Denuncian ante la ONU “grave violencia contra las mujeres en Chiapas”


Foto: Janet Schwartz

Por Redacción/Proceso

El Comité Digna Ochoa denunció ante la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) “la grave violencia que viven las mujeres en México y particularmente las mujeres indígenas en Chiapas”.

Recientemente, se advierte en un comunicado, López Pérez participó en una reunión de la Relatoría de los Pueblos Indígenas, junto a los becarios y representantes indígenas de más de 30 países, “y a nuestro compañero le correspondió presentar el programa de representantes indígenas provenientes de América Latina.

Ese mismo día, Marcos López Pérez, junto a sus compañeros del Programa en América Latina, sostuvieron una reunión privada con Gladys Acosta Vargas, experta independiente del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, en donde se expuso “nuestra preocupación por la grave violencia que viven las mujeres en México, y particularmente las mujeres indígenas en el estado de Chiapas”.

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La tortura no puede justificarse bajo ninguna circunstancia, advierten expertos de la ONU

Por Redacción/Proceso

Un grupo de expertos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) pidió a los Estados del mundo erradicar las condiciones y circunstancias que los conducen a aplicar la tortura en nombre de la seguridad nacional.

Especialistas reiteraron que “la prohibición de la tortura es ‘absoluta’ y su uso nunca puede justificarse, bajo ninguna circunstancia”.

Nils Melzer, relator especial de las Naciones Unidas sobre la Tortura, aseguró: “La prohibición absoluta de la tortura y de cualesquiera tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes bien podría ser el logro más fundamental en la historia de la humanidad”.

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ONU condena espionaje a periodistas y activistas en México

Por Redacción/Aristegui Noticias

La Oficina en México del Alto Comisionado de la ONU para Derechos Humanos condenó los actos de “vigilancia ilegal digital” de que han sido víctimas periodistas y activistas mexicanos.

Por medio de una publicación en Facebook, la representación del organismo internacional en en el país también llamó al Estado mexicano a “conducir una investigación independiente para esclarecer estos hechos de espionaje, incluyendo cualquier institución pública que pudiera haber estado implicada”.

El informe #GobiernoEspía, realizado por el Citizen Lab de la Universidad de Toronto, Social TIC, R3D y Artículo 19, reveló que activistas, académicos y periodistas mexicanos han sido blanco de ataques con un software malicioso utilizado para espionaje.

Entre los afectados se encuentran Mario Patrón, director del Centro Prodh; Juan Pardinas, director del Instituto Mexicano para la Competitividad, y los periodistas Carmen Aristegui y Carlos Loret de Mola.

La coordinadora del área internacional del Centro Prodh, Stephanie Brewer, de nacionalidad estadounidense, también fue espiada; Emilio Aristegui, hijo de la periodista Carmen Aristegui, fue blanco de mensajes mientras estaba en Estados Unidos.

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México atrae inversión extranjera porque no respeta derechos humanos: activista Bettina Cruz

Por Redacción/Proceso

La activista oaxaqueña Bettina Cruz Velázquez se muestra categórica: las empresas ponen sus intereses comerciales y sus inversiones por encima de los derechos de las poblaciones locales y México atrae inversiones extranjeras “precisamente porque no se respetan los derechos humanos”.

La profesora indígena recibió amenazas de muerte por su activismo contra el proyecto eólico en la región del Istmo de Tehuantepec, uno de los casos destacados en el informe final sobre México del Grupo de Trabajo de la ONU sobre Empresas y Derechos Humanos, el cual fue presentado durante el consejo de derechos humanos de la ONU el jueves pasado.

Este documento determinó que el gobierno mexicano incumplió con sus obligaciones, ya que no garantiza el derecho a la consulta previa, libre, informada y culturalmente adecuada, además de que no logra proteger a los defensores de derechos humanos y tampoco vigila ni sanciona los abusos de las empresas.

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Megaproyectos en zonas indígenas provocan conflictos sociales: ONU

Por Redacción/ La Jornada

En el conversatorio El derecho a la consulta de los pueblos y comunidades indígenas en México, Jan Jarab, representante del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Acnudh), expresó su preocupación por el actual modelo de desarrollo, que está basado en dar concesiones por proyectos, megaproyectos o proyectos extractivos en territorios indígenas, vinculados con muchas violaciones a los derechos humanos.

Al participar en la reunión, realizada en el Senado, Jarab precisó: Hay miles de concesiones otorgadas en territorios indígenas, muchas veces sin consulta o consentimiento de ellos, lo que lleva a un conflicto social entre las comunidades, y también interno.

Hizo notar que en toda América Latina los defensores de derechos humanos de los pueblos indígenas, los defensores de la tierra, son los más amenazados y hemos visto en varios países de la región, incluso en México, asesinatos de defensores de derechos humanos indígenas.

Jan Jarab resaltó que no se puede organizar, o no es correcto, una consulta que sólo sirva para ratificar lo que ya se decidió llevar a cabo, es decir, un proyecto o megaproyecto, utilizando a los representantes de las comunidades que están a favor de esas construcciones y estigmatizando a los que se oponen, a quienes defienden sus tierras”.

En su intervención el representante de la Acnudh subrayó: Sin duda, la reforma energética, con su impacto enorme en las comunidades indígenas, hubiera sido correcto someterla a consulta libre, previa e informada con los pueblos indígenas.

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“Me preocupa autocomplacencia de funcionarios mexicanos”: Relator Especial para agua y saneamiento ONU

Por Redacción/ Desinformémonos

En su visita a México, Léo Heller, Relator Especial para el agua y saneamiento de la ONU, señaló en su informe preliminar al finalizar su estancia: “me preocupa que haya autocomplacencia” porque aunque los funcionarios mexicanos le aportaron estadísticas de que el 94 por ciento de la población tiene acceso al agua potable y 93 por ciento al saneamiento, “esto no se traduce en acceso a los mismos, sino que únicamente reflejan la existencia de alguna infraestructura”.

