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A un año de la desaparición de Ricardo Arturo Lagunes Gasca y Antonio Díaz Valencia

Imagen: Red TDT

 

Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todas, Todos y Todes (Red TDT)

Ciudad de México, a 15 de enero de 2024

El domingo 15 de enero de 2023, Ricardo Arturo Lagunes Gasca, abogado defensor de derechos humanos y el profesor Antonio Díaz Valencia, líder social de la comunidad indígena de Aquila, Michoacán, fueron víctimas de desaparición forzada cuando se trasladaban en las inmediaciones de Cerro de Ortega, región que limita las entidades federativas de Michoacán y Colima, luego de haber participado en una asamblea comunitaria. Desde entonces no se sabe nada más de ellos y sus seres queridos continúan exigiendo su búsqueda y presentación con vida.

Previo a su desaparición, Ricardo y Antonio sostenían la defensa legal de la comunidad de Aquila, exigían que se garantizara la elección libre de sus autoridades comunales y el cumplimiento de los acuerdos con la minera Las Encinas, perteneciente a la empresa Ternium, la cual, ha sido señalada como un factor de división y fragmentación del tejido social al interior de la comunidad. Meses atrás, Antonio Díaz y Ricardo Lagunes alertaron a las autoridades estatales y federales acerca de una serie de amenazas recibidas en su contra, así como de otros integrantes de la comunidad, solicitando su intervención para mediar los conflictos y evitar la escalada de la violencia en la región, sin embargo, fueron ignoradas por las autoridades.

La reacción de mecanismos internacionales, la respuesta del Estado y la propuesta de expertos independientes

La noticia sobre la desaparición de Ricardo y Antonio provocó una reacción inmediata por parte de organismos internacionales. El Comité contra las Desapariciones Forzada de Naciones Unidas (CED) emitió las Acciones Urgentes exigiendo una búsqueda e investigación integral, estratégica y coordinada. De la misma manera, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emitió medidas cautelares en las que solicitó la búsqueda inmediata de Ricardo y Antonio. Además, los procedimientos especiales de Naciones Unidas emitieron un llamamiento urgente enviando comunicaciones no solo a México, sino además a la empresa Ternium, a los Estados de Luxemburgo y Argentina, remarcando el deber de debida diligencia que los estándares internacionales exigen en torno al desarrollo minero por empresas privadas.

Derivado de las medidas emitidas por el CED y la CIDH, se han convocado a numerosas reuniones con diversas autoridades, incluidas Mesas de Alto nivel en seguimiento a estas decisiones internacionales, celebradas en los meses de mayo y octubre, estando encabezadas por la Secretaría de Gobernación, con la presencia de distintas autoridades de investigación y búsqueda, y la mediación de la CIDH y Naciones Unidas. A pesar de ello, no se logró contar con una estrategia integral de búsqueda, ni con un análisis de contexto que permitiera el diseño de un plan integrado entre investigación y búsqueda para la localización inmediata y con vida de los defensores. Además, las familias continúan sin tener respuestas concretas respecto de los hallazgos forenses, por lo que  la obligación de buscar e investigar sigue pendiente de cumplimiento.

En el mes de noviembre de 2023 se llevó a cabo una reunión de trabajo en Washington DC, en donde las familias de Ricardo y Antonio propusieron establecer el Mecanismo Internacional de Recuperación Humanitaria para Antonio y Ricardo (MIRHAR), siguiendo las mejores prácticas en materia de desapariciones. Sin embargo, la posibilidad de diálogo sobre el tema se ha visto frenado por los recientes cambios ocurridos al interior de la Secretaría de Gobernación, la CNB y el Mecanismo de Protección de Periodistas y Personas Defensoras de Derechos Humanos, sin que a la fecha se haya convocado nuevamente a la Mesa de Alto Nivel para revisión de los acuerdos pendientes de cumplir.

De las investigaciones y la necesidad de agotar todas las líneas de investigación

Derivado de las investigaciones, actualmente dos personas se encuentran detenidas, a la espera de juicio por su presunta participación en el delito de desaparición cometida por particulares en contra de Ricardo y Antonio. A lo largo de la investigación, se han detectado una serie de irregularidades y situaciones de las cuales se pudiera presumir la complicidad y responsabilidad de servidores públicos de algunas instituciones, por lo que es necesario exhortar a las autoridades encargadas de la investigación de agotar todas y cada una de las líneas de investigación, especialmente aquellas que involucren la participación y responsabilidad de actores económicos, así como la complicidad de elementos del Estado y  las fiscalías locales.

Caso emblemático, solidaridad nacional e internacional e indiferencia de actores con intereses económicos

La desaparición de Ricardo y Antonio fue catalogada como emblemática por el CED y es representativa del contexto de violencia contra personas defensoras de derechos humanos en México, generando diversas acciones solidarias exigiendo su aparición con vida por parte de organizaciones de sociedad civil, colectivos y la academia en distintos estados de la república como Colima, Michoacán, Chiapas, Veracruz y Ciudad de México, así como de otros países como Estados Unidos, Luxemburgo y Europa.  Asimismo, personas legisladoras en México, se pronunciaron exigiendo su búsqueda y presentación con vida. Inclusive los gobiernos de Estados Unidos, Luxemburgo y parlamentarios europeos se unieron al llamado de verdad y justicia, siguiendo de cerca este caso. 

La desaparición de Ricardo y Antonio no es aislada, pues en los últimos 15 años han desaparecido más de 93 personas defensoras ambientales en México, 62 de ellas por defender el territorio indígena ante proyectos de minería y de tala clandestina de madera. Además, en la región en el último año se han registrado la desaparición de líderes sociales de comunidades indígenas y defensores de derechos humanos en circunstancias similares; en un contexto fuertemente marcado por la injerencia de la empresa Ternium y la presencia del crimen organizado.

Ante las múltiples exigencias de colaboración con la empresa, la respuesta de todos los actores fue continuar las negociaciones económicas dejando en segundo plano las desapariciones y sin fortalecer las estrategias de búsqueda y localización. Tanto el gobierno de Michoacán como el gobierno federal aceleraron los acuerdos con la empresa Ternium, para reactivar la operación de la mina e incidieron en actores locales para que respaldaran esta decisión, aprovechando la gran dependencia económica que la mina históricamente ha generado en la comunidad.

A un año de la desaparición de Ricardo y Antonio, las familias de los defensores han vivido en carne propia la realidad que miles de buscadores y buscadoras de desaparecidos en México encuentran como respuesta: simulación, superficialidad en los compromisos de búsqueda e investigación y  revictimización desde todas las esferas gubernamentales. Por ello, las organizaciones firmantes, familiares, amigos y amigas de Ricardo y Antonio, exigimos al Presidente de la República, a la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB), a la Fiscalía General de la República (FGR), al Subsecretario de Derechos Humanos, a los Gobernadores de Michoacán y Colima y en particular a la Fiscalías de Colima y Michoacán, como a las demás instituciones,  que busquen y encuentren a Ricardo y Antonio e  investiguen y sancionen a todos los responsables de su desaparición.

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Organizaciones, personas defensoras de derechos humanos y periodistas alertan sobre clima hostil contra la prensa en Chiapas

EspacioOSC

Ciudad de México, a 20 de junio de 2023.- Las organizaciones, redes de periodistas, medios, personas defensoras de derechos humanos y periodistas abajo firmantes expresamos nuestra preocupación por el clima hostil contra la prensa en el estado de Chiapas derivado del clima de violencia que se vive en diversas regiones de la entidad, principalmente por hechos relacionados con acciones de grupos armados y del crimen organizado. 

Entre los hechos más recientes, se encuentra la colocación de mantas con mensajes intimidatorios contra la prensa en el municipio de Frontera Comalapa. Ante estas situaciones, las organizaciones llamamos al gobierno del estado de Chiapas a que se coordine con el gobierno federal para generar medidas preventivas y de protección contra la prensa.

El primero de junio la prensa reportó que presuntos integrantes de la delincuencia organizada colgaron mantas en cuatro puentes peatonales en el municipio de Frontera Comalapa, en donde se afirma que la prensa está siendo llevada por el ejército a cubrir  en zonas de riesgo. Estas mismas mantas reaparecieron el pasado 10 de junio.

Asimismo, al menos tres periodistas entrevistados por las organizaciones firmantes, cuyas identidades se reservan por seguridad, reportaron  amenazas, mensajes intimidatorios y otras situaciones de riesgo en el estado: Hay una situación generalizada en el estado, ahora fue en Frontera Comalapa, pero hay en otras zonas episodios de violencia vinculados a presuntos grupos de la delincuencia organizada y otros grupos armados que nos colocan en riesgo en nuestras coberturas.

Las comunicaciones y agresiones documentadas son parte de una estrategia de intimidación presuntamente de estos grupos que busca censurar a la prensa y la orilla a dejar de cubrir zonas o temáticas en específico, violentando su derecho a la libertad de expresión y acceso a la información. Según información pública, particularmente en la zona fronteriza, la entidad ha experimentado un agravamiento en las dinámicas de seguridad debido a la presencia de algunos cárteles como el cártel del Pacífico y Jalisco Nueva Generación (CJNG), así como de otros grupos transfronterizos como Los Huistas y la Mara Salvatrucha. 

En el 2022, la organización ARTICLE 19 documentó 31 agresiones contra la prensa en Chiapas, un promedio de 2.5 al mes, lo cual es el número más alto de agresiones documentadas en el estado desde que la organización documenta la violencia contra la prensa. Esto colocó a la entidad federativa en el noveno puesto de agresiones contra periodistas y medios en el país. Dado que 1 de cada 3 de las agresiones en Chiapas en el 2022 fueron directamente perpetradas por grupos de delincuencia organizada, esta violencia representa una grave alerta para el ejercicio periodístico en Chiapas. Asimismo, la organización alerta que el año pasado se duplicaron las agresiones contra la prensa en el país, pasando de 42 a 86 casos documentados.

Por su parte, Comunicación e Información de la Mujer A.C. ha documentando durante esta administración que las mujeres periodistas son sujetas a atentados cuando realizan investigaciones sobre seguridad o informan de actos de violación a derechos humanos en contra de personas migrantes y movimientos sociales, particularmente en las comunidades donde hay presencia del crimen organizado. El impacto de la violencia sociopolítica en el contexto de la labor de las periodistas se ejerce porque no hay garantías de  protección ni de acceso a la justicia, lo cual ha ocasionado el desplazamiento de por lo menos dos periodistas en esta entidad.

Las organizaciones firmantes recordamos a las autoridades que, de acuerdo con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el Estado Mexicano tiene  la  obligación  de  adoptar  medidas  para  prevenir  la  violencia contra periodistas y trabajadores de los medios de comunicación y proteger ante situaciones de riesgo elevado, aún cuando el Estado no es el perpetrador de éstas: En  aquellos  países  o  regiones  en  las  cuales  los  y  las  periodistas  se encuentran en una situación de especial vulnerabilidad por el contexto de violencia dirigida contra este  grupo  de  personas,  el  Estado  tiene  una  responsabilidad  reforzada  en  sus  obligaciones  de  prevención  y protección.

En vista de lo anterior, las organizaciones, redes de periodistas, medios, personas defensoras de derechos humanos y periodistas firmantes exigimos al gobierno del estado de Chiapas:

  • Se coordine con la Secretaría de Gobernación, particularmente con la Unidad de Prevención, Seguimiento y Análisis del Mecanismo de Protección a Personas Defensoras y Periodistas para tomar medidas preventivas y reducir el riesgo que vive la prensa en la entidad. 
  • Construya acciones de prevención como la emisión de alertas tempranas en las entidades que presentan un incremento de frecuencia e intensidad en los atentados contra periodistas por parte de grupos de crimen organizado, así como la falta o poca capacidad de reacción de las autoridades locales.
  • Asimismo, ante la complejidad de actores y violencia en zonas de conflicto, las organizaciones firmantes llamamos a generar una política pública integral de prevención y protección a periodistas. 

