Por Redacción/Aristegui Noticias
Mientras ciudadanos protestaban en las inmediaciones del Senado, 270 organizaciones señalaron que hay alternativas a la militarización del país y la fallida guerra contra el narco.
Por Redacción/Animal Político
La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) advirtió sobre los “potenciales riesgos” de la iniciativa de Ley de Seguridad Interior, para regular la actuación de las fuerzas armadas en tareas de seguridad pública, de cara a su discusión en el Congreso.
La emisión de una ley de seguridad interior, en los términos que se plantea, señaló la Comisión en un comunicado, “contribuiría a mantener el estado actual de cosas, al favorecer el uso discrecional de las Fuerzas Armadas como base de una estrategia para abatir la violencia e inseguridad que se enfrenta, dejando de lado la necesidad de emprender acciones coordinadas y efectivas, desde los distintos niveles y órdenes de gobierno, para fortalecer los recursos y capacidades de las policías civiles, instancias a las que corresponde de manera exclusiva llevar a cabo las tareas de Seguridad Pública en términos del artículo 21 Constitucional”.
En otro punto de su mensaje, la CNDH acusó que las fuerzas armadas han tenido que ejercer tareas de seguridad pública, por “la omisión, la indiferencia y la falta de resultados contundentes en la capacitación y desarrollo de las policías”.
En el ámbito del reconocimiento, respeto y protección de los derechos humanos, continuó, los potenciales riesgos del dictamen que será objeto de discusión son múltiples y de diversa gravedad:
“Tan sólo por mencionar algunos, se podrían referir desde las imprecisiones conceptuales al mezclar el ámbito de la Seguridad Nacional con la Seguridad Interior; una definición sumamente amplia y ambigua de Seguridad Interior que permitiría configurar, prácticamente, cualquier conducta como un riesgo a la misma, para lo cual no habría criterios objetivos sino una facultad discrecional genérica”, indicó.
Otro de los puntos de riesgo, según la Comisión, es “la falta de mecanismos reales y efectivos de rendición de cuentas; la posibilidad de que las Fuerzas Armadas realicen tareas de investigación y prevención de delitos; así como la trasgresión a los derechos de reserva y secrecía en favor de las víctimas al obligarse a todas las autoridades a entregar cualquier información que sea requerida en este ámbito”.
La propuesta de ley, agregó la CNDH, “no establece en forma expresa la forma como se conciliará la prevención, investigación y persecución de delitos con el amplio espectro de conductas que se pretenden encuadrar como materia o riesgos a la Seguridad Interior, siendo en consecuencia previsible que su aplicación trasgreda, desde el origen, garantías procedimentales básicas y derechos humanos reconocidos en la Constitución, lo cual propiciará que los responsables de una conducta ilícita tengan una puerta abierta para eludir la acción de la justicia por la indebida actuación de las autoridades, una vez que sus acciones fueran puestas a consideración de un tribunal de derecho.
Por Redacción/ Aristegui Noticias
El líder de los senadores del PRI, Emilio Gamboa Patrón, reiteró su llamado a los otros grupos parlamentarios a buscar acuerdos, para celebrar un periodo extraordinario, en las próximas semanas, ya que para su bancada es una prioridad la Ley de Seguridad Interior.
Sostuvo que los temas de los fiscales General y Anticorrupción también son importantes y no puede dejarse de lado la minuta de combate al robo de hidrocarburos.
En un comunicado, destacó que “los priistas en el Senado estamos conscientes de que los mexicanos exigen una respuesta firme en materia de seguridad, razón por la que continuaremos en comunicación y coordinación permanente con nuestros compañeros diputados en San Lázaro”.
Ello, dijo, para que una vez aprobada la Ley de Seguridad Interior en la colegisladora, podamos llegar a acuerdos con las otras fuerzas políticas y avanzar en el análisis, discusión y aprobación de la minuta en materia de seguridad interior.
El legislador aclaró que el grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional (PRI) no pondrá trabas ni pretextos a la aprobación de esta ley, porque es una exigencia de los mexicanos.
“No se trata solo de otorgar un marco jurídico a la Secretaría de la Defensa Nacional o a la Marina Armada de México para que realicen acciones en el combate a la delincuencia organizada, sino también establecer corresponsabilidad con los gobernadores y presidentes municipales”, explicó.
Por Redacción/ Animal Político
La Procuraduría General de la República (PGR) investiga a 30 elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) que participaron en un enfrentamiento contra presuntos ladrones de combustible el pasado 3 de mayo en Palmarito, Puebla, hechos en los que murieron diez personas, entre ellos cuatro soldados, 12 más resultaron heridas y nueve detenidas.
La indagatoria de la PGR contra los militares es por posibles irregularidades graves en que pudieron haber incurrido uno o varios de ellos, luego de que un video editado difundido en internet muestra a uno de los elementos presuntamente disparando en la cabeza a un civil que estaba rendido en el suelo.
Autoridades federales indicaron que ninguno de los elementos de la Sedena está por ahora detenido ni suspendido de sus funciones y que será en los próximos días cuando se solicite su comparecencia ante el Ministerio Público para que rindan una declaración ministerial. Posterior a ello se tomarán las determinaciones que correspondan.
