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Libertad para el defensor Miguel López Vega

Miguel López Vega durante la presentación del informe de la Misión Internacional de Observación en defensa del río Metlapanapa. Conferencia de prensa en Cencos el pasado 14 de enero de 2020. / Foto: Cencos

El día 24 de enero el defensor de derechos humanos y periodista Miguel López Vega, integrante del Frente de Defensa de la Tierra y el Agua de los Estados de Puebla, Morelos y Tlaxcala (FPDTA-MPT), defensor del Río Metlapanapa y comunicador comunitario de Radio Zacatepec en la comunidad de Santa María Zacatepec, Puebla, fue detenido por elementos de la Fiscalía de Puebla cuando salía de una reunión con Víctor Flores Báez, Director General de Gobierno. El FPDTA-MPT se compone de diferentes comunidades de los tres estados que desde el 2012 están siendo afectadas por el Proyecto Integral Morelos (PIM), que consta de un gasoducto, dos termoeléctricas, un acueducto y la industrialización del Valle de Cuautla.

Recientemente, Miguel López y otras personas defensoras de la comunidad de Santa María Zacatepec han denunciado las amenazas y agresiones que han enfrentado a causa de la defensa del Río Metlapanapa, en el que se está construyendo un sistema de alcantarillado para el derrame de desechos tóxicos. Estas amenazas llevaron que él y otras personas de la comunidad fueran incorporadas al Mecanismo Federal de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y periodistas, el pasado 20 de noviembre, con el objetivo de recibir medidas de protección y poder seguir llevando a cabo su legítima labor.

La Fiscalía General de Puebla está acusando al defensor de derechos Humanos y comunicador comunitario Miguel López de los delitos de oposición a que se ejecute una obra pública, ataques a las vías generales de comunicación y a la seguridad de los medios de transporte. Esta detención es un acto en contra del derecho a defender derechos humanos y el ejercicio de la libertad de expresión y de criminalización de la protesta, así como un intento por intimidar a la comunidad para que desista de seguir luchando contra la contaminación de su río.

Las organizaciones firmantes reconocemos la labor de Miguel López Vega como defensor de derechos humanos y del derecho al territorio. Manifestamos nuestra plena solidaridad con él, con su comunidad, con el FPDTA-MPT y con las organizaciones defensoras del territorio y el agua, que sufren esta nueva agresión que se suma a tantas otras, entre esos el asesinato del defensor del territorio y comunicador comunitario, Samir Flores, que al igual que Miguel, defendía su comunidad del PIM, este fue cometido hace once meses y continúa en la impunidad.

Demandamos a la Fiscalía General del Estado de Puebla la inmediata liberación del defensor de derechos humanos y comunicador comunitario Miguel López Vega y el cese a la criminalización de las actividades de defensa de la tierra y territorio de la comunidad de Santa María Zacatepec, incluyendo otras posibles órdenes de aprehensión.

También instamos a la Comisión estatal de derechos humanos de Puebla a iniciar una queja de oficio a efecto de que se investiguen las violaciones a derechos humanos y a la Comisión Nacional de Derechos Humanos a vigilar en todo momento el respeto irrestricto a los derechos humanos de Miguel López, los cuales actualmente están siendo violentados. 

Asimismo, urgimos al Mecanismo de Protección a proteger debidamente al defensor, comunicador comunitario y periodista de esta agresión que lo ha privado de su libertad, y a prevenir nuevas agresiones contra otras personas defensoras. Finalmente exigimos al Gobierno del Estado de Puebla el cese de amenazas y represión contra la comunidad de Santa María Zacatepec y la cancelación de las obras de descarga de desechos tóxicos en el Río Metlapanapa.

Asociación Mundial de Radios Comunitarias – AMARC México

Espacio OSC para la Protección de Personas Defensoras y Periodistas

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VIDEO| Chilenos y chilenas organizadas en México exigen renuncia de Piñera y todo su equipo

El Desconcierto

Chilenos y chilenas se juntaron afuera de la embajada de su país en Ciudad de México, para protestar por la violencia y la vulneración de Derechos Humanos que ha fomentado el gobierno de Sebastián Piñera desde que se decretó Estado de Emergencia.

