México encabeza situación crítica de violencia contra mujeres en América Latina: ONU

Foto: Viridiana Ramírez/Cencos

Por Redacción/Animal Político

México y Centroamérica encabezan las regiones más críticas de América Latina y el Caribe donde se presenta mayor violencia hacia las mujeres, de acuerdo con el informe “Del compromiso a la acción” de ONU Mujeres y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).

Pese a la aprobación de leyes severas para frenar las agresiones a mujeres, éstas no disminuyen en América Latina, la región más violenta del mundo contra las mujeres, sin estar en un contexto de guerra.

En el caso de México, el país, junto con el norte de Centroamérica (Honduras, El Salvador y Guatemala), se presentan niveles de crisis severa respecto al feminicidio. La ONU consideró que las cifras de este delito están tomando una magnitud y ensañamiento devastador, ya que dos de cada tres mujeres asesinadas mueren a causa de su género.

Además, tres de los 10 países con las tasas más altas de violaciones de mujeres y niñas se encuentran en el Caribe.

Cultura patriarcal de la legalidad

El informe constata que 24 de los 33 países de América Latina y el Caribe cuentan con leyes contra la violencia doméstica, pero solo nueve de ellos han sancionado leyes que tipifican una variada gama de expresiones de violencia contra las mujeres, tanto en el ámbito privado como público.

También destaca que 16 países han tipificado penalmente el feminicidio y algunos han encuadrado en la legislación los nuevos contextos de criminalidad, como el narcotráfico y el cibercrimen, o expresiones de violencia política y el ataque con ácido.

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Indígenas llevan a ONU abusos de megaproyectos; pintan al Estado mexicano como un verdugo más

Por Redacción/Sin embargo

Organizaciones civiles que acompañan a grupos indígenas presentarán ante la Relatoría especial de la ONU un cúmulo de denuncias sobre las disputas territoriales, la falta de consulta, despojo y criminalización a quienes se oponen a megaproyectos en México, entre otras violaciones a los derechos humanos a los que son sometidos los pueblos originarios.

El documento sobre la problemática general en el país será presentado por las organizaciones, pese a que la Relatora se limitará a visitar Chihuahua, Chiapas y Guerrero, y esperan que el peso internacional de las futuras recomendaciones traiga cambios favorables a esas comunidades.

Ciudad de México, 8 de noviembre (SinEmbargo).- Ocho personas del pueblo de Salazar, Estado de México, que se oponían a la construcción de un proyecto de la Inmobiliaria Hsea S.A. fueron detenidas desde el pasado 31 de agosto. Cinco hombres y tres mujeres de esta localidad están vinculados a proceso por los delitos de robo con violencia, privación ilegal de la liberta y lesiones.

Para la comunidad, es una clara afrenta por la resistencia a un proyecto de recreación que se pretende construir en terrenos que consideran que se están usurpando.

Entre los detenidos está el presidente de bienes comunales Cutberto Vilchis García, encargado de velar por la defensa del territorio de la localidad otomí. El caso está incluido entre las denuncias que activistas presentarán a la Relatoría sobre los derechos de los pueblos indígenas de Naciones Unidas (ONU).

El caso de Salazar, municipio de Lerma, refleja la criminalización de los defensores del territorio en el Estado de México, sostuvo la abogada Citlalli González del Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero (CDHZL). El caso se prevé llegará a las manos de la Relatora Victoria Tauli-Corpuz, quien estará en el país del 8 al 17 de noviembre.

“Los problemas agrarios también son parte de la problemática que enfrentan los pueblos indígenas en el Estado de México. La comunidad de Salazar ha peleado por un reconocimiento de sus tierras, pero las autoridades no reconocen a sus autoridades comunales para hacer este reclamo”, explicó González.
En un breve mensaje, la Relatora sobre los derechos de los pueblos indígenas Victoria Tauli-Corpuz aseguró que buscará “información acerca de casos reportados sobre amenazas y criminalización contra defensores de los derechos de los pueblos indígenas y estudiaré las medidas de protección disponibles para las y los líderes, así como las comunidades en riesgo”.

