En el Centro Nacional de Comunicación Social (Cencos) hemos trabajado por más de 50 años para ser un espacio de difusión de voces que reivindican la libertad y la justicia.
Nos encontramos en un momento de inconformidad social en varios lugares del mundo y no descansaremos hasta que la libre expresión sea una verdadera herramienta de acción social que se pueda ejercer sin temor y represalias.
Vemos con tristeza e indignación la represión ocurrida en los últimos días en la hermana República de Chile. Observamos los recuentos de personas heridas, detenidas, violentadas y asesinadas, cifras que aumentan cada día. Afirmamos categóricamente que no debemos pasar por alto este tipo de violencia aunque se tratase de una sola persona la afectada en su dignidad.
Reconocemos la labor de medios de comunicación y sociedad civil en general por ser difusores alternativos de estos acontecimientos y lograr un registro de los graves atropellos a los derechos humanos que se están cometiendo.
Desde México llamamos a la pronta búsqueda del diálogo y respuesta a las demandas que sabemos no se limitan a un aumento en la tarifa del transporte público, sino que se trata de toda una inconformidad de índole estructural.
Reiteramos el llamado a que se respeten los derechos humanos suscritos en los diversos tratados internacionales.
Manifestamos nuestro rechazo al uso de las fuerzas armadas para reprimir el derecho a la libre manifestación e incluso para cualquier labor de seguridad pública.
Exigimos que se haga justicia y se sancione por todos estos actos aberrantes.
Como una organización que trabaja incansablemente por la promoción y defensa de los derechos fundamentales, a propósito de los sucesos ocurridos durante el fin de semana en Chile, desde Derechos Digitales rechazamos enérgicamente la criminalización de la protesta social y sus legítimas demandas, que tienen su origen en una deficiente distribución de la riqueza generada en el país.
Así también rechazamos la militarización del conflicto y, con ello, la escalada de la represión y el excesivo uso de la fuerza, que lejos de apaciguar los ánimos ha incrementado el clima de polarización, violencia e inseguridad en la población. Llamamos a la autoridad a responder de cara al país a las denuncias de torturas y violaciones a los derechos humanos por parte de uniformados, que junto a aquellos casos con desenlace fatal ejemplifican de manera cruenta el equivocado manejo político de la situación. Dichos casos deben ser investigados y las responsabilidades -penales y políticas- asumidas por quien corresponda.
Los derechos fundamentales son la piedra angular de una democracia fuerte y su restricción constituye un antecedente lamentable. La ciudadanía necesita hoy soluciones políticas hábiles que apunten al fondo del descontento, construidas desde una convicción y compromiso profundo con los valores democráticos, que tanto ha costado recuperar y mantener.
Desde Derechos Digitales seguiremos trabajando con esos objetivos como norte.
Foto: Franklin Jacome/Agencia Press Shout/Getty Images
IFEX-ALC condena las amenazas, agresiones, hostigamiento y censura contra medios de comunicación y periodistas en Ecuador, así como la represión contra quienes han tomado las calles para expresar su descontento con las medidas económicas anunciadas por el presidente Lenín Moreno.
Las 24 organizaciones que integramos la red IFEX-ALC condenamos las amenazas, agresiones, hostigamiento y censura contra medios de comunicación y periodistas en Ecuador, así como la represión contra quienes han tomado las calles para expresar su descontento con las medidas económicas anunciadas por el presidente Lenín Moreno.
Las protestas iniciaron el pasado 3 de octubre tras anunciarse la eliminación del subsidió al combustible. Debido a ellas, el gobierno decretó estado de excepción, que fue validado por la Corte Constitucional para un periodo de 30 días.
De acuerdo con la Defensoría del Pueblo, a la fecha cinco personas han muerto como consecuencia de las protestas. Tal y como lo ha documentado la CIDH y su Relatoría Especial para la Libertad de Expresión, decenas de personas resultaron heridas como consecuencia del uso excesivo de la fuerza por parte de las Fuerzas de Seguridad y de la violencia de algunos sectores violentos de manifestantes y cientos más fueron detenidas.