En una colaboración entre El Desconcierto y Centro Nacional de Comunicación Social (Cencos) de México, se ha facilitado una grabación de la agencia de noticias norteamericana del día lunes, cuando chilenos y chilenas organizadas de acudieron a la embajada de su país en Ciudad de México, para protestar contra las medidas represivas del gobierno de Sebastián Piñera.

“Exigimos de manera urgente la desmilitarización de todo el territorio chileno de inmediato, dándole fin al Estado de Excepción. Basta de agresiones, asesinatos y violaciones a los Derechos Humanos. Además, llamamos a abrir una mesa de diálogo para atender las demandas sociales que hoy exige el pueblo, con miras a un nuevo pacto social y político”, dijo una de las voceras de quienes se congregaron fuera del edificio.

“Que el actual Presidente, junto con su equipo, renuncien como señal de real compromiso con el sistema democrático chileno“, demandan también los y las compatriotas.

“A no decaer, ¡Arriba los y las que luchan!”, termina la declaración.

Mira el video aquí:

Ver nota en eldesconcierto.cl

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Exigen la libertad del defensor comunitario Miguel Ángel Peralta

Créditos a quien corresponda

Giselle Velasco/ Cencos 

El 30 de abril de 2015 el defensor Miguel Ángel Peralta Betanzos, integrante de la Asamblea Comunitaria de Eloxochitlán de Flores Magón fue detenido mientras trabajaba en la Ciudad de México, acusado de homicidio culposo y tentativa de homicidio; junto a otros 35 integrantes de la asamblea fue trasladado al reclusorio de Tlaxiaco, en Oaxaca.

El 26 de octubre de 2018 Peralta Betanzos fue sentenciado a 50 años de cárcel y una reparación del daño de 151,134.90 pesos. Dicha sentencia fue suspendida, por lo que el defensor recibirá una nueva este 12 de septiembre, a más de cuatro años de estar en prisión.

Familiares y abogados del defensor aseguran que ha sido criminalizado desde su detención, y que después de ser aprehendido estuvo incomunicado durante 20 horas, además de que su proceso judicial ha estado marcado con irregularidades y contradicciones. 

En conferencia de prensa el 10 de septiembre, Héctor A. González, miembro del colectivo Los Otros Abogadoz, explicó que en el expediente de Miguel Ángel no hay evidencia fotográfica o audios que lo incriminen, por lo que su participación en los hechos ocurridos en Eloxochitlán el 14 de diciembre 2014 no puede ser comprobada. Además, agregó que las únicas evidencias en contra del defensor comunitario son declaraciones contradictorias y señaló que dichos testigos ya han sido utilizados anteriormente en otros delitos fabricados por la familia Zepeda.

El abogado González aseguró que las acusaciones de la diputada local por Morena, Eliza Zepeda, hija de Manuel Zepeda Cortés, expresidente municipal de Eloxochitlán, carecen de fundamento, por lo que exigieron al Poder judicial del Estado de Oaxaca que no permita más la intervención de poderes caciquiles y que se dicte la inmediata libertad a  Miguel Ángel Peralta y a los ocho presos políticos de Eloxochitlán de Flores Magón.

Asimismo, González agregó que la diputada de Morena es quien se ha encargado de criminalizar a Miguel y a los demás presos políticos de la Asamblea Comunitaria, para ejemplificar lo anterior, María del Carmen Fernández, integrante del Grupo de Solidaridad por la Libertad de Miguel Peralta, señaló que fue Eliza Zepeda quien impidió la asistencia de Miguel Ángel a su anterior audiencia, violando sus derechos. 

Es por esta razón que familiares e integrantes del Grupo Solidario por la Libertad de Miguel Ángel Peralta Betanzos, responsabilizan a la diputada Eliza Zepeda de cualquier agresión que pueda existir en su contra. 

Además, Fernández declaró que dentro de las acciones de defensa, familiares y amigos escribirán una carta al Juzgado para exigir la liberación del defensor Miguel Ángel Peralta y de los ocho presos de Eloxochitlán. 

