El caso fue registrado por el Comité de Derechos Humanos, que fijó plazo de 6 meses al Estado mexicano para que responda.
Foto: gob.mx
El Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas admitió el caso de la desaparición del joven estudiante Roy Rivera, ocurrida en Nuevo León en 2011, y dio a México un plazo de seis meses para brindar información.
Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en Nuevo León, dio a conocer este viernes que el organismo con sede en Ginebra, Suiza, registró el caso, estableciendo un periodo de seis meses al Estado mexicano para que responda y así evaluar su responsabilidad internacional por lo que concierne a la desaparición del estudiante Roy.
De acuerdo con un comunicado difundido por la ONU, en un documento con fecha del 24 de octubre dirigido a la madre de Roy, Leticia Hidalgo, el Comité de Derechos Humanosinformó que recibió la petición presentada el 15 de enero de 2018.
“De conformidad con el Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, por la Sra. Irma Leticia Hidalgo Rea, actuando en nombre de su hijo Sr. Roy Rivera Hidalgo. Dicha comunicación ha sido registrada”, suscribe la información.
La defensora de derechos humanos y Premio Nobel de la Paz Rigoberta Menchú Tum advirtió que la caravana migrante que está por llegar a territorio mexicano con destino a Estados Unidos proveniente de Centroamérica, principalmente de Honduras, se debe atender de manera integral, bajo la supervisión de observadores con el fin de evitar violaciones a los derechos humanos.
En conferencia magistral en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Menchú Tum, quien también obtuvo el Premio Príncipe de Asturias en 1998, señaló que para que exista una cultura de paz debe haber equilibrio entre las instituciones, estados nacionales y las poblaciones en general e hizo un llamado a la actual administración a trabajar hasta su último día de labores para garantizar paz nacional e impulsar iniciativas y políticas públicas que garanticen los derechos de migrantes.
Rigoberta Menchú también mencionó que a casi 20 años de que los países firmaran por consenso la Declaración de Cultura de Paz de la Organización de la Naciones Unidas, los promotores de paz así como las personas con cargos políticos deberán garantizar las acciones que planea la ONU a través del documento.
Miembros de diversos pueblos del Estado de México y Ciudad de México se manifestaron para exigir la cancelación del NAICM. Foto: Emiliano Pensamiento / Cencos
El Centro de Derechos Humanos “Zeferino Ladrillero” (CDHZL) exigió a las autoridades de los tres niveles de gobierno cesar los actos de intimidación y represión contra habitantes de la zona donde se pretende construir el Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM), en Texcoco, Estado de México.
Asimismo, advirtió que acudirán al Alto Comisionado de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para los Derechos Humanos y a la oficina de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos –que depende de la Organización de los Estados Americanos (OEA)– “para que intervengan en este delicado tema”.
En un comunicado, José Antonio Lara Duque, presidente del CDHZL reveló que el juez de distrito Jorge Antonio Salcedo Garduño, especializado en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal, pretende detener a algunos de los pobladores de Tezoyuca, por el único hecho de defender la tierra y el agua de la región.
El Estado mexicano está obligado a cumplir sus compromisos internacionales y consultar de manera previa, libre e informada a los pueblos indígenas cuando existan megaproyectos de desarrollo que puedan afectar a sus comunidades, como el Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM) o el Tren Maya.
La relatora especial de las Naciones Unidas sobre Derechos de Pueblos Indígenas, Victoria Tauli-Corpuz, afirmó lo anterior al presentar en la Universidad del Claustro de Sor Juana el informe de la visita oficial que hizo a nuestro país del 8 al 17 de noviembre de 2017.
Agregó que en México estas comunidades enfrentan violaciones a sus garantías, lo que genera violencia, desplazamiento forzado, impunidad, criminalización a quienes defienden sus tierras, falta de acceso a la educación, salud, vivienda e incluso asesinatos.
La experta internacional recordó que aun cuando en México no exista una ley nacional sobre consulta a las comunidades indígenas, esto no exime a las autoridades de aplicar este proceso conforme sus obligaciones internacionales.
GINEBRA (apro).- Rumbo al Examen Periódico Universal (EPU) de México por el Consejo de Derechos Humanos, representantes de organizaciones no gubernamentales mexicanas llevaron hasta la sede de la ONU la voz de miles de víctimas de violaciones de derechos humanos y describieron ante la comunidad internacional una cruda y sombría fotografía de la situación en el país.
