El 66 por ciento del total de esas acciones urgentes emitidas corresponden a casos registrados en México. Nuestro país se encuentra por arriba de naciones como Irak, que tiene el segundo lugar con más acciones activadas, y Colombia, que tiene el tercero. Los primeros dos acciones urgentes activadas por el Comité de las Naciones Unidas contra la Desaparición Forzada fueron por las desapariciones forzadas de dos ecologistas de Guerrero en 2011.
Ciudad de México, 13 de junio (SinEmbargo).- El Comité de las Naciones Unidas contra la Desaparición Forzada emitió esta semana su Acción Urgente número 500, por un caso de desaparición en México. Las primeras cinco, activadas en 2012, también fueron por casos de víctimas de desaparición forzada en México. Las dos primeras se activaron por el caso de dos ambientalistas de Guerrero desaparecidos desde 2011.
Además, el 66 por ciento del total de esas acciones urgentes emitidas corresponden a casos registrados en México. Nuestro país se encuentra por arriba de naciones como Irak, que tiene el segundo lugar con más casos, y Colombia, que tiene el tercero.
El mecanismo de Acciones Urgentes es un proceso con el que se busca elevar una desaparición forzada desde un nivel local y personal, hasta convertirla en un asunto entre un Comité de Expertos de Derechos Humanos de la ONU y las más altas autoridades del país en donde ocurrió la desaparición.
“Esta semana, el Comité ha alcanzado la triste cifra de 500 casos registrados bajo este procedimiento”, informó el Comité en un comunicado.
La primera de estas acciones se activó por el caso de la desaparición de Marcial Bautista Valle, presidente de la organización Campesina Ecologista de la Sierra en Petatlán y Coyuca de Catalán, en Guerrero. La segunda acción activada fue por el caso de Eva Alarcón Ortiz, coordinadora de la misma organización. Ambos desaparecieron el 8 de diciembre de 2011.
De acuerdo con la información difundida por diversas organizaciones sobre el caso, Marcial y Eva viajaban en un autobús con rumbo a la Ciudad de México cuando fueron presuntamente secuestrados por autoridades que hasta el momento se desconoce su identidad. Los ecologistas viajaban para participar en una reunión del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, que encabezaba el poeta Javier Sicilia.
De acuerdo con Suela Janina, presidenta del Comité contra la Desaparición Forzada, “cada Acción Urgente representa a una persona desaparecida, cuya familia, allegados y amigos están sufriendo cada minuto de su vida por no tener idea de su suerte y paradero”.
Los representantes de la ONU enfatizaron que 14 de los 25 países con mayor número de feminicidios en el mundo están en América Latina y el Caribe, y que México ocupa los primeros lugares con más de siete casos registrados día a día. Señalaron que este fenómeno es producto de la discriminación, pese a que el país cuenta con un marco regulatorio.
Ciudad de México, 6 de marzo (SinEmbargo).- La Organización de las Naciones Unidas (ONU) llamó a las autoridades mexicanas a tomar acciones urgentes para erradicar la violencia feminicida que todos los días cobra 7.5 vidas.
En el marco del lanzamiento de la instalación artística de numerosos signos de Venus que representan la muerte violenta de miles de mujeres víctimas de feminicidio en México, Jan Jarab, representante de ONU Derechos Humanos en México , dijo que “no hay justificación ni excusa para respuestas negligentes” para frenar el feminicidio en el país.
“Nos sumamos para recordar a las mujeres víctimas de violencia de género y hacer un llamado a las instituciones del Estado mexicano para reforzar las acciones y erradicar este atroz fenómeno”, subrayó.
Con el lema “Alto al feminicidio; el momento es ahora. Ni una menos”, y como parte de la campaña por la celebración del Día Internacional de la Mujer, Belén Sanz, representante de ONU Mujeres en México, dijo que lograr la igualdad de género es uno de los pilares fundamentales para alcanzar un desarrollo sostenible en el país.
“Esto no será posible sino prevenimos y ponemos fin a la violencia que enfrentan las mujeres y las niñas. Es una lavor imperativa que nos convoca a la acción colectiva a través de alianzas efectivas entre todos los actores de todos los sectores”, afirmó.
Sanz destacó que México cuenta con un marco regulatorio “de avanzada”, pero pese a ello los niveles de violencia feminicida en México “son alarmantes”.
“En México, 66 por ciento de las mujeres han sido víctima de violencia en su vida, hoy podemos terminar con esta cultura de impunidad”, dijo.
El relator especial, “atónito por la extrema violencia en México”.