De igual manera, María del Carmen exhortó a la población a firmar en la plataforma digital Change.org la petición “Libertad inmediata al defensor comunitario”, para exigir a las autoridades la libertad inmediata de Miguel y los demás presos políticos. 

Asimismo, señaló que en la pasada visita de Andrés Manuel López Obrador a Huautla de Jiménez, pobladores de Eloxochitlán entregaron una carta al presidente, sin embargo no hubo respuesta.

Firma la petición aquí: https://bit.ly/2m9P8UY

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Comunidades otomíes denuncian hostigamiento por oponerse a la autopista Toluca- Naucalpan

Giselle Velasco/Cencos 

Las comunidades indígenas de Santa Cruz Ayotuxco, San Lorenzo Huitzizilapan, San Francisco Xochicuautla y La Concepción Xochicuautla, Estado de México, denunciaron hostigamiento por parte de policías “golpeadores” que desde hace dos meses bloquean sus veredas impidiendo su tránsito por el bosque y que acechan a los grupos que se oponen a la autopista Toluca- Naucalpan, por lo que exigieron a los gobiernos federal y estatal la cancelación inmediata del proyecto carretero.

Foto: Cencos

En conferencia de prensa, representantes de estas comunidades otomíes acusaron a la empresa Autopistas de Vanguardia S.A. de C.V., del grupo filial Higa, de contratar a los golpeadores, quienes “se esconden en los bosques y rondan las comunidades en autos sin placas”, según detalló Efrén Santana Ortínez, habitante de la comunidad de San Lorenzo Huitzizilapan.

Además del hostigamiento del que son víctimas, las comunidades hñathö –que llevan 12 años luchando contra el proyecto carretero– denunciaron un ecocidio en la zona: los bosques cercanos a la autopista Toluca-Naucalpan se han visto amenazado a raíz del proyecto, autorizado en 2007 por el entonces gobernador del estado, Enrique Peña Nieto.

Dentro de los daños ecológicos se encuentran: el bloqueo de los cauces naturales de los ríos, lo que provoca deslaves, inundaciones y disminución de los mantos freáticos; la contaminación del Río Seco en la comunidad otomí Concepción Xochicuautla con materiales provenientes de la obra, como arena, piedras y rezaga; la disminución de la población de ajolotes, una especie endémica en peligro de extinción; la pérdida de plantas medicinales de uso prehispánico, como el tabaquillo.  

Integrantes de las comunidades solicitaron al presidente Andrés Manuel López Obrador frenar la obra carretera y medir el impacto ambiental y los daños ecológicos que se presentaron por la construcción de la autopista.

También pidieron que se suspendan las detonaciones con dinamita que realiza la empresa Autovan, debido a que causan agrietamientos en las casas de las poblaciones cercanas y alteran a los niños y adultos mayores que viven en las comunidades.

Denunciaron que el pasado 16 de agosto la constructora encargada de la obra desazolvó una tubería sin avisar a la comunidad, lo que ocasionó que el agua que se había acumulado saliera con presión, provocando el desbordamiento del puente y un accidente a dos pequeños que se encontraban jugando a las orillas del río. 

De igual forma denunciaron la violación a los amparos 1635/2018 y 441/2016, 771/2015 y 1679/2018 con suspensión definitiva en contra de la construcción de la autopista; aseguran que que a pesar de que los amparos prohíben la continuidad de la obra, ésta sigue en marcha.

También exigen al gobierno federal les devuelva el bosque en el trazo de San Lorenzo Huitzizilapan, ya que el 29 de mayo de este año venció el decreto expropiatorio emitido por Peña Nieto en 2014 y han pasado ya los cinco años sin que la obra esté concluida.

Invitaron a organizaciones defensoras de derechos humanos y a medios de comunicación a un recorrido por el tramo carretero amenazado por la autopista Toluca- Naucalpan, el próximo 9 de septiembre a las 10:00 horas.

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#HastaEncontrarles: familiares de personas desaparecidas exigen justicia

Giselle Velasco/Cencos

En el marco del Día Internacional de las Víctimas de Desaparición Forzada, que se conmemora el 30 de agosto desde hace ocho años, colectivos y familiares de personas desaparecidas se reunieron en 18 ciudades del país y en tres países de Centroamérica para exigir búsqueda, verdad, justicia y paz ante los miles de casos de desaparición.

