no fueron reclamadas por nadie.
En 2017, la campaña Chiras pelas, calacas flacas tiene el lema “Sin desconocidos”. El objetivo, explica Enrique Hernández, es visibilizar un problema común para las poblaciones callejeras: cuando mueren, es muy probable que nadie reclame su cadáver al morir en calidad de desconocidos, y que terminen en la fosa común.
“Cuando alguien muere en la calle es difícil encontrar a su familia, o encontrar servidores públicos sensibles que puedan, por ejemplo, entregarle el cuerpo a alguien que no es de su familia”, señala Enrique.
Dice que tan sólo el año pasado murieron cerca de 400 personas en calidad de desconocidas: no hubo nadie que las reclamaran y hoy descansan en fosas comunes. La pregunta, dice Enrique, es por qué quienes viven en la calle no tienen derecho a una muerte digna, a que perdure su historia a través de su idendidad.
Cuando alguien muere en estas condiciones se pierde precisamente eso: su historia. Por ello, este año el reclamo es “no queremos más desconocidos”.
Si las autoridades, la sociedad y las empresas funerarias llegan a ver este problema, es más probable que se sensibilicen y ayuden a combatirlo, que “los chavos tengan entierros dignos”.
“Recién enterramos a una chica trans. La población callejera, sus amigos, estaban muy insistentes en que se enterrara: decían que alguien muy alegre, con mucha buena vibra no debía ir a la fosa común”, cuenta Enrique. “La rescatamos, una empresa financió el entierro y fue muy, muy, muy emotivo porque los chavos y las chavas dijeron que su amiga se fue como lo que era: una reina”.
Este caso, dice, habla de la sensibilidad, de que se puede cambiar esta lógica de discriminación.
Por Valeria León, de Cencos, especial para Sin Embargo
Michoacán/Ciudad de México, 15 de octubre (SinEmbargo).– La primera Escuela Normal Rural en la historia de América Latina se encuentra en el pueblo de Tiripetío, al sur de Morelia. Esta es una de las 16 escuelas normales rurales que aún existen en el país y actualmente alberga a 560 estudiantes, quienes se preparan cada año para ser maestros.
Foto: Viridiana Ramírez/Cencos
Aunque la historia de esta escuela ha sido combativa, en los últimos años los enfrentamientos con la fuerza pública se han intensificado. Los estudiantes reclaman la ampliación de la matrícula de 114 a 140 estudiantes, piden el pago completo de sus becas, pase directo, la liberación de plazas para los egresados y se les contrate antes de concluir sus estudios.
Como medida de presión a las autoridades, los normalistas bloquean a menudo la principal vía férrea de la comunidad, que conecta el puerto de Lázaro Cárdenas con la ciudad de Morelia; lo que ha culminado en enfrentamientos violentos con la policía.
Así sucedió el pasado 21 de junio, cuando el normalista de 22 años, Gael Solorio recibió un balazo cerca de la boca en un enfrentamiento con agentes del Grupo de Operaciones Especiales de la Secretaría de Seguridad Pública de Michoacán y estuvo semanas en terapia intensiva.
De inicio las autoridades declararon que los policías no llevaban armas de fuego, únicamente con balas de goma pero tras varios videos que mostraban lo contrario, el secretario de Seguridad Pública de Michoacán, Juan Bernardo Corona, explicó que los estudiantes habían acordado liberar las vías del tren sin embargo, minutos después incendiaron una camioneta de Telmex por lo que las fuerzas del orden tuvieron que intervenir.
Otro enfrentamiento se suscitó el pasado 14 de octubre, en el que 74 normalistas fueron detenidos y otros más golpeados en el intento por liberar a uno de sus compañeros quien fue trasladado a la cárcel preventiva de Morelia, acusado de secuestrar camiones en Tiripetío.
Foto: Viridiana Ramírez/CEnxos
Este año, la Escuela Normal Rural Vasco de Quiroga cumplió 95 años y los estudiantes están preocupados porque el gobierno quiera cerrarla.