Michel Forst, relator especial de Naciones Unidas sobre los defensores de los derechos humanos, aseguró que en México no sólo se obstaculizó su trabajo sino incluso se criminalizó.
Ante el pleno de Consejo de Derechos Humanos de la ONU en Ginebra, donde presentó su informe, afirmó que “las actividades de los defensores de los derechos humanos en México han sido criminalizadas a través de un mal uso deliberado de la legislación criminal y de la manipulación de los poderes punitivos de las autoridades, tanto por actores estatales como no estatales, para entorpecer e incluso paralizar los esfuerzos de ejercer su legítimo derecho a promover y proteger los derechos humanos”.
En una visita a México el año pasado, se entrevistó con diversas autoridades y poderes del Estado, además de que se reunió con 800 defensores de los derechos humanos.
“El relator especial quedó atónito por la extrema violencia en México, el clima de casi absoluta impunidad y la supuesta corrupción e infiltración de las fuerzas fiscales y de seguridad por elementos criminales”, afirma Forst en el informe que redactó tras su visita al país norteamericano.
“Esta criminalización normalmente empieza con la denuncia de alegaciones infundadas (…) después siguen múltiples violaciones a los derechos humanos, que incluyen acoso, persecución por cargos inventados, y detención sin una orden judicial”.
“Parece que la criminalización del trabajo de derechos humanos se lleva a cabo tanto por elementos federales como estatales, incluyendo la Policía, el Ejército, la Marina, las autoridades de Gobierno, y la Judicatura”.
Luego de las críticas al Estado mexicano señaladas en el “Informe 2017/18 de Amnistía Internacional: La situación de los derechos humanos en el mundo”, el vocero de Presidencia dijo que el gobierno de México está dispuesto a hacer los ajustes necesarios en materia de seguridad.
La promesa de un México en paz, que hizo el presidente Enrique Peña Nieto, se desmorona hacia el fin del sexenio con los altos niveles de violencia, indicó el informe 2017-2018 sobre la situación de los derechos humanos en el mundo, de la organización Amnistía Internacional.
Tania Reneaum, directora ejecutiva de Amnistía Internacional México, señaló que en el país “graves violaciones a los derechos humanos continúan ocurriendo de forma rutinaria (…) y las personas presuntamente responsables de estos crímenes rara vez son llevados a juicio, lo que envía un mensaje claro de que estos son tolerados”.
A continuación, Animal Político te presenta los puntos más críticos en cuanto a violaciones de los derechos humanos en México, según el Informe:
Fuerzas de seguridad, detenciones y reclusión
Las detenciones y reclusiones arbitrarias continúan siendo generalizadas en México, y en ocasiones derivan en otras violaciones de derechos, como torturas, malos tratos, desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales.
El informe de Amnistía Internacional documentó que los informes policiales sobre detenciones muchas veces contienen “errores importantes”, como información falsa y otras deficiencias, como imprecisiones en el registro de la fecha y hora de la detención.
Este panorama resulta alarmante para la organización, en el marco de la aprobación de la Ley de Seguridad Interior, que podría permitir “la permanencia prolongada de las fuerzas armadas en funciones propias de la policía, sin incluir disposiciones efectivas que garanticen la transparencia, la rendición de cuentas ni la supervisión civil.
Tortura, desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales
En febrero, el relator especial de la ONU sobre tortura hizo público un informe, en el que concluyó que la tortura y otros malos tratos continúan siendo generalizados en México, e incluyen un uso alarmante de la violencia sexual.
Por ello, señaló Amnistía Internacional, organizaciones de la sociedad civil recibieron con agrado la Ley contra la Tortura, que entró en vigor en junio del año pasado.
Sobre las desapariciones forzadas, la organización documentó que continúan siendo una práctica habitual, y los responsables continúan gozando de una impunidad casi absoluta.
En el tema de las ejecuciones extrajudiciales, la organización señaló que estas no se investigan adecuadamente y, de hecho, por cuarto año consecutivo, en 2017 las autoridades no publicaron la cifra de personas muertas o heridas en enfrentamientos con la policía y fuerzas militares, ni sobre los cargos penales contra elementos del Estado que las perpetren.
El grupo de trabajo de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) sobre las desapariciones forzadas o involuntarias celebró la entrada en vigor, este martes 16 de enero, de la Ley General en materia de desaparición forzada en México.
En un comunicado de prensa, expertos en derechos humanos de la ONU aseguraron que la Ley general en materia de desaparición forzada de personas, desaparición cometida por particulares y del sistema nacional de búsqueda de personas podría dar una vuelta de página a la grave situación que enfrenta México en esta materia, así como iniciar un camino hacia la verdad, justicia y reparación para las víctimas de este delito.