Hasta el domingo 13 de octubre 127 periodistas y 6 medios de comunicación que se encontraban cubriendo las protestas fueron agredidos, secuestrados, atacados, incendiados y/o detenidos dentro del marco de las protestas.
Manifestantes han asaltado física y verbalmente a varios periodistas. El 10 de octubre, un grupo de 32 periodistas nacionales y extranjeros fueron retenidos, secuestrados, por manifestantes en el Ágora de la Casa de la Cultura, cuando se encontraban reportando sobre lo que ocurría al interior del recinto. Uno de los periodistas, fue herido gravemente al momento de abandonar el lugar.
En las manifestaciones, más de 36 periodistas han sido agredidos por las fuerzas de seguridad del Estado mientras cubrían las manifestaciones. Los periodistas agredidos estaban plenamente identificados y estaban en pleno ejercicio de su trabajo.
A las agresiones y amenazas, se suma la censura contra medios de comunicación, como por ejemplo la orden de suspensión de transmisiones para Radio Pichincha Universal. Además, desde la media noche del domingo 6 de octubre durante varias horas se reportaron bloqueos al registro de imágenes, sonidos y videos en redes sociales por parte de la Corporación Nacional de Telecomunicaciones. El bloqueo se produjo cuando se estaban difundiendo imágenes de la represión policial a las protestas. Los directivos han negado estos ataques y han señalado que han existido ataques contra la infraestructura que ha provocado interrupciones del servicio en algunas zonas del país.
El 12 de octubre las instalaciones del canal Teleamazonas fueron atacadas por manifestantes que prendieron fuego a un bus que se encontraba al interior. Las instalaciones del diario El Comercio también fueron atacadas por manifestantes. Telesur suspendió su programación en algunas plataformas de televisión paga y medios públicos evacuaron a su personal.
La libertad de expresión ha sido blanco de ataques durante varios años en el Ecuador y la labor periodística ha sido estigmatizada por altos funcionarios, en especial durante el gobierno del ex presidente Rafael Correa. Los hechos ocurridos en los últimos días son una muestra del ambiente desfavorable a la libertad de expresión en dicho país.
Las 24 organizaciones pertenecientes a la red IFEX-ALC emplazamos al Estado Ecuatoriano a:
Cumplir los tratados internacionales de derechos humanos ratificados por Ecuador, los cuales garantizan el ejercicio pleno del periodismo para ofrecer información confiable sobre los asuntos de interés público, y protegen el derecho de la ciudadanía a estar informada. Tener una prensa libre e independiente es un derecho de los ciudadanos y una obligación para cualquier gobierno democrático.
Respetar y garantizar los derechos humanos y el derecho a la libertad de expresión de sus habitantes, y frenar inmediatamente la represión en contra de quienes se manifiestan pacíficamente en contra de las medidas económicas anunciadas por el gobierno.
Respetar y garantizar la libertad de expresión en Internet del mismo modo que en los medios de comunicación, absteniéndose de implementar restricciones o bloqueos de sitios web enteros, direcciones IP, puertos, protocolos de red o ciertos tipos de usos (como las redes sociales) por ser una medida extrema -análoga a la prohibición de un periódico o una emisora de radio o televisión-.
Se investigue y se sancione de manera pronta y exhaustiva a los responsables de las agresiones cometidas contra periodistas tanto por agentes del Estado como por particulares, y se investiguen los hechos de censura promovidos por autoridades estatales.
Se investigue y sancione de manera pronta y exhaustiva las denuncias de uso excesivo de la fuerza cometido por agentes del Estado en contra de manifestantes.
Sobre IFEX-ALC:
IFEX-ALC, de la red global de IFEX, está integrada por 24 organizaciones en 15 países de América Latina y el Caribe dedicadas a la defensa de la libertad de expresión y la prensa libre.
La Fundación Violeta Barrios de Chamorro (FVBCH) en colaboración con la red IFEX-ALC –que defiende la libertad de expresión y prensa en 15 países de América Latina y el Caribe–y la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), presentaron ante el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, un Informe Alternativo al artículo 19 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que refleja las sistemáticas violaciones a la libertad de prensa y al acceso a la información pública que enfrenta el periodismo independiente en Nicaragua.
