Periodistas – Centro Nacional de Comunicación Social AC

20 septiembre, 2023

ARTICLE 19 Oficina para México y Centroamérica presenta su informe semestral 2023: Violencia contra la prensa entre ataques, estigmatización y ausencia del Estado

ARTICLE 19 Oficina para México y Centroamérica

Ciudad de México, a 19 de septiembre de 2023.- ARTICLE 19 Oficina para México y Centroamérica presenta su informe sobre violencia contra la prensa en México para el periodo del 1ero de enero de 2023 al 30 de junio 2023. Durante los primeros seis meses del año, esta organización registró 272 agresiones. Esto equivale a una agresión cada 16 horas cometida este semestre en contra de periodistas y medios de comunicación.

Las agresiones con mayor registro fueron las intimidaciones y hostigamientos con 68 casos (25% del total), seguidos del uso ilegítimo del poder público con 61 casos (22.43%), y amenazas, con 49 casos (18.01%).

Entre los hechos de violencia que se registraron, se encuentran los asesinatos perpetrados en posible vínculo con la libertad de expresión de al menos 3 periodistas: Marco Aurelio Ramirez Hernandez el 23 de mayo, Luis Martín Sánchez Íñiguez el 7 de julio, y Nelson Matus Peña el 15 de julio. También se documentó la desaparición de Juan Carlos Hinojosa, el 6 de julio.

El Estado sigue siendo el principal agresor contra la prensa en México. Durante estos primeros seis meses del 2023, las autoridades fueron responsables de perpetrar 140 agresiones, es decir 1 de cada 2 ataques contra periodistas y medios. De los tres niveles de gobierno, las personas servidoras públicas a nivel estatal son quienes más atacaron a la prensa con el 23.5%, seguido por el nivel federal con 19.4% y en tercer lugar, a nivel municipal con 8.4%. Este periodo es la primera vez desde el año 2016 que el nivel federal corresponde al segundo lugar en agresiones, siendo comúnmente el último lugar.

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19 julio, 2023

Periodistas clausuran simbólicamente sede de Guerrero en la Ciudad de México

Fotos: Desinformémonos

Redacción/Desinformémonos

Ciudad de México | Desinformémonos. Periodistas e integrantes del gremio clausuraron simbólicamente las oficinas de la sede de Guerrero en la Ciudad de México para exigir justicia por el reportero Nelson Matus, asesinado el pasado 15 de julio en Acapulco, y denunciar la situación de violencia que expone a los comunicadores a desapariciones forzadas, ataques por parte de funcionarios, «entre otras amenazas, desplazamientos y arbitrariedades que se suman a un contexto precario y de muerte».

«A menos de un año de que culmine el gobierno actual, encabezado por Andrés Manuel López Obrador, denunciamos con profunda tristeza, indignación y rabia que los crímenes contra periodistas no cesan. No hay garantías para ejercer la libertad de prensa», señalaron los periodistas, que portaban fotografías de Matus y carteles con exigencias de justicia y protección a la prensa.

Precisaron que con el asesinato de Matus, quien en 2019 ya había sido víctima de un atentado en su contra, «en el actual gobierno ya suman 49 crímenes» hacia periodistas, sin que los delitos hayan sido investigados y sin que exista un plan de prevención frente a esta violencia específica a la prensa.

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22 junio, 2023

Organizaciones, personas defensoras de derechos humanos y periodistas alertan sobre clima hostil contra la prensa en Chiapas

EspacioOSC

Ciudad de México, a 20 de junio de 2023.- Las organizaciones, redes de periodistas, medios, personas defensoras de derechos humanos y periodistas abajo firmantes expresamos nuestra preocupación por el clima hostil contra la prensa en el estado de Chiapas derivado del clima de violencia que se vive en diversas regiones de la entidad, principalmente por hechos relacionados con acciones de grupos armados y del crimen organizado.

Entre los hechos más recientes, se encuentra la colocación de mantas con mensajes intimidatorios contra la prensa en el municipio de Frontera Comalapa. Ante estas situaciones, las organizaciones llamamos al gobierno del estado de Chiapas a que se coordine con el gobierno federal para generar medidas preventivas y de protección contra la prensa.