Los expertos resaltaron que es fundamental garantizar una búsqueda eficaz e inmediata de las personas desaparecidas, que es el principal reclamo de las familias que buscan a sus seres queridos.
Los expertos también señalaron que la implementación de la ley debe ser transparente e incluir la participación de los colectivos de víctimas y especialistas.
Además, aseguraron que la creación de fiscalías especializadas puede dar lugar a estrategias eficaces de investigación para terminar con la impunidad relacionada con la desaparición de personas en el país. “Si no se avanza en la lucha contra la impunidad, será imposible detener este flagelo”, expresaron.
Finalmente, el grupo de trabajo de la ONU reconoció que en el proceso legislativo el Estado mexicano garantizara la participación de las familias de personas desaparecidas y otros grupos de la sociedad civil.
GINEBRA (14 de diciembre de 2017) – Expertos y expertas de la ONU* han llamado al Estado mexicano a rechazar el Proyecto de Ley de Seguridad Interior que se someterá hoy al pleno del Senado, advirtiendo que dar a las Fuerzas Armadas un papel de liderazgo en materia de seguridad podría debilitar la protección de los derechos humanos.
“Nos preocupa que el Proyecto de Ley otorgue a las Fuerzas Armadas un rol de dirección y coordinación en ciertas circunstancias, en lugar de limitar su papel al auxilio y asistencia a las autoridades civiles”, señaló el grupo en una declaración conjunta.
“El Proyecto de Ley carece de mecanismos sólidos de control que garanticen que las operaciones se lleven a cabo con pleno respeto de los derechos humanos.”
“No prevé que las actividades de inteligencia se realicen con la debida supervisión civil y judicial, y, al categorizar toda la información resultante de la aplicación de la ley como de Seguridad Nacional, la excluye de las leyes de transparencia apartándola del escrutinio público.”
“El creciente papel de las Fuerzas Armadas, en ausencia de mecanismos control y de rendición de cuentas, podría provocar la repetición de violaciones de derechos humanos como las cometidas desde que se asignó a las Fuerzas Armadas un papel protagónico en la lucha contra la criminalidad”, señaló el grupo.
El Proyecto de Ley es ambiguo en ciertos puntos y contiene una definición excesivamente laxa de las situaciones en que las autoridades podrían usar la fuerza, incluso en el contexto de movilizaciones de protesta, agregó el grupo.
“Resulta muy alarmante que una iniciativa legislativa de tal envergadura, con un impacto potencial tan profundo en los derechos humanos, se lleve a cabo de una manera precipitada y sin la participación adecuada de víctimas de violaciones de derechos humanos, organizaciones de la sociedad civil, organismos públicos de derechos humanos y organismos internacionales”, dijo el grupo, destacando que son conscientes de los enormes desafíos de seguridad que enfrenta el país.
Cualquier nueva ley de seguridad debería hacer hincapié en el papel primordial de las autoridades civiles, principales responsables de proteger los derechos humanos mediante la inclusión de estrictos controles, dijo el grupo. Ninguna autoridad civil debería renunciar a esta responsabilidad. También deberían prever la capacitación y el fortalecimiento adecuados de las fuerzas policiales y la investigación pronta, independiente e imparcial de todas las denuncias de violaciones de los derechos humanos.
El grupo señaló que los mecanismos de las Naciones Unidas vienen recomendando durante años que se restrinjan las funciones de las Fuerzas Armadas a las propias de su misión, y que se investigue y sancione debidamente a los miembros de las Fuerzas Armadas que hayan cometido violaciones de derechos humanos, incluidos numerosos casos de ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, tortura, incluyendo la violencia sexual, y otras formas de malos tratos.
En particular, el grupo recordó al Gobierno la recomendación formulada en 2011 por el Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias, en la que se solicitó que las Fuerzas Armadas se retiraran de las operaciones de seguridad pública. Remarcaron que esta recomendación se dio teniendo en cuenta la trágica historia en las últimas décadas del continente americano, donde la participación de las fuerzas armadas en actividades de seguridad interior ha estado asociada a la práctica sistemática y generalizada de ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas y tortura, la mayoría de las cuales se han mantenido en la impunidad.
Los expertos y expertas han estado en contacto con el Gobierno México en los últimos días sobre el Proyecto de Ley, y agradecen la pronta respuesta recibida a sus preocupaciones.