En la Ciudad de México el Movimiento por Nuestro Desaparecidos en México y colectivos de búsqueda se manifestaron con pancartas, fotografías y claveles de papel frente a las puertas de Palacio Nacional para exigir al gobierno la creación de protocolos de búsqueda inmediata, así como la identificación de más de 26 mil personas sin reconocer y ayuda forense internacional.

Para recordar a las miles de personas desaparecidas, fueron colocadas siluetas de tamaño real de hombres, mujeres y niños, en las que se leía: “¿Dónde estoy?, me desaparecieron, no es normal, búscame, no me olviden” y “Están vivos hasta que se nos demuestre lo contrario”.

Dichas figuras humanas, hechas de cartón, estaban unidas unas con otras a través de hilos en los que se colocaron fotografías de personas desaparecidas, acompañadas con claveles de papel rojos y blancos –elaborados por los familiares e integrantes de los colectivos– que tenían el nombre de una persona desaparecida.

Decenas de hombres y mujeres se unieron con fotografías colgadas de sus cuellos, cartulinas, lonas y pancartas para exigir una respuesta ante esta crisis humanitaria.

A las 08:55 los familiares solicitaron la salida del presidente Andrés Manuel López Obrador para que recibiera las 102 mil firmas recabadas a través de la plataforma Change.org, mediante las que exigen la búsqueda e identificación inmediatas de personas desaparecidas.

Mientras esperaban una respuesta por parte del mandatario, el ambiente se mantenía al grito de “¡Hijo, escucha, tu madre está en la lucha!” y “¿Por qué los buscamos? ¡Porque los amamos!”, gritos de coraje y dolor de padres, madres, abuelos, tíos, hermanos e hijos que se encontraban frente a Palacio Nacional.

Las pancartas con fotografías y fichas de búsqueda se mantuvieron durante el pase de lista que realizaron los integrantes de los colectivos. “¡Presente, ahora y siempre!”, respondían al unísono después de escuchar el nombre de sus familiares, hijos, abuelas, madres y padres.

Además de exigir justicia por los más de 40 mil desparecidos en el país, los colectivos integrantes del Movimiento por Nuestros Desparecidos en México recordaron y se solidarizaron con las familias centroamericanas de los 72 migrantes asesinados en 2010 por grupos criminales en San Fernando, Tamaulipas.

Los gritos se mantuvieron hasta las 09:44, cuando el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas, salió de Palacio Nacional para recibir las firmas recabadas a través de la plataforma digital.

Luego de esto, comenzó la caminata hacia el Atrio de San Francisco ubicado en la calle Madero del Centro Histórico. Durante el recorrido los nombres de personas desaparecidas se repetían una y otra vez, así como las exigencias de justicia.

En la caminata, jóvenes integrantes de los colectivos regalaron claveles rojos y blancos con nombres de desaparecidos, para simbolizar su presencia y generar empatía hacia los miles de casos de desaparición en México.

Al llegar al Lugar de las Palabras en Común, en el Atrio de San Francisco, los gritos por justicia continuaron, mientras personas colocaban fichas de búsqueda de sus seres queridos en postes y paredes de la calle Madero. Familiares provenientes de distintos lugares del país observaron un performance cuyo propósito fue crear empatía con las miles de familias que sufren a causa de las desapariciones forzadas en México.

Al finalizar el acto, familiares y colectivos se desplazaron por el Centro Histórico para continuar con la búsqueda de la verdad sobre sus seres queridos.

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Existiendo, orgullosamente, desde la locura

Víctor Lizama, facilitador de justicia para personas con discapacidad de Documenta

Los días 26 y 27 de julio tuvieron lugar en la Ciudad de México dos actividades de trascendencia para la comunidad que trabaja por los derechos en salud mental y en discapacidad, particularmente la psicosocial: el Primer foro mexicano de personas expertas por experiencia en salud mental y la Primera marcha del orgullo loco. Las actividades fueron gestionadas por SinColectivo, agrupación plural mexicana de personas expertas por experiencia, y por activistas en salud mental, derechos humanos, educación, arte y cultura loca.

