Iniciativa de Ley General de Prevención y Protección ante Agravios a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas – Centro Nacional de Comunicación Social AC

2 junio, 2022

Urgen a autoridades de Jalisco tomar acciones concretas para garantizar la labor de periodistas y personas defensoras de derechos humanos

Espacio OSC

Ciudad de México / Guadalajara, 01 de junio de 2022

Los días 30 y 31 de mayo se llevó a cabo en la ciudad de Guadalajara, Jalisco el séptimo diálogo estatal para impulsar una Iniciativa de Ley General de Prevención y Protección ante Agravios a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, convocado por la Subsecretaría de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación en el que participaron representantes de la Secretaría de Gobierno del Estado de Jalisco, del Congreso local, la Comisión Estatal de Derechos Humanos, Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas, organizaciones de la sociedad civil, personas defensoras de derechos humanos y periodistas.

Este diálogo se suma a los realizados en la Ciudad de México, Oaxaca, Sonora, Nayarit, Morelos y Baja California con el objetivo de debatir sobre los elementos que debería contemplar una Ley General de Protección, ahora en el contexto específico de Jalisco.

Durante la discusión, las personas defensoras y periodistas resaltaron que Jalisco es el estado del país con mayor número de personas desaparecidas, feminicidios y violencia contra las mujeres, en las que se destaca la impunidad y falta de sanción de estos delitos sobre las y los responsables. A su vez, hicieron mención que dentro de los riesgos que están expuestas por su labor de defensa de derechos humanos y del ejercicio de libertad de expresión, se encuentran, ataques a la vida e integridad, discursos de odio y campañas de desprestigio, agresiones físicas y digitales, despojo de tierras, amenazas, y falta de transparencia. Estos fueron algunos de los obstáculos y riesgos diferenciados a nivel estatal señalados que enfrentan mujeres periodistas, colectivos de búsqueda de personas desaparecidas, atención y protección de la población migrante, de defensa del agua, el territorio y el medio ambiente y personas defensoras de la diversidad sexual.

Muchas de esas violaciones a derechos humanos y obstáculos a la labor son cometidas y promovidas por parte de funcionarias o funcionarios públicos de manera directa e indirecta, así como en colusión con el crimen organizado. Esto ha generado una falta de confianza sobre las instituciones de gobierno estatales, que se evidenció durante el diálogo por las y los participantes, al hacer énfasis en que su seguridad y protección no pueden quedar en manos de las instancias locales de gobierno, quienes son las principales agresoras/es de personas defensoras y periodistas y no investigan ni sancionan a las y los responsables. Ante eso, las y los participantes lamentaron la falta de permanencia durante todo el diálogo de funcionarias/os públicos que tienen deber de protección, como fue el caso del Secretario General de Gobierno de Jalisco, la Subsecretaria de Derechos Humanos y el Fiscal General del Estado de Jalisco.

Asimismo, demandaron mayor transparencia y difusión sobre el catálogo de medidas reciente aprobado por la Secretaría de Gobernación Federal durante el mes de mayo, así como el funcionamiento de la Ley de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas de Jalisco, emitida en 2016, la cual fue emitida sin consulta de las personas defensoras y periodistas, y pese a contar con una Consejo Ciudadano, así como atribuciones específicas de instancias estatales, persiste la opacidad en cuanto su implementación, informes sobre el funcionamiento del mecanismo estatal y sobre las acciones de coordinación entre esta y la Federación.

De igual forma, manifestaron la necesidad de realizar más acciones de seguimiento y respaldo político a la labor de personas defensoras y periodistas a nivel estatal, así como de contar con perfiles idóneos de las y los servidores que dan atención en el mecanismo de protección, fiscalías, comisiones de atención a víctimas y comisiones de derechos humanos a nivel estatal, con procedimientos claros, instituciones obligadas, recursos humanos y financieros suficientes.

