Para el Examen Periódico Universal, Suiza cuestionó a México sobre si la Ley de Seguridad Interior va conforme a los tratados internacionales de derechos humanos.
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La Ley de Seguridad Interior, promulgada por el presidente Enrique Peña Nieto en diciembre de 2017, será uno de los temas sometido al escrutinio internacional el próximo 7 de noviembre, cuando se realice el Examen Periódico Universal (EPU) de México en Ginebra, Suiza.
En los documentos a los que tendrán acceso las naciones de la ONU para dar recomendaciones a México sobre la situación de Derechos Humanos en el país, se incluyen los señalamientos de mecanismos de Naciones Unidas y organizaciones ciudadanas en contra de dicha Ley, que permite al presidente mexicano ordenar la intervención de las fuerzas armadas en algún punto del país, por un tiempo determinado, cuando se identifiquen “amenazas” y las capacidades de las fuerzas federales o locales resulten insuficientes.
Suiza, por ejemplo, ya adelantó que cuestionará a México sobre si esa ley va conforme a los tratados internacionales de derechos humanos, en aspectos como las facultades que otorga al Ejército para recabar información de inteligencia, y el uso de la fuerza ante protestas públicas.
“Es un tema importante, y desde luego la recomendación nuestra es derogarla. Esa ley, muchas de sus disposiciones, abiertamente violan las obligaciones internacionales del Estado”, dijo de cara al EPU Stephanie Erin Brewer, coordinadora del área internacional del Centro Prodh, que forma parte del #ColectivoEPUmx.
CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Luego de darse a conocer el proyecto de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) respecto de las impugnaciones a la Ley de Seguridad Interior (LSI), el colectivo #SeguridadSinGuerra exigió a Morena, mayoría en el Congreso de la Unión, revocar la legislación al considerar que lo propuesto por el ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo “es deficiente y es también un mensaje de impunidad”.
Foto: Juan Carlos Cruz
“Si ese proyecto es lo máximo que el Alto Tribunal puede ofrecerle a un país que le urge la paz, la demanda al nuevo Congreso para abrogar la LSI es más pertinente que nunca”, puntualizaron las 300 organizaciones y personalidades que conforman el colectivo.
Y preguntaron: “¿Morena y el presidente electo (Andrés Manuel López Obrador) están realmente oyendo lo que se ha dicho en las escuchas nacionales?”.
En un comunicado, el colectivo hizo un análisis de las modificaciones planteadas por el ministro ponente en su proyecto de 501 páginas, que –subrayaron– “invisibiliza a las víctimas y a la guerra misma”, además de que “los riesgos de mantener al Ejército en las calles, sin mecanismos efectivos de control, subsisten”.
De acuerdo con la revisión, Pardo Rebolledo “propone declarar inconstitucionales siete artículos, modificar cuatro y declarar la validez de 23 de los 34 que integran la ley”, propuesta que, si bien “invalida algunas de las partes más graves de la LSI, deja intacta la parte central de la misma y requiere que al menos ocho de 11 ministras y ministros voten por eliminar dichas partes”.
Representantes del colectivo #SeguridadSinGuerra acudieron esta mañana a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para entregar una petición dirigida a Luis María Aguilar Morales, presidente del máximo tribunal, para que se lleven a cabo audiencias públicas ciudadanas antes de que sean resueltas las acciones de inconstitucionalidad y controversias constitucionales interpuestas en contra de la Ley de Seguridad Interior, lo cual sucedería en las próximas semanas.
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El colectivo busca que todas las voces sean escuchadas de forma exhaustiva y transparente de cara a la sociedad, por el impacto profundo que la resolución de estos asuntos tendría en la vida constitucional de México.
#SeguridadSinGuerra recordó que en diciembre del año pasado la ley fue aprobada y promulgada, a pesar de las advertencias de organismos nacionales e internacionales (entre los que se encuentran la CNDH, la ONU y la CIDH) sobre los riesgos de que el ejército realice labores de seguridad interior, que corresponden a la policía.
“La Ley de Seguridad interior deja de lado el anhelo de fortalecer a las policías y perpetúa el modelo militarizado”, aseguró Alfredo Lecona, integrante del Colectivo.
Ante los medios de comunicación Denisse Dresser hizo un llamado a la congruencia al nuevo gobierno, encabezado por Andrés Manuel López Obrador, ya que mucha gente votó por él ante el ofrecimiento de paz, lo cual es incompatible con la permanencia de la Ley de Seguridad Interior, que repite el modelo anterior de seguridad.
Foto: Emiliano Pensamiento/Cencos
“Es incompatible un discurso de pacificación con la permanencia del modelo militarizado que hemos padecido durante los últimos 12 años, que no ha producido más que una crisis de derechos humanos… y que nos ha colocado en el peor de los mundos: tenemos al ejército en las calles porque no hay buenas policías, y no hay buenas policías porque tenemos al ejército en las calles”.
El colectivo #SeguridadSinGuerra, que agrupa a más de 300 organizaciones y personas, decidió hacer esta petición a exactamente 50 años de la matanza del 2 de octubre en Tlatelolco.
“En este día histórico (…) es más importante que nunca reafirmar la defensa de las libertades y derechos”, aseguró e hizo énfasis en que después de esa noche no debieron permitirse más excesos bajo la complicidad del Estado, sin embargo, el los últimos 12 años cientos de miles de personas han muerto de forma violenta, se encuentras desplazadas o buscando a algún ser querido.
Desde diciembre de 2016, más de 300 organizaciones de la sociedad civil y expertos, agrupados en el colectivo #SeguridadSinGuerra, han exigido el retiro de elementos de las Secretarías de Defensa Nacional (Sedena) y de Marina de la tarea de combate al crimen en las calles de nuestro país; pues a más de una década de la llamada “Guerra contra el narcotráfico” los resultados no han reducido la criminalidad y la violencia, mostrando el fracaso de un modelo de seguridad que daña los derechos humanos.
En entrevista, Ernesto López Portillo, fundador del Instituto para la Seguridad y la Democracia A.C, y miembro de #SeguridadSinGuerra, nos explica cinco razones por las que los militares y marinos deben volver a los cuarteles y dar paso a policías civiles bien capacitadas.
Su actual labor es inconstitucional
El uso de militares y marinos en el combate a la criminalidad en nuestras calles es violatorio de nuestra Constitución. Una reforma a la Carta Magna en 2008 incluyó un párrafo en el Artículo 21 que explícitamente ordena que la seguridad pública es una función a cargo de autoridades civiles.
Además, el gobierno de México ha faltado a recomendaciones de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y diversas sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) además del Régimen Internacional de Derechos Humanos.
“Todos estos convergen exactamente en la misma idea: las fuerzas armadas no deben hacer tareas policiales”, explicó Portillo. “Las recomendaciones de la Oficina del Alto Comisionado (para los Derechos Humanos), de Ginebra y de México, incluyen explícitamente retirar a los militares de las tareas de seguridad pública, de las tareas policiales”.
Formación y funciones
“Las funciones militares están diseñadas para exterminar al enemigo. Sus labores armadas son para utilizar la fuerza letal. Las fuerzas armadas están diseñadas para la guerra, no para la prevención ni para la investigación y persecución del delito”, dijo Portillo.
En diciembre de 2016, el propio titular de la Secretaría de Defensa Nacional (Sedena), Salvador Cienfuegos señaló que el combate al crimen no era la función de las fuerzas armadas y, como antesala a la aprobación de la Ley de Seguridad Interior, señaló a la Secretaría de Gobernación la falta de un marco legal para regular las actuaciones de militares en tareas de seguridad.
“Si quieren que estemos en los cuarteles, adelante. Yo sería el primero en levantar no una, sino las dos manos para que nos vayamos a hacer nuestras tareas constitucionales (…) Nosotros no pedimos estar aquí… no nos sentimos a gusto, los que estamos aquí con ustedes no estudiamos para perseguir delincuentes… Estamos haciendo funciones que no nos corresponden, todo porque no hay quien las deba de hacer o no están capacitados”, reprochó entonces el titular del Ejército.