Al finalizar su visita a México, Heller declaró: “Hay significativas partes de la población para quienes la prestación de servicios de agua y saneamiento es extremadamente limitada o no existente. Incluso dentro de la Ciudad de México, el panorama es sumamente variable e incluye la no disponibilidad de servicios de agua continuos y confiables para la mayoría de la población.

De acuerdo con la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, 70 por ciento de la población recibe agua durante menos de 12 horas al día. Algunas comunidades en la Ciudad de México se quejaron conmigo de que a pesar de que hay fuentes de agua adecuadas en sus localidades, el agua está siendo desviada a áreas de alto consumo y áreas de mayor nivel económico, a usuarios en zonas residenciales, comerciales, industriales o turísticas, dejando a los pobladores de las comunidades sin la provisión adecuada, obligados a depender de pipas de agua, manantiales y agua embotellada. Pude conocer que esta situación se repite en muchas otras partes del país”.

El Relator especial para el agua y saneamiento durante su visita del 2 al 12 de mayo visitó distintos lugares de la Ciudad de México que enfrentan enormes retos para abastecerse del vital líquido y a servicios de saneamiento como son Santa María Aztahuacán y Lomas de San Lorenzo en Iztapalapa, la comunidad de San José Obrero en Xochimilco. En el estado de Veracruz, visitó los municipios de Papantla (Emiliano Zapata) y Filomeno Mata. En Chiapas, fue a comunidades en Tuxtla Gutiérrez y en los alrededores de San Cristóbal de las Casas. También estuvo en San José del Rincón en el Estado de México.

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#NoAlSilencio: Condenan ONU y CIDH asesinatos de periodistas; protestas en Berlín y Madrid

Por Redacción/ Sin Embargo

La Organización de las Naciones Unidas (ONU) y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condenaron el asesinato del periodista Javier Valdez Cárdenas y reiteraron que desde abril enviaron una solicitud al Estado mexicano para realizar una visita conjunta para atender este tema y están a la espera de la respuesta.

“La violencia pretende silenciar el valiente trabajo de periodistas que como Javier Valdz reportan e informan a la sociedad mexicana sobre asuntos de interés público a pesar de las amenazas y el riesgo constante”, explicaron el Relator Especial de la ONU sobre el derecho a la libertad de opinión y de expresión, David Kaye, y el Relator Especial para la libertad de expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Edison Lanza.

En un comunicado conjunto hicieron un llamado al Gobierno del Presidente Enrique Peña Nieto a investigar este crimen de manera exhaustiva y a identificar, procesar y sancionar a los responsables.

De igual forma, exhortaron al país, especialmente a las autoridades competentes, a adoptar medidas de protección integrales y efectivas para los familiares del periodista y sus colegas, si dan su consentimiento para ello.

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Aprobar “al vapor” la Ley de Seguridad Interior agravaría la crisis de inseguridad en el país: MUD

Por Redacción/Proceso

La organización México Unido contra la Delincuencia (MUD) exigió detener el proceso de “aprobación al vapor” de la Ley de Seguridad Interior, ya que de no hacerlo se estaría optando por una falsa salida a los problemas que padecen los mexicanos.

En un comunicado, señaló que las múltiples y graves modificaciones propuestas a una serie de instrumentos corren el riesgo de revertir lo logrado con el establecimiento del nuevo sistema penal acusatorio y que en su conjunto se denominan la “Miscelánea Penal”.

Pese a las advertencias de académicos y expertos, así como de organismos nacionales e internacionales como la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y la Organización de las Naciones Unidas (ONU), “los legisladores quieren dar paso a iniciativas que tienen el potencial de agravar la crisis de inseguridad, las violaciones a los derechos humanos, el deterioro del Estado de Derecho y el incremento sin control de la violencia en México”, subrayó.

Las presiones para aprobar a la brevedad estas leyes –agregó– parecen, desde la sociedad civil, un juego de intercambios entre partidos que obedecen a la lógica de la temporada preelectoral.

“Apresurar estos procesos no hace más que sembrar desconfianza entre la ciudadanía, lo que a su vez mina las posibilidades de encontrar soluciones de fondo y duraderas”, refiere el documento.

De acuerdo con MUD, el más reciente dictamen de Ley de Seguridad Interior pretende dar a las fuerzas armadas un salvoconducto para permanecer en las calles en tareas que no les corresponden constitucionalmente y para las que, según su propio dicho, no están capacitadas.

Además, contiene cláusulas preocupantes por la amplitud de facultades concedidas y por la poca claridad de los límites que pretende establecer.

Peor aún, sostuvo, la continuada participación de las fuerzas armadas en tareas de seguridad pública en sí misma, con independencia de los problemas específicos de las iniciativas a discusión, implica un deterioro institucional –“desnaturalización” en palabras del general Salvador Cienfuegos, titular de la Secretaría de la Defensa Nacional– muy grave y preocupante.

Según el comunicado, el cúmulo de evidencia apunta a que la militarización masiva de la seguridad pública desde hace diez años ha sido una medida contraproducente que ha exacerbado la violencia en vez de disminuirla.

“Con la apurada aprobación de la Ley de Seguridad Interior se estaría optando por una falsa salida a nuestros problemas: en lugar de entrarle a los problemas de fondo de un enfermedad cada vez más grave en materia de seguridad pública y procuración de justicia, se pretende administrar indefinidamente la ‘medicina’ que tantos daños ha causado y que ninguna mejoría ha ofrecido. La ruta actual es irresponsable y ligera”, subrayó MUD.

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