FIN
*Los expertos son: el Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias; el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria; el Sr. Joe Cannataci, Relator Especial sobre el derecho a la privacidad; el Sr. Michel Forst, Relator Especial sobre la situación de los defensores de los derechos humanos; la Sra. Agnès Callamard, Relatora Especial sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias; el Sr. Pablo de Greiff, Relator Especial sobre la promoción de la verdad, la justica, la reparación y las garantías de no repetición; y el Sr. David Kaye, Relator Especial sobre la promoción y protección del derecho a la libertad de opinión y de expresión.
Los Grupos de Trabajo y Relatores Especiales forman parte de lo que se conoce como los Procedimientos Especiales del Consejo de Derechos Humanos. Los Procedimientos Especiales, el mayor órgano de expertos independientes en el sistema de la ONU para los Derechos Humanos, es el nombre general de los mecanismos de investigación y monitoreo del Consejo de Derechos Humanos para hacer frente a situaciones concretas en países o a cuestiones temáticas en todo el mundo. Los expertos de los Procedimientos Especiales trabajan de manera voluntaria; no son personal de la ONU y no perciben un salario por su labor. Son independientes de cualquier gobierno u organización y actúan a título individual.
Ciudad de México | Desinformémonos. Los actos de corrupción acumulan 2.6 billones de dólares robados en el mundo cada año y en el mismo periodo se paga un billón de dólares en sobornos, señaló Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD en el marco del pasado Día Internacional contra la Corrupción.
De acuerdo con la organización, en los países en desarrollo se pierde por corrupción una cantidad de dinero diez veces mayor que la dedicada por el gobierno al avance de sus naciones, monto que podría invertirse en los sectores de salud, educación o infraestructura.
“La corrupción perjudica a todos, pero los pobres y vulnerables son los que más sufren”, aseguró el secretario general de Naciones Unidas, António Guterres. “Enfrentar la corrupción es enfrentar la pobreza misma”, agregó.
La aprobación de la Ley de Seguridad Interior es un grave riesgo para los derechos humanos en México, señalaron exrelatores de la Organización de las Naciones Unidas.
“Constatamos cómo la intervención de las fuerzas armadas en materia de seguridad no ha contribuido a mejorar la situación de seguridad del país; por el contrario, ha agravado las problemáticas propias de los temas que cada uno de nosotros conoció: la desaparición de personas, la tortura y malos tratos, y las ejecuciones extrajudiciales”, señalan en un comunicado.
Los exrelatores que se manifestaron contra la Ley son Juan Méndez, exrelator Especial de las Naciones Unidas sobre la Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes; Ariel Dulitzky exintegrante del Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas sobre las Desapariciones Forzadas o Involuntarias y Christof Heyns exrelator Especial de las Naciones Unidas sobre las ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias.
Los exrelatores señalan que como expertos independientes del Consejo de Derechos Humanos de la ONU visitaron México y conocieron de manera directa los retos de seguridad que enfrenta el país.
Explican que como resultado de estas visitas formularon al Estado mexicano numerosas recomendaciones, para ayudar a combatir las graves violaciones de derechos humanos que se viven en el país.
El representante de la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH), Jan Jarab, envió una carta al Senado de la República para pedir que no sea aprobada la Ley de Seguridad Interior.
En la misiva, entregada el pasado lunes a la Cámara Alta, la ONU-DH expresa su profunda preocupación por el contenido de la Minuta, pues, “entre otras consideraciones, generaría riesgos para la vigencia de los derechos humanos y no aportaría soluciones para enfrentar los enormes retos que en materia de seguridad enfrenta el país”.
Este es el análisis de los 14 rubros de la Ley de Seguridad Interior sobre los cuales ONU-DH muestra mayor preocupación, y por los cuales pide frenar la aprobación de la Minuta:
1. Ambiugüedad de conceptos
La ley utiliza conceptos ambiguos y laxos que favorecen una aplicación extensiva, discrecional y arbitraria. Conceptos tales como “seguridad interior”, “acciones de seguridad interior”, “amenazas a la seguridad interior”, “riesgo a la seguridad interior”, entre otros, se definen de manera laxa. Algunos otros, como el concepto de “actos de resistencia” carecen por completo de definición a pesar de su relevancia.
De igual forma, los escenarios que permiten habilitar las acciones previstas en la ley son demasiado generales y poco precisos, de modo tal que se podrían activar los mecanismos previstos en la ley en una cantidad indeterminada de supuestos.