La matanza de Tlatlaya, en 2014, donde 22 personas fueron ejecutadas por militares es un caso paradigmático de violaciones a Derechos Humanos. Foto: Especial
Impacto negativos
En 2015, el estudio “¿Las intervenciones militares en la guerra mexicana a las drogas incrementaron la violencia?”, realizado por la Asociación de Estadística de Estados Unidos, concluyó con que la intervención de militares está asociada al aumento de muertes violentas en nuestro país.
Otro estudio, elaborado en México por el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) registró los enfrentamientos, ejecuciones y agresiones durante operativos militares de 2006 a 2012. Este concluyó que el número de homicidios a nivel municipal aumenta en promedio un 9 por ciento a causa de enfrentamientos entre militares y delincuentes.
Para Ernesto López, a esta correlación se suma un aumento a la violación a derechos humanos.
Impunidad
Según un informe de la oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA), de las 505 investigaciones por delitos y violaciones a derechos humanos cometidos por soldados contra civiles, sólo 26 hubo registro de 16 sentencias condenatorias, es decir: casi un 97 por ciento de los crímenes de soldados contra civiles no fueron castigados.
“Han pasado más de diez años en México de una estrategia de seguridad y lucha contra la delincuencia organizada sostenida fuertemente en el despliegue de militares y en el uso de la fuerza, pero no en la justicia (…) Los soldados que cometen delitos y violaciones a derechos humanos generalmente no responden por sus acciones, tampoco los funcionarios públicos que solicitan la presencia de soldados en sus estados o municipios, ni los líderes políticos que por décadas no se han comprometido verdaderamente a mejorar a la policía en México”, expuso WOLA en la introducción del informe.
Gracias a un grupo de estudiantes y chavales interesados por saber la verdad, por limpiar el nombre de sus amigos, surgió el documental HASTA LOS DIENTES.
Iban armados HASTA LOS DIENTES. Eso dijeron los militares, y por eso los mataron. La verdad: eran dos estudiantes que se quedaron tarde en la escuela. Era marzo de 2010.
Tras una persecución en la capital de Nuevo León, entre el Ejército y un supuesto grupo de criminales, las Fuerzas Armadas llegaron a la entrada del Tecnológico de Monterrey y sin ningún protocolo entraron y comenzaron a disparar.
Video: Noticias 22 vía YouTube
Javier Francisco Arredondo y Jorge Antonio Mercado Alonso eligieron mal el día para salir después de las 12 de la noche de la institución donde estudiaban, o por lo menos eso cree la autoridad. Estos dos estudiantes de excelencia caminaron a la salida como siempre lo hacían y fueron recibidos a balazos. Ahí, justo en la entrada de su escuela murieron.
Pero la impunidad en este caso fue mucho más allá, pues no únicamente el Ejército los había “confundido” con criminales, sino que tras haberlos asesinado, los integrantes de las fuerza del orden alteraron las pruebas, les sembraron armas y mintieron al llamarles criminales. Al día siguiente, los medios de comunicación anunciaban el abatimiento de dos miembros del crimen organizado que iban armados HASTA LOS DIENTES y por eso merecían ser fulminados.
Como sucede mucho en este país, desde que Felipe Calderón inició SU guerra contra el narco, estos jóvenes fueron criminalizados y señalados como delincuentes y el Tec de Monterrey fue cómplice. Sí, esa escuela que dice siempre poner en alto los valores y el respeto, le mintió a la familia de estos alumnos, les ocultó el hecho y después les dio la espalda.
Han pasado ya ocho años y esta historia se ha repetido en miles de ocasiones; el gobierno les llama víctimas colaterales y muchas veces les señala como criminales pero son personas –en su mayoría jóvenes- que no debieron morir.
El caso de los estudiantes del Tec en 2010 nos demuestra que en México nadie está a salvo. (Foto: Proceso)
Para nosotros como sociedad es más fácil hacernos de la vista gorda y creer la versión de la autoridad y en ocasiones hasta señalarlos también: “eran malandros”, “merecían la muerte”, “eso les pasa por juntarse con la gente equivocada”. Y, ¿qué pasaría si esos jóvenes fueran tus hijos o hijas? ¿o tú misma? Tu familia tendría que lidiar, además de con el asesinato de un ser querido, con los señalamientos, con las miradas de repudio.
Este país está podrido, sí, pero mucho tenemos que ver nosotros al fomentar este discurso de odio, al no exigir el cese de la violencia, al no pedir que se mejores las policías civiles y se regrese a los cuarteles a las fuerzas armadas, será lo que sea pero ellos están entrenados para matar y lo han demostrado.
Gracias a un grupo de estudiantes y chavales interesados por saber la verdad, por limpiar el nombre de sus amigos, surgió el documental HASTA LOS DIENTES, donde el director Alberto Arnaut cuenta la historia de Javier y Jorge. De cómo fueron torturados y asesinados por los militares dentro de su propia escuela.
El 7 de septiembre se estrena en 400 salas en todo el país, ojalá puedas ir a verla y no, únicamente por apoyar al cine mexicano sino para que te des cuenta por qué muchos pedimos que el ejército y la marina regresen a sus cuarteles, por qué pedimos una #SeguridadSinGuerra.
En medio del proceso electoral más grande que ha vivido nuestro país, la violencia –en sus niveles históricos– se impone a campañas y candidatos. El horror crece mientras la clase política y un gobierno que perpetuó la guerra, siguen sin estar a la altura.
Una vez más, tuvo que ser desde Ginebra que el Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU, Zeid Ra’ad al Hussein, enterara al gobierno de la desaparición forzada de 21 hombres y 2 mujeres en Nuevo Laredo, Tamaulipas, haciendo un llamado a las autoridades mexicanas para detener la ola de desapariciones en la ciudad.
La repetición de episodios en los que las víctimas tienen que acudir a instancias internacionales para que el Estado cumpla su deber de proteger a la población, no debe seguir ocurriendo.
La respuesta de las autoridades ante el dolor de las víctimas y sus familiares es indignante: en vez de redoblar esfuerzos para realizar la búsqueda y llegar a la verdad, nuevamente han optado por hostigar y criminalizar a quienes desde la sociedad civil defienden los derechos humanos de las personas.
Es el caso del Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo y su director Raymundo Ramos Vázquez quienes han sido objeto de señalamientos, buscando quebrantar la confianza entre las víctimas y quienes les acompañan desde la sociedad civil y criminalizar la defensa de los derechos humanos.
Desde el colectivo #SeguridadSinGuerra, conformado por más de 300 organizaciones y personas, nos solidarizamos con las víctimas de la violencia, sus familiares y defensores. Reiteramos quehay y habrá sociedad civil acompañando el dolor de quienes nunca debieron cambiar sus vidas para buscar a quienes aman. Intentar silenciar a un defensor de derechos humanos solo hará que salgamos otros más a defender sus causas.
En virtud de lo anterior:
1) Exigimos al Presidente Enrique Peña Nietoque garantice la vida, integridad y seguridad personales de Raymundo Ramos Vázquez, de su familia, así como de los integrantes del Centro de Derechos Humanos de Nuevo Laredo, para lo cual la Secretaría de Marina Armada de México debe expresar públicamente que reconoce el trabajo de defensa de los derechos de las victimas de desaparición forzada de personas de Raymundo Ramos y el Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo.
2) De la misma forma solicitamos tanto a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos como a la Secretaría de Gobernación que garanticen, en el marco de sus respectivas competencias, que Raymundo Ramos y el Comité puedan continuar ejerciendo su labor de defensa de los derechos humanos de manera segura.
3) A las autoridades competentes, exigimos que atiendan el llamado de Zeid Ra’ad al Hussein para realizar una búsqueda efectiva de las personas desaparecidas y garanticen que los responsables sean llevados ante la justicia; además del cese a la criminalización a defensores de derechos humanos.
Búsqueda, verdad y justicia, SÍ. Hostigamiento y criminalización, NO.