Organizaciones y redes defensoras de derechos humanos: ARTICLE 19 – Oficina México y Centroamérica, Comunicación e Información de la Mujer AC (CIMAC), Aluna Acompañamiento Psicosocial, Centro de Derechos Humanos Fray Matías de Córdova AC, Centro de Estudios Indígenas Xojob Lum AC, Centro Solidario Tsomanotik, Comité de víctimas 9N/Cancún Q. Roo, Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ), Cooperativa Taller Hormiga, El Rebozo, Cuidado de la Vida y los territorios, Espacio OSC para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, Iniciativa Sinaloa AC, Red Nacional de Defensoras de DH en México, Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos «Todos los Derechos para Todas y Todos» (Red TDT), Red Solidaria de Derechos Humanos A.C.Unión de Comunidades Indígenas de la Zona Norte del Istmo UCIZONI, Veredas Psicosociales A. C.

Redes de periodistas y medios:

Alianza de Medios de la Red Periodistas de a Pie, Amapola/Guerrero, Colectivo por la Libertad de Expresión de Guanajuato, El Muro MX, Istmo Press/Oaxaca, La Marea/Veracruz, Lado B/Puebla, Letra Fría, Macollo Red de Medios de Independientes de Jalisco, Mujeres Periodistas de Chiapas, Noroeste/Sinaloa, Página 3/Oaxaca, Perimetral Press, Raíchali/Chihuahua, Red Baja California Sur de Periodistas, Red Internacional de Periodistas con Visión de Género, Red de Mujeres Periodistas de Oaxaca (RedMPO), Red de Periodistas de Quintana Roo, Red de Periodistas del Noreste de México, Red de Periodistas Guerrerenses con Visión de Género, Red de Periodistas y Personas Defensoras de Derechos Humanos del Estado de Sinaloa, Red Nacional de Periodistas, Red Periodistas de a Pie, Red Puebla de Periodistas, Revista Espejo/Sinaloa, Somos Periodistas (Yucatán), ZonaDocs

Periodistas y personas defensoras de derechos humanos: Adrian López, Alejandra C.Parás, Antonio Mundaca, Arnoldo Cuéllar / PopLab, Aura Silva Aragón, Beatríz García, Carmen Aggi, Claudia I. Espinosa Díaz, Dalia Souza, Darwin Franco, Diana Manzo, Ernesto Aroche, Gladys Navarro, Jade Ramírez / Jalisco, Jaime Armendáriz / Chihuahua, Karen Rojas Kauffmann, Mario Andrés Hurtado, Marcos Girón Hernández, Maria Elena Garcia Oronzor, Patricia Mayorga Ordóñez, Paulina Ríos, Pedro Matías, Rodrigo Soberanes, Susana Rodríguez / Jalisco.

 

Contacto para medios:

Espacioosc@gmail.com +52 444 4340797

 

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Urgen a autoridades tomar acciones que garanticen la labor de periodistas y personas defensoras de derechos humanos en Baja California

Espacio OSC

Urgen a autoridades tomar acciones que garanticen la labor de periodistas y personas defensoras de derechos humanos en Baja California

  • Personas defensoras y periodistas logran acuerdo sobre la generación de acciones de capacitación y mesas de trabajo para construir una agenda local con Gobierno Federal y Estatal 
  • Urge dar difusión a los lineamientos del Mecanismo Estatal de Protección y otorgar capacidades técnicas y financieras suficientes para su funcionamiento

Ciudad de México / Tijuana, 19 de mayo de 2022.

Los días 17 y 18 de mayo se llevó a cabo en la ciudad de Tijuana, Baja California el sexto diálogo estatal para impulsar una Iniciativa de Ley General de Prevención y Protección ante Agravios a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, convocado por la Subsecretaría de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación en el que participaron representantes de Gobierno del Estado de Baja California, del Congreso local del estado, la Comisión Estatal y Nacional de Derechos Humanos, organizaciones de la sociedad civil, personas defensoras de derechos humanos y periodistas.

Este diálogo se suma a los realizados en la Ciudad de México, Oaxaca, Sonora, Nayarit y Morelos, con el objetivo de debatir sobre los elementos que debería contemplar una Ley General de Protección, ahora en el contexto específico de Baja California. 

Durante la discusión, las personas defensoras y periodistas condenaron los asesinatos cometidos en Baja California durante 2022, siendo los más recientes el asesinato de el foto periodista Margarito Martinez y la periodista Lourdes Maldonado, ocurridos los días 17 y 23 de enero, respectivamente, en  Tijuana. 

Ataques a la vida e integridad, acciones de racismo y xenofobia, discursos de odio, agresiones físicas y digitales, despojo de tierras, amenazas, campañas de desprestigio y falta de transparencia son algunos de los obstáculos y riesgos diferenciados que enfrentan mujeres periodistas, colectivos de búsqueda, atención y protección de la población migrante, de defensa del agua, el territorio y el medio ambiente.

Muchas de esas violaciones a derechos humanos y obstáculos a la labor son cometidas y promovidas por parte de funcionarias o funcionarios públicos de manera directa e indirecta, así como en colusión con el crimen organizado. Además señalaron que la falta de investigación e impunidad son otra forma de violencia que limita la labor, al no sancionar los delitos cometidos en contra de personas defensoras y periodistas.

De igual forma, manifestaron la necesidad de contar con perfiles idóneos de las y los servidores que dan atención en el mecanismo de protección, fiscalías, comisiones de atención a víctimas y comisiones de derechos humanos del nivel federal y estatal, procedimientos claros, flujogramas con tiempos e instituciones obligadas, recursos humanos y financieros suficientes y un servicio profesional de carrera. 

Las y los participantes lamentaron la falta de difusión de la convocatoria para que personas defensoras y periodistas de otros municipios participarán, lo que limitó su asistencia al diálogo presencial o vía remota. También cuestionaron la ausencia de funcionarias/os públicos que tienen un deber de protección, como el Secretario General de Gobierno de Baja California, la Fiscalía Estatal del Estado y la Comisión Estatal de Atención a Víctimas. 

Asimismo, demandaron transparencia y mayor difusión sobre el funcionamiento del Mecanismo de Protección a Periodistas  y Personas Defensoras de los Derechos Humanos recién instalado en Baja California. Respecto a las demandas, Enrique Irazoque, Titular de la Unidad de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación y Melba Adriana Olvera, Subsecretaria de Derechos Humanos de Baja California, se comprometieron en conjunto a dar difusión de los lineamientos y el Decreto de creación del Mecanismo Local e impulsar procesos de capacitación a las y los servidores públicos, personas defensoras y periodistas de Baja California.

Las personas asistentes hicieron énfasis en la necesidad de reconocer la labor que realizan personas defensoras de derechos humanos y periodistas e hicieron un llamado a generar acciones eficaces para la investigación, sanción y erradicación de la impunidad en los delitos, a través de la creación de oficinas estatales de la Fiscalía Especializada de Atención a Delitos cometidos en Contra de la Libertad de Expresión (FEADLE), para que el Estado atienda su deber de investigar y tenga en cuenta las particularidades del contexto de Baja California. Además invitaron a no caer en actos y discursos de odio que fomentan la estigmatización desde el Poder Ejecutivo Federal y Estatal. 

  • Las organizaciones, colectivos/as de derechos humanos, personas defensoras y periodistas, hacemos un llamado a las instancias de Gobierno Federal y Estatal a implementar acciones urgentes ante la grave situación de violencia y falta de garantías para ejercer el derecho a defender derechos humanos y de libertad de expresión en Baja California. Además llamamos a seguir fortaleciendo los diálogos y consultas con comunidades rurales, indígenas y periodistas que realizan su labor en zonas de mayor riesgo en el estado, mismas que son fundamentales para la construcción de una ruta, creación e implementación de una política pública integral en Baja California y en el país. 

 

Para medios: @EspacioOsc, contacto@espacio.osc.mx

Espacio OSC para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas conformado por: ARTICLE 19; Casa del Migrante Saltillo; Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA); Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan; Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero (CDHZL); Centro Nacional de Comunicación Social (Cencos); Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH); Comunicación e Información de la Mujer A.C. (CIMAC); Consorcio Para el Diálogo Parlamentario y Equidad, Oaxaca A.C; Instituto de Derecho Ambiental A.C. (IDEA); JASS Asociadas por lo Justo; Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todas y Todos (RedTDT); SMR Scalabrinianas, Misión con Migrantes y Refugiados; Servicios y Asesoría para la Paz (Serapaz); El Espacio OSC está acompañado por Brigadas Internacionales de Paz (PBI).

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Personas defensoras y periodistas de Morelos llaman a que protección no quede en manos de sus agresores

Espacio OSC

  • La poca difusión del evento y el cambio de sede con menos de 24 horas de anticipación mermó la participación al diálogo.
  • Manifiestan su desconfianza hacia instancias locales de los diversos niveles de gobierno para protegerlos.
  • A casi 5 años de la emisión de una ley de protección en Morelos, no se cuenta con un reglamento, ni recursos humanos y financieros para su operatividad.

Ciudad de México / Cuernavaca, 27 de marzo de 2022

Los días 24 y 25 de marzo se llevó a cabo en la Ciudad de Cuernavaca, Morelos el quinto diálogo para impulsar una Iniciativa de Ley General de Prevención y Protección ante Agravios a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, convocado por la Subsecretaría de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación en el que participaron representantes del Gobierno del Estado de Morelos, organizaciones de la sociedad civil, personas defensoras de derechos humanos y periodistas del estado.

Este diálogo, se suma a los realizados en la Ciudad de México, Oaxaca, Sonora y Nayarit, con el objetivo de debatir sobre los elementos que debería contemplar una Ley General de Protección para personas defensoras de derechos humanos y periodistas en el contexto específico de Morelos. 

Al inicio se realizó una manifestación con listones negros y pancartas en donde denunciaron  el asesinato de periodistas y personas defensoras en el estado y el país, además, exigieron  justicia a tres años de impunidad por  el asesinato de Samir Flores, comunicador y defensor quien denunciaba violaciones de derechos humanos y el impacto negativo sobre las comunidades el Proyecto Integral Morelos (PIM). 

Posterior durante el diálogo personas defensoras de los derechos de las mujeres, derechos de la población LGBTIQ+, del medio ambiente, tierra y territorio, de los pueblos indígenas, periodistas, comunicadores y comunicadoras comunitarias, alertaron sobre los riesgos diferenciados y obstáculos que enfrentan para ejercer su labor; en particular, quienes defienden su territorio, los derechos de la diversidad sexual y el ejercicio  periodístico, quienes son víctimas de ataques a la vida e integridad, agresiones físicas, amenazas, actos de hostigamiento, criminalización, campañas de desprestigio, desplazamiento forzado y falta de acceso a información.

También señalaron la falta de confianza y preocupación de que su seguridad quede en manos de instituciones estatales que no solo han incumplido su deber de protección, sino que son las principales fuentes de agresión a personas defensoras y periodistas, ya sea por ataques directos e indirectos cometidos y promovidos por parte de funcionarios, así como en colusión con grupos de delincuencia organizada.

De igual forma, manifestaron la falta de perfiles idóneos sobre funcionarios que dan atención en el mecanismo de protección, fiscalías, comisiones de atención a víctimas y comisiones de derechos humanos, del nivel federal y estatal, así como actos de corrupción, conflictos de interés, falta de coordinación interinstitucional, burocratización, ausencia de voluntad, falta de capacidades para garantizar su labor y de mecanismos de rendición de cuentas. Un ejemplo de eso es la ausencia de recursos humanos y financieros en diversas instancias de gobierno y la carencia de elementos de seguridad pública o agentes del ministerio público.

Señalaron que el marco normativo expedido en el año 2018 para la protección de personas defensoras y periodistas en Morelos tiene cuatro años de promulgación, pero no ha sido reglamentada y se desconocen las acciones llevadas a cabo para su implementación como falta de claridad de los procedimientos de funcionamiento, coordinación interinstitucional, atribuciones y responsabilidades de las instituciones y otorgamiento de recursos humanos y financieros para su puesta en marcha. 

Además, por medio de la lectura de una carta firmada por el ​​Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua, Morelos, Puebla y Tlaxcala, las y los participantes lamentaron la falta de difusión de la convocatoria para participar en el diálogo y el cambio repentino de lugar del evento, lo cuál obstaculizó la participación de personas defensoras y periodistas, en particular de integrantes de pueblos originarios y comunidades rurales que se encuentran en zonas alejadas de la capital del estado, y quienes son las principales poblaciones que enfrentan agresiones en la entidad. 