“Esta escuela es un arma muy poderosa para el gobierno y prácticamente quiere quitarnos todo, ¿y nosotros qué hacemos?, pues defendernos”, expresó el estudiante de primer año, Jorge Luis Contreras.
En total, hay 7 mil estudiantes en las normales rurales del país. Son hijos de campesinos que ven a la Normal Rural como la única oportunidad frente a sus carencias. Las becas diarias de los normalistas oscilan entre los 45 y 70 pesos, de acuerdo con la Federación de Estudiantes Campesinos de México.
Raúl Castillo, quien es egresado de esta escuela y ahora es el director de la Normal Rural, asegura que las actividades que los normalistas ejecutan como medidas de presión son independientes de la escuela.
“Cuando no les llega su beca completa ellos se organizan”, afirmó el director en entrevista.
Desde el 2003 se han restringido las becas a los estudiantes y se han cerrado escuelas, como la normal Luis Villarreal en la comunidad de El Mexe en Hidalgo, que llevaba 82 años abierta y en donde se formaron personajes como Lucio Cabañas.
El cese de escuelas normales y la reducción de la matrícula, ha orillado a estudiantes a secuestrar autobuses con comida como reclamo.
A unas cuadras de la Escuela Normal Rural en Tiripetío se encuentra la autopista Siglo XXI en el tramo Morelia-Pátzcuaro. Este cruce es esencial para las camionetas repartidoras de empresas como Sello Rojo, Leche Araceli y Bonafont.
En este punto, los normalistas piden dinero a los vehículos como apoyo (actividad conocida como “boteo”). Sin embargo, si son camionetas con comida la situación es distinta: despojan a los choferes de sus vehículos, los vacían en el interior de la escuela y regresan los camiones. Los estudiantes aseguran que únicamente se llevan alimento y bebidas y los utilizan para la manutención de los normalistas.
Las instalaciones de la Normal Vasco de Quiroga incluyen cuatro hectáreas dedicadas a la siembra de maíz y crianza de animales como borregos, puercos, peces tipo tilapia, conejos, codorniz y gallinas.
“Ya después de que vas a clases en la mañana y en la tarde haces tu tarea, bajas acá y ya te sientes en tu casa, haciendo lo que hacías y te identificas”, relata Irvin Farfán, estudiante de tercer año.
Seis normalistas son los encargados de atender los módulos donde crían animales, que sirven de autoconsumo. Los alimentos se sirven tres veces al día en el comedor que tiene una capacidad de 300 personas.
“Muchos de aquí venimos buscando la ayuda. Yo soy de bajos recursos, mi familia no tiene suficiente dinero para cubrir una carrera o algo que se pueda pagar y como acá en esta escuela nos ofrece comida, dormitorio y baño, namás en lo que uno gasta es en los puros pasajes”, concluye Gerardo Contreras, normalista de nuevo ingreso.
Como Gerardo, muchos ven la Normal como su única opción de estudio. Así lo constatan las placas conmemorativas de pasadas generaciones que recuerdan los sueños cumplidos en esta escuela, que hoy tambalea en la víspera de su centenario.
Simitrio conoció la cárcel en 1978. La estancia en aquella ocasión fue breve, pero ya anunciaba lo que Rubén Sarabia, nombre real del líder fundador de la Unión Popular de Vendedores Ambulantes 28 de Octubre (UPVA) en Puebla, tendría que enfrentar en una vida al frente de la organización.
En julio de 1989 sería apresado por segunda ocasión. En aquel entonces, Rubén Sarabia se había convertido en una figura molesta para el gobierno de Mariano Piña Olaya, acusado por la organización de no cumplir acuerdos y desalojar vendedores ambulantes del centro histórico de la capital del estado.
Cuando las manifestaciones de vendedores iban en aumento, Simitrio fue acusado de asociación delictuosa, daños en a propiedad ajena, robo y posesión de armas y estupefacientes. En sus primeros años en prisión, la 28 de Octubre pasó de tener más de 10 mil miembros, a apenas superar los 3 mil. El golpe del gobierno había sido efectivo.