México es un país en el que lo que se entiende por salud mental y cómo abordarla no han sido materia de debate público, por lo que ha predominado el enfoque de la psiquiatría biologicista y su consecuente implicación en el condicionamiento del ejercicio de derechos de las personas usuarias de los servicios.

La crítica a este estado de las cosas no ha pasado del campo académico y a lo más, a activistas por los derechos humanos. Las grandes ausentes, incluso en estos espacios críticos, han sido las propias personas diagnosticadas por la psiquiatría: locas, locos, neurodivergentes, personas usuarias, exusuarias y sobrevivientes de la psiquiatría, y personas con discapacidad psicosocial.

Las marchas del orgullo loco surgen en países occidentales, reivindicando el derecho a la locura desde los propios colectivos que han recibido la etiqueta diagnóstica de la enfermedad o trastorno mental, denunciando las prácticas de la psiquiatría y la patologización y criminalización que sufren las personas usuarias de los servicios: personas vulneradas en sus derechos, excluidas, abandonadas, violentadas por su divergencia psicosocial, por no adaptarse a lo socialmente exigido y normal, por no ser productivas; reducidas al simple rol de pacientes que deben tener conciencia de enfermedad y apego al tratamiento, que deben estar bajo medicación, así sea ésta impuesta, para contener potenciales peligros para sí mismas o para las demás, y para contener la cronicidad y degeneración asociada a la enfermedad.

 

SinColectivo es una agrupación de identidades y activismos diversos, más allá de cualquier diagnóstico o decisión sobre la salud mental de cada una de las personas integrantes. Hay personas usuarias, quienes se afirman desde los principios de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad como personas con discapacidad psicosocial, personas locas o neurodivergentes, personas sobrevivientes o en proceso de desmedicalización.

A partir del encuentro de esta diversidad en un colectivo es que surgen dos propuestas: un foro en el que una comunidad se hace visible y se expresa de viva voz como experta  por experiencia, y no solo en el ámbito de la salud mental, sino también como profesionistas cuya condición les ha llevado al activismo; y una marcha que convoca a la sociedad –en especial a quienes han vivido la marginación y el estigma–,  a evidenciar  la exclusión y patologización que vive el colectivo de quienes han sido diagnosticados por la psiquiatría, cuestionando la propia definición de salud y enfermedad.

SinColectivo, de esta forma, vinculó la reflexión y el diálogo con la denuncia y la manifestación. Foro y marcha fueron espejos en los que quienes nos reconocemos como parte de este colectivo, nos miramos y decidimos andar juntas y juntos. Existiendo, orgullosamente, desde la locura.

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Piden al gobierno una estrategia nacional de reducción de daños

Giselle Velasco/Cencos

Foto: Cencos

Después de la presentación del Plan nacional contra las adicciones, el 5 de julio pasado, la Red Mexicana de Reducción de Daños (Redumex) urgió al gobierno federal a crear una estrategia nacional de reducción de daños para controlar los riesgos de contagio de las personas usuarias de drogas en el país, en particular de aquellas que usan inyectables.

La red –integrada por organizaciones de la sociedad civil, personas usuarias y exusuarias de drogas, activistas y académicas– señala que una estrategia de reducción de daños, así como espacios seguros para el consumo, pueden ayudar a prevenir y disminuir el contagio de enfermedades como el Virus de Inmunodeficiencia Adquirida (VIH), Hepatitis C o  Tuberculosis entre los consumidores. Añadió que la la actual política de drogas ha ha generado violencia y propagación de enfermedades como el VIH, además de provocar un aumento de encarcelamiento masivo de personas que consumen drogas, especialmente las inyectables.

Es por ello que en conferencia de prensa el 22 de julio, Redumex aseguró que la inclusión de un plan de reducción de daños beneficiaría a los consumidores de drogas para garantizar su derecho a la salud.

“La falta de una estrategia de reducción de daños nos pone en riesgo a todos y nos niega el derecho a la salud”, agregó Angélica Espinosa, miembro de Redumex.

De igual modo, Lourdes Angulo, directora de la organización civil Verter, añadió que dicha estrategia debe ser con perspectiva de género para atender las necesidades de las mujeres usuarias, además de acceder a tratamientos libres de estigma y discriminación, así como en los servicios de salud.

Solicitó que el problema de consumo de drogas sea abordado desde una perspectiva integral, incluyendo enfoques de salud pública y derechos humanos, y no solo de la justicia penal.

Según Angélica Espinosa, en México hay aproximadamente 150 mil personas que utilizan drogas inyectables, de las cuáles 60 por ciento se concentra en Ciudad Juárez, Tijuana y Hermosillo.

“Las personas que se inyectan drogas están dentro de los grupos más vulnerables, por ello queremos evidenciar la crisis que estamos viviendo; estos grupos están en desatención debido a la falta de recursos que llegaban cada año a nuestros estados”, declaró Julián Rojas Padilla, presidente de Redumex, al hablar sobre el recorte al presupuesto de salud realizado por el gobierno federal.

Sobre lo anterior, agregó que la llegada de este gobierno abre la puerta para políticas innovadoras, como las salas de consumo seguro y tratamiento de mantenimiento.

Las salas de consumo seguro es una estrategia que pretende reducir los riesgos de las personas consumidoras de drogas, donde una persona puede acudir de manera voluntaria a tener una inyección segura e higiénica.

“La reducción de daños es un derecho nacional, por eso exigimos al gobierno federal que implemente urgentemente una estrategia de reducción de daños con amplio espectro y con perspectiva de género”, concluyó Angélica Espinosa.

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Luis Fernando Sotelo recupera su libertad; fabricaron su acusación, señala abogado

Giselle Velasco/Cencos

Foto: Erik Salinas/Cencos

Luis Fernando Sotelo Zambrano, el estudiante que en 2014 fue detenido y acusado de incendiar un metrobús en la Ciudad de México, fue liberado el 12 de julio de 2019, luego de cumplir una sentencia de 4 años, 8 meses y 7 días. En conferencia de prensa en Cencos, Sotelo Zambrano y el colectivo Los Otros Abogadoz, hablaron sobre su proceso jurídico.

Recordaron que el 5 de noviembre de 2014, el entonces estudiante de preparatoria fue privado de su libertad al ser acusado de incendiar un metrobús y estación en Ciudad Universitaria, en el marco de la Tercera Jornada de Acción Global por Ayotzinapa: se le acusó de cometer los delitos de ataque a la paz pública agravado, ataque a las vías de comunicación agravado y daño a la propiedad agravado.

El gobierno de la Ciudad de México, denunció el abogado Roberto López, “utilizó a la procuraduría de justicia para fabricar la acusación y, posteriormente, al poder judicial para validar el montaje y dictar sentencia condenatoria: 33 años y 5 meses de prisión, más una reparación del daño de 8,713,006.18 pesos”.

Explicaron que la defensa interpuso una apelación contra dicha sentencia y se resolvió que la pena era excesiva, por lo que se redujo a 13 años de prisión; finalmente, interpuso un amparo por la falta de pruebas en contra de Luis Fernando, con lo que la sentencia se redujo a la cumplida.

Sotelo Zambrano declaró que durante el proceso legal el juez desestimó su declaración. Señaló que otra de las irregularidades en su proceso fue la supuesta eliminación de los videos de la cámara de seguridad, los cuales habrían permitido demostrar su inocencia. Luis Fernando aseguró que en prisión estuvo en completo aislamiento y se le negó el acceso al centro escolar, por lo que no logró concluir su educación preparatoria; declaró que sufrió hostigamiento, así como violencia verbal y física.

El Roberto López aseguró que una muestra más de la mano dura ejercida contra Luis Fernando se presentó en la negativa del poder judicial para aplicar en favor del joven la Ley de Amnistía aprobada por la Asamblea Legislativa, y cuya aplicación fue prometida para los presos políticos durante el periodo de gobierno de Miguel Ángel Mancera.