Hicieron mención a la necesidad de conocer un diagnóstico sobre el presupuesto, la infraestructura y alcances del Mecanismo federal y estatal, cuestionando la pertinencia de una nueva ley de carácter general a partir de las limitaciones y los problemas de implementación del actual marco normativo, y las  carencias en la operación de Mecanismo. Solicitaron al gobierno federal asumir su responsabilidad en la prevención y protección de personas defensoras de derechos humanos y periodistas, y generar acciones para garantizar el ejercicio de su labor.

Respecto a las demandas, Enrique Irazoque, Titular de la Unidad de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación mencionó que, una vez finalizados los diálogos estatales, convocarán mesas temáticas para discutir en torno a la propuesta de ley, e impulsarán procesos de capacitación para personas defensoras, periodistas y autoridades en Morelos. 

Las personas asistentes señalaron la necesidad de que se reconozca la labor de la defensa de los  derechos humanos y el ejercicio periodístico, y se generen acciones eficaces para la investigación, sanción y erradicar la impunidad en los delitos. 

  • Las organizaciones, colectivos/as de derechos humanos, personas defensoras y periodistas, hacemos un llamado a las instancias de Gobierno Federal y Estatal a fortalecer la coordinación interinstitucional e implementar acciones urgentes ante la grave situación de violencia y falta de garantías para ejercer el derecho a defender derechos humanos y de libertad de expresión. Además de garantizar que los diálogos cuenten con la debida difusión y participación de comunidades rurales, indígenas y periodistas que realizan su labor en zonas de mayor riesgo, quienes son indispensables en la construcción de una ruta e implementación de una política pública integral que garantice el derecho a defender derechos humanos y el ejercicio periodístico en el país. 

Espacio OSC para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas conformado por: ARTICLE 19; Casa del Migrante Saltillo; Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA); Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan; Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero (CDHZL); Centro Nacional de Comunicación Social (Cencos); Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH); Comunicación e Información de la Mujer A.C. (CIMAC); Consorcio Para el Diálogo Parlamentario y Equidad, Oaxaca A.C; Instituto de Derecho Ambiental A.C. (IDEA); JASS Asociadas por lo Justo; Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todas y Todos (RedTDT); SMR Scalabrinianas, Misión con Migrantes y Refugiados; Servicios y Asesoría para la Paz (Serapaz); El Espacio OSC está acompañado por Brigadas Internacionales de Paz (PBI).

Colectivo Oaxaqueños Buscando a los Nuestros A.C. Alejandro López Castellanos, Lourdes Arce – Comunicadora y promotora cultural. Estrella Pedroza,  periodista y defensora de la libertad de expresión y el ejercicio periodístico.

1 ​​Entre las y los funcionarios que acudieron estaban Penélope Picazo Hernández, titular de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del Estado de Morelos; Arturo Abundes Velasco, director general del Instituto para el Desarrollo y Fortalecimiento Municipal del Estado de Morelos; Raúl Israel Hernández Cruz, presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos del Estado de Morelos; Gilberto Granados Jaimes, quien acudió en representación de Almirante Guarneros, Comisionado Estatal de Seguridad Pública, entre otros.

 

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El Gobierno de México debe cesar la estigmatización contra personas defensoras de DH y periodistas y adoptar medidas integrales para protegerles

Foto: Erik Isaac Salinas/Cencos

 

 

Article 19

  • El Parlamento Europeo emitió una resolución de urgencia sobre México, condenando las agresiones y asesinatos en contra de personas defensoras de derechos humanos y periodistas
  • Organizaciones de la sociedad civil lamentamos la respuesta del Gobierno Mexicano y nos sumamos al llamado del Parlamento Europeo para que se impulse una política pública de protección integral para personas defensoras de derechos humanos y periodistas

México, Bruselas, Ginebra. 11 de Marzo de 2022.- El día de ayer el Parlamento Europeo condenó la violencia, las violaciones a los derechos humanos y los ataques contra periodistas y personas defensoras de los derechos humanos, incluidas las personas defensoras del medio ambiente, los pueblos y comunidades indígenas, así como de quienes defienden los derechos de las mujeres en México, a través de la  resolución de urgencia (RC9-0153/2022) votada con 607 votos a favor, 2 en contra y 73 abstenciones. Cabe destacar que este Parlamento no había emitido una resolución de urgencia sobre México desde la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, en 2014.

Ante los diversos llamados y declaraciones locales de la delegación de la Unión Europea en México condenando los asesinatos de al menos 6 periodistas en lo que va del 2022, en esta ocasión el Parlamento Europeo reiteró al Estado mexicano su obligación internacional de adoptar medidas concretas, eficaces y coherentes para prevenir, proteger, investigar y reparar integralmente las violaciones a derechos humanos en contra de quienes defienden derechos humanos y ejercen su derecho a la libertad de expresión a través de la labor periodística.

Enrique Irazoque Palazuelos, titular de la Unidad de Derechos Humanos y responsable del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, precisó que al 26 de enero de 2022,  se tenían contabilizados 52 asesinatos contra periodistas y 97 contra personas defensoras de derechos humanos a partir de diciembre de 2018.

Eurodiputadas/os de la Subcomisión de Derechos Humanos del Parlamento Europeo de diferentes fracciones partidistas, manifestaron su preocupación por las duras y sistemáticas críticas formuladas por las más altas autoridades del Gobierno mexicano contra las y los periodistas y su labor y solicitaron a las mismas abstenerse de publicar cualquier comunicación que pueda estigmatizar a las y los defensores de los derechos humanos, las y los periodistas y las y los trabajadores de los medios de comunicación. Asimismo, realizó un llamado para que destaquen públicamente el papel fundamental que desempeñan las y los defensores de los derechos humanos y las y los periodistas en las sociedades democráticas.

Ante las grandes deficiencias por parte de las autoridades mexicanas para proteger la vida e integridad de personas defensoras y periodistas, así como de investigar y sancionar a quienes resulten responsables de los delitos que se cometen en su contra, es urgente que el Estado adopte una política pública de protección integral que genere un entorno seguro y propicio para la defensa de derechos humanos, proteja eficaz y adecuadamente a este grupo poblacional con medidas proporcionales al riesgo y culturalmente aceptables, repare integralmente a las víctimas y adopte medidas contundentes para revertir los elevados índices de impunidad.

