La protesta fue convocada luego de que se conocieran dos casos de mujeres que denunciaron ser víctimas de violaciones, presuntamente cometidas por policías de la Ciudad de México.
Ilustración: Eréndira Derbez
Tras la difusión de dos testimonios de mujeres que denunciaron haber sido víctimas de violación, presuntamente cometida por policías de la Ciudad de México, ciudadanas convocaron a una protesta el próximo lunes 12 de julio.
Con las consignas “¡Basta de policías agresores!”, “#NoMeCuidanMeViolan” y “#LaPolicíaViola”, las ciudadanas llamaron a marchar a las 12:00 PM desde las oficinas de la Secretaría de Seguridad Ciudadana hasta el edificio conocido como ‘Búnker’, de la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México.
En algunos de los mensajes de convocatoria, las mujeres expresaron que se encuentran “hartas de no vivir tranquilas” y de no poder salir a la calle “sin sentirnos vulnerables”.
La Suprema Corte de Justicia admitió a trámite las acciones de inconstitucionalidad promovidas por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) en contra de las Leyes Nacionales sobre Uso de la Fuerza y del Registro de Detenciones.
En sus notificaciones de este lunes, la Corte informó que accedió a estudiar la procedencia de estas impugnaciones, una vez que se comprobó la legalidad de las peticiones.
La CNDH reclama la inconstitucionalidad de ambas leyes en su integridad, argumentando que no regulan la totalidad de los elementos mínimos e indispensables que el texto de la Constitución estableció para el contenido de esos ordenamientos, componentes básicos para el adecuado funcionamiento de la institución policial, por lo que estima que el Congreso incurrió en diversas omisiones legislativas, respecto de las cuales la Suprema Corte debe pronunciarse.
Gracias a un grupo de estudiantes y chavales interesados por saber la verdad, por limpiar el nombre de sus amigos, surgió el documental HASTA LOS DIENTES.
Iban armados HASTA LOS DIENTES. Eso dijeron los militares, y por eso los mataron. La verdad: eran dos estudiantes que se quedaron tarde en la escuela. Era marzo de 2010.
Tras una persecución en la capital de Nuevo León, entre el Ejército y un supuesto grupo de criminales, las Fuerzas Armadas llegaron a la entrada del Tecnológico de Monterrey y sin ningún protocolo entraron y comenzaron a disparar.
Video: Noticias 22 vía YouTube
Javier Francisco Arredondo y Jorge Antonio Mercado Alonso eligieron mal el día para salir después de las 12 de la noche de la institución donde estudiaban, o por lo menos eso cree la autoridad. Estos dos estudiantes de excelencia caminaron a la salida como siempre lo hacían y fueron recibidos a balazos. Ahí, justo en la entrada de su escuela murieron.
Pero la impunidad en este caso fue mucho más allá, pues no únicamente el Ejército los había “confundido” con criminales, sino que tras haberlos asesinado, los integrantes de las fuerza del orden alteraron las pruebas, les sembraron armas y mintieron al llamarles criminales. Al día siguiente, los medios de comunicación anunciaban el abatimiento de dos miembros del crimen organizado que iban armados HASTA LOS DIENTES y por eso merecían ser fulminados.
Como sucede mucho en este país, desde que Felipe Calderón inició SU guerra contra el narco, estos jóvenes fueron criminalizados y señalados como delincuentes y el Tec de Monterrey fue cómplice. Sí, esa escuela que dice siempre poner en alto los valores y el respeto, le mintió a la familia de estos alumnos, les ocultó el hecho y después les dio la espalda.
Han pasado ya ocho años y esta historia se ha repetido en miles de ocasiones; el gobierno les llama víctimas colaterales y muchas veces les señala como criminales pero son personas –en su mayoría jóvenes- que no debieron morir.
