Redacción / ONU Noticias
GINEBRA (28 de noviembre de 2018). Un grupo de expertas y expertos de la ONU saludaron la decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de declarar inconstitucional, en su totalidad, la Ley de Seguridad Interior, considerando esta decisión como un paso significativo para revertir la militarización de la seguridad pública en el país.
“El creciente papel de las Fuerzas Armadas en la lucha contra el crimen, aunado a la ausencia de mecanismos efectivos de control y rendición de cuentas, ya ha dado lugar al bien documentado incremento en las violaciones de derechos humanos en México”, señalaron- “Saludamos esta decisión de la Suprema Corte”.
Los expertos pertenecen a los grupos de trabajo sobre desapariciones forzadas y detención arbitraria así como los relatores especiales de derecho a la privacidad, sobre defensores de derechos humanos, ejecuciones extrajudiciales y sobre libertad de opinión y expresión.
Desde el inicio del proceso legislativo que buscaba fortalecer la participación de las fuerzas armadas a través de esta Ley en tareas de seguridad y en el combate a la delincuencia, las y los expertos expresaron preocupaciones con respecto a su potencial impacto sobre la protección de los derechos humanos. Estas preocupaciones fueron compartidas con los Ministros y Ministras de la Suprema Corte el pasado 12 de noviembre. La decisión de la Corte de declarar la inconstitucionalidad de la ley adoptada en 2017, se tomó tres días después.
Los expertos señalaron numerosas recomendaciones que han sido emitidas por diversos mecanismos de las Naciones Unidas, respecto a la necesidad de restringir la participación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad, de separar debidamente las funciones policiales y militares, así como de instituir mecanismos efectivos de control civil y garantizar la rendición de cuentas por las violaciones a los derechos humanos cometidas por integrantes de las Fuerzas Armadas.
Las y los expertos urgieron al Estado mexicano a no adoptar ninguna medida que consolide el paradigma militar en materia de seguridad.
“Reiteramos nuestra disposición para asistir al Estado mexicano en sus esfuerzos para fortalecer el marco legislativo e institucional del país, y así garantizar la realización de los derechos humanos para todas las personas en México”, finalizaron los expertos.