Respecto a las demandas, Enrique Irazoque, Titular de la Unidad de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación mencionó que publicarán el catálogo de medidas establecidas en el reciente anexo técnico firmado con vigencia a diciembre del presente año, y de abrir un espacio de análisis de evaluación del catalogo medidas y su implementación junto con personas defensoras, periodistas y organizaciones de la sociedad civil.

Las personas asistentes hicieron énfasis en la necesidad de reconocer la labor que realizan personas defensoras de derechos humanos y periodistas, e hicieron un llamado a generar acciones eficaces para la investigación, sanción y erradicación de la impunidad en los delitos. Por tanto, destacaron las organizaciones, colectivos/as de derechos humanos, personas defensoras y periodistas, la urgencia de fortalecer al Mecanismo Federal e implementar acciones urgentes ante la grave situación de violencia y falta de garantías para ejercer el derecho a defender derechos humanos y de libertad de expresión en Jalisco. Además llamaron a seguir fortaleciendo a nivel interno las redes entre personas defensoras y periodistas a nivel estatal, en especial de quienes realizan su labor en zonas de mayor riesgo en el estado de Jalisco, mismas que son fundamentales para la construcción de una ruta y agenda más amplia entre organizaciones y movimientos sociales que defienden derechos humanos.

Para medios:

@EspacioOsc

contacto@espacio.osc.mx

Espacio OSC para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas conformado por:

ARTICLE 19; Casa del Migrante Saltillo; Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA); Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan; Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero (CDHZL); Centro Nacional de Comunicación Social (Cencos); Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH); Comunicación e Información de la Mujer A.C. (CIMAC); Consorcio Para el Diálogo Parlamentario y Equidad, Oaxaca A.C; Instituto de Derecho Ambiental A.C. (IDEA); JASS Asociadas por lo Justo; Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todas y Todos (RedTDT); SMR Scalabrinianas, Misión con Migrantes y Refugiados; Servicios y Asesoría para la Paz (Serapaz); El Espacio OSC está acompañado por Brigadas Internacionales de Paz (PBI).

Otras organizaciones, colectivos y personas firmantes:

Colectivo Defendamos El Cerro de la Reina, Tonalá. Jalisco, Colectivo Foco Tonal, Santa Cruz de las Huertas, Tonalá. Jalisco, Colectivo Unido por Jardines de La Paz y Colonias Aledañas, A.C, Conciencia y Acción México AC, Colectivo Luz de Esperanza Desaparecidos Jalisco, Por Nuestros Niños A.C, Colectica Feminista Abuelas Brujas y Sabias, Centro de Justicia Para la Paz y el Desarrollo, A. C. (CEPAD), Colectivo Unido por Jardines de la Paz y colonias aledañas, A. C,, Tsikini Asociación Civil, Belinda Aceves Becerra, Gabriela Karina Cervantes Fuentes, Josefina Ramírez Gómez, Héctor Rodolfo Flores González, Maria Antonieta Flores Astorga, Leticia López Salinas, Sergio Gilberto Morales Hernández, Defensor SocioAmbiental & DDHH/ Periodista Independiente, Patricia Alvarado.

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19 mayo, 2022

Urgen a autoridades tomar acciones que garanticen la labor de periodistas y personas defensoras de derechos humanos en Baja California

Espacio OSC

Urgen a autoridades tomar acciones que garanticen la labor de periodistas y personas defensoras de derechos humanos en Baja California

Personas defensoras y periodistas logran acuerdo sobre la generación de acciones de capacitación y mesas de trabajo para construir una agenda local con Gobierno Federal y Estatal

Urge dar difusión a los lineamientos del Mecanismo Estatal de Protección y otorgar capacidades técnicas y financieras suficientes para su funcionamiento

Ciudad de México / Tijuana, 19 de mayo de 2022.