Foto: Twitter @Asilegal_df
El propósito de su paso por Ginebra es sensibilizar a los estados que evaluarán el récord de derechos humanos de México con la finalidad de que le extiendan recomendaciones acordes a la magnitud de la problemática que se vive a lo largo del territorio mexicano, ya que en el foro del Consejo de Derechos Humanos la eficacia de los diplomáticos nacionales ha logrado minimizar la grave situación por la que atraviesa el país.
Impunidad el eje central de la crisis
En la pre sesión del EPU cada uno de los representantes de miles de víctimas en México fue describiendo con datos, cifras, estadísticas, casos, las violaciones de derechos humanos a la que se enfrentan miles de víctimas, coincidiendo todos en que la impunidad es el eje central “que perpetúa la crisis en México’’.
De ahí que los representantes de REDTDT, Serapaz, CAMMI, Artículo 19, AsiLEGAL, MEXFAM, coincidieron en el llamado a la comunidad internacional para que recomienden a México en el próximo EPU un Mecanismo Internacional Contra la Impunidad adaptado a las necesidades y problemática del país e inspirado en un modelo similar al de la CICIG de Guatemala.
Para quien no está familiarizado con el sistema del EPU, consiste en que los 193 estados que forman parte de la ONU, incluyendo los miembros del Consejo de Derechos Humanos, se someten cada cinco años al escrutinio internacional sobre la situación de derechos humanos en su territorio y los gobiernos extienden sus recomendaciones las cuales son aceptadas de manera voluntaria por el estado examinado.
Al tomar la palabra Zué Valenzuela de la Red TDT subrayó que el problema nodal en México es “la impunidad casi absoluta’’. Especialmente en lo que se refiere a defensores de derechos humanos con 130 asesinados en este sexenio y “ninguna’’ sentencia.
Además del mecanismo internacional contra la impunidad, pidió a los estados presentes que recomienden al Estado mexicano derogar Ley de Seguridad Interior, crear un modelo profesional sobre seguridad pública y una Fiscalía autónoma que sirva.
GINEBRA (apro).- La Alta Comisionada de la ONU para Derechos Humanos Michelle Bachelet deploró el asesinato de defensores de derechos humanos y periodistas en México, así como su acoso, criminalización, amenazas de muerte y ataques.
“En México, ocho defensores de los derechos humanos fueron asesinados en los primeros ocho meses de 2018, una vez más, más que en todo 2017”, dijo Bachelet en su primera intervención pública al inaugurar los trabajos de la 39 sesión del Consejo de Derechos Humanos de la ONU.
“Muchos más han sido víctimas de criminalización, demandas abusivas, campañas de desprestigio, vigilancia, amenazas de muerte y ataques. El año pasado fue también el año más mortífero de periodistas en México, con al menos 12 asesinatos en 2017”, lamentó Bachelet detallando que en 2018 ya han registrado el asesinato de ocho periodistas y la desaparición de uno.
Bachelet llamó la atención con respecto a la situación de los defensores de los derechos humanos en América Latina que enfrentan cada vez riesgos más graves como resultado de sus actividades legítimas. Habló de Colombia en donde han registrado 53 homicidios de destacados defensores de los derechos humanos este año, subrayando que están verificando 57 casos más.
Las nuevas generaciones de Ayotzinapa gritan por las anteriores. Y gritan fuerte. Este lunes, un centenar de estudiantes normalistas bajaron el camino de entrada a la escuela vociferando las viejas consignas, todas en recuerdo de sus compañeros desaparecidos: “¡Vi-vos se los lle-va-ron, vi-vos los que-re-mos!”. Era la bienvenida a la misión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que venía a presentar su nuevo informe al centro.
Los 43 siguen presentes en la vida cotidiana de la escuela. A cuatro años de su desaparición, el patio sigue adornado con el recuerdo de los ausentes. Afiches enormes cuelgan del techo de la cancha de baloncesto, cada uno con la cara de uno de los muchachos, 43 carteles: Jorge Luis González, Antonio Santana, Leonel Castro… En la entrada, la consigna se ha convertido en parte de la fachada. Unas piedras enormes con forma de letra, de rojo colorado -V-I-V-O-S…- han cambiado su fisionomía.