Luis Sequeira reportero de AFP es agredido por policías en Managua. Foto (Confidencial)
El Comité de Derechos Humanos es el órgano de expertos independientes que supervisa la aplicación del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos por sus Estados Partes. La lista de cuestiones a presentar al Estado en este proceso de evaluación se adoptará del 14 de octubre al 8 de noviembre de 2019.
El Informe Alternativo recoge el estado de la libertad de expresión en Nicaragua, el acceso a la información y las constantes violaciones a los Derechos Humanos de periodistas y medios independientes cometidas por el régimen de Daniel Ortega durante la última década, siendo el caso más grave el asesinato del periodista Angel Gahona, ocurrido en Bluefields el 20 de abril del 2018, tras el estallido de las protestas cívicas.
Las organizaciones demandan, entre otras cosas, una investigación exhaustiva e independiente del asesinato del periodista Gahona; la devolución de las propiedades de los medios independientes, allanadas y confiscadas por el gobierno, como: el Canal 100% Noticias y las instalaciones de Confidencial y Esta Semana; el cierre de los expedientes judiciales en contra de los periodistas Miguel Mora y Lucía Pineda Ubau, quienes fueron encarcelados durante 172 días, por ejercer su derecho a la libertad de expresión y de informar a la población, la cancelación de sus antecedentes penales y la devolución de sus bienes ocupados.
FVBCH, IFEX-ALC y la SIP además exigen el cese de las agresiones físicas, la intimidación y las amenazas por parte de grupos parapoliciales y paramilitares, así como la persecución, difamación, acoso y uso de lenguaje estigmatizante en contra de periodistas independientes y personas defensoras de Derechos Humanos.
El Informe señala la importancia de que el Estado cumpla con las medidas cautelares a favor de los periodistas, familiares, defensores de derechos humanos y garantice el retorno seguro de más de 91 periodistas que se encuentran en el exilio.
Para ver el Informe Alternativo relativo al Artículo 19 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos haga click aquí.
Marcha en Puebla por la desaparición de Norma Jiménez. Foto: Twitter @RiveraVivanco_
Gabriela Hernández/ Proceso
PUEBLA, Pue. (apro).- Familiares y amigos marcharon hoy por calles de esta ciudad para exigir la localización con vida de Norma Mercedes Jiménez López, de 27 años, quien está en la última etapa de su embarazo.
La joven desapareció el pasado 31 de agosto, luego de abordar un taxi, en la colonia Castillotla, para dirigirse al centro de la capital.
La madre de Norma pidió la ayuda de autoridades y la ciudadanía en general para ubicar a su hija, quien –subrayó– “estaba a días de dar a luz, ya para estos días debía tener a su hija. Yo les pido que me ayuden para que aparezca mi hija y mi nieta, no era una vida, eran dos”.
Recordó que la última vez que tuvo comunicación con su hija fue por una llamada que le hizo la noche del sábado, en la que le comunicó que había abordado un taxi en Castillotla para dirigirse al centro de Puebla.
Michelle Bachelet, Alta Comisionada de la ONU-DH. Foto: ONU/ Jean-Marc Ferré
Gabriela Sotomayor/ Proceso
GINEBRA (apro).- La Alta Comisionada de la ONU para Derechos Humanos Michelle Bachelet manifestó su preocupación por la “terrible” situación que viven periodistas y defensores en México y llamó al gobierno de Andrés Manuel López Obrador a tomar en cuenta las recomendaciones que su oficina le hizo con miras a fortalecer dicho mecanismo.
“Estamos preocupados por la terrible situación de periodistas y defensores de derechos humanos en México, hemos documentado el asesinato de 11 periodistas y 13 defensores de derechos humanos en este año, se hizo un análisis sobre el mecanismo de Protección para Periodistas y Defensores y lo que hicimos es asesorar sobre este mecanismo y les dimos 104 recomendaciones al gobierno para fortalecerlo y cómo mejorarlo”, dijo Bachelet en rueda de prensa en Ginebra a pregunta expresa de Apro.
“Espero que lo tomen en consideración para prevenir que este tipo de asesinatos siga ocurriendo”, urgió.