Los días 17 y 18 de mayo se llevó a cabo en la ciudad de Tijuana, Baja California el sexto diálogo estatal para impulsar una Iniciativa de Ley General de Prevención y Protección ante Agravios a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, convocado por la Subsecretaría de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación en el que participaron representantes de Gobierno del Estado de Baja California, del Congreso local del estado, la Comisión Estatal y Nacional de Derechos Humanos, organizaciones de la sociedad civil, personas defensoras de derechos humanos y periodistas.

Este diálogo se suma a los realizados en la Ciudad de México, Oaxaca, Sonora, Nayarit y Morelos, con el objetivo de debatir sobre los elementos que debería contemplar una Ley General de Protección, ahora en el contexto específico de Baja California.

Durante la discusión, las personas defensoras y periodistas condenaron los asesinatos cometidos en Baja California durante 2022, siendo los más recientes el asesinato de el foto periodista Margarito Martinez y la periodista Lourdes Maldonado, ocurridos los días 17 y 23 de enero, respectivamente, en Tijuana.

Ataques a la vida e integridad, acciones de racismo y xenofobia, discursos de odio, agresiones físicas y digitales, despojo de tierras, amenazas, campañas de desprestigio y falta de transparencia son algunos de los obstáculos y riesgos diferenciados que enfrentan mujeres periodistas, colectivos de búsqueda, atención y protección de la población migrante, de defensa del agua, el territorio y el medio ambiente.

Muchas de esas violaciones a derechos humanos y obstáculos a la labor son cometidas y promovidas por parte de funcionarias o funcionarios públicos de manera directa e indirecta, así como en colusión con el crimen organizado. Además señalaron que la falta de investigación e impunidad son otra forma de violencia que limita la labor, al no sancionar los delitos cometidos en contra de personas defensoras y periodistas.

De igual forma, manifestaron la necesidad de contar con perfiles idóneos de las y los servidores que dan atención en el mecanismo de protección, fiscalías, comisiones de atención a víctimas y comisiones de derechos humanos del nivel federal y estatal, procedimientos claros, flujogramas con tiempos e instituciones obligadas, recursos humanos y financieros suficientes y un servicio profesional de carrera.

Las y los participantes lamentaron la falta de difusión de la convocatoria para que personas defensoras y periodistas de otros municipios participarán, lo que limitó su asistencia al diálogo presencial o vía remota. También cuestionaron la ausencia de funcionarias/os públicos que tienen un deber de protección, como el Secretario General de Gobierno de Baja California, la Fiscalía Estatal del Estado y la Comisión Estatal de Atención a Víctimas.

Asimismo, demandaron transparencia y mayor difusión sobre el funcionamiento del Mecanismo de Protección a Periodistas y Personas Defensoras de los Derechos Humanos recién instalado en Baja California. Respecto a las demandas, Enrique Irazoque, Titular de la Unidad de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación y Melba Adriana Olvera, Subsecretaria de Derechos Humanos de Baja California, se comprometieron en conjunto a dar difusión de los lineamientos y el Decreto de creación del Mecanismo Local e impulsar procesos de capacitación a las y los servidores públicos, personas defensoras y periodistas de Baja California.

Las personas asistentes hicieron énfasis en la necesidad de reconocer la labor que realizan personas defensoras de derechos humanos y periodistas e hicieron un llamado a generar acciones eficaces para la investigación, sanción y erradicación de la impunidad en los delitos, a través de la creación de oficinas estatales de la Fiscalía Especializada de Atención a Delitos cometidos en Contra de la Libertad de Expresión (FEADLE), para que el Estado atienda su deber de investigar y tenga en cuenta las particularidades del contexto de Baja California. Además invitaron a no caer en actos y discursos de odio que fomentan la estigmatización desde el Poder Ejecutivo Federal y Estatal.