Lamentamos la respuesta del Estado Mexicano frente a la resolución que, lejos de reconocer el grave riesgo que enfrentan personas defensoras de derechos humanos y periodistas, debilita las alianzas y desconoce la relación de estrecha cooperación que se ha mantenido por años con las instituciones de la Unión Europea.

Las organizaciones firmantes nos sumamos al llamado del Parlamento Europeo y exigimos al Estado mexicano honrar sus obligaciones internacionales, fortaleciendo el Estado de derecho y haciendo cumplir los marcos normativos que las organizaciones de la sociedad civil hemos impulsado.

 

ORGANIZACIONES FIRMANTES

Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT)

ARTICLE 19 Oficina Regional para México y Centroamérica

Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos «Todos los Derechos para Todas y Todos»  (Red TDT)

IDHEAS, Litigio Estratégico en Derechos Humanos A.C. (IDHEAS)

Red  por los Derechos de la Infancia en México (REDIM)

Casa del Migrante de Saltillo – Frontera con Justicia A.C.

Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos A.C. (CMDPDH)

Comunicación e Información de la Mujer A.C. (CIMAC)

Centro Nacional de Comunicación Social A.C. (Cencos)

Centro Mexicano de Derecho Ambiental A.C.

Amnistía Internacional México

Proyecto sobre Organización, Desarrollo, Educación e Investigación (PODER)

Centro de Investigación y Capacitación Propuesta Cívica (PC)

Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas, A.C.

Movimiento Sueco por la Reconciliación (SweFOR) – Proyecto México

Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez

Red Rompe el Miedo 

Instituto de Estudios del Proceso Penal Acusatorio, A.C

Espacio OSC para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas conformado por: ARTICLE 19; Casa del Migrante Saltillo; Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA); Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan; Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero (CDHZL); Centro Nacional de Comunicación Social (Cencos); Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH); Comunicación e Información de la Mujer A.C. (CIMAC); Consorcio Para el Diálogo Parlamentario y Equidad, Oaxaca A.C; Instituto de Derecho Ambiental A.C. (IDEA); JASS Asociadas por lo Justo; Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todas y Todos (RedTDT); SMR Scalabrinianas, Misión con Migrantes y Refugiados; Servicios y Asesoría para la Paz (Serapaz); Centro de Derechos Humanos «Fray Francisco de Vitoria OP», A.C. (CDH Vitoria); El Espacio OSC está acompañado por Brigadas Internacionales de Paz (PBI).

 

Nota para prensa

Para más información, favor de contactar a comunicacion@article19.org 

 

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Organizaciones y periodistas logran que SEGOB se comprometa a abrir foros en regiones de Oaxaca

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Urge abrir diálogo en las regiones frente a la exigencia de la sociedad civil por la alarmante situación de agresiones y violencia contra personas defensoras y periodistas.

Ciudad de México / Oaxaca 18 de febrero, 2022 

Los días 16 y 17 de febrero se llevó a cabo en la Ciudad de Oaxaca, el segundo Foro Regional para Impulsar una Iniciativa de Ley General de Prevención y Protección ante Agravios a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, convocado por la Secretaría de Gobernación en el que participaron representantes del Gobierno Federal, Gobierno del Estado de Oaxaca, integrantes del Consejo Consultivo del Mecanismo de Protección a Personas Defensoras y Periodistas, así como organizaciones de la sociedad civil, personas defensoras de derechos humanos y periodistas de Oaxaca.

Es el segundo foro regional, luego del que se llevó a cabo en la Ciudad de México durante el mes de enero. El objetivo fue analizar la propuesta de Ley General impulsada por Segob, realizar aportes y sugerencias frente al contexto particular de Oaxaca. 

Durante el evento, las personas defensoras y periodistas denunciaron la grave situación que se vive en la entidad, recordando que Oaxaca se encuentra de luto por el asesinato del periodista Heber López ocurrido el pasado 10 de febrero en Salina Cruz, y recordaron también que en México han sido asesinados en 2022 al menos cinco periodistas y dos personas defensoras. De allí que reconocieron la importancia de estos espacios para la búsqueda de acciones interinstitucionales en todos los niveles de gobierno para atender al contexto de violencia y límites a la defensa de derechos humanos y el ejercicio periodístico que aqueja al país desde hace más de una década, el cual, se ha agravado durante el actual sexenio de gobierno Federal y Estatal.

Las organizaciones de la sociedad civil, personas defensoras y periodistas denunciaron en el foro, el desinterés que mostró el Gobierno del Estado, debido a que únicamente acudieron algunos funcionarios sin capacidad de decisión y se evidenció la ausencia del Gobernador del Estado de Oaxaca, Alejandro Ismael Murat Hinojosa, del Secretario General de Gobierno del Estado, Francisco Javier García López, de la titular de la Coordinación para la Atención de los Derechos Humanos de Oaxaca, Norma Reyes Terán así como del Fiscal General del Estado, Arturo Peimbert Calvo.

También señalaron que la propuesta de una Ley General no puede ser la única respuesta al contexto de crisis y alto riesgo que se vive en Oaxaca y México para las personas defensoras y periodistas, y que se debe de dar seguimiento a iniciativas y esfuerzos anteriores, como las 104 recomendaciones de la ONU-DH dirigidas al Mecanismo de Protección y al Estado, y promover reformas a marcos normativos a nivel nacional y estatal que inhiban la labor de personas defensoras y periodistas. 

Recalcaron que es fundamental que se fortalezcan capacidades y se siga garantizando un papel preponderante de la Federación en garantizar la protección de personas defensoras y periodistas frente a la total falta de confianza en el Gobierno del Estado, quien en muchas ocasiones es el responsable de las agresiones a personas defensoras y periodistas, sea por haber cometido la agresión o por encubrir y no investigar. 

Insistieron en la importancia de garantizar una participación amplia en estos espacios, garantizando que se escuche y reconozca la diversidad y particularidades de la defensa de derechos humanos y libertad de expresión en un estado como Oaxaca donde los riesgos y necesidades se dan en particular en contextos comunitarios e indígenas, que deben de ser analizados desde un enfoque colectivo, comunitario y desde el mismo territorio.