La visita de la misión de la CIDH les ha dado ánimos a las familias y a las nuevas generaciones de estudiantes. Han sido cuatro años de dolor, de no saber dónde están los suyos. Y cuatro años, también, de pelea con la fiscalía mexicana. De un lado, las familias, sus abogados, la CIDH, la ONU, hasta la Comisión Nacional de Derechos Humanos, todos reunidos este lunes en la escuela. Del otro, la Fiscalía y el Gobierno de Enrique Peña Nieto. Y en el fondo un gran dolor, una ausencia que revela las fallas de la procuración de justicia en México.
El desencuentro es total y viene de largo. La principal diferencia atañe nada menos que a la vida de los estudiantes. La fiscalía defiende que los muchachos murieron asesinados y sus cuerpos fueron quemados en un basurero. Las familias, la CIDH, etcétera, que no hay pruebas de que eso ocurriera.
GINEBRA (Proceso).- A unas horas de terminar su mandato como Alto Comisionado de la ONU para Derechos Humanos, Zeid Ra’ad al Hussein consideró que en tanto no se conozca de manera irrefutable lo sucedido en la noche trágica de Iguala ni haya rendición de cuentas por la desaparición forzada de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, el caso “permanecerá como una herida abierta en la mente de los mexicanos” y como una de las “asignaturas pendientes más acuciantes del gobierno de Enrique Peña Nieto”.
En la última entrevista concedida a un medio mexicano antes de dejar su puesto en la ONU, Zeid dice a Proceso: “Cuando fui a México, era claro para mí que, si las autoridades mexicanas en conjunto con la comunidad internacional no podían resolver el rompecabezas de Ayotzinapa como un ejemplo de lo que estaba pasando en el país, éste seguiría sufriendo situaciones similares y recurrentes.
“La expresión de preocupación pública sobre el caso Iguala y la falta de respuestas sobre lo que sucedió a los 43 son interrogantes que siguen encendidas en la mente de muchos. Y si no hay responsabilidad por uno de los episodios más severos que hemos visto en México en el pasado reciente, estas condiciones persistirán.”
Recuerda que uno de los momentos más difíciles de su mencionada visita al país, en 2015, fue su encuentro con los padres y familiares de los 43 estudiantes, cuyo profundo dolor percibió. “Lo que más quisiéramos es ver justicia para ellos”, expresa.
La organización informó que ha habido un alza de discursos y acciones violentas contra la población LGBTI en México; en Veracruz, más de 10 homicidios este año.
Foto: Facebook Onudh Mexico
En lo que va del año se ha registrado por la sociedad civil una ola de 17 homicidios contra la comunidad LGBTTI, 10 mujeres transgénero y nueve hombres gay, en Veracruz, el tercer estado más homofóbico a nivel nacional según datos de la organización civil Letra S.
Los crímenes han sido repudiados y condenados por la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH), particularmente en los casos más recientes de Alaska Contreras Ponce y Elián Alexis.
En un comunicado de prensa, la ONU-DH emitió un llamado a las autoridades para tomartodas las medidas necesarias contra los homicidios y la violencia enfocada a las personas LGTTI. De acuerdo con el organismo, la medida más inmediata es “que ninguno de estos casos quede en la impunidad”.
En tanto Jan Jarab, Representante en México de la ONU-DH, subrayó en el llamado que, “de acuerdo con los compromisos internacionales en materia de derechos humanos que México ha adquirido, el Estado tiene la obligación de proteger el derecho de las personas LGBTI a la vida y a la seguridad personal”.
Es “inconcebible” que ningún país puede encontrar a los padres de emigrar “infligiendo el abuso a los niños, dijo el alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos.
GINEBRA (AP) – El jefe de Derechos Humanos de Naciones Unidas instó el lunes al gobierno de Estados Unidos a terminar con la nueva política de separar a los niños migrantes de sus padres al ingresar a México, y agregó que la medida afectó a casi 2 mil menores en las últimas seis semanas.
Es “inconcebible” que ningún país puede encontrar a los padres de emigrar “infligiendo el abuso a los niños, dijo Zeid Ra’ad al-Hussein el lunes en el inicio de una sesión regular del Consejo de Derechos Humanos, la última antes del final de su mandato en agosto.