Dicha negativa impulsada por el juzgado 32 penal y la cuarta sala penal se basó en el argumento de que la detención de Fernando no fue en el contexto de una manifestación o protesta social. La libertad de Luis fue gracias a la lucha legal y a la resistencia de Luis Fernando, recalcó Roberto López.

“Es muy grato salir del reclusorio y estar más consciente en cuanto a información sobre otros procesos e individuos que el gobierno secuestra en el país, entre los cuales están Miguel Peralta, preso en Oaxaca, y los compañeros indígenas de la huelga de hambre”, aclara Luis Fernando, haciendo referencia a los presos indígenas de Chiapas.

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Trabajadores exbraceros anuncian la creación de un nuevo frente

Conferencia exbraceros

Baltasar Aguilar/Cencos

Conferencia exbraceros
Foto: Erik Salinas/Cencos

El 14 de julio de 2019 se conformó el Frente Binacional de Exbraceros 1942-1967, en San Luis Potosí, con el objetivo de recuperar el ahorro que no se les entregó y de que los gobiernos mexicano y estadounidense reconozcan la labor de los braceros que migraron a Estados Unidos, quienes contribuyeron al desarrollo de la economía mexicana durante el periodo de 1940 a 1970.

En conferencia de prensa en el Centro Nacional de Comunicación Social (Cencos), el 16 de julio, Fidel Chávez, Alfonso Lozano, Bernardino López, Baldomero Capiz, María de Jesús Puebla y Antonio Meraz, integrantes de la comisión de la dirección colectiva del frente binacional, informaron acerca de la construcción de su propuesta y sus demandas.

Fidel Chávez explicó que el 29 de mayo de 2019 el movimiento de exbraceros fue invadido por organizaciones campesinas con intereses ajenos a su movimiento, las cuales dañaron su lucha al realizar actos vandálicos, pues bajo el nombre de los braceros derribaron los enrejados de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) e irrumpieron violentamente.

De acuerdo con los representantes del frente, dichas organizaciones tienen una agenda política y la intención de generar ingresos para sus organizaciones, mientras que los exbraceros buscan justicia sin una bandera política detrás.

Los trabajadores exbraceros que ahora conforman el Frente Binacional aseguran que abandonaron la antigua organización porque no tenía autonomía e independencia, además de que se deslindan de los hechos del 29 de mayo, reiteran que protestan mediante la vía pacífica y que en su agenda no existen negociaciones en posición de fuerza.

Baldomero Capiz explicó los orígenes del movimiento; apuntó que los  trabajadores que migraron a Estados Unidos durante el periodo de 1942 a 1967 ayudaron a la economía mexicana, pero también sufrieron malos tratos, expresiones racistas y explotación. Señaló que los trabajadores ahorraron 10% para formar un fondo de ahorro campesino, pero que “les fue robado por Banrural, el banco del ahorro nacional y diversos funcionarios públicos” de esa época. También, que documentos de Wells Fargo (una importante compañía de servicios financieros) en EUA confirman que el dinero se envió a México, pero nunca se les entregó.

“La desaparición de los fondos de ahorro constituye la evidencia de un Estado que atropella los derechos y dispone injustificadamente del patrimonio de los ciudadanos; es un acto grave de corrupción e impunidad”, señaló Capiz.

De acuerdo con Antonio Meraz, en total fueron contratados bilateralmente más de cinco millones de braseros mexicanos. Bernardino López añadió que el 25 de mayo de 2005 ganaron una demanda con el juez Charles Breyer, lo que describen como un triunfo parcial (se hizo el pago de 28 mil pesos a 220 mil braceros) y fue el detonador de la promulgación de la ley que creó el fideicomiso que maneja el fondo de apoyo social para los extrabajadores migratorios mexicanos del periodo 1942-1964.

Explicaron que el pago del ahorro a los exbraceros se complica porque a más de 60% de los braceros contratados les quitaron o extraviaron sus documentos.