Las organizaciones, colectivos/as de derechos humanos, personas defensoras y periodistas, hacemos un llamado a las instancias de Gobierno Federal y Estatal a implementar acciones urgentes ante la grave situación de violencia y falta de garantías para ejercer el derecho a defender derechos humanos y de libertad de expresión en Baja California. Además llamamos a seguir fortaleciendo los diálogos y consultas con comunidades rurales, indígenas y periodistas que realizan su labor en zonas de mayor riesgo en el estado, mismas que son fundamentales para la construcción de una ruta, creación e implementación de una política pública integral en Baja California y en el país.

Para medios: @EspacioOsc, contacto@espacio.osc.mx

Espacio OSC para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas conformado por: ARTICLE 19; Casa del Migrante Saltillo; Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA); Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan; Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero (CDHZL); Centro Nacional de Comunicación Social (Cencos); Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH); Comunicación e Información de la Mujer A.C. (CIMAC); Consorcio Para el Diálogo Parlamentario y Equidad, Oaxaca A.C; Instituto de Derecho Ambiental A.C. (IDEA); JASS Asociadas por lo Justo; Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todas y Todos (RedTDT); SMR Scalabrinianas, Misión con Migrantes y Refugiados; Servicios y Asesoría para la Paz (Serapaz); El Espacio OSC está acompañado por Brigadas Internacionales de Paz (PBI).

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28 marzo, 202228 marzo, 2022

Personas defensoras y periodistas de Morelos llaman a que protección no quede en manos de sus agresores

Espacio OSC

La poca difusión del evento y el cambio de sede con menos de 24 horas de anticipación mermó la participación al diálogo.

Manifiestan su desconfianza hacia instancias locales de los diversos niveles de gobierno para protegerlos.

A casi 5 años de la emisión de una ley de protección en Morelos, no se cuenta con un reglamento, ni recursos humanos y financieros para su operatividad.

Ciudad de México / Cuernavaca, 27 de marzo de 2022

Los días 24 y 25 de marzo se llevó a cabo en la Ciudad de Cuernavaca, Morelos el quinto diálogo para impulsar una Iniciativa de Ley General de Prevención y Protección ante Agravios a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, convocado por la Subsecretaría de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación en el que participaron representantes del Gobierno del Estado de Morelos, organizaciones de la sociedad civil, personas defensoras de derechos humanos y periodistas del estado.

Este diálogo, se suma a los realizados en la Ciudad de México, Oaxaca, Sonora y Nayarit, con el objetivo de debatir sobre los elementos que debería contemplar una Ley General de Protección para personas defensoras de derechos humanos y periodistas en el contexto específico de Morelos.

Al inicio se realizó una manifestación con listones negros y pancartas en donde denunciaron el asesinato de periodistas y personas defensoras en el estado y el país, además, exigieron justicia a tres años de impunidad por el asesinato de Samir Flores, comunicador y defensor quien denunciaba violaciones de derechos humanos y el impacto negativo sobre las comunidades el Proyecto Integral Morelos (PIM).

Posterior durante el diálogo personas defensoras de los derechos de las mujeres, derechos de la población LGBTIQ+, del medio ambiente, tierra y territorio, de los pueblos indígenas, periodistas, comunicadores y comunicadoras comunitarias, alertaron sobre los riesgos diferenciados y obstáculos que enfrentan para ejercer su labor; en particular, quienes defienden su territorio, los derechos de la diversidad sexual y el ejercicio periodístico, quienes son víctimas de ataques a la vida e integridad, agresiones físicas, amenazas, actos de hostigamiento, criminalización, campañas de desprestigio, desplazamiento forzado y falta de acceso a información.

También señalaron la falta de confianza y preocupación de que su seguridad quede en manos de instituciones estatales que no solo han incumplido su deber de protección, sino que son las principales fuentes de agresión a personas defensoras y periodistas, ya sea por ataques directos e indirectos cometidos y promovidos por parte de funcionarios, así como en colusión con grupos de delincuencia organizada.