La Alta Comisionada expresó preocupación por el aumento de la violencia en el país y aunque reconoció desconocer la cifra de al menos 20 mil homicidios en lo que va del año, mencionó que especialmente los feminicidios y la situación de mujeres y niñas “sigue alarmante”.
“Otra cosa alarmante, agregó, es que en la frontera con Estados Unidos más de 332 personas han muerto o desaparecido desde principios de 2019 y de ellos 24 son niños. No sabemos si fueron secuestrados, víctimas de tráfico o de trata, nos preocupa y hemos hablado con el gobierno sobre este asunto.
La organización Artículo 19 documentó de enero a junio de este año 247 agresiones contra periodistas y 7 homicidios.
Imagen: Artículo 19
La organización Artículo 19 dio a conocer que durante el primer semestre de 2019 documentó 249 agresiones contra periodistas, incluyendo 7 asesinatos de periodistas.
Si se toma en cuenta todos los meses que lleva Andrés Manuel López Obrador en la Presidencia, la organización señala que la cifra de ataques asciende a 277, mientras que los homicidios ascienden a 11.
“El panorama para la libertad de expresión en el país es desalentador. De continuar esta tendencia, a poco más de cuatro meses para terminar el año, 2019 podría ser el más letal para la prensa en México”, señala el informe de Artículo 19.
Los cinco estados que registraron mayor número de atentados en contra de la prensa fueron: Quintana Roo, con 26; Ciudad de México y Guerrero, con 22 cada uno; y Oaxaca y Veracruz, con 19 cada uno. La organización expresó que desde 2013, las últimas cuatro entidades se mantienen como las más violentas.
“Los tipos de agresiones que más se documentaron fueron los actos de intimidación, que representan el 25.7% del total, es decir 67 agresiones. Seguido por las amenazas, con 61, equivalente al 24.49%”, agregó Artículo 19.
Del total de agresiones que se contabilizaron de enero a junio, 60% fueron en contra de hombres periodistas. Del resto, 22% fueron dirigidas a mujeres periodistas y 18% a medios de comunicación.
En una carta la ONU recuerda al gobierno de Tabasco los compromisos internacionales que debe cumplir para garantizar la libertad de expresión.
Foto: Animal Político
Redacción/ Animal Político
La Organización Nacional de Naciones Unidas expresó su preocupación por la reforma de ley recién aprobada en el estado de Tabasco, conocida como Ley Garrote, que castiga a quien impida la ejecución de obras públicas y endurece las penas por realizar bloqueos en las calles.
En una carta (firmada por los relatores especiales de la libertad de opinión, expresión y de derechos humanos) la ONU califica como “preocupantes” las modificaciones a los artículos 196, 299 y 308 Bis y recuerda al gobierno de Tabasco, los compromisos internacionales adquiridos para la garantía de los derechos humanos.
Con las reformas, el artículo 196 Bis establece que cualquier persona que carezca de facultad legal e “impida o trate de impedir por cualquier medio, la ejecución de trabajos u obras privadas” recibirá una pena de prisión de seis a trece años y una multa de mil a dos mil veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización.
Estas penas también se aplicará a quien “obstruya el acceso de personal o de maquinaria” en los lugares de trabajo mencionado. Mismos castigos quedaron planteadas en el artículo 299.
Los organizadores de estas manifestaciones piden llevar diamantina rosa, de preferencia que sea ecológica.
Ciudadanas en diversas ciudades del país mostrarán este viernes su apoyo al movimiento #NoMeCuidanMeViolan, por lo que protestarán para exigir a las autoridades más seguridad hacia las mujeres.
En su redes sociales, el colectivo guanajuatense Barrio Feminista publicó: “Concentración (hoy) contra el abuso policial, nos unimos con nuestras compañeras, trae tus instrumentos, cazuelas, garrafones o algo para hacer ruido”.
Por su parte, el grupo Feministas Universitarias Zona Oriente dio a conocer que mujeres de San Luis Potosí se unirán a esta protesta nacional, por lo que convocaron a todas las mujeres, hoy a las 17:30 horas, en el quiosco de la Plaza Armas.
Cabe destacar que los organizadores de estas manifestaciones piden llevar diamantina rosa, de preferencia que sea ecológica, para el evento en el que pretenden cerrar las calles para expresar su mensaje; además se recomienda ir con ropa negra, “en sororidad con las compas que marcharán”.
“No olvides llevar tu diamantina rosa eco friendly”, escribió la organización en sus redes sociales.
El 1ro de agosto pasado, el periodista Roberto Jesús Quiñones Haces, recibió un citatorio para presentarse ante el Tribunal Municipal Popular de la ciudad de Guantánamo, Cuba, en calidad de acusado. El 7 de agosto fue juzgado y sancionado a un año de privación de libertad sustituido por trabajo correccional con internamiento.
Roberto Quiñones es un hombre de 62 años de edad, desde hace 12 años ejerce el periodismo en Cubanet y también es licenciado en Derecho. En 1999 fue sancionado a ocho años de prisión y desde entonces se le prohibió ejercer como abogado.
Esta actual sanción se deriva de una cobertura que realizaba del juicio contra un matrimonio que había sido acusado por no llevar a sus hijos a la escuela e instruirlos desde casa. El 22 de abril, cuando el periodista se disponía a presenciar el juicio en el Tribunal Municipal Popular de Guantánamo, agentes de la Policía Nacional Revolucionaria (PNR) lo detuvieron, esposaron y golpearon. Lo llevaron detenido y lo mantuvieron preso por 5 días, acusado de resistencia y desobediencia, liberándolo bajo la advertencia de que el proceso en su contra seguiría.
Durante el arresto le provocaron varias contusiones, escoriaciones, heridas y le perforaron el tímpano del oído derecho. Fue trasladado al hospital, pero la especialista que lo atendió no registró la lesión porque tenía un taco de cerumen en el oído. No fue diagnosticado hasta 7 días después de ser liberado, cuando requirió asistencia médica por su cuenta.
Las autoridades denunciaron de oficio a los oficiales actuantes por los delitos de lesiones y al periodista por los delitos de resistencia y desobediencia. El 30 de abril, el Primer Fiscal Militar exculpó a los agentes y remitió la denuncia contra el periodista a la Fiscalía Provincial de Guantánamo.
El 3 de mayo, el periodista presentó queja en la Fiscalía y una funcionaria le informó que por indicaciones de la Fiscalía General de la República su caso había sido trasladado a la Delegación del Ministerio del Interior, la misma institución que garantizó impunidad a sus agresores.
El 6 de mayo, Roberto de Jesús presentó un escrito de queja por la decisión tomada por la Fiscalía Militar al Departamento de Atención a la Ciudadanía del Ministerio del Interior. Hasta la fecha no ha recibido respuesta. Desde el 9 de junio tiene prohibido salir de su provincia de residencia sin autorización de los agentes de la Seguridad del Estado que regularmente lo reprimen. La prohibición se mantiene en la actualidad. En ese mismo mes fue citado por un capitán de la PNR quien le hizo la propuesta de imponerle una multa para cerrar el caso. Roberto Quiñones se negó porque tal proceder implicaba admitir la responsabilidad de la acusación. Ello ocasionó que el juicio continuara su curso hasta la sanción notificada el 7 de agosto.
Si bien Roberto Quiñones apeló la sentencia del Tribunal Municipal el 12 de agosto, se teme que la sanción se confirme y se haga efectiva la privación de su libertad.
Del caso se desprende que el periodista fue juzgado sin las garantías mínimas del debido proceso por un tribunal no independiente, mediante un proceso penal sumarísimo en el cual no se respetó el principio de contradicción ni la igualdad entre las partes, como tampoco se dispuso del tiempo y de los medios adecuados para preparar su defensa.
En lo que va de 2019, en Cuba han aumentado los actos de intimidación y hostigamiento que pueden ser tipificados como tortura por el derecho internacional, cometidos por agentes de la Policía Nacional Revolucionaria y de la Seguridad del Estado, sin orden ni supervisión judicial, contra defensores de derechos humanos y periodistas independientes, con el objetivo de que, mediante el castigo o la intimidación, se inhiban de ejercer su derecho a opinar expresarse, asociarse y reunirse pacíficamente.