El primero de junio la prensa reportó que presuntos integrantes de la delincuencia organizada colgaron mantas en cuatro puentes peatonales en el municipio de Frontera Comalapa, en donde se afirma que la prensa está siendo llevada por el ejército a cubrir en zonas de riesgo. Estas mismas mantas reaparecieron el pasado 10 de junio.

Asimismo, al menos tres periodistas entrevistados por las organizaciones firmantes, cuyas identidades se reservan por seguridad, reportaron amenazas, mensajes intimidatorios y otras situaciones de riesgo en el estado: Hay una situación generalizada en el estado, ahora fue en Frontera Comalapa, pero hay en otras zonas episodios de violencia vinculados a presuntos grupos de la delincuencia organizada y otros grupos armados que nos colocan en riesgo en nuestras coberturas.

Las comunicaciones y agresiones documentadas son parte de una estrategia de intimidación presuntamente de estos grupos que busca censurar a la prensa y la orilla a dejar de cubrir zonas o temáticas en específico, violentando su derecho a la libertad de expresión y acceso a la información. Según información pública, particularmente en la zona fronteriza, la entidad ha experimentado un agravamiento en las dinámicas de seguridad debido a la presencia de algunos cárteles como el cártel del Pacífico y Jalisco Nueva Generación (CJNG), así como de otros grupos transfronterizos como Los Huistas y la Mara Salvatrucha.

En el 2022, la organización ARTICLE 19 documentó 31 agresiones contra la prensa en Chiapas, un promedio de 2.5 al mes, lo cual es el número más alto de agresiones documentadas en el estado desde que la organización documenta la violencia contra la prensa. Esto colocó a la entidad federativa en el noveno puesto de agresiones contra periodistas y medios en el país. Dado que 1 de cada 3 de las agresiones en Chiapas en el 2022 fueron directamente perpetradas por grupos de delincuencia organizada, esta violencia representa una grave alerta para el ejercicio periodístico en Chiapas. Asimismo, la organización alerta que el año pasado se duplicaron las agresiones contra la prensa en el país, pasando de 42 a 86 casos documentados.

Por su parte, Comunicación e Información de la Mujer A.C. ha documentando durante esta administración que las mujeres periodistas son sujetas a atentados cuando realizan investigaciones sobre seguridad o informan de actos de violación a derechos humanos en contra de personas migrantes y movimientos sociales, particularmente en las comunidades donde hay presencia del crimen organizado. El impacto de la violencia sociopolítica en el contexto de la labor de las periodistas se ejerce porque no hay garantías de protección ni de acceso a la justicia, lo cual ha ocasionado el desplazamiento de por lo menos dos periodistas en esta entidad.

Las organizaciones firmantes recordamos a las autoridades que, de acuerdo con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el Estado Mexicano tiene la obligación de adoptar medidas para prevenir la violencia contra periodistas y trabajadores de los medios de comunicación y proteger ante situaciones de riesgo elevado, aún cuando el Estado no es el perpetrador de éstas: En aquellos países o regiones en las cuales los y las periodistas se encuentran en una situación de especial vulnerabilidad por el contexto de violencia dirigida contra este grupo de personas, el Estado tiene una responsabilidad reforzada en sus obligaciones de prevención y protección.

En vista de lo anterior, las organizaciones, redes de periodistas, medios, personas defensoras de derechos humanos y periodistas firmantes exigimos al gobierno del estado de Chiapas:

Se coordine con la Secretaría de Gobernación, particularmente con la Unidad de Prevención, Seguimiento y Análisis del Mecanismo de Protección a Personas Defensoras y Periodistas para tomar medidas preventivas y reducir el riesgo que vive la prensa en la entidad.
Construya acciones de prevención como la emisión de alertas tempranas en las entidades que presentan un incremento de frecuencia e intensidad en los atentados contra periodistas por parte de grupos de crimen organizado, así como la falta o poca capacidad de reacción de las autoridades locales.
Asimismo, ante la complejidad de actores y violencia en zonas de conflicto, las organizaciones firmantes llamamos a generar una política pública integral de prevención y protección a periodistas.