La visita ha alentado a las organizaciones civiles, que acompañan a los pueblos indígenas, a presentar un informe sobre los problemas de los pueblos indígenas a nivel nacional, pese a que la Relatora se limitará a visitar Chihuahua, Chiapas y Guerrero.

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Diseñar fiscalía independiente antes que titular, plantea ONU

Foto: Twitter @FJEDD

Por Redacción/La Jornada

Ciudad de México. La transformación de la Procuraduría General de la República (PGR) a Fiscalía General no debe ser cosmética, por el contrario, los debates legislativos deben centrarse en alcanzar una nueva instancia independiente, autónoma, ajena a intereses políticos; además, la prioridad debe ser el diseño de la institución antes que el nombre de quien será su titular, aseveró el representante en México de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH), Jan Jarab.

Subrayó que las reformas constitucionales y legislativas que se formulen para alcanzar este objetivo deben tener como eje rector a la justicia y al fortalecimiento del estado de derecho. En ese marco, llamó a los senadores analizar en el actual periodo de sesiones las reformas para alcanzar este objetivo.

El funcionario internacional participó esta mañana en la inauguración de un seminario sobre el combate a la impunidad en América Latina, organizado por diversas organizaciones civiles y que se realizó en el Senado de la República. Ahí, recordó que existe un consenso amplio de órganos nacionales e internacionales de que el sistema de procuración de justicia en el país enfrenta una grave crisis y que la confianza de los ciudadanos en las instituciones es muy baja.

“El Senado tiene una ventana de oportunidad para demostrar su voluntad e incidir en la creación de una Fiscalía General de la República con una mirada de largo plazo. México requiere de un sistema de procuración de justicia que logre romper con los círculos de impunidad y corrupción, y la reforma al artículo 102 (de la Constitución) es un primer paso en esta discusión”.

Enfatizó que “sería un error” reducir la deliberación de la creación de esta nueva instancia a un mero debate sobre el perfil de su titular. Si bien, dijo, antes de ello es preciso definir el diseño de la institución.

Aunque, acotó, “ni el mejor diseño institucional garantizará el éxito si no hacemos la selección de su titular basada en mérito, con base en sus cualidades y no en intereses partidistas. Su designación debe darse de la consulta abierta, participativa e incluyente. Tener a un fiscal con esas características, con un proceso de selección que se apegue a los estándares internacionales e independencias de las fiscalías, sería un paso importante para lograr una fiscalía autónoma”.

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15 años de encarcelamiento injusto, sin sentencia… una #PenaSinCulpa que podría concluir

Foto: penasinculpa.com

Por Redacción/Aristegui Noticias

El 25 de febrero de 2002, Daniel García Rodríguez fue interceptado por dos sujetos. Lo subieron a un vehículo y lo llevaron a la Subprocuraduría de Justicia de Tlalnepantla, en el Estado de México. Debía declarar sobre la investigación de un homicidio.

Luego de 14 horas de detención sin una orden judicial de por medio y de permanecer incomunicado, le notificaron que estaría bajo arraigo por 30 días. Lo acusaban del asesinato de la regidora María de los Ángeles Tamez.

García Rodríguez era secretario particular del alcalde de Atizapán, Antonio Domínguez, quien tenía diferencias con la regidora del PAN.

Fue así como comenzó una pesadilla que se ha prolongado durante 15 años, como relata su hija, Aribel García, quien a la postre se convertiría en su abogada.

“Hace 8 años, 15 meses detuvieron a mi papá en el municipio de Atizapán, acusado del homicidio de una regidora panista del mismo municipio. Esto ocurrió el 25 de febrero de 2002, es el día que detienen a mi papá y que lo llevan al arraigo. Su nombre era María de los Ángeles Tamez, era una abogada que se desempeñaba como regidora de Atizapán.

“Mi papá se desempeñaba como secretario del presidente Antonio Domínguez que en ese momento era alcalde de Atizapán. Antonio Domínguez no tenía buena relación con María de los Ángeles; en realidad a quien relacionan es a Antonio Domínguez”, relató.

Ocho meses después, el 25 de octubre, Reyes Alpízar Ortiz fue capturado cuando esperaba el autobús que lo llevaría de regreso a su casa. Se le trasladó a la Subprocuraduría de Tlalnepantla. Fue víctima de tortura física y psicológica. También se le arraigó.

El abogado Simón Hernández detalló: “Él es obligado a firmar una declaración bajo tortura en la que señala que acompañó al autor material del homicidio, una persona llamada Jaime Martínez Franco, y que escuchó y recibió indicaciones de Daniel García ubicándolo como autor intelectual”.

Aunque el alcalde Antonio Domínguez también fue aprehendido, corrió con mejor suerte, de acuerdo con lo detallado por Aribel García:

“Ambos estuvieron arraigados y el mismo día los trasladaron al Penal de Barrientos en Tlalnepantla; pero Antonio Domínguez como tres años y medio después sale con un amparo que su abogado Marcos Castillejos interpone contra el auto de formal prisión y él sale libre, exonerado de la causa. Mi papá mete el mismo amparo semanas después a lo que le contestan 5 años después que su firma no era su firma, entonces que no procedía”.

A pesar de que agotaron todas las instancias nacionales para demostrar las irregularidades del proceso: que fueron capturados sin orden judicial, que estuvieron incomunicados y se les torturó física y psicológicamente, a la fecha, siguen sin recibir una sentencia.

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En la frontera sur aumentan cada más los operativos de control y verificación migratoria: CNDH

Por Redacción/Proceso

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) denunció que el incremento de operativos de control y verificación migratoria en la frontera sur de México ha provocado que las personas migrantes busquen rutas alternas para ser invisibilizados y evitar su detención.

Sin embargo, dichas acciones los han convertido en víctimas de secuestro y extorsión, en tanto que la mayoría de las fiscalías especializadas para la atención de delitos contra las personas migrantes no han cumplido su cometido.

Así lo dio a conocer en Ginebra, Suiza, el ombudsman nacional Luis Raúl González Pérez, durante la presentación del Informe Ejecutivo de la CNDH al Comité de los Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y sus Familiares de Naciones Unidas.

González destacó la especial relevancia que guardan los flujos migratorios de niñas, niños y adolescentes en contextos de migración no acompañados en tránsito por México, que en el último decenio aumentó en 700% respecto de los 2 mil 869 que fueron retornados a su país de origen en 2010.

Muchos de esos menores de edad –aseguró– se ven obligados a huir teniendo la necesidad de solicitar protección internacional; sin embargo, la autoridad mexicana les ha otorgado esa protección en un porcentaje mínimo, 0.2 y 0.3 % en 2015 y 2016, respectivamente.

De acuerdo con un comunicado difundido por la CNDH, el ombudsman explicó que si bien en materia de derechos de la niñez se tiene un marco jurídico robusto y garantista, urge armonizar el contenido de las leyes locales de Migración, de Refugio y las que regulan el desarrollo integral de la familia con la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, para establecer los derechos que contienen, así como la interacción entre los órganos creados y las autoridades de los tres niveles de gobierno involucradas.

González Pérez destacó que a más de tres años de la creación jurídica de las procuradurías de protección de la niñez, el gobierno mexicano no las ha dotado con estructuras, personal y financiamiento necesario, por lo que no han cumplido con su obligación de representarlos jurídicamente.

“La autoridad migratoria sigue llevando a cabo la detención de niñas, niños y adolescentes, lo que va en contra del estándar mínimo de protección nacional e internacional de sus derechos, quedando expuestos a las condiciones no idóneas de los centros migratorios y, lo que es peor, a no ser canalizados a los albergues públicos o privados”, subrayó.

Respecto de los compromisos del Estado mexicano con el Comité de la ONU para investigar casos de corrupción de servidores públicos del Instituto Nacional de Migración (INM) contra personas migrantes, y sobre la mejora de las condiciones de detención en estaciones migratorias, dio a conocer que la CNDH continúa recibiendo quejas por extorsión contra esos servidores públicos.

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Desplazamiento forzado: la deuda de México con un fenómeno que ha dejado miles de víctimas

Por Redacción/Animal Político

En el Foro Internacional sobre Desplazamiento Forzado Interno, académicos y activistas criticaron al gobierno por no reconocer que este problema ha dejado miles de víctimas en México.

Defensores de los derechos humanos y académicos hicieron un llamado al Gobierno de México para que reconozca oficialmente el desplazamiento forzado como un problema que afecta a miles de personas en el país, ante la nula respuesta de las autoridades a este fenómeno que se ha agravado en el marco de la “guerra” contra el narco.

“No hay una repuesta oficial (al problema)”, reconoció Edgar Corzo Sosa, Quinto Visitador de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), entrevistado por Animal Político en el marco del Foro Internacional sobre Desplazamiento Forzado Interno organizado por la ONU, la CNDH y el Senado de la República y que se celebra en la CDMX.
De acuerdo con la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR), “los desplazados internos están entre las personas más vulnerables del mundo… En determinadas circunstancias, pueden ser obligados a huir por las mismas razones de los refugiados (conflicto armado, violencia generalizada, violaciones de los derechos humanos), con la diferencia que los desplazados internos permanecen bajo la protección de su gobierno, aun en los casos en que el mismo gobierno se convierte en una de las causas de su huida”.

Corzo Sosa aseguró que tanto la administración de Felipe Calderón como la de Enrique Peña Nieto no han reconocido este problema, esto a pesar de la existencia de múltiples casos y testimonios documentados que dan cuenta del fenómeno que de acuerdo con el último informe de la CNDH, publicado en mayo de 2016, ha dejado a por lo menos 35 mil 433 víctimas de desplazamiento forzado en el país.

“El mapeo que tenemos es una muestra. Nosotros no tenemos la capacidad, ni la infraestructura para decir ya analizamos toda la situación del país, pero sacamos una muestra muy significativa”, dijo el Visitador sobre las cifras del informe.

¿Cuál es el argumento del Gobierno cuando la CNDH le pregunta el por qué no hay un reconocimiento oficial sobre el problema de desplazamiento forzado en México?, se le preguntó.

“Nada”.

“No ha habido hasta el momento una respuesta oficial a nuestro informe. Se lo mandamos a diversas autoridades y lo que esperamos es que por lo menos exista una respuesta al informe, ya ni siquiera al problema”, respondió Corzo Sosa.

El Quinto Visitador reconoció que en el informe de la CNDH se detectó que la violencia es el principal motivo que ha causado el desplazamiento forzado en México, donde los grupos del crimen son los causantes de la misma.

“Hemos visto como familias de Sinaloa se han tenido que desplazar de 3 comunidades, nosotros hemos emitido medidas cautelares al respecto, pero hemos visto este problema en Tamaulipas, Guerrero y Oaxaca”.

El Visitador dijo que este estudio va en el sentido de evidenciar el problema, de pedir que se reconozca el fenómeno, pero además que se implementen políticas públicas, se repare la violación de los derechos humanos en todos los casos y se brinde asistencia humanitaria a las víctimas…“pero no hay una respuesta oficial”.

Más de 311 mil desplazados

Laura Rubio Díaz Leal, profesora de Estudios Internacional del ITAM, entrevistada por Animal Político tras su participación en el Foro, aseguró que la falta de reconocimiento oficial del desplazamiento forzado en México ha vulnerado el derecho de las poco más de 311 mil víctimas de este fenómeno, cuantificadas en diferentes estudios hechos organizaciones sociales e instituciones educativas, así como testimonios de víctimas.