El caso de los estudiantes del Tec en 2010 nos demuestra que en México nadie está a salvo. (Foto: Proceso)
Para nosotros como sociedad es más fácil hacernos de la vista gorda y creer la versión de la autoridad y en ocasiones hasta señalarlos también: “eran malandros”, “merecían la muerte”, “eso les pasa por juntarse con la gente equivocada”. Y, ¿qué pasaría si esos jóvenes fueran tus hijos o hijas? ¿o tú misma? Tu familia tendría que lidiar, además de con el asesinato de un ser querido, con los señalamientos, con las miradas de repudio.
Este país está podrido, sí, pero mucho tenemos que ver nosotros al fomentar este discurso de odio, al no exigir el cese de la violencia, al no pedir que se mejores las policías civiles y se regrese a los cuarteles a las fuerzas armadas, será lo que sea pero ellos están entrenados para matar y lo han demostrado.
Gracias a un grupo de estudiantes y chavales interesados por saber la verdad, por limpiar el nombre de sus amigos, surgió el documental HASTA LOS DIENTES, donde el director Alberto Arnaut cuenta la historia de Javier y Jorge. De cómo fueron torturados y asesinados por los militares dentro de su propia escuela.
El 7 de septiembre se estrena en 400 salas en todo el país, ojalá puedas ir a verla y no, únicamente por apoyar al cine mexicano sino para que te des cuenta por qué muchos pedimos que el ejército y la marina regresen a sus cuarteles, por qué pedimos una #SeguridadSinGuerra.
Listas están la pantalla, las botanas, las cervezas, el café, y galletas para los más fresas. El día tiene más luz, levantarse temprano tiene un nuevo significado, por lo menos para los futboleros –y los villamelones- llega nuestro momento este jueves 14 de junio: ¡empieza el Mundial!
Por lo menos en mi caso es una época que espero con mucha, mucha emoción. ¡Ah, qué recuerdos de aquél Corea-Japón! Estaba en la universidad y nos juntábamos a beber desde las 6 de la mañana con toda la bandota. O el Mundial de Sudáfrica, cuando vi la inauguración desde una cama de hospital a punto de parir a mi segundo hijo. Para mí toda una fiesta, pues.
No miento al decir que en la oficina ya organizamos nuestras labores cotidianas para no perdernos los mejores partidos, pues la mayoría de ellos nos tocarán en horario laboral. Y por favor no empiecen con que el futbol es el opio del pueblo, que nos tienen dormidos, que nos manipulan a todos y todas las aficionadas. Pues, por lo menos yo, seguiré trabajando por los derechos humanos mientras veo pasar a la Selección Mexicana a la siguiente ronda –¡ay ajá!-.
No, ya en serio, yo sí creo que puedo ser aficionada al futbol y seguirme preocupando por lo que pasa en nuestro país. No por prender la tele se me olvidan las más de 34 mil personas desaparecidas o las 25 mil que fueron asesinadas en 2017.
CIUDAD DE MÉXICO (proceso.com.mx).- Entre las 18:00 y las 21:00 horas del viernes 20, sujetos desconocidos entraron al domicilio de uno de los editores del sitio web de Proceso, de donde sustrajeron una computadora de escritorio, equipo fotográfico, drones, discos duros y tarjetas de memoria donde se almacenaba información relacionada a reportajes de investigación publicadas por esta casa editorial.
Los desconocidos forzaron uno de los accesos al balcón, desconectaron la computadora de escritorio iMac y se llevaron cuatro maletas grises con el siguiente equipo: Cámara Canon 5d Mark II, Lente Canon 50 mm 1.2, Lente Canon 85 mm 1.2, Lente Canon 70-200 mm 2.8, Lente Canon 16-35 mm 2.8, Drone DJI Phantom 4 y Drone DJI Mavic Pro.
Imagina que caminas por la calle, un policía te detiene y comienza a revisarte, no estás cometiendo un acto ilícito y no tiene una orden; el motivo de la inspección –argumenta el agente– es que considera que el celular que portas está relacionado con un delito que se investiga.
Desafortunadamente, y como es sabido, México es un país que tiene niveles muy altos de desconfianza en sus instituciones policiales. Una prueba es la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública 2017, la cual registró que 48.8 por ciento de los ciudadanos confía poco o nada en la policía municipal, 43.6 por ciento en la estatal y 33.5 por ciento en la federal.
Foto: Foto: hemeroteca.proceso.com.mx
A pesar de ello, recientemente la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolvió la acción de inconstitucionalidad interpuesta por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) contra diversos numerales del Código Nacional de Procedimientos Penales por considerarlos violatorios de derechos humanos. La Corte declaró constitucionales los artículos impugnados, entre ellos los numerales 266 y 268.
Esta decisión permitirá que la policía realice inspecciones sobre una persona y sus posesiones, entre ellas, los vehículos, por el simple motivo de considerar que podría estar ocultando algo relacionado con un delito que se investiga, sin ninguna orden ni control judicial previo.
Lo anterior es sumamente preocupante. Si bien la SCJN ha pretendido puntualizar los supuestos en que podrían realizarse estas inspecciones, argumentando que es necesaria la existencia de una investigación en curso para que sean legales, esta salvaguarda no resulta suficiente.
Inicialmente en el ámbito jurídico es importante señalar que no existe ningún protocolo, regulación expresa, lineamientos básicos que establezcan parámetros específicos a los que debería ceñirse el actuar policial, es decir: ¿en qué casos pueden realizar estas inspecciones? ¿cómo deben hacerlo?, ¿qué criterios deben tomarse en cuenta? Esto queda totalmente al arbitrio de la policía, por lo que se deja al ciudadano completamente vulnerable y sin certeza jurídica alguna, se viola indudablemente el principio de legalidad, al que toda norma debería ajustarse, más aún, tratándose de limitaciones a la libertad personal.
Se argumenta que mediante estas normas se pretende dotar de herramientas a los agentes para posibilitar que realicen sus labores de manera efectiva, pero este discurso formal deja de lado el grave contexto nacional, mismo que muestra que la desconfianza social en las instituciones policiales deriva de que estas son señaladas por la comisión de un sinfín de abusos relacionados con la ejecución de sus funciones.
La necesidad del fortalecimiento de las autoridades civiles, en este caso fuerzas policiales, no está a discusión, es claramente necesaria, sin embargo, ésta debe darse en un marco de respeto irrestricto a los derechos humanos, los cuales no pueden sacrificarse para optimizar procesos, aunque estos sean relativos a la procuración de justicia.
Lo cierto es que se están dejando vigentes contenidos normativos cuya forma en que serán aplicados no es clara, aunado a que confieren facultades discrecionales a instituciones señaladas por la mala ejecución de sus funciones. En suma, estas circunstancias dejan la puerta abierta a la comisión de abusos y violación sistemática de derechos.
De inicio me sentía como una atracción turística: “Pásele a ver a la mexicana que hablará sobre cómo es vivir en su terrible país”. Pero era una gran oportunidad para platicarle a la comunidad internacional sobre la violencia e impunidad a la que nos enfrentamos día a día en México.
Sería un debate en el marco del Festival Internacional de Cine de Derechos Humanos organizado por fundaciones, organizaciones internacionales, el Parlamento Europeo y las Naciones Unidas en Ginebra, Suiza, y participaríamos: el actor Gael García, la periodista Anabel Hernández, el defensor de derechos humanos Carlos Soni Bulos y yo.
Cuando subí al escenario tenía todavía el corazón roto, acabábamos de ver el documental La libertad del diablo, de Everardo González, donde víctimas y perpetradores de la violencia narraban desapariciones, asesinatos y agresiones que les habían sucedido o que ellos habían cometido. Con la voz entrecortada, empecé por explicar que somos más los mexicanos y mexicanas trabajadoras y chingonas y que realmente teníamos una clase política impresentable que no nos representaba en lo más mínimo, que nos mentía en la cara diciendo que no pasaba nada y que también lo hacía con la comunidad internacional. De verdad, es impresionante cómo los políticos de nuestro país mienten abiertamente cuando tienen audiencias en la ONU, en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos o en la Corte Interamericana.