Organizaciones y redes defensoras de derechos humanos: ARTICLE 19 – Oficina México y Centroamérica, Comunicación e Información de la Mujer AC (CIMAC), Aluna Acompañamiento Psicosocial, Centro de Derechos Humanos Fray Matías de Córdova AC, Centro de Estudios Indígenas Xojob Lum AC, Centro Solidario Tsomanotik, Comité de víctimas 9N/Cancún Q. Roo, Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ), Cooperativa Taller Hormiga, El Rebozo, Cuidado de la Vida y los territorios, Espacio OSC para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, Iniciativa Sinaloa AC, Red Nacional de Defensoras de DH en México, Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos «Todos los Derechos para Todas y Todos» (Red TDT), Red Solidaria de Derechos Humanos A.C.Unión de Comunidades Indígenas de la Zona Norte del Istmo UCIZONI, Veredas Psicosociales A. C.

Redes de periodistas y medios:

Alianza de Medios de la Red Periodistas de a Pie, Amapola/Guerrero, Colectivo por la Libertad de Expresión de Guanajuato, El Muro MX, Istmo Press/Oaxaca, La Marea/Veracruz, Lado B/Puebla, Letra Fría, Macollo Red de Medios de Independientes de Jalisco, Mujeres Periodistas de Chiapas, Noroeste/Sinaloa, Página 3/Oaxaca, Perimetral Press, Raíchali/Chihuahua, Red Baja California Sur de Periodistas, Red Internacional de Periodistas con Visión de Género, Red de Mujeres Periodistas de Oaxaca (RedMPO), Red de Periodistas de Quintana Roo, Red de Periodistas del Noreste de México, Red de Periodistas Guerrerenses con Visión de Género, Red de Periodistas y Personas Defensoras de Derechos Humanos del Estado de Sinaloa, Red Nacional de Periodistas, Red Periodistas de a Pie, Red Puebla de Periodistas, Revista Espejo/Sinaloa, Somos Periodistas (Yucatán), ZonaDocs

Periodistas y personas defensoras de derechos humanos: Adrian López, Alejandra C.Parás, Antonio Mundaca, Arnoldo Cuéllar / PopLab, Aura Silva Aragón, Beatríz García, Carmen Aggi, Claudia I. Espinosa Díaz, Dalia Souza, Darwin Franco, Diana Manzo, Ernesto Aroche, Gladys Navarro, Jade Ramírez / Jalisco, Jaime Armendáriz / Chihuahua, Karen Rojas Kauffmann, Mario Andrés Hurtado, Marcos Girón Hernández, Maria Elena Garcia Oronzor, Patricia Mayorga Ordóñez, Paulina Ríos, Pedro Matías, Rodrigo Soberanes, Susana Rodríguez / Jalisco.

Contacto para medios:

Espacioosc@gmail.com +52 444 4340797

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18 mayo, 202319 mayo, 2023

Presentan Manual de Políticas Públicas de Protección para defensoras de Derechos Humanos en México

Foto:Cimacnoticias

Diana Hernández Gómez/Cimacnoticias

Ciudad de México.- Este jueves 19 de mayo fue presentado por el Espacio OSC, una Propuesta de Manual de Políticas Públicas de Protección para personas defensoras de Derechos Humanos y periodistas donde reúne los puntos clave que debería incluir un mecanismo de protección completo para personas defensoras de derechos humanos y periodistas que ejercen la libertad de expresión.

La propuesta fue presentada también por Artículo 19 durante la segunda jornada del Seminario Internacional por el Derecho a Defender. Durante la presentación, la investigadora Silvia Ruiz explicó que el manual fue creado tras cuatro encuentros regionales a los que acudieron periodistas, activistas y personas defensoras de derechos humanos. La organización de estas reuniones corrió por cuenta de Espacio OSC, y el financiamiento estuvo a cargo de la Unión Europea y de la iniciativa alemana Pan para el mundo.