Los soldados que están bajo investigación son los que participaron operativamente en el despliegue realizado la noche del 3 de mayo en Palmarito, como parte de una acción para combatir el robo de combustible, específicamente el aseguramiento de una toma clandestina.
Atención: Jefes/as de información, periodistas y corresponsales:
El colectivo #SeguridadSinGuerra señala que los hechos de Palmarito Tochapan, Puebla, evidencian la necesidad de abandonar la aprobación de una Ley de Seguridad Interior que faculte a las Fuerzas Armadas realizar tareas de seguridad pública.
*Agradecemos de antemano su interés y la difusión que de esta información hagan.
www.seguridadsinguerra.org
Los hechos de Palmarito Tochapan, Puebla, evidencian la necesidad de abandonar la aprobación de una Ley de Seguridad Interior que faculte a las FFAA realizar tareas de seguridad pública.
Ciudad de México, 12 de mayo de 2017. Los lamentables eventos ocurridos el 3 de mayo en Puebla, donde fallecieron cuatro elementos militares y seis civiles durante un operativo, son prueba fehaciente de que la militarización de las tareas de seguridad pública conlleva el uso desmedido de la fuerza letal u otras graves violaciones de derechos humanos. Es predecible que de aprobarse la Ley de Seguridad Interior este tipo de situaciones continúen ocurriendo.
En las escenas del video difundido se aprecia el alevoso homicidio de un elemento del Ejército, el cual merece la más enérgica condena. También se puede ver a un soldado disparando en la cabeza de un individuo sometido. Estas preocupantes imágenes ratifican lo que diversos actores de la sociedad civil nacional e internacional hemos señalado: que ante la crisis de inseguridad, violencia e impunidad lo que necesitamos no es la militarización sino un nuevo modelo de seguridad ciudadana y una reforma integral al sistema de justicia penal, que atienda los graves problemas de impunidad, así como la falta de formación de la policías.
Los hechos de Palmarito, sumados a otros ya conocidos por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), como los sucedidos en Tlatlaya, confirman que las actividades de seguridad pública no son propias las Fuerzas Armadas y que “desnaturalizan” – en palabras del Secretario de Defensa Nacional – las acciones del Ejército. Cabe mencionar que la CNDH ha emitido 45 recomendaciones a las Fuerzas Armadas sobre casos de ejecuciones extrajudiciales entre diciembre 2006 y abril del 2017. El hecho de que se apruebe una Ley de Seguridad Interior, especialmente de la forma en la que hasta ahora se ha planteado, no subsanará esta deficiencia y sí fomentaría la comisión de estas graves violaciones a derechos humanos.
Es necesario enfatizar que lo que muestra el video no es aceptable ni permitido en ningún tipo de enfrentamiento de acuerdo a los marcos de derecho internacional e incluso conforme al Manual de Uso de la Fuerza del Ejército. Los eventos que precedieron a esta situación e incluso el ataque contra otro soldado no son de ninguna manera una justificación para ejecutar arbitrariamente a una persona ya sometida.
Por ello, hacemos un llamado a que la Procuraduría General de la República, autoridad civil responsable de la investigación, actúe de forma pronta y expedita para el esclarecimiento de los hechos, incluyendo tanto el lamentable homicidio del servidor público como la ejecución arbitraria. Respecto de esta última, instamos a que los elementos militares, incluyendo a los mandos responsables de los operativos, rindan cuentas con total transparencia.
Finalmente, reiteramos el llamado a las y los legisladores – particularmente la Presidenta de la Comisión de Gobernación, el Presidente de la Comisión de Seguridad Pública y las y los integrantes de la Junta de Coordinación Política – a una moratoria en la emisión de de la miscelánea penal y las iniciativas de la seguridad interior, con el objetivo de poder discutir integralmente el modelo de seguridad considerando la evidencia empírica que ha dejado la última década. La #SeguridadSinGuerra es posible.
Colectivo #SeguridadSinGuerra: http://www.seguridadsinguerra.org/
Por Redacción/Diario Cambio
La Policía Militar emuló el caso Tlatlaya en Puebla, al ejecutar con un tiro de gracia al menos a una de las tres personas que detuvieron la noche del miércoles tres de mayo en Palmarito Tochapan conforme a un video en poder de CAMBIO.
El video fue captado desde una cámara de seguridad y registra minuto a minuto la agresión de los militares a los pobladores que circulaban en un vehículo y que, tras ser tiroteado, tres tripulantes descienden sin ir armados ni tener chalecos antibalas. Incluso, se capta el momento en el que los soldados intentan borrar las huellas del homicidio desmontando la videocámara.
Grabado desde un domicilio particular, se puede apreciar el momento en que un militar dispara a bocajarro sobre la cabeza de uno de los detenidos aparentemente herido, y a quien luego de arrastrarlo unos metros, ejecuta a sangre fría para dejar un regadero de sangre en las calles de la junta auxiliar.
La videograbación echa por tierra la coartada del ejército sobre una supuesta emboscada que sufrieron ese 3 de mayo luego de recibir una llamada para denunciar una toma clandestina, ya que el fechador de la cámara de vigilancia marca las 8:28 pm cuando rafaguean el sedán donde viajaba el ejecutado, misma hora en la que supuestamente se dio la agresión contra los efectivos militares que generó, posteriormente, una balacera de más de tres horas, con saldo de cuatro militares y seis civiles muertos, además de 11 soldados heridos.