En 2001 Simitrio obtuvo su libertad pero fue aprehendido nuevamente en diciembre de 2014, durante el sexenio de Rafael Moreno Valle, quien a principios de ese año exigió a Simitrio subordinación, con el objetivo de controlar a la organización. El dirigente se negó y fue entonces que se recrudeció la persecución política contra él, su familia y la UPVA.
Hoy en día, debido a problemas de salud, Sarabia cumple su condena en prisión domiciliaria, pero lejos de tener algo de tranquilidad, sigue soportando ver a miembros de su familia y organización ser amenazados, agredidos, torturados, encadenados y asesinados.
El último golpe ha sido el más duro.
La mañana del 29 de junio su hija mayor, Meztli Sarabia, fue asesinada en el corazón de la organización: el Mercado Hidalgo. Dos tiros le quitaron la vida.
“El comando sometió con sus armas a todos, los tiró al piso y, tras preguntar a Meztli si ella era mi hija, le dio un balazo en el abdomen y el tiro de gracia en la cabeza”, narraba, horas más tarde el mismo Simitrio.
Simitrio Sarabia | Foto: Agencia Enfoque
Su muerte no es sólo un nuevo escalón –el más cruel, el más cobarde– en la persecución contra la familia de Simitrio y los miembros de la 28 de Octubre. Es también el anuncio de que esto no para aquí. Junto al cuerpo de Meztli, los asesinos dejaron un mensaje escrito en una cartulina: el que sigue es Simitrio, y la misma suerte les espera a quienes lo apoyan.
Cobarde. Artero. Así describió Tonatiuh Sarabia el asesinato de su hermana. En entrevista para Cencos, también habló de la indefensión en la que se encuentra su familia y la inacción de las autoridades. En abril de 2016 unos hombres levantaron a Meztli y a un compañero cuando ella se dirigía a su casa. Dijeron ser policías ministeriales. “A ella la pusieron boca abajo y la amenazaron con una pistola; les dijeron que ya habían valido madre, que la familia de Simitrio ya había valido madre, y que la 28 también”, narró Tonatiuh.
A raíz de este hecho Meztli levantó una denuncia, pero al día de hoy ninguno de sus familiares tiene información sobre el curso de la investigación. También puso una queja en la Comisión de Derechos Humanos de Puebla (CDH Puebla), sin embargo, el presidente de este organismo, Adolfo López Badillo, declaró que Meztli no aportó pruebas suficientes para corroborar que había sido agredida por autoridades.
Además, en 2014 Meztli solicitó medidas cautelares a la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) luego de que su casa fuera cateada en noviembre. Según Tonatiuh, las medidas que se ordenaron desde el estado de Puebla fueron para protegerla dentro del Cereso de Cholula, pero ella no estaba presa.
Ahora, después de la muerte de Meztli, la CDH Puebla solicitó a la Fiscalía General del Estado, a la Secretaría General de Gobierno, a la Secretaría de Seguridad Pública del Estado y a la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal medidas cautelares para personas afines a la UPVA y para la familia de Rubén Sarabia, con el objetivo de garantizar su integridad física y psicológica.
Sin embargo, exactamente una semana después del asesinato de Meztli una nueva amenaza llegó, esta vez dirigida a la esposa de Simitrio, Rita Amador. “Dile a Rita que así como matamos a la hija de Simitrio, vamos a matar a uno de sus hijos”, se escuchó en una llamada telefónica que respondió Tonatiuh Sarabia.
Rita Amador | Foto: Alejandro Muñoz
Rita Amador es también dirigente de la UPVA de Puebla. Esta no es la primera vez que se enfrenta, como otros miembros, a los ataques de los que es objeto la 28 de Octubre. En otras ocasiones la han amenazado con agredir a sus nietos y ella misma enfrenta un proceso penal acusada de ataques a las vías de comunicación luego de encabezar, junto con María de la Luz Gálvez –esposa de Xihuel Sarabia, hijo de Simitrio– una marcha en agosto de 2015.
