Libertad de Expresión – Centro Nacional de Comunicación Social AC

13 diciembre, 2022

La reciente reforma a la Ley General de Comunicación Social mantiene las condiciones para censura sutil y falta de transparencia

Foto: ARTICLE 19

Article 19 MX-CA/Fundar

La Cámara de Diputados aprobó “vía rápida” la reforma a la Ley Chayote pero incumple con los más altos estándares en libertad de expresión.
Persisten las malas prácticas en la asignación y contratación de la publicidad oficial para dar lugar a la censura sutil.
El Senado de la República tiene la posibilidad de revertir esta reforma y cumplir cabalmente con lo enunciado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Ciudad de México, 12 de diciembre de 2022.– El 7 de diciembre pasado fue aprobada por mayoría de votos en la Cámara de Diputados la reforma a la Ley General de Comunicación Social (LGCS) cómo parte del paquete de reformas electorales. Sin embargo, las modificaciones a la llamada Ley Chayote no cambian sustancialmente el “estado de cosas inconstitucional” que declaró la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en 2017 y 2021. Por lo que, al día de hoy, está en manos del Senado de la República revertir la discrecionalidad en la asignación de la publicidad oficial como medio de censura sutil.

La minuta que hoy se encuentra bajo análisis y discusión en el Senado, no cumple con los más altos estándares en libertad de expresión, acceso a la información y publicidad oficial, como es el caso de los Principios sobre Regulación de la Publicidad Oficial y Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Asimismo, no contiene elementos básicos para la regulación de la publicidad oficial.

Por ejemplo, prescinde de principios como el de pluralidad mediática, equidad, no discriminación y rendