Personas defensoras y periodistas de Morelos llaman a que protección no quede en manos de sus agresores

Espacio OSC

• La poca difusión del evento y el cambio de sede con menos de 24 horas de anticipación mermó la participación al diálogo.

• Manifiestan su desconfianza hacia instancias locales de los diversos niveles de gobierno para protegerlos.

• A casi 5 años de la emisión de una ley de protección en Morelos, no se cuenta con un reglamento, ni recursos humanos y financieros para su operatividad.

Ciudad de México / Cuernavaca, 27 de marzo de 2022

Los días 24 y 25 de marzo se llevó a cabo en la Ciudad de Cuernavaca, Morelos el quinto diálogo para impulsar una Iniciativa de Ley General de Prevención y Protección ante Agravios a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, convocado por la Subsecretaría de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación en el que participaron representantes del Gobierno del Estado de Morelos, organizaciones de la sociedad civil, personas defensoras de derechos humanos y periodistas del estado.

Este diálogo, se suma a los realizados en la Ciudad de México, Oaxaca, Sonora y Nayarit, con el objetivo de debatir sobre los elementos que debería contemplar una Ley General de Protección para personas defensoras de derechos humanos y periodistas en el contexto específico de Morelos. 

Al inicio se realizó una manifestación con listones negros y pancartas en donde denunciaron  el asesinato de periodistas y personas defensoras en el estado y el país, además, exigieron  justicia a tres años de impunidad por  el asesinato de Samir Flores, comunicador y defensor quien denunciaba violaciones de derechos humanos y el impacto negativo sobre las comunidades el Proyecto Integral Morelos (PIM). 

Posterior durante el diálogo personas defensoras de los derechos de las mujeres, derechos de la población LGBTIQ+, del medio ambiente, tierra y territorio, de los pueblos indígenas, periodistas, comunicadores y comunicadoras comunitarias, alertaron sobre los riesgos diferenciados y obstáculos que enfrentan para ejercer su labor; en particular, quienes defienden su territorio, los derechos de la diversidad sexual y el ejercicio  periodístico, quienes son víctimas de ataques a la vida e integridad, agresiones físicas, amenazas, actos de hostigamiento, criminalización, campañas de desprestigio, desplazamiento forzado y falta de acceso a información.

También señalaron la falta de confianza y preocupación de que su seguridad quede en manos de instituciones estatales que no solo han incumplido su deber de protección, sino que son las principales fuentes de agresión a personas defensoras y periodistas, ya sea por ataques directos e indirectos cometidos y promovidos por parte de funcionarios, así como en colusión con grupos de delincuencia organizada.

De igual forma, manifestaron la falta de perfiles idóneos sobre funcionarios que dan atención en el mecanismo de protección, fiscalías, comisiones de atención a víctimas y comisiones de derechos humanos, del nivel federal y estatal, así como actos de corrupción, conflictos de interés, falta de coordinación interinstitucional, burocratización, ausencia de voluntad, falta de capacidades para garantizar su labor y de mecanismos de rendición de cuentas. Un ejemplo de eso es la ausencia de recursos humanos y financieros en diversas instancias de gobierno y la carencia de elementos de seguridad pública o agentes del ministerio público.

Señalaron que el marco normativo expedido en el año 2018 para la protección de personas defensoras y periodistas en Morelos tiene cuatro años de promulgación, pero no ha sido reglamentada y se desconocen las acciones llevadas a cabo para su implementación como falta de claridad de los procedimientos de funcionamiento, coordinación interinstitucional, atribuciones y responsabilidades de las instituciones y otorgamiento de recursos humanos y financieros para su puesta en marcha. 

Además, por medio de la lectura de una carta firmada por el ​​Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua, Morelos, Puebla y Tlaxcala, las y los participantes lamentaron la falta de difusión de la convocatoria para participar en el diálogo y el cambio repentino de lugar del evento, lo cuál obstaculizó la participación de personas defensoras y periodistas, en particular de integrantes de pueblos originarios y comunidades rurales que se encuentran en zonas alejadas de la capital del estado, y quienes son las principales poblaciones que enfrentan agresiones en la entidad. 

Hicieron mención a la necesidad de conocer un diagnóstico sobre el presupuesto, la infraestructura y alcances del Mecanismo federal y estatal, cuestionando la pertinencia de una nueva ley de carácter general a partir de las limitaciones y los problemas de implementación del actual marco normativo, y las  carencias en la operación de Mecanismo. Solicitaron al gobierno federal asumir su responsabilidad en la prevención y protección de personas defensoras de derechos humanos y periodistas, y generar acciones para garantizar el ejercicio de su labor.

Respecto a las demandas, Enrique Irazoque, Titular de la Unidad de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación mencionó que, una vez finalizados los diálogos estatales, convocarán mesas temáticas para discutir en torno a la propuesta de ley, e impulsarán procesos de capacitación para personas defensoras, periodistas y autoridades en Morelos. 

Las personas asistentes señalaron la necesidad de que se reconozca la labor de la defensa de los  derechos humanos y el ejercicio periodístico, y se generen acciones eficaces para la investigación, sanción y erradicar la impunidad en los delitos. 

• Las organizaciones, colectivos/as de derechos humanos, personas defensoras y periodistas, hacemos un llamado a las instancias de Gobierno Federal y Estatal a fortalecer la coordinación interinstitucional e implementar acciones urgentes ante la grave situación de violencia y falta de garantías para ejercer el derecho a defender derechos humanos y de libertad de expresión. Además de garantizar que los diálogos cuenten con la debida difusión y participación de comunidades rurales, indígenas y periodistas que realizan su labor en zonas de mayor riesgo, quienes son indispensables en la construcción de una ruta e implementación de una política pública integral que garantice el derecho a defender derechos humanos y el ejercicio periodístico en el país. 

Espacio OSC para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas conformado por: ARTICLE 19; Casa del Migrante Saltillo; Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA); Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan; Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero (CDHZL); Centro Nacional de Comunicación Social (Cencos); Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH); Comunicación e Información de la Mujer A.C. (CIMAC); Consorcio Para el Diálogo Parlamentario y Equidad, Oaxaca A.C; Instituto de Derecho Ambiental A.C. (IDEA); JASS Asociadas por lo Justo; Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todas y Todos (RedTDT); SMR Scalabrinianas, Misión con Migrantes y Refugiados; Servicios y Asesoría para la Paz (Serapaz); El Espacio OSC está acompañado por Brigadas Internacionales de Paz (PBI).

Colectivo Oaxaqueños Buscando a los Nuestros A.C. Alejandro López Castellanos, Lourdes Arce – Comunicadora y promotora cultural. Estrella Pedroza,  periodista y defensora de la libertad de expresión y el ejercicio periodístico.

_¹ ​​Entre las y los funcionarios que acudieron estaban Penélope Picazo Hernández, titular de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del Estado de Morelos; Arturo Abundes Velasco, director general del Instituto para el Desarrollo y Fortalecimiento Municipal del Estado de Morelos; Raúl Israel Hernández Cruz, presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos del Estado de Morelos; Gilberto Granados Jaimes, quien acudió en representación de Almirante Guarneros, Comisionado Estatal de Seguridad Pública, entre otros.