Contando a Rita Amador, la 28 de Octubre tiene a cuatro miembros procesados en libertad. Cinco presos políticos: Simitrio, sus dos hijos –Atl Tonatiuh Sarabia y Xihuel Sarabia–, Luis Fernando Alonso Rodríguez y José Muñoz Villegas. Según Tonatiuh Sarabia, también asesor legal de la 28 de Octubre, más de 130 averiguaciones previas han sido abiertas contra miembros de la organización y las detenciones y procesos penales han estado plagados de irregularidades.
De acuerdo con el Comité para la Libertad de los Presos Políticos, en Puebla se han documentado 366 casos de personas que han sido perseguidas, encarceladas o procesadas durante el gobierno de Rafael Moreno Valle por haberse manifestado contra las políticas estatales. El caso más grave es el que protagonizan Simitrio y su familia.
“En Puebla de los Ángeles el diablo anda suelto”
Después de la muerte de Meztli Sarabia, su familia está aturdida, no sólo por su pérdida sino porque, según Tonatiuh, este tipo de crímenes no ocurrían en la capital del estado desde hace mucho tiempo: “En Puebla de los Ángeles el diablo anda suelto, y esto puede agravarse si se vuelve recurrente el asesinato político como mecanismo de control social”.
Por eso, la familia de Simitrio y la UPVA no piensa parar en su lucha contra la represión y el hostigamiento, que ahora se dan también por otros frentes: Tonatiuh denunció públicamente que el día en que Meztli fue asesinada hubo una campaña en Twitter y Whatsapp para criminalizarla y para infundir miedo en la sociedad respecto del actuar de los miembros de la 28 de Octubre.
Dijo también que ese día identificaron a al menos tres sujetos infiltrados entre miembros de la UPVA : dos en la escena del crimen y uno en una manifestación frente a la Secretaría General del Gobierno de Puebla (SSG Puebla). Los primeros dos, un hombre y una mujer, tenían credenciales de la SSG Puebla e incluso estaban entrevistando a los testigos; mientras que el tercer infiltrado tenía credenciales de la SSG Puebla y de la Secretaría de Defensa Nacional (Sedena), ambas con un nombre distinto.
Con más fuerza que antes, la familia de Meztli y miembros de la organización han pedido la liberación inmediata de los presos políticos, el cese a la represión y garantías mínimas de seguridad. Esta vez se suma la exigencia de esclarecer el crimen de Meztli, de encontrar y castigar a los responsables –materiales e intelectuales– de su muerte, a pesar de la poca confianza en las autoridades.
Conferencia en Cencos asesinato de Meztli | Foto: Erik Salinas
“La muerte de mi hija, la muerte de nuestra compañera, la muerte de Meztli, no será en vano: habrá de abonar la tierra, nuestra madre tierra, que florecerá en libertad, en bienestar para todos y en el poder popular”, dijo Simitrio durante el entierro de su hija.
Tonatiuh asegura que él y su familia tienen las mismas medidas de protección que el resto de los miembros de la organización: “Desafortunadamente, quien nos está persiguiendo es una parte del Estado, el gobierno de Puebla… cuando ellos quieran ir por alguno de nosotros, donde estemos lo van a hacer”.
“No le vemos caso a escondernos, porque no debemos nada. No le vemos caso a huir, porque estamos seguros de que nuestro trabajo está contribuyendo al desarrollo de nuestro estado. Vamos a seguir en lo que estamos, defendiendo los derechos del trabajo, de la libertad de expresión, solidarizándonos con las luchas justas y democráticas”.
Ayer, 8 de junio, Héctor Casique fue asesinado por un grupo armado.
Hace 9 meses había logrado quedar en libertad, tras haber sido torturado e inculpado por sus compañeros.
Desde Cencos, exigimos una investigación imparcial y transparente.