“El problema no se ha querido reconocer porque hay un dejo de estrategia fallida en materia de seguridad, hay elementos muy claros para señalar que la estrategia contra el narcotráfico ha sido la causante del incremento de violencia, pero por otro lado es una realidad que incomoda y que conlleva una responsabilidad del estado para atender el fenómeno”.

De los costos sociales y económicos que ha dejado esta falta de reconocimiento oficial, dijo que entre los principales se encuentran que las víctimas no cuenten con protección, que no tengan asistencia humanitaria del estado y que no cuenten con oportunidades para empezar en otros lados sus vidas en condiciones de dignidad.

“Además, ninguna autoridad se ha sentado a cuantificar lo que le cuesta al estado el hecho que las familias desplazadas dejen de producir. Es un tema muy amplio de afectación económica más allá de las que pierden las familias”.

¿Por qué las autoridades no reconocen el problema? Se le preguntó.

“No dan explicaciones, han negado el problema desde 2011. Se llegó a pensar que una vez que finalizara el gobierno de Felipe Calderón la postura cambiaría, pero no ha sido así. Simplemente no se habla del tema”.

80% de los desplazados son por violencia

Para Brenda Pérez Vázquez, directora de Desplazamiento Interno Forzado de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH), existe un porcentaje muy alto de desplazados relacionados con la violencia criminal.

“Estamos hablando de un 80% de los casos”, dijo la investigadora y defensora de la CMDPDH, basada en un estudio realizado por su organización y que documentó 29 episodios de desplazamientos forzados en México durante 2016.

Estos 29 episodios documentados, en un principio por la prensa y luego corroborados por la organización, dejaron 23 mil desplazados, 10 mil de ellos en Michoacán, estado que en el presente sexenio ha vivido de manera recurrente diferentes episodios de violencia entre grupos del crimen, fuerzas federales y autodefensas, además de bloqueos de carreteras y quema de autobuses.

“De estos episodios, 20 impactaron a 21 mil personas por situaciones de violencia vinculada al crimen. Son 10 estados del país que concentraron estos desplazamientos principalmente Veracruz, Chihuahua, Guerrero y Michoacán”.

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Gobierno y Grupo México eluden remediar ecocidio en Sonora: ONU

Foto: Ulises Gutiérrez

Por Redacción/La Jornada

Hermosillo, Son.- El grupo de trabajo de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) sobre Empresas y Derechos Humanos, encabezada por Pavel Sulyandziga y Dante Pesce, acusó a Grupo México de ser arbitrario y no respetar normas ambientales ni laborales, y al gobierno federal de ser incapaz de hacer cumplir la ley por su urgencia de atraer inversiones.

En su informe más reciente, el grupo de trabajo determinó que la empresa propiedad de Germán Larrea Mota Velasco y las autoridades federales se acusan mutuamente para eludir la urgente remediación de los daños causados por el derrame tóxico de la mina Buenavista del Cobre al río Sonora, ocurrido el 6 de agosto de 2014, que afectó a más de 22 mil personas.

Sulyandziga y Pesce afirmaron que solicitaron a la Procuraduría Federal de Protección al Medio Ambiente (Profepa) interponer una querella contra la minera, pero la dependencia alegó que sólo podría asesorar o hacer recomendaciones.

El organismo señaló que el tanto el gobierno como las empresas violaron los derechos humanos al no vigilar el diseño y la ejecución de proyectos de gran escala y tampoco reparar los daños causados.

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El agua en México: lucrar con un derecho humano

Por Redacción/Desinformémonos

“México es el mayor consumidor mundial de agua embotellada con 480 litros por persona por año, lo cual demuestra la desconfianza de la población en el agua que le es suministrada en las redes hidráulicas” precisa el informe preliminar del relator especial de las Naciones Unidas para el derecho al agua y al saneamiento, Leo Héller, en su visita a México en mayo de 2017 del cual el Programa de Medio Ambiente de la Universidad Iberoamericana Ciudad de México realizó un análisis detallado.