López también apuntó que han tenido triunfos jurídicos importantes, como el que se fijara una cantidad aproximada de 1 millón 96 mil pesos por bracero el 29 de febrero de 2016, donde la jueza Paula María García Villegas, titular del juzgado Segundo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, informó en el amparo 1558/2015 que concedió la protección de la justicia federal a un grupo de campesinos mexicanos para que se les devuelva la retención de 10% producto de su trabajo, que por concepto del fondo de ahorro campesino se les descontó cada semana durante el tiempo que laboraron en Estados Unidos.  

Finalmente, los representantes señalan que han encontrado voluntad política del gobierno federal para resolver su asunto, mediante la interlocución con el canciller Marcelo Ebrard Casaubón y su equipo, quienes los recibieron el pasado 21 de junio. En la reunión hubo compromisos para entablar un diálogo con la Secretaría de Gobernación y revitalizar así el asunto de los braceros.

Los trabajadores exbraceros demandan una mesa de diálogo y negociación, y piden al presidente de la república, Andrés Manuel López Obrador, resolver su asunto.

El Frente Binacional de Exbraceros 1942-1967 está formado por 22 organizaciones, y 10 más que solicitaron su adhesión.

Finalmente, Capuz anunció que el 29 de septiembre de 2019, en el marco del Día internacional del bracero, inaugurarán un monumento para visibilizar su esfuerzo, en la Plaza Olvera, en de Los Ángeles, California.

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Piden frenar invasiones en zona chinampera de Xochimilco

Paola Ramos / Cencos

Pueblos y Barrios Originarios de Xochimilco y vecinos organizados en defensa de la tierra y el agua en la demarcación denunciaron inacción de las nuevas administraciones morenistas en la Alcaldía y de la Ciudad de México ante el aumento de invasión de áreas en la zona chinampera, considerada patrimonio de la Humanidad por la UNESCO.

En conferencia de prensa los habitantes aseguraron que, además de graves impactos en materia socioambiental, como contaminación, despojos, escasez de agua, hundimientos, extinción de especies, entre otras;  la ocupación de suelos de conservación incluso ha acentuado la delincuencia en la zona.

“La manera de operar de estos grupos delincuenciales es llegar y de manera violenta ocupar los terrenos de labor; si los dueños reclaman son agredidos y amenazados de muerte. Los dueños no vuelven a recuperar sus tierras y luego las abandonan por miedo”, sostuvieron en un comunicado. 

Pese a que durante años los habitantes han presentado recursos de denuncia ante la Secretaría de Medio Ambiente de la Ciudad de México, la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial (PAOT) y e incluso ante al menos las últimas tres administraciones federales y de la Ciudad de México, denuncian aún no tener respuesta y, por el contrario, han visto aumentar los casos de invasión, daño al patrimonio y violencia.

“Hemos acudido a diferentes instancias, desde la presidencia de la República hasta la Alcaldía y desgraciadamente no se ha hecho caso de nuestras peticiones. Hemos sido incluso golpeados, amenazados, hostigados. Sin embargo no hemos cesado en nuestra lucha”, dijo Elvia Solares, integrante del colectivo Vecinos de Nativitas Zacapan en Defensa de la Tierra y el Agua.

Los pobladores realizaron un llamado a autoridades a ejercer a la brevedad una serie de resoluciones administrativas emitidas por la propia Alcaldía xochimalca en administraciones anteriores, así como de la PAOT, que ordenan el retiro de este tipo de asentamientos irregulares y derribo de construcciones ilegales. Además, llaman al Estado Mexicano a apegarse a su responsabilidad de rescate, protección y conservación de la zona chinampera por los marcos internacionales a los que está sujeta. 

“Ese polígono está incorporado en un decreto de declaratoria internacional de la UNESCO de 1987, en el año 2004 se declara como Sitio Internacional Ramsar y en 2012 la FAO lo declara como Sitio internacional Patrimonio Agrícola Mundial por sus características. A pesar de todas estas instrumentales jurídicas, Xochimilco está en un proceso de deterioro y colapso continuo por la creciente urbanización de sus predios tanto en la zona chinampera como en la montaña”, sostuvo Miguel Ángel Elizalde, representante legal del Concejo Ciudadano de Pueblos y Barrios Originarios de Xochimilco.

Consulta su denuncia completa aquí.

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