Es importante señalar que en México se ha exigido tener vigentes mecanismos locales y federales para proteger a mujeres periodistas y defensoras de derechos humanos, porque continúan enfrentándose a diferentes tipos de violencia como la desaparición forzada, los feminicidios y la tortura. Ante estas circunstancias, las comunicadoras y las mujeres que defienden a otras mujeres, a sus comunidades y a sus territorios exigen mecanismos de protección adecuados para sus contextos particulares. Y organizaciones como Artículo 19 y Comunicación e Información de la Mujer AC (CIMAC) respaldan esta exigencia.

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27 enero, 202327 enero, 2023

Artículo 19 condena “estigmatización” de AMLO contra periodistas

Imagen: Twitter @article19mex

La Redacción/Proceso

El martes 24 de enero se cumplieron 8 años del asesinato de Moisés Sánchez, quien fue hallado sin vida en 2015. Su hijo y también periodista, Jorge Sánchez, acudió a la mañanera en dos ocasiones para pedir al presidente atención en el caso.

CIUDAD DE MÉXICO (apro).-La organización Artículo 19 lamentó los dichos del presidente Andrés Manuel López Obrador contra la prensa, luego de que el reportero Jorge Sánchez, hijo de Moisés Sánchez, periodista que fue asesinado hace ocho años en Veracruz, demandó al mandatario reunirse con familiares de periodistas asesinados en Veracruz.

“Después de que el presidente lo invitó a volver a la conferencia del día de hoy, la respuesta a Jorge Sánchez fue la descalificación, la revictimización y la desinformación”, expresó la organización en un comunicado.

Durante la conferencia matutina de este jueves, Sánchez pidió una audiencia con el mandatario.

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20 octubre, 2022

Ismael Bojórquez y Pavla Holcová ganan el Premio Allard 2022

Imagen tomada de Ríodoce

Redacción/Ríodoce

Ismael Bojórquez Perea, director de Ríodoce y la periodista checa Pavla Holcová fueron elegidos como ganadores del Premio Allard a la Integridad Internacional 2022.

El galardón que otorga la Universidad de Columbia Británica, que se ubica en Vancouver, Canadá y que es financiado con donaciones de Peter A. Allard, está dedicado a la defensa de los derechos humanos y la lucha contra la corrupción.

Durante la ceremonia virtual realizada este miércoles, el jurado calificador determinó que Bojórquez Perea y Holcová son merecedores del galardón, en el que también fue finalista el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ por sus siglas en inglés).

El Comité eligió a los tres finalistas de entre 279 nominados de 78 países.

Durante su intervención, Bojórquez Perea dedicó el premio a Javier Valdez, asesinado el 15 de mayo de 2017 en Culiacán, así como a los periodistas víctimas de la violencia y al semanario Ríodoce.

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22 julio, 2022

Personas defensoras y periodistas hacen un llamado a tomar acciones urgentes ante la violencia que enfrentan en Chihuahua

Espacio OSC

Ciudad de México / Chihuahua, 21 de julio de 2022.

Los días 19 y 20 de julio se llevó a cabo en la ciudad de Chihuahua, el noveno diálogo estatal para impulsar una Iniciativa de Ley General de Prevención y Protección ante Agravios a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, convocado por la Subsecretaría de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación, en el que participaron representantes del Gobierno del Estado de Chihuahua, la Fiscalía Especializada de violaciones a los derechos humanos y desaparición forzada, la Unidad Estatal de Protección a Personas Defensoras y Periodistas de Chihuahua, la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH), organizaciones de la sociedad civil, personas defensoras de derechos humanos y periodistas.

Este es el noveno diálogo que se suma a los realizados en la Ciudad de México, Oaxaca, Sonora, Nayarit, Morelos, Baja California, Jalisco y Michoacán, los cuales tienen el objetivo de debatir sobre los elementos que debería contemplar una Ley General de Protección, pero enfatizando las necesidades específicas del contexto, en este caso del estado de Chihuahua.

Durante el evento las personas defensoras de derechos humanos y periodistas resaltaron que los altos índices de violencia para frenar su labor provienen principalmente por funcionarios públicos a nivel estatal y municipal, que directa e indirectamente y en colusión con grupos criminales obstaculizan su labor mediante agresiones, entre las cuales destacaron: homicidios, amenazas, agresiones físicas y digitales, desaparición forzada, desplazamiento forzado interno, campañas para denostar su trabajo, detenciones arbitrarias, hasta el cierre de espacios de participación.

Estas violaciones han generado falta de confianza en las instituciones de gobierno estatal, por lo que se insistió en que si bien las instancias municipales y estatales tienen el deber de garantizar su seguridad y protección, estas no pueden quedar a su cargo por ser las principales agresoras/es y fuentes de riesgo para personas defensoras y periodistas. Ante este panorama, hicieron hincapié en la necesidad de que las instancias estatales y el Mecanismo Federal generen acciones de capacitación dirigidas a las instancias municipales de gobierno y seguridad pública, así como promover sanciones administrativas, penales y políticas frente a los agravios que estos cometan. De igual manera personas beneficiarias del Mecanismo de Protección instaron a la Secretaría de Gobernación, a revisar las medidas y planes de protección y esclarecer cómo se tramitarán sus solicitudes de incorporación en situaciones de riesgo, tanto individuales y colectivas, y las dependencias encargadas de su protección.

Las y los participantes lamentaron la falta de difusión de la convocatoria para participar en el diálogo, y por ende la ausencia de periodistas e integrantes de pueblos originarios y comunidades rurales, quienes son de las principales poblaciones que enfrentan agresiones por ejercer su derecho a defender derechos humanos. Ante el descontento y exigencia de parte del gremio periodístico, Enrique Irazoque, Titular de la Unidad de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, se comprometió a fortalecer la convocatoría e invitación a otro espacio de discusión sobre la propuesta de Ley en Chihuahua, para el próximo 23 de agosto, en coordinación con las instancias estatales.

Por último, hicieron énfasis en la urgencia de establecer claridad en la responsabilidad técnica y política del gobierno estatal, así como construir acciones que reconozcan, garanticen, y fortalezcan la labor que realizan personas defensoras de derechos humanos y periodistas; generar acciones eficaces para la investigación, sanción y erradicación de la impunidad en los delitos; a seguir fortaleciendo el Mecanismo Federal de Protección a través del cumplimiento de las recomendaciones emitidas en el Diagnóstico de la ONU-DH y por parte de organizaciones de la sociedad civil, el fortalecimiento de la Unidad Estatal de Protección y su coordinación con la federación; así como de posibilitar la real participación de las personas defensoras y periodistas durante todo el proceso de discusión, elaboración e implementación de las acciones de protección, para garantizar que sus demandas sean recuperadas en la iniciativa de Ley y en el fortalecimiento del Mecanismo de Protección.

Para medios

@EspacioOsc

contacto@espacio.osc.mx

Espacio OSC para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas conformado por:

ARTICLE 19; Casa del Migrante Saltillo; Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA); Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan; Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero (CDHZL); Centro Nacional de Comunicación Social (Cencos); Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH); Comunicación e Información de la Mujer A.C. (CIMAC); Consorcio Para el Diálogo Parlamentario y Equidad, Oaxaca A.C; Instituto de Derecho Ambiental A.C. (IDEA); JASS Asociadas por lo Justo; Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todas y Todos (RedTDT); SMR Scalabrinianas, Misión con Migrantes y Refugiados; Servicios y Asesoría para la Paz (Serapaz); El Espacio OSC está acompañado por Brigadas Internacionales de Paz (PBI).

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9 julio, 2022

Tras agresiones, exigen garantizar protección a defensores y periodistas en Jalisco

Foto: La Jornada

Redacción/Desinformémonos

Ciudad de México | Desinformémonos. Ante las agresiones contra la defensora Sandra Quiñones y la periodista Susana M. Carreño en Jalisco, organizaciones de derechos humanos denunciaron la omisión de las autoridades para atender la violencia y exigieron al gobierno estatal garantizar la libertad, seguridad y protección de las víctimas.

«El contexto de violencia existente en el estado derivado de múltiples factores y la falta de actuación diligente y oportuna por parte de la Fiscalía Estatal ahondan la situación de riesgo en la que defensoras y periodistas día a día realizan sus actividades de acompañamiento y representación de víctimas, así como de investigación y transmisión de información a la población», señalaron las organizaciones en un comunicado.

Recordaron que en Jalisco en 2020 fueron cometidas 52 agresiones en contra de defensoras y periodistas, en 2021 se reportaron 41 y de enero a mayo de 2022 se registraron cinco, de acuerdo con datos de la Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en México.

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2 junio, 2022

Urgen a autoridades de Jalisco tomar acciones concretas para garantizar la labor de periodistas y personas defensoras de derechos humanos

Espacio OSC

Ciudad de México / Guadalajara, 01 de junio de 2022

Los días 30 y 31 de mayo se llevó a cabo en la ciudad de Guadalajara, Jalisco el séptimo diálogo estatal para impulsar una Iniciativa de Ley General de Prevención y Protección ante Agravios a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, convocado por la Subsecretaría de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación en el que participaron representantes de la Secretaría de Gobierno del Estado de Jalisco, del Congreso local, la Comisión Estatal de Derechos Humanos, Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas, organizaciones de la sociedad civil, personas defensoras de derechos humanos y periodistas.

Este diálogo se suma a los realizados en la Ciudad de México, Oaxaca, Sonora, Nayarit, Morelos y Baja California con el objetivo de debatir sobre los elementos que debería contemplar una Ley General de Protección, ahora en el contexto específico de Jalisco.

Durante la discusión, las personas defensoras y periodistas resaltaron que Jalisco es el estado del país con mayor número de personas desaparecidas, feminicidios y violencia contra las mujeres, en las que se destaca la impunidad y falta de sanción de estos delitos sobre las y los responsables. A su vez, hicieron mención que dentro de los riesgos que están expuestas por su labor de defensa de derechos humanos y del ejercicio de libertad de expresión, se encuentran, ataques a la vida e integridad, discursos de odio y campañas de desprestigio, agresiones físicas y digitales, despojo de tierras, amenazas, y falta de transparencia. Estos fueron algunos de los obstáculos y riesgos diferenciados a nivel estatal señalados que enfrentan mujeres periodistas, colectivos de búsqueda de personas desaparecidas, atención y protección de la población migrante, de defensa del agua, el territorio y el medio ambiente y personas defensoras de la diversidad sexual.

Muchas de esas violaciones a derechos humanos y obstáculos a la labor son cometidas y promovidas por parte de funcionarias o funcionarios públicos de manera directa e indirecta, así como en colusión con el crimen organizado. Esto ha generado una falta de confianza sobre las instituciones de gobierno estatales, que se evidenció durante el diálogo por las y los participantes, al hacer énfasis en que su seguridad y protección no pueden quedar en manos de las instancias locales de gobierno, quienes son las principales agresoras/es de personas defensoras y periodistas y no investigan ni sancionan a las y los responsables. Ante eso, las y los participantes lamentaron la falta de permanencia durante todo el diálogo de funcionarias/os públicos que tienen deber de protección, como fue el caso del Secretario General de Gobierno de Jalisco, la Subsecretaria de Derechos Humanos y el Fiscal General del Estado de Jalisco.

Asimismo, demandaron mayor transparencia y difusión sobre el catálogo de medidas reciente aprobado por la Secretaría de Gobernación Federal durante el mes de mayo, así como el funcionamiento de la Ley de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas de Jalisco, emitida en 2016, la cual fue emitida sin consulta de las personas defensoras y periodistas, y pese a contar con una Consejo Ciudadano, así como atribuciones específicas de instancias estatales, persiste la opacidad en cuanto su implementación, informes sobre el funcionamiento del mecanismo estatal y sobre las acciones de coordinación entre esta y la Federación.

De igual forma, manifestaron la necesidad de realizar más acciones de seguimiento y respaldo político a la labor de personas defensoras y periodistas a nivel estatal, así como de contar con perfiles idóneos de las y los servidores que dan atención en el mecanismo de protección, fiscalías, comisiones de atención a víctimas y comisiones de derechos humanos a nivel estatal, con procedimientos claros, instituciones obligadas, recursos humanos y financieros suficientes.

Respecto a las demandas, Enrique Irazoque, Titular de la Unidad de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación mencionó que publicarán el catálogo de medidas establecidas en el reciente anexo técnico firmado con vigencia a diciembre del presente año, y de abrir un espacio de análisis de evaluación del catalogo medidas y su implementación junto con personas defensoras, periodistas y organizaciones de la sociedad civil.

Las personas asistentes hicieron énfasis en la necesidad de reconocer la labor que realizan personas defensoras de derechos humanos y periodistas, e hicieron un llamado a generar acciones eficaces para la investigación, sanción y erradicación de la impunidad en los delitos. Por tanto, destacaron las organizaciones, colectivos/as de derechos humanos, personas defensoras y periodistas, la urgencia de fortalecer al Mecanismo Federal e implementar acciones urgentes ante la grave situación de violencia y falta de garantías para ejercer el derecho a defender derechos humanos y de libertad de expresión en Jalisco. Además llamaron a seguir fortaleciendo a nivel interno las redes entre personas defensoras y periodistas a nivel estatal, en especial de quienes realizan su labor en zonas de mayor riesgo en el estado de Jalisco, mismas que son fundamentales para la construcción de una ruta y agenda más amplia entre organizaciones y movimientos sociales que defienden derechos humanos.

Para medios:

@EspacioOsc

contacto@espacio.osc.mx

Espacio OSC para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas conformado por:

Otras organizaciones, colectivos y personas firmantes:

Colectivo Defendamos El Cerro de la Reina, Tonalá. Jalisco, Colectivo Foco Tonal, Santa Cruz de las Huertas, Tonalá. Jalisco, Colectivo Unido por Jardines de La Paz y Colonias Aledañas, A.C, Conciencia y Acción México AC, Colectivo Luz de Esperanza Desaparecidos Jalisco, Por Nuestros Niños A.C, Colectica Feminista Abuelas Brujas y Sabias, Centro de Justicia Para la Paz y el Desarrollo, A. C. (CEPAD), Colectivo Unido por Jardines de la Paz y colonias aledañas, A. C,, Tsikini Asociación Civil, Belinda Aceves Becerra, Gabriela Karina Cervantes Fuentes, Josefina Ramírez Gómez, Héctor Rodolfo Flores González, Maria Antonieta Flores Astorga, Leticia López Salinas, Sergio Gilberto Morales Hernández, Defensor SocioAmbiental & DDHH/ Periodista Independiente, Patricia Alvarado.

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25 mayo, 2022

Espacio OSC llama a no debilitar a la Junta de Gobierno del Mecanismo de Protección y a fortalecer la participación de la sociedad civil

Espacio OSC

México a 25 de mayo de 2022

Las organizaciones que conforman al colectivo Espacio OSC y que realizan acompañamiento a personas defensoras y periodistas ante el Mecanismo Federal de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas (en adelante Mecanismo), observamos con preocupación el debilitamiento político de la Junta de Gobierno del Mecanismo, la cual es la instancia máxima y el principal órgano de toma de decisiones para la prevención y protección de personas defensoras de derechos humanos y periodistas.

Tal como lo comunicó el Consejo Consultivo en un boletín, durante la Centésima Séptima Sesión Ordinaria de la Junta de Gobierno, la Secretaría de Gobernación (SEGOB), quien funge como titular de la Coordinación Ejecutiva Nacional (CEN) del Mecanismo, anunció la aprobación unilateral e irregular de un nuevo contrato con la empresa RCU Sistemas S.A. de C.V. Es importante recordar que esta empresa opera el catálogo de medidas de protección que son dictaminadas por el Mecanismo para proteger a personas defensoras y periodistas que se encuentran en riesgo por ejercer la defensa y promoción de los derechos humanos y el derecho a la libertad de expresión.

La toma de decisiones unilaterales por parte de la Secretaría de Gobernación resulta arbitraria ya que la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas establece, en su artículo 4, que La Junta de Gobierno es la instancia máxima del Mecanismo y principal órgano de toma de decisiones para la prevención y protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas. Por tanto, carece de sustento la decisión adoptada por la SEGOB al confundir la atribución de administrar los recursos presupuestales, con la de celebrar y suscribir convenios, que recaen en el órgano máximo del Mecanismo.

Además, dentro de las atribuciones dadas a la Junta de Gobierno, en el artículo 8 fracción VI, se establece la de Celebrar, propiciar y garantizar, a través de la Coordinación, convenios de coordinación y cooperación con las autoridades federales, entidades federativas, órganos públicos u organizaciones dedicadas a la defensa de los derechos humanos y la libertad de expresión nacionales o internacionales, así como con personas y organizaciones sociales y privadas para la instrumentación de los objetivos del Mecanismo.

La no integración de las instancias que conforman a la Junta de Gobierno es un retroceso en su composición horizontal y en la capacidad de deliberación e interacción entre instituciones gubernamentales y personas expertas en materia de derechos humanos y de libertad de expresión. Esto también afecta la transparencia y rendición de cuentas, así como el fortalecimiento de los planes de protección.

Durante el año 2019, el Espacio OSC, junto con periodistas y personas defensoras beneficiarias, impulsamos la creación de un catálogo de medidas complementarias a partir de un enfoque de derechos humanos, colectivo, comunitario y con perspectiva de género. Esto, con el objetivo de mejorar y actualizar las medidas que conforman los planes de protección desde una perspectiva integral.

La falta de conocimiento de este nuevo instrumento, así como la ausencia de participación de la sociedad civil, debilita a las personas defensoras y periodistas en los temas que les afectan y deja en evidencia la poca apertura por la Secretaría de Gobernación para escuchar las voces de quienes viven las violencias.

Consideramos que la integración de todos los actores en la gobernanza de la política pública de protección para personas defensoras y periodistas no es una elección, sino es una medida necesaria y esencial para el reconocimiento de las personas defensoras y periodistas como sujetos de derechos y no sólo objeto de protección. De la misma forma, esto permitirá conseguir resultados palpables de una política pública integral que pueda contrarrestar los efectos del contexto de violencia, inseguridad e impunidad.

Ante esto, nos unimos a la preocupación externada por el Consejo Consultivo del Mecanismo y hacemos un llamado a la Secretaría de Gobernación para que, a través de la CEN, se respete y fortalezca la gobernanza y autonomía de la Junta de Gobierno para la toma de decisiones del funcionamiento del Mecanismo.

También llamamos a la Fiscalía General de la República, Comisión Nacional de Derechos Humanos, Secretaría de Seguridad Pública y Ciudadana y Secretaría de Relaciones Exteriores a fortalecer su participación dentro de la Junta de Gobierno del Mecanismo. Consideramos que las acciones unilaterales atentan contra los valores democráticos de la Junta de Gobierno e impactan de manera negativa en las personas beneficiarias. Por ello, velamos por acciones proactivas y coordinadas frente a la violencia imperante contra personas defensoras y periodistas.

Espacio OSC para la protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas

ARTICLE 19 México y Centroamérica; Casa del Migrante Saltillo; Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA); Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan; Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero (CDHZL); Centro Nacional de Comunicación Social (Cencos); Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH); Comunicación e Información de la Mujer A.C. (CIMAC); Consorcio Para el Diálogo Parlamentario y Equidad, Oaxaca A.C; Instituto de Derecho Ambiental A.C. (IDEA); JASS Asociadas por lo Justo; Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todas y Todos” (RedTDT); SMR Scalabrinianas, Misión con Migrantes y Refugiados; Servicios y Asesoría para la Paz (Serapaz). El Espacio OSC está acompañado por Brigadas Internacionales de Paz (PBI).

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