“Toda persona tiene derecho al acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo personal y doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible”. A partir de febrero de 2012, con la adición del texto anterior al artículo 4o constitucional, el derecho humano al agua quedó garantizado con la más alta prioridad de ley en México.

Con el propósito de verificar los avances en el cumplimiento de estos derechos y hacer recomendaciones sobre aspectos por corregir, Léo Heller, relator especial de las Naciones Unidas sobre los derechos humanos al agua y al saneamiento, realizó una visita a México del 2 al 12 de mayo del presente año. Al finalizar su misión en nuestro país emitió una declaración preliminar.

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Megaproyectos destructores, ¿defender lo indefendible?

Por Coralia Souza
@CoraliaSP

Esta nota se publicó originalmente en The Mexican Times el 30 de marzo de 2017.

La construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México hace más evidente la serie de dificultades que giran en torno de los megaproyectos en el país: el despojo de tierras, los inminentes daños ambientales y las irregularidades en los procesos y permisos.

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MÉXICO, D.F. Transportation/Transportes-Aeropuerto.- El pasado miércoles, se anunció la construcción del nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, que se realizará sobre cuatro mil 430 hectáreas federales que se ubican en la zona contigua a la actual terminal aérea. Foto: Especial

A pesar de ser conflictos que nos afectan a todos, pareciera que las únicas personas interesadas en la defensa del medio ambiente y el territorio son los activistas o las comunidades campesinas e indígenas; quienes, además, en este país son asesinados y criminalizados.

El diverso grupo, dedicado a proteger, promover y defender el derecho humano a un ambiente sano se encuentra en una situación cada vez mas riesgosa y vulnerable. El informe anual del Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA) de 2016 señala que de junio del 2010 a julio de 2016 hubo 303 ataques registrados a defensores del medio ambiente, que incluyen hostigamientos, detenciones arbitrarias, amenazas y asesinatos.

Este problema socio-ambiental se ha intensificado a consecuencia de la creciente demanda de recursos naturales y las cada vez más comunes concesiones irregulares otorgadas por el gobierno a grandes empresas. La concesión de agua a la cervecera de Constellation Brands en detrimento de la ciudad de Mexicali; el despojo de comunidades en Atenco por la construcción del aeropuerto; el desalojo de comunidades huicholas en Nayarit por la construcción de presas; el megaproyecto hotelero y habitacional desproporcionado en Todos Santos, Baja California; y la gran cantidad de empresas dedicadas a la explotación de recursos mineros a lo largo de todo el país son la punta de un iceberg de violencia e intereses económicos que afectan gravemente al entorno natural, al tejido social y abonan a la injusticia y desigualdad.

No es de extrañar que los mismos individuos que facilitan la concesión de territorio y recursos a inversiones extranjeras, sean los que amedrentan a los grupos que manifiestan su desacuerdo. Según el informe del CEMDA, casi la mitad de las agresiones a defensores de derechos humanos relacionados con medio ambiente son cometidas por parte del estado; entonces tenemos procesos y gobiernos que despojan las tierras y violentan a quien reclama, quedando impune, además, el 98% de las veces según Michael Frost, relator especial de la situación de los Defensores de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

Ante este lamentable panorama, las comunidades, con el auxilio de los activistas ambientales, insisten en la defensa de aquello que les ha sido arrebatado. Sin embargo, la sociedad permanece indiferente, sin tomar conciencia del crecimiento inminente de esta devastación.

Nos hemos acostumbrado a actuar de manera egoísta y no darle importancia a situaciones que no nos afectan directamente, no obstante, tenemos que entender que la destrucción del país es una ola que va a ahogarnos a todos en algún punto; y tal vez entonces sí sea demasiado tarde.

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