La charla continuó y yo nada más veía cómo los asistentes abrían grandes los ojos cuando les decíamos que tuvimos más de 23 mil homicidios en 2017 y que oficialmente había 33 mil personas desaparecidas.
Aplaudían tras escuchar la historia de Carlos Soni, quien fue torturado por marinos y encarcelado por casi dos años, y se emocionaban con los relatos de Gael sobre un México de luchones y luchonas que no se han dejado vencer y actualmente se están organizando en la búsqueda de un mejor país.
Para no variar (porque parece que ya es mi tema forever) les expliqué sobre la recién aprobada Ley de seguridad interior y cómo nuestros senadores y diputados no escucharon a nadie y le dieron herramientas a las fuerzas armadas para seguir violando los derechos humanos. También hablé sobre la necesidad de una fiscalía autónoma e independiente y del escándalo de Pegasus, ese software invasivo comprado por el gobierno y usado para espiar a periodistas y personas defensoras.
Los asistentes no podían creer que México fuera así, pues supuestamente vivimos en un país democrático. Sus preguntas y comentarios eran sobre cómo enfrentábamos la violencia, por qué nuestras instituciones no funcionaban y si creíamos que nuestro gobierno era más un narcoestado.
Pero fue una pregunta la que me llamó la atención, de un hombre que, sentado en la última fila, nos cuestionaba: “Entonces si hay tanta violencia, ¿por qué los extranjeros siguen yendo a México y siguen considerándolo como uno de los mejores lugares para vacacionar?, ¿será porque la violencia únicamente se da en ciertas zonas?” La verdad acepto que me prendí, que no guardé la compostura y lo interrumpí en varias ocasiones pero ¿por qué lo hice? Pues porque resulta que el gobierno mexicano se tomó la molestia de mandar a un vocero a que nos preguntara eso, sí, el Estado envió a este chico que trabaja como su representante en Naciones Unidas para que intentara desacreditar lo que decíamos. Así de jodidos, así de censuradores.
Y mi respuesta a su pregunta fue: “Fíjate, qué casualidad, esa versión que das es justamente la que ofrece el gobierno mexicano. La violencia está en todos lados, incluso en los lugares turísticos como Los Cabos y Playa del Carmen, y si únicamente estuviera en la montaña de Guerrero, no tendríamos por qué dejarlos solos”.
Al final su estrategia no funcionó, decenas de personas se acercaron a nosotros para saber más, para seguir en contacto y para darnos muestras de apoyo. Me queda claro que hay mucho por visibilizar, mucho por compartir, mucho por escuchar. Esa noche, le pedimos a la comunidad internacional que no nos dejara solos.
El pasado 8 de Marzo se conmemoró el Día Internacional de la Mujer, por lo que miles de nosotras salimos a marchar a las calles de la Ciudad de México para exigir algo que parece inalcanzable: igualdad social.
El Artículo 4º de la constitución indica que hombre y mujer son iguales ante la ley y que ésta deberá establecer mecanismos e instituciones para garantizar que esto suceda, para promover la equidad de género. Pero esto no se ve reflejado en nuestro día a día: las escasas oportunidades y el nulo reconocimiento nos han colocado en una situación de inequidad y vulnerabilidad.
Foto: Viridiana Ramírez/Cencos
El caso de las trabajadoras del hogar es un ejemplo de la desigualdad entre hombres y mujeres. Según la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo 2016, en México hay 2.3 millones de personas que se dedican al trabajo del hogar remunerado, de las cuales 95% son mujeres. También señala que los hombres que se dedican a lo mismo gozan de mejores condiciones laborales y perciben hasta dos salarios mínimos más que una mujer.
Esto se suma a la precariedad de un trabajo que ni siquiera es reconocido como tal, y en donde las personas son sometidas a jornadas de hasta 12 horas, sin derechos laborales, seguridad social, contrato, garantía de pensión o posibilidad de ahorro.
Para que una mujer trabajadora del hogar pueda romper esta brecha y tener una valoración de su trabajo es necesario modificar leyes, y crear reformas, pero ¿cómo se van a modificar y crear nuevas si ni siquiera podemos tener seguridad y respeto en nuestros espacios?
La desigualdad laboral es un grave problema, sin embargo, la violencia y agresiones hacia la mujer cobran un papel fundamental en la búsqueda de la equidad de género, ya que en los últimos 10 años este tipo de violencia no ha disminuido.
Según ONU Mujeres México el feminicidio ha alcanzado proporciones alarmantes en México, pues se estima que en los últimos 25 años ocurrieron más de 35 mil defunciones de mujeres con presunción de homicidio.
En la mayoría de los casos en los que una mujer es encontrada sin vida la investigación no inicia con perspectiva de género y es muy difícil que sea tipificada como feminicidio, en principio, porque en muchas ocasiones las autoridades no distinguen entre un homicidio y un feminicidio. Eso es fundamental: no son lo mismo. Las mujeres son asesinadas por razones de género.
Un feminicidio, según el código penal federal de México, se considera como tal cuando, entre otras características, la víctima presenta signos de violencia sexual, se le infligió lesiones o mutilaciones degradantes, o su cuerpo fue expuesto en un lugar público.
Por eso las mujeres salimos a marchar, porque en nuestra pelea por condiciones laborales dignas también nos topamos con una enorme pared de concreto, que es la violencia cotidiana que nos impide caminar libremente por la calle.
Es fundamental garantizar espacios seguros, acciones para prevenir y erradicar la violencia de género, además de que se incorpore la perspectiva de género para que podamos hacer frente a los desafíos sociales, políticos y económicos de nuestro país. Es muy largo el camino que nos falta por andar: las estadísticas han demostrado que en lugar de tener un avance nuestros pasos van como los de un cangrejo.
Me gustaría que no sólo el 8 de Marzo se hablara de este tema, y que no sólo ese día los hombres se digan empáticos con nosotras. Me gustaría que esto fuera siempre: que en casa se eduque de igual manera a niños y niñas, dándoles la capacidad a ambos de ser sensibles o fuertes, que los hombres se incomoden cuando escuchan un comentario machista y que la sociedad se moleste cuando una de nosotras sea agredida.
Me gustaría que al caminar y ver a un hombre detrás de mí no me invada una angustia de lo que me pueda pasar y que al salir con falda nadie intente ver por debajo de ella.
Me gustaría no tener que seguir saliendo a las calles para exigir espacios seguros en donde las mujeres podamos caminar libres, no seguir saliendo para hacer ver algo que de por sí es evidente: que no hay igualdad laboral. Me gustaría que llegue un día en el que haber alzado nuestra voz sirva para hacer efectiva la igualdad, para que sea una realidad y no un reclamo.
¿Cuáles son las alternativas ante la impunidad imperante en nuestro país? ¿Qué es lo que está sucediendo con la impartición de justicia, que ser víctima de un delito te convierte en una potencial víctima de violaciones de derechos humanos?
México ocupa el quinto lugar a nivel mundial y el primero en América Latina de países con mayor índice de impunidad, de acuerdo con la Universidad de las Américas Puebla (UDLAP). Es importante señalar que existe una cifra negra: más de 90 por ciento de los delitos no son denunciados, según la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) 2017, más de 90 por ciento de los delitos no son denunciados. En suma, el problema es abrumador.
Esta situación es un reflejo evidente de la debilidad institucional en materia de justicia. Es impensable que en una nación democrática exista una ausencia tal de estado de derecho que una vez que se ha sido víctima de un delito el Estado revictimice con omisiones y la inadecuada investigación.
Foto: newsroompanama.com
Ante la ausencia de respuestas en nuestro país, familiares de víctimas tienen que acudir ante instancias internacionales. Tal es el caso de los feminicidios de Lilia Alejandra García y Nadia Muciño, el asesinato del normalista Julio César Mondragón y de Arturo Hernández Cardona, la masacre de El Charco, en Guerrero; así como la experimentación sin consentimiento en el Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía, mismos que acudirán ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en busca de justicia.