Las y los representantes de la sociedad civil que participaron durante los dos días fueron reiterativas en que los dos aspectos indispensables para la prevención y la protección a personas defensoras y periodistas, son garantizar recursos humanos y financieros suficientes para la implementación de una nueva ley, así como avanzar hacia la erradicación de la impunidad, garantizando mecanismos eficaces y vinculantes para el castigo a las autoridades responsables de las agresiones, sea por acción u omisión. A su vez, las organizaciones señalaron que hace falta un análisis real sobre las necesidades y la idoneidad de crear  un nuevo marco normativo que garantice que las entidades federativas y municipios puedan tener  las capacidades institucionales para actuar conforme su deber de protección.

Al finalizar el foro, la Segob se comprometió a dar continuidad al diálogo en Oaxaca y a: 

  • Garantizar participación amplia en los foros regionales que se seguirán desarrollando en todo el país.
  • Organizar foros en las diversas regiones del estado de Oaxaca con el fin de acercar esta discusión y escuchar las voces de todas las personas defensoras del estado, en particular las que se encuentran en contextos comunitarios y rurales.
  • Generar una mesa conjunta con organizaciones de la sociedad civil para abordar de manera amplia la situación de personas defensoras y periodistas en la entidad, más allá de la propuesta de una ley general. 

Las organizaciones, personas defensoras y periodistas que suscriben daremos seguimiento puntual para que se garantice el cabal cumplimiento a los diversos acuerdos alcanzados, así como también se adapte la metodología de los próximos diálogos con base las realidades en las diversas regiones del país.

 

Espacio OSC para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas conformado por: ARTICLE 19; Casa del Migrante Saltillo; Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA); Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan; Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero (CDHZL); Centro Nacional de Comunicación Social (Cencos); Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH); Comunicación e Información de la Mujer A.C. (CIMAC); Consorcio Para el Diálogo Parlamentario y Equidad, Oaxaca A.C; Instituto de Derecho Ambiental A.C. (IDEA); JASS Asociadas por lo Justo; Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todas y Todos (RedTDT); SMR Scalabrinianas, Misión con Migrantes y Refugiados; Servicios y Asesoría para la Paz (Serapaz); Centro de Derechos Humanos “Fray Francisco de Vitoria OP”, A.C. El Espacio OSC está acompañado por Brigadas Internacionales de Paz (PBI), Comunicación e Información de la Mujer (CIMAC), Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria (CDH Vitoria), Comité de Defensa de los Derechos de la Mujer (CODEM), Centro de Investigación y Capacitación Propuesta Cívica (PC), Observatorio de Derechos Humanos de los Pueblos (ODHP), Red Chimalli por los derechos de todas y todos, Proyecto de Derechos Económicos, Social (ProDESC), Alberto Xicotencatl Carrasco – Defensor de ddhh, Bernardina Santiago López, Daniela González López, Lucia Lagunes Huerta, Nadia Altamirano Díaz, Pedro Matías – Periodista, Rocío Flores, Soledad Ortiz Vásquez, Soledad Jarquín

 

Para medios:

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Gobiernos en América Latina y el Caribe deben crear políticas de protección que garanticen el derecho a defender los derechos humanos

Espacio OSC/FLEPS/Red TDT

● América Latina continúa siendo la región del mundo más peligrosa para la defensa de los derechos humanos, situación que se ha agravado en el contexto actual del COVID-19.

● Hoy en el día internacional de las personas defensoras de derechos humanos, personas defensoras y organizaciones de la sociedad civil hacen un llamado a los gobiernos de la región, a que establezcan acciones que respeten y protejan su labor.

9 de diciembre de 2021

Las personas defensoras de derechos humanos han asumido el liderazgo de acciones a favor de la paz, la justicia, los derechos de pueblos indígenas, el respeto a los territorios y el fortalecimiento de la democracia. En muchos casos son víctimas y sobrevivientes de violaciones a derechos humanos, así como protagonistas del reconocimiento de derechos y la transformación de los conflictos al interior de sus comunidades.

Son personas comunes, trabajadoras, abogados/as, estudiantes, mujeres activistas, líderes y lideresas indígenas, afrodescendientes, campesinas y comunitarias, periodistas, sindicalistas o defensoras del territorio y el medio ambiente que siempre han luchado en tiempos de crisis por reconquistar nuestros derechos, exigir su garantía, respeto y promover todas las libertades.

Pese a eso, las personas defensoras viven el asedio constante en razón de su labor de defensa de derechos humanos, siendo víctimas de asesinatos, amenazas, agresiones físicas y digitales, espionaje, robo, estigmatización, persecución, criminalización, privación de  libertad, desplazamientos forzados, secuestro, desapariciones, detenciones arbitrarias, uso excesivo de la fuerza y violencia sexual, entre otros, algunos de los cuales son específicos o se potencian en razón del género o procedencia étnica.

En la actualidad, América Latina es una de las regiones del mundo más peligrosas para el ejercicio de la defensa de los derechos humanos, sin que las instancias gubernamentales hayan adoptado medidas extraordinarias para su debida protección. Al contrario, la situación se ha agravado por la adopción de normas restrictivas y regresivas que afectan el ejercicio de los derechos humanos. Entre las medidas más frecuentes, están: los límites al acceso a la información, a la participación, la justicia, la protesta social y la intensificación de la militarización, las cuales se profundizan particularmente en contextos extractivos; así mismo, el aumento de violencias por razones de género y los discursos de desprestigio en contra de quienes defienden derechos humanos. En la mayoría de contextos de violencia, los principales agresores continúan siendo agentes estatales, seguidos de delincuencia organizada y actores particulares, principalmente éstos últimos asociados a las industrias extractivas.

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Un Sistema Nacional de Protección debe contar con la participación de organizaciones, colectivos, personas defensoras de derechos humanos y periodistas

Espacio OSC

11 de octubre de 2021, México

El pasado martes 5 de octubre  en  conferencia de prensa, la Secretaría de Gobernación en cabeza del Subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, Alejandro Encinas y el Titular de la Unidad de Derechos Humanos de esa dependencia, Enrique Irazoque, anunciaron una serie de acciones para fortalecer la actual política de protección para personas defensoras de derechos humanos y periodistas e involucrar a los tres órdenes de gobierno. 

Las acciones anunciadas consisten, entre otras cosas, en la modificación del marco normativo en la materia para la creación de un Sistema Nacional de Prevención y Protección para personas defensoras de derechos humanos y periodistas, con participación de los tres niveles de gobierno y las tres ramas del poder público. Así como el impulso de las investigaciones de los delitos cometidos en contra de personas defensoras y periodistas, para garantizar sancionar a las personas responsables y generar medidas de no repetición. En lo inmediato, anunciaron el inicio de firmas de convenios de colaboración con las 32 entidades federativas, que iniciarán en los Estados de Morelos, Quintana Roo y Coahuila, en donde se firmó el primero, el pasado jueves 7 de octubre. 

El anuncio de estas medidas, invita a reflexionar sobre las lecciones aprendidas en el pasado, como aquellas que se desprenden de la firma de convenios y protocolos ya existentes entre la Federación y las entidades federativas desde el año 2012, y la adopción de normatividades locales en materia de protección en gran parte del territorio nacional, que intentaron, sin éxito, fortalecer las acciones de coordinación para la prevención y protección de personas defensoras y periodistas.

Dichas acciones se hicieron sin contar con la participación de las personas objetivo de estas políticas, no partieron de diagnósticos previos, en cuanto a los riesgos específicos y vulnerabilidades que enfrentan dichas poblaciones en cada uno de los territorios, así como tampoco se aseguró presupuesto y personal suficiente para implementar acciones de coordinación con otras dependencias de gobierno, careciendo además de ejercicios de rendición de cuentas para poder evaluar su progreso. 

Consideramos que la efectividad de un Sistema Nacional de Protección que atienda a las obligaciones del Estado para prevenir, proteger, investigar y reparar el daño, debe atenderse como una política de Estado. En ese sentido, el diálogo entre todos los actores es fundamental  para garantizar un compromiso integral y lograr impulsar acciones políticas, técnicas y económicas, que garanticen además los recursos humanos y financieros suficientes, y la participación de las personas defensoras de derechos humanos, periodistas, organizaciones de la sociedad civil e instituciones nacionales e internacionales de derechos humanos en la construcción del Sistema. 

Vemos importante los anuncios y medidas hechas para transitar hacia una política de Estado como un esfuerzo transexenal, el cual requiere del diálogo conjunto con múltiples sectores de la sociedad y el apoyo de la comunidad internacional. Es por eso, que desde las organizaciones que conforman el Espacio OSC para la Protección de Personas Defensoras y Periodistas, ponemos nuestro conocimiento y experiencia a disposición para la creación del Sistema Nacional de Protección, con el objetivo de que se generen acciones de prevención y protección ante la violencia que enfrentan personas defensoras y periodistas, así como de lucha contra la impunidad.

Para esto, reiteramos el llamado a la Secretaría de Gobernación, en particular a la Subsecretaría de Derechos Humanos, y al resto de instituciones que conforman la Junta de Gobierno del Mecanismo de Protección, para dar cumplimiento al acuerdo de octubre de  2019 de conformar un Grupo Técnico en conjunto con instituciones, organizaciones de la sociedad civil, personas expertas, con el acompañamiento de la Oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos en México, para construir de manera conjunta una ruta que permita transitar hacia una verdadera política de Estado que garantice la defensa de derechos humanos y el ejercicio de la libertad de expresión en el país. 

 

Para contacto de medios 

Espacio OSC para la Protección de Personas Defensoras y Periodistas, 

contacto@espacio.osc.mx

 

Espacio OSC para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, conformado por:

ARTICLE 19 México y Centroamérica; Casa del Migrante Saltillo; Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA); Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan; Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero (CDHZL); Centro Nacional de Comunicación Social (Cencos); Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH); Comunicación e Información de la Mujer A.C. (CIMAC); Consorcio Para el Diálogo Parlamentario y Equidad, Oaxaca A.C; Instituto de Derecho Ambiental A.C. (IDEA); JASS Asociadas por lo Justo; Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todas y Todos” (RedTDT); SMR Scalabrinianas, Misión con Migrantes y Refugiados; Servicios y Asesoría para la Paz (Serapaz). El Espacio OSC está acompañado por Brigadas Internacionales de Paz (PBI).

 

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Registran 91 defensores asesinados en lo que va del sexenio

Redacción/Desinformémonos

Ciudad de México | Desinformémonos. Desde diciembre de 2018 hasta el 30 de julio de 2021 se denunciaron 91 asesinatos de defensores de derechos humanos y ambientalistas, reportó la organización Educa Oaxaca.

«En días recientes, periódicos y organizaciones publicaron listas de defensoras y defensores de derechos humanos asesinados durante el actual sexenio, sin embargo, las cifras se contradicen, y en muchas ocasiones no se publican ni siquiera los nombres de las personas defensoras que perdieron la vida», denunció Educa, que elaboró una lista con todos los casos de asesinato de defensores que fueron reivindicados por una organización social o de derechos humanos.

La lista suma 91 casos de defensores indígenas, ambientalistas, activistas de derechos humanos y comunicadores que fueron asesinados por su labor, entre los que se encuentran Manuel Martínez Bautista, defensor nahua del territorio asesinado en 2018 en Hidalgo; Samir Flores Soberanes, nahua asesinado el 20 de febrero de 2019 en Morelos; Isabel Cabanillas de la Torre, defensora de los derechos de las mujeres en Ciudad Juárez, Chihuahua, asesinada en 2020; y Román Rubio López, líder del Colectivo Tarahumara Sinaloense asesinado el 21 de julio de 2021.

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Durante la administración de AMLO, 68 activistas y 43 periodistas han sido asesinados: Segob

Imagen: Twitter @ConocerlesEsRec

 

Redacción/Aristegui Noticias

La Secretaría de Gobernación informó que fortalece el Mecanismo de protección para personas defensoras de Derechos Humanos y periodistas echada a andar en 2018.

Desde diciembre de 2018 -cuando comenzó el gobierno de Andrés Manuel López Obrador- hasta la actualidad, han sido asesinados 68 activistas y 43 periodistas, informó la Secretaría de Gobernación.

De acuerdo con un comunicado de la dependencia, del total de los asesinados mencionados, 7 periodistas y 2 personas defensoras de los derechos humanos eran beneficiarios del Mecanismo de protección para personas defensoras de derechos humanos y periodistas.

La dependencia explica que el Mecanismo asume su obligación de proteger a todas aquellas personas que se encuentran en riesgo por el ejercicio de su labor y llama a las demás autoridades involucradas a hacer lo propio en esta materia.

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