39 gobiernos resaltaron hoy la crisis de desaparición de personas que vive México

Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México (MNDM)

  • El gobierno mexicano debe aceptar e implementar de manera urgente las 39 recomendaciones recibidas hoy en el marco del Examen Periódico Universal realizado en Ginebra, Suiza.

  • Desafíos como la implementación completa de la Ley General sobre desapariciones, la búsqueda efectiva, la identificación forense y la lucha contra la impunidad fueron reiteradamente mencionados.

  • Instamos a una colaboración transparente y efectiva entre el gobierno mexicano, los 39 gobiernos interesados y los colectivos de familiares de personas desaparecidas.

Las familias que conformamos el Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México (MNDM) agradecemos la solidaridad recibida hoy de parte de los gobiernos de Alemania, Argentina, Austria, Bahrein, Bélgica, Cabo Verde, Canadá, Chequia, Chile, Croacia, Djibouti, Ecuador, El Salvador, España, Estados Unidos, Finlandia, Francia, Ghana, Irlanda, Italia, Jordania, Luxemburgo, Montenegro, Noruega, Nueva Zelanda, Países Bajos, Pakistán, Paraguay, Perú, Portugal, Rumania, Rusia, Samoa, Suecia, Suiza, Túnez, Ucrania, Uruguay y Venezuela.

Todos ellos realizaron recomendaciones cruciales para que México atienda la crisis de desaparición de personas. Las recomendaciones más reiteradas versaron sobre la implementación completa de la Ley General sobre desapariciones, la búsqueda efectiva, la identificación forense y la lucha contra la impunidad. Se mencionó la necesidad de un Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas que sea confiable y transparente. Se recomendó garantizar la participación de las familias de manera genuina. Frente a las recomendaciones de 39 países, exigimos al gobierno mexicano medidas concretas, efectivas y urgentes para resolver la crisis de desapariciones en nuestro país.

La delegación del gobierno mexicano mencionó cuestiones como la implementación de las recomendaciones del Comité de la ONU contra las Desapariciones Forzadas y la realización del “censo” de personas desaparecidas. Sobre ambos temas hemos realizado propuestas que deberían ser tenidas en cuenta.

En el Examen anterior, realizado en 2018, 30 países se habían pronunciado sobre la desaparición de personas. El aumento del 30% registrado hoy refleja una creciente preocupación internacional. Por ello, alentamos al gobierno de México y a los 39 gobiernos extranjeros a establecer diálogos específicos, con nuestra participación activa, para asegurar la implementación efectiva de las siguientes medidas clave:

  • Dar certeza, credibilidad y metodología clara al Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, atendiendo todas las deficiencias identificadas en el “censo” de personas desaparecidas.

  • Participación activa de las familias en la formulación y ejecución de políticas e instituciones relacionadas con la búsqueda de personas desaparecidas.

  • Fortalecimiento y coordinación de las instituciones dedicadas a la identificación forense, incluyendo el apoyo de la cooperación técnica internacional.

  • Lucha decidida contra la impunidad que gozan los perpetradores.

  • Reactivar y dar una ruta clara a los trabajos sobre las recomendaciones que realizó el Comité de la ONU contra las Desapariciones Forzadas, que incluya el diálogo y participación de las familias.

¡Sin las familias no!

Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México (MNDM)

Conformado por más de 86 colectivos de 25 estados de la República Mexicana y de 3 países de Centroamérica

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Comunicado: Destacan retos de México en materia de derechos humanos ante Naciones Unidas: Colectivo EPUmx llama a atender recomendaciones

Imagen: Twitter @EspacioOsc

 

Colectivo EPUMx

• El país enfrenta una grave crisis de derechos humanos, las recomendaciones que acepte el Estado mexicano servirán de hoja de ruta para la próxima administración.

• Colectivo EPUMx hace un llamado a establecer diálogos que conduzcan a la implementación de las recomendaciones, así como a fomentar la acción participativa e inclusiva de las organizaciones de la sociedad civil.

México, 24 de enero de 2024.- El día de hoy, el Estado mexicano compareció ante el Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), tras someterse a su cuarta revisión en el Examen Periódico Universal (EPU), que evalúa la situación de derechos humanos en México y el nivel de cumplimiento de sus obligaciones internacionales.

Durante la evaluación, el Estado estuvo representado por personas funcionarias de alto nivel de la Secretaría de Relaciones Exteriores, de la Misión de México en Ginebra y del Poder Legislativo. Destaca que no fue convocado el Poder Judicial como ha sido una práctica en otras evaluaciones internacionales.

Mientras que en su participación inicial México se centró en destacar la creación e implementación de políticas públicas relacionadas para combatir la pobreza y la desigualdad, también aceptó la existencia de retos y desafíos en varios temas. No obstante, las observaciones y recomendaciones de los Estados participantes reafirmaron la crisis de derechos humanos advertida por el Colectivo EPUMx en sus informes.

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Condena ONU-DH asesinato de la buscadora Esmeralda Gallardo

Imagen: Twitter @ONUDHmexico

 

 

Redacción/Desinformémonos

Ciudad de México | Desinformémonos. La Oficina en México del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos (ONU-DH) condenó el asesinato de Blanca Esmeralda Gallardo, madre de la joven desparecida Betzabé Alvarado Gallardo, perpetrado por sujetos armados el pasado 4 de octubre en Villa Frontera, Puebla.

Desde 2021, Blanca Esmeralda Gallardo buscaba a su hija desaparecida en compañía de una amiga. La madre buscadora proporcionó en distintas ocasiones información relevante acerca de la desaparición de su hija, «la cual no fue retomada efectivamente en la investigación del delito, ni en la búsqueda», señaló la ONU-DH.

«A pesar del riesgo derivado de la denuncia y la información brindada a la Fiscalía General del Estado de Puebla y a la Comisión Estatal de Búsqueda, así como la publicación el 27 de septiembre en un periódico local de señalamientos específicos sobre la presunta autoría de la desaparición de Betzabé Alvarado, la señora Gallardo no contaba con medidas de protección», criticó.

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México: El traspaso de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional es un retroceso para la seguridad pública basada en los derechos humanos

Imagen: Twitter @ONUDHmexico

 

ONU-DH México

GINEBRA (9 de septiembre de 2022) – La Alta Comisionada interina de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Nada Al-Nashif, expresó hoy su preocupación por la decisión del Congreso de México de ceder el control de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional.

El 9 de septiembre, el Senado aprobó un paquete de reformas legislativas para transferir el control operativo, presupuestario y administrativo de la Guardia Nacional, cuyo carácter civil está consagrado en la Constitución, a la Secretaría de la Defensa Nacional, dirigida exclusivamente por militares.

“Las reformas dejan efectivamente a México sin una fuerza policial civil a nivel federal, consolidando aún más el ya prominente papel de las Fuerzas Armadas en la seguridad pública en México. Los mecanismos de derechos humanos han señalado claramente que las Fuerzas Armadas sólo deben intervenir en la seguridad pública de forma temporal, en circunstancias excepcionales, como último recurso, y siempre bajo la supervisión efectiva de órganos civiles independientes”, dijo Al-Nashif.

Ella recordó que, aunque la militarización de las fuerzas de seguridad ha ido aumentando de forma constante en México desde 2006, esto no se ha traducido en una reducción sostenible de la criminalidad, sino que ha provocado un aumento de las denuncias de graves violaciones de los derechos humanos por las fuerzas de seguridad y las Fuerzas Armadas.

“Las fuerzas de seguridad deben estar subordinadas a las autoridades civiles. Es preocupante que las reformas aprobadas no incluyan ninguna disposición que garantice la supervisión civil de la Secretaría de la Defensa Nacional, lo que plantea preocupaciones adicionales en materia de derechos humanos, incluso sobre la rendición de cuentas”, dijo Al-Nashif.

“Hago un llamado a las autoridades mexicanas para que refuercen la supervisión civil en el sector de la seguridad, en consonancia con las normas de derechos humanos”, dijo.

La Alta Comisionada interina señaló que la participación y el debate públicos fueron muy limitados antes de que los miembros de la Cámara de Diputados y del Senado aprobaran la transferencia, y expresó su preocupación por otras iniciativas en curso para profundizar aún más la militarización de las fuerzas de seguridad, incluida una reciente propuesta de reforma de la Constitución para permitir el uso de las Fuerzas Armadas en funciones de seguridad pública hasta 2028.

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Urge ONU a México anular prisión preventiva obligatoria

Imagen: Twitter @ONUDHmexico

 

Redacción/Desinformémonos

Ciudad de México | Desinformémonos. El Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de la ONU llamó «urgentemente» a México a anular la prisión preventiva obligatoria u oficiosa, pues «es contraria a las garantías internacionales de protección de derechos humanos».

Bajo el artículo 19 de la Constitución mexicana, el ordenamiento jurídico obliga a los jueces a imponer prisión preventiva oficiosa a todas las personas que sean acusadas de determinados delitos, «lo que ha llevado a múltiples violaciones de sus derechos humanos, como la presunción de inocencia, el debido proceso y la igualdad ante la ley», señaló el Grupo.

«Una de las más serias consecuencias de la prisión preventiva obligatoria ha sido el que muchos mexicanos pasen más de una década privados de su libertad a la espera de un juicio, sin sentencia y en condiciones de grave riesgo a sus vidas e integridad personal. Esto además contribuye al hacinamiento carcelario», señaló Miriam Estrada-Castillo, presidenta-relatora del Grupo de Trabajo.

Destacó que actualmente México tiene una oportunidad histórica para anular «una medida perjudicial que ha afectado gravemente los derechos fundamentales de los mexicanos por años» y amenaza el derecho a la integridad personal y a la garantía de no ser víctima de tortura o tratos crueles, inhumanos o degradantes.

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ONU emite acción urgente por 5 desaparecidos en Oaxaca entre los que se encuentra la activista Irma Galindo

Foto: Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en México

 

Alberto Pradilla/Animal Político

Pide medidas para su localización y para dar con los responsables. Las desapariciones se registran en el contexto de violencia en San Esteban Atatlahuca.

El Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU emitió el pasado 31 de diciembre cinco acciones urgentes a favor de cinco desaparecidos en las comunidades de Guerrero Grande y Mier y Terán, Oaxaca.

Con ellas solicita a México que ponga en marcha medidas para la localización de Miguel Bautista Avendaño, Donato Bautista Avendaño, Marco Quiroz Riaño, Mayolo Quiroz Barrios e Irma Galindo Barrios. Todos ellos desaparecieron en Oaxaca en el contexto de agresiones violentas contra las comunidades indígenas mixtecas de San Esteban Atatlahuca, salvo Galindo Barrios, una activista a la que se vio por última vez en la Ciudad de México cuando iba a mantener una reunión con el Mecanismo de Protección.

En el documento, el Comité recuerda que la violencia se registra en la zona desde 1999, cuando las autoridades de San Esteban Atatlahuca se aliaron con empresarios madereros y se incrementó la conflictividad en las comunidades.

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Piden mexicanos llevar crisis de desapariciones a la ONU

Imagen: Proceso

 

Como candidato y presidente electo, López Obrador se comprometió a crear varios instrumentos contra la desaparición de personas, incluido un mecanismo internacional contra la impunidad. Ya en la Presidencia su política se ha reducido a impulsar la búsqueda de fosas y cuerpos.

Como candidato y presidente electo, López Obrador se comprometió a crear varios instrumentos contra la desaparición de personas, incluido un mecanismo internacional contra la impunidad. Ya en la Presidencia su política se ha reducido a impulsar la búsqueda de fosas y cuerpos, lo que elevó de modo alarmante este delito en el país, denuncian los defensores de derechos humanos Jacobo Dayán y Michael Chamberlin. Por ese motivo esperan que en un próximo informe, el Comité Contra las Desapariciones Forzadas de la ONU incluya la petición de organizaciones civiles mexicanas para que la crisis se aborde en la Asamblea General de las Naciones Unidas.

CIUDAD DE MÉXICO (proceso).- Calificada por Andrés Manuel López Obrador como “la herencia más dolorosa” que recibió al tomar la Presidencia de la República, la crisis de desapariciones de personas se ha agudizado, superando las 95 mil víctimas. Más de la cuarta parte de los casos ocurrieron durante los tres primeros años de su gobierno, alcanzando los niveles que dejó Felipe Calderón durante todo su sexenio.

Para los defensores de derechos humanos Jacobo Dayán y Michael Chamberlin, esta crisis continuada es el resultado de “la falta de voluntad política” de la actual administración para “entender la dinámica de las desapariciones”, la resistencia a modificar la política de seguridad militarista, así como la negativa a crear el Mecanismo Internacional contra la Impunidad, que López Obrador se comprometió a establecer cuando era candidato y como presidente electo.

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Acciones urgentes de la ONU empujarían búsqueda de desaparecidos

Imagen: Twitter @idheasdh

 

Mónica Cerbón Y Efraín Tzuc/Desinformémonos

La Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió que las Acciones Urgentes de búsqueda emitidas por el Comité contra la Desaparición Forzada de Naciones Unidas deben ser cumplidas por las autoridades en México. Especialistas señalan que esta resolución es clave para que las fiscalías informen sobre cómo están buscando a las personas desaparecidas. 

A partir de ahora -y gracias a una resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN)- las familias de víctimas de desaparición que obtengan una Acción Urgente de búsqueda podrán presionar a las autoridades que investigan el caso, las fiscalías estatales o la federal, para que informen sobre el avance en las investigaciones y aceleren la búsqueda de sus seres queridos. 

Y es que el pasado 16 de junio la Primera Sala de la SCJN determinó que las autoridades mexicanas están obligadas a cumplir con las Acciones Urgentes emitidas por el Comité contra la Desaparición Forzada de Naciones Unidas en casos recientes de desaparición. 

“El Comité determina qué es un caso reciente, que pudo haber sucedido hace seis meses, un año o dos años; es de acuerdo a su determinación. Tiene que ver con la urgencia relacionada a casos relativamente recientes”, explica Juan Carlos Gutiérrez, director de Idheas. 

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ONU exige investigar denuncias de tortura por parte de funcionarios públicos contra normalistas de Mactumactzá

Foto: Twitter Gabriela Coutiño
Redacción/Animal Político

De las 97 personas detenidas, 72 eran mujeres y 21 hombres y cuatro personas parte de las familias desplazadas del ejido Puebla, Chenalhó.

La Oficina en México del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos (ONU-DH) pidió a las autoridades de Chiapas garantizar el debido proceso y el respeto los derechos humanos de las personas detenidas durante las protestas estudiantiles de la Escuela Normal Rural “Mactumactzá” e investigar las denuncias de abusos por parte de los funcionarios públicos estatales.  

El pasado 18 de mayo un grupo de aproximadamente 120 personas estudiantes de la Escuela Normal se manifestaron en la autopista Chiapa de Corzo-San Cristóbal de Las Casas para exigir que la convocatoria de nuevo ingreso de examen profesional sea de manera presencial en el estado, ante la falta de acceso a medios electrónicos e internet.  

De acuerdo con la información recibida por la ONU-DH, de las 97 personas detenidas, 72 eran mujeres y 21 hombres y cuatro personas parte de las familias desplazadas del ejido Puebla, Chenalhó todos hombres, dos de ellos adolescentes.

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La ONU alista un reclamo a México por las fosas clandestinas en Morelos

Con base en la información proporcionada por familiares de víctimas y organizaciones civiles, el Grupo de Trabajo de Desapariciones Forzadas o Involuntarias de la ONU cuestionará a los gobiernos de México y de Morelos por las fosas clandestinas creadas por la administración de Graco Ramírez y las omisiones del gobierno del exfutbolista Cuauhtémoc Blanco, que no ha avanzado en la identificación de decenas de cuerpos.

CUERNAVACA, Mor.– El Grupo de Trabajo de Desapariciones Forzadas o Involuntarias, del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos (ACNUDH), cuestionará al Estado mexicano por las fosas clandestinas de Tetelcingo y Jojutla y por la inacción de las autoridades, que se ha convertido en reiteradas violaciones a los derechos humanos de las víctimas.

De acuerdo con organizaciones civiles, el gobierno de Morelos, ahora encabezado por el exfutbolista Cuauhtémoc Blanco, “ha sido actor y cómplice de una doble desaparición de personas”.

Siete años después de que el gobierno de Graco Ramírez inhumara ilegalmente casi 200 cuerpos en Tetelcingo y Jojutla, varias ONG y colectivos de víctimas consiguieron que el caso sea revisado por el ACNUDH, que afina un borrador con el cual se realizará un “llamamiento urgente” al Estado mexicano para que resuelva la trágica situación.

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