Karla Michel Salas, directora del Grupo de Acción por los Derechos Humanos y la Justicia Social, señaló en entrevista para Cencos que México es uno de los países que en la actualidad está enviando un mayor número de peticiones ante el sistema interamericano de protección de los derechos humanos. Sin embargo, este procedimiento es largo y podría tomar décadas ya que no todos los casos que se presentan son analizados en el fondo.
La resolución de estos casos resultaría trascendental, como en su momento lo fue la sentencia “Campo Algodonero” y otras, que establecieron nuevos estándares en materia de derechos humanos. Sin embargo, resulta lamentable que las personas tengan que someterse a procesos prácticamente inalcanzables para la mayoría en la búsqueda de verdad y justicia.
Ante la ausencia expresa de voluntad política por parte de las autoridades de resolver de manera eficaz la problemática, es necesario como estrategia conjunta apuntar al fortalecimiento del entramado institucional que suponga la transformación estructural del sistema de justicia de nuestro país, por ejemplo, la creación de una fiscalía profesional y con la capacidad técnica para investigar y perseguir el delito de manera efectiva, con independencia y autonomía que permita dejar de lado la corrupción, aspecto que alimenta la impunidad.
Se llaman Héctor, José, Ulises; y desde hace años sus familias no conocen su paradero.
Los tres están desaparecidos desde 2013, cuando un grupo de policías de Veracruz los detuvieron –en momentos diferentes– únicamente por considerar que tenían una “actitud sospechosa”, sin presentarlos ante un juez o agencia del Ministerio Público.
Foto: plumaslibres.com.mx
Era la administración de Javier Duarte, y en Veracruz el terror se había institucionalizado: la policía estatal –a través de dos grupos: Fuerza de Reacción y Fuerza Especial– operó para detener y desaparecer a por lo menos 15 jóvenes –hombres y mujeres–, ente los que se cuentan Héctor, José y Ulises.
Los mismos que tenían que protegerlos fueron los que los detuvieron un día, entre abril y octubre de ese año, en alguna carretera o avenida del estado.
La semana pasada se completó la detención de 19 personas –policías, exmilitares y exmandos de la Secretaría de Seguridad– por su presunta implicación en estas desapariciones forzadas. Están en el penal Pacho Viejo, una localidad en el municipio de Coatzacoalcos, Veracruz.
Este miércoles 13 de febrero las 19 personas fueron vinculadas a proceso.
Arturo Ángel, reportero de Animal Político, ha seguido y reportado el caso, y ha comenzado a publicar las historias de cómo, en dónde y bajo qué argumentos los jóvenes fueron detenidos. Ha narrado los primeros seis casos, desde la detención hasta que fueron llevados a una academia de policía fuera de Xalapa, en donde se perdió su rastro.
En el diario La Jornada, Eirinet Gómez publica datos aún –si todavía se puede– más espeluznantes. Por ejemplo, que según la audiencia de vinculación los presuntos culpables no solo detuvieron y desaparecieron a los jóvenes, también solían contactar a sus esposas para abusar sexualmente de ellas.
Es, porque no hay otra forma de decirlo o de concebirlo, una historia de terror. Que pasó –y que se sigue desarrollando– en nuestro país, frente a nuestras narices, y en manos de agentes públicos. Que destapa la responsabilidad de las autoridades, esa que han venido negando desde hace años. Que nos muestra las heridas más profundas del México en el que vivimos, en el que con frecuencia las autoridades no sólo no cumplen con su labor, sino que vulneran nuestros derechos más fundamentales, incluyendo nuestro derecho a vivir.
En los juzgados de Pacho Viejo, familias de personas desaparecidas siguen gritando su dolor, porque todavía no encuentran a quienes buscan y exigen saber dónde están sus hijos.
Que haya elementos detenidos, una investigación en curso, es un primer paso para dar justicia y certeza a decenas de personas.
Pero Veracruz sigue siendo una herida abierta. Y como esa hay muchas en México.
Hay más de 33 mil personas desaparecidas. Más de 33 mil familias buscando.