En el caso específico de Roberto, agentes del estado cubano, en el desempeño de funciones oficiales, infringieron intencionalmente sufrimiento y dolor (mental y físico) severo a Roberto de Jesús Quiñones, actos prohibido por el articulo 7 del Pacto Internacional de los derechos civiles y políticos, que el estado se comprometió a cumplir cuando lo firmó el 28 de febrero de 2008 y la Convención contra la Tortura de la cual es parte.
Es importante resaltar que en el informe especial sobre la situación de la libertad de expresión en Cuba, presentado este año por el Relator Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos Edison Lanza, se señala la criminalización de periodistas y personas defensoras de derechos humanos en Cuba, con énfasis particular en la detención arbitraria, tortura y citaciones. Asimismo, se nombra al periodista Roberto Jesús Quiñones por haber sufrido otra detención arbitraria hace menos de un año.
Entre las recomendaciones del Relator, se instó al Estado cubano a adoptar las medidas que sean necesarias para prevenir y erradicar la criminalización de quienes ejercen el derecho de libertad de expresión y de asociación; y Poner fin en el más breve plazo a la práctica de hostigamiento, incluyendo citaciones, detenciones de cualquier duración, y acoso a cualquier persona por causas relacionadas al ejercicio de su libertad de expresión, libertad de asociación, reunión u otros conexos.
Asimismo, en el Examen Periódico Universal de Cuba, en septiembre 2018, también incluye las siguientes recomendaciones: Poner fin a la detención arbitraria y el hostigamiento de defensores de los derechos humanos, así como de profesionales de los medios de comunicación; y poner fin a las medidas que restringen la libertad de expresión y reunión, incluidas las detenciones de corta duración y la utilización de cargos penales generales como la “peligrosidad”.
Es importante recordar las obligaciones del Estado cubano de garantizar el respeto por los derechos humanos y las libertades fundamentales de conformidad con la Declaración Universal de Derechos Humanos y con las normas internacionales de derechos humanos ratificadas o firmadas por Cuba. El derecho a la libertad de expresión y de acceder a información son establecidos dentro del artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y también reconocido por el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Artículo 19 reitera específicamente los derechos garantizados en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos Artículos 7, 9, 12, & 19; y la Convención de las Naciones Unidas Contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes de conformidad con estándares internacionales de derechos humanos.
Por todo ello, las organizaciones y personas abajo firmantes condenamos la ilegitima detención arbitraria, criminalización y sanción en contra del periodista Roberto Jesús Quiñones y expresamos nuestra profunda preocupación por el maltrato y tortura de los cuales fue objeto durante y después de detención.
Asimismo, demandamos al Estado cubano lo siguiente:
Que se respeten y garanticen los derechos de Roberto de Jesús Quiñones en el proceso penal seguido en su contra por las autoridades judiciales en la provincia de Guantánamo.
Adoptar las medidas para que cese la represión contra defensores y activistas de derechos humanos, especialmente contra periodistas independientes y otros actores de la sociedad civil en situación de riesgo.
Garantizar que estos actos de represión, intimidación y hostigamiento sean debidamente investigados y los responsables sancionados; conforme a la metodología del Protocolo de Estambul.
Garantizar que todas las personas estén protegidas frente a la intimidación y la violencia a las que podrían exponerlas sus actividades o el simple ejercicio de sus libertades de opinión y expresión y sus derechos de asociación y reunión pacífica
Adoptar medidas legislativas para garantizar la independencia del poder judicial y garantizar el respeto de los Principios Básicos sobre la Función de los Abogados.
Preparar y ejecutar programas de formación para velar por que los jueces, fiscales, agentes del orden sean plenamente conscientes de las disposiciones internacionales que prohíben la tortura y los malos tratos.