De igual forma, manifestaron la falta de perfiles idóneos sobre funcionarios que dan atención en el mecanismo de protección, fiscalías, comisiones de atención a víctimas y comisiones de derechos humanos, del nivel federal y estatal, así como actos de corrupción, conflictos de interés, falta de coordinación interinstitucional, burocratización, ausencia de voluntad, falta de capacidades para garantizar su labor y de mecanismos de rendición de cuentas. Un ejemplo de eso es la ausencia de recursos humanos y financieros en diversas instancias de gobierno y la carencia de elementos de seguridad pública o agentes del ministerio público.

Señalaron que el marco normativo expedido en el año 2018 para la protección de personas defensoras y periodistas en Morelos tiene cuatro años de promulgación, pero no ha sido reglamentada y se desconocen las acciones llevadas a cabo para su implementación como falta de claridad de los procedimientos de funcionamiento, coordinación interinstitucional, atribuciones y responsabilidades de las instituciones y otorgamiento de recursos humanos y financieros para su puesta en marcha.

Además, por medio de la lectura de una carta firmada por el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua, Morelos, Puebla y Tlaxcala, las y los participantes lamentaron la falta de difusión de la convocatoria para participar en el diálogo y el cambio repentino de lugar del evento, lo cuál obstaculizó la participación de personas defensoras y periodistas, en particular de integrantes de pueblos originarios y comunidades rurales que se encuentran en zonas alejadas de la capital del estado, y quienes son las principales poblaciones que enfrentan agresiones en la entidad.

Hicieron mención a la necesidad de conocer un diagnóstico sobre el presupuesto, la infraestructura y alcances del Mecanismo federal y estatal, cuestionando la pertinencia de una nueva ley de carácter general a partir de las limitaciones y los problemas de implementación del actual marco normativo, y las carencias en la operación de Mecanismo. Solicitaron al gobierno federal asumir su responsabilidad en la prevención y protección de personas defensoras de derechos humanos y periodistas, y generar acciones para garantizar el ejercicio de su labor.

Respecto a las demandas, Enrique Irazoque, Titular de la Unidad de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación mencionó que, una vez finalizados los diálogos estatales, convocarán mesas temáticas para discutir en torno a la propuesta de ley, e impulsarán procesos de capacitación para personas defensoras, periodistas y autoridades en Morelos.

Las personas asistentes señalaron la necesidad de que se reconozca la labor de la defensa de los derechos humanos y el ejercicio periodístico, y se generen acciones eficaces para la investigación, sanción y erradicar la impunidad en los delitos.

Las organizaciones, colectivos/as de derechos humanos, personas defensoras y periodistas, hacemos un llamado a las instancias de Gobierno Federal y Estatal a fortalecer la coordinación interinstitucional e implementar acciones urgentes ante la grave situación de violencia y falta de garantías para ejercer el derecho a defender derechos humanos y de libertad de expresión. Además de garantizar que los diálogos cuenten con la debida difusión y participación de comunidades rurales, indígenas y periodistas que realizan su labor en zonas de mayor riesgo, quienes son indispensables en la construcción de una ruta e implementación de una política pública integral que garantice el derecho a defender derechos humanos y el ejercicio periodístico en el país.

Colectivo Oaxaqueños Buscando a los Nuestros A.C. Alejandro López Castellanos, Lourdes Arce – Comunicadora y promotora cultural. Estrella Pedroza, periodista y defensora de la libertad de expresión y el ejercicio periodístico.

_¹ Entre las y los funcionarios que acudieron estaban Penélope Picazo Hernández, titular de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del Estado de Morelos; Arturo Abundes Velasco, director general del Instituto para el Desarrollo y Fortalecimiento Municipal del Estado de Morelos; Raúl Israel Hernández Cruz, presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos del Estado de Morelos; Gilberto Granados Jaimes, quien acudió en representación de Almirante Guarneros, Comisionado Estatal de Seguridad Pública, entre otros.

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