2. Violación al principio de necesidad
La Declaratoria de Protección a la Seguridad Interior podrá declararse no solamente cuando se superen las capacidades efectivas de las autoridades competentes, sino también cuando éstas se “comprometan”; lo que reduce el umbral indispensable para su emisión (artículo 11, fracción I).
Asimismo, se podrán llevar a cabo acciones de seguridad interior ante la mera existencia de riesgos de seguridad interior (artículos 4, fracción I y 26), los cuales son definidos como situaciones que potencialmente pueden convertirse en amenazas (artículo 4, fracción III). Al quedar al arbitrio de la autoridad la existencia de éste tipo de situaciones, dichas cláusulas habilitarían la ejecución de la ley en un número indeterminado de escenarios.
3. Papel indebido de las Fuerzas Armadas
a) La legislación permite que las Fuerzas Armadas actúen de manera autónoma en esta materia y no necesariamente bajo la subordinación de las autoridades civiles o en coordinación con ellas (Artículos 4, fracción I y IV, 11 y 20).
b) Las “Fuerzas Armadas” podrán realizar actividades relativas a la seguridad interior sin la necesidad de que se emita Declaratoria de Protección a la Seguridad Interior, por lo que el carácter habilitante de la Declaratoria desaparece (Artículos 6 y 26). Incluso el artículo 26, al facultar a las Fuerzas Armadas para llevar “a cabo las Acciones de Seguridad Interior que sean necesarias, pertinentes y eficaces para identificar, prevenir y atender riesgos” no establece ningún límite espacial o material y declara estas acciones con carácter permanente.
c) La ley regula la actuación de las Fuerzas Armadas ante la comisión de delitos, facultándolas para preservar el lugar de los hechos y poner a disposición de la autoridad correspondiente a los detenidos (artículo 27). Sin embargo, no existen reglas claras sobre la intervención de las Fuerzas Armadas como primeros respondientes, con las responsabilidades que esto conlleva en el marco del procedimiento penal.
d) El artículo 28 establece que las Fuerzas Armadas realizarán las Acciones de Seguridad Interior “con su organización, medios y adiestramiento”, lo cual no permite hacer las adecuaciones pertinentes para enfrentar una situación distinta a la habitual que deberían desarrollar, especialmente cuando se ha señalado reiteradamente que la formación y adiestramiento militares resultan inadecuados para la realización de las tareas previstas en la ley.
4. Sometimiento de la autoridad civil al mando militar
a) Cuando intervengan las Fuerzas Armadas, corresponderá a los Secretarios de la Defensa Nacional y Marina proponer a un comandante de las Fuerzas Armadas para que dirijan los grupos interinstitucionales. Lo anterior cancela que la autoridad civil que encabeza las tareas previstas por la ley -según el artículo 5 la Secretaría de Gobernación- tenga la capacidad de proponer a quien dirigirá a los grupos institucionales.
b) Se establece un monopolio en la dirección y coordinación en favor de los integrantes de las Fuerzas Armadas, vedando la posibilidad de que sea un civil quien desarrolle dichas funciones (artículo 20, fracciones I y III; artículo 21; artículo 22).
c) La línea de mando del comandante designado sería la Secretaría de la Defensa Nacional o Marina, lo que nuevamente elude el liderazgo y responsabilidad de la autoridad civil.
d) El protocolo de actuación invariablemente será elaborado por un “comandante”, esto es, por un integrante de las Fuerzas Armadas. Dichos protocolos establecerán las “responsabilidades, canales de comunicación y coordinación de las autoridades militares y civiles” (artículo 20, fracción II). Debería corresponder a la autoridad civil la elaboración de los protocolos de actuación.
El Relator Especial de la ONU sobre libertad de expresión, David Kaye, y el Relator Especial sobre la libertad de expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Edison Lanza, realizarán una visita conjunta a México del 27 de noviembre al 4 de diciembre para evaluar la situación del ejercicio del derecho a la libertad de expresión en el país, incluido, como cuestión de máxima prioridad, el tema de la seguridad de los periodistas.
“México es uno de los países más peligrosos para ejercer el periodismo”, dijeron los expertos en una declaración conjunta antes de su visita.
“Los medios de comunicación y sus periodistas enfrentan presiones desde varios frentes. Si bien existe una serie de mecanismos diseñados para protegerlos, el gran número de ataques y la impunidad en la mayoría de los casos muestran claramente que los mecanismos de protección actuales son inadecuados.
“Esta visita nos brinda una oportunidad única para entender qué cambios en el marco institucional, legal y de políticas públicas podrían remediar esta situación. También nos permite evaluar si las recomendaciones hechas por nuestros predecesores en 2010 se han implementado”.