Firman
Periodistas, defensoras/es de derechos humanos y otras/os:
Adrián Beja José. Paquito Rosales. Holguín Alcibíades Silva Fernández. Songo La Maya. Santiago de Cuba Alejandro Gonzalez Raga Alexander Guzmán Silva. Bayamo. Granma Alexander Rodríguez Santiesteban. Banes. Holguín Aliannis Astray Cedeño. Bayamo. Granma Amarilis Cortina Rey Annabel Borges Tamarit Armando Añel – escritor Armando Chaguaceda, politólogo Armando Rodríguez. Banes. Holguín Bertha Bueno Fuentes Carlos Antonio Fernández Chacón. Guantánamo Claudia Padrón Cueto Dario Alejandro Alemán Cañizares Dhaniella Falk, IWPR Dixan Gaínza Moré. Camagüey Edalis Pacheco Silva. Paquito Rosales. Holguín Edberto Freeman Marrero. Banes. Holguín Eliecer Palma Pupo. San Germán. Holguín Enoide Pompa Reyna. Paquito Rosales. Holguín Eresnildo Pérez Escalona. Santiago de Cuba Erik Jennische Estela Cruz Marrero. Banes. Holguín Fernando Baliño Pérez. Veguitas. Granma Francisco Luis Manzanet Ortiz. Baracoa. Guantánamo Fulgencio García Pozo. Jibacoa. Las Tunas Hugo Landa Idabell Rosales Cao Indomar Gómez Izaguirre. Camagüey Irael Ramírez Núñez. Paquito Rosales. Holguín Isela Poveda Silva. Guantánamo Iván García Quintero Ivón Soto González Joaquín Moré Rico Jorge A. Sanguinetty Jorge Chance Betancourt. Santiago de Cuba Jorge Chance Soria. Santiago de Cuba José Antonio Fornaris José Laborit Matos. Guantánamo José Rafael Martínez Carralero. Banes. Holguín Juan Antonio Blanco Juan Carlos Linares Balmaseda Julio César Álvarez Lopez Leonardo Ramón Viamonte Marrero. Banes. Holguín Luis Enrique Guivert Martínez. Santiago de Cuba Luis Ramón Stiú Suárez. San Luis. Santiago de Cuba Luisa Bárbara Martínez Silva. Banes. Holguín Manuel Alberto Morejón Manuel Alejandro León Velázquez. Guantánamo Manuel Rey Carvajal. Bayamo. Granma Marco Antonio Morán Peregrín. Guantánamo María Caridad Herrera Alfonso. Guantánamo María Isabel Rodríguez Lobaina. Guantánamo Michel E. Figueredo Sean. Veguitas, Yara. Granma Miladis Piña Rosales. Banes. Holguín Miriam Herrera Calvo Misael Alexander Fabré Silva. Banes. Holguín Niober García Fournier. Guantánamo Norges Rodríguez de YucaByte Normando Hernández Odalina Guerrero Lara Odalys Legrá Castellanos. Guantánamo Osmay Vázquez Aranda. Palma Soriano. Santiago de Cuba Osmay Vázquez Díaz. Palma Soriano. Santiago de Cuba Pablo Díaz Espí Pedro Machado Mateo. Paquito Rosales. Holguín Rafael Rojas, historiador Roberto González Feria. San Luis. Santiago de Cuba Roberto Hechavarria Roberto Perdomo Fuentes. Mella. Santiago de Cuba Rogelio Fonseca Pérez. El Recreo. Granma Rolando Cartaya Rolando Rodríguez Lobaina. Guantánamo Rosa María Payá Santiago Martínez Mustelier. Jibacoa. Las Tunas Siro del Castillo Taylor E. Torres de YucaByte Tomás Núñez Magdariaga. Palma Soriano. Santiago de Cuba Walter Cañete Cruz. Banes. Holguín Wilder Frómeta Romero. Guantánamo William Tamayo Ramayo. Banes. Holguín Yadita Rodríguez Ramírez. Camagüey Yadria Montoya Burgos. Santiago de Cuba Yaima Pardo La Red Yaleidi García Avila. Jibacoa. Las Tunas Yanet Díaz Santiago. Palma Soriano. Santiago de Cuba Yaqueline Aguilera Isalgué. Guantánamo Yaremis Buqueriget Socias. Guantánamo Yaxys Cires Dib Yeider Fuentes Arias. Guantánamo Yeris Curbelo Aguilera. Guantánamo Yisel Aguilar Aguilera. Guantánamo Yoani Sánchez Yobanis Hernández Enamorado. Jibacoa. Las Tunas Yoe Suárez Yosvany Sepúlveda Martínez. Camagüey Yusmel Acosta Aguilera. Guantánamo
Organizaciones, Instituciones, Fundaciones y Medios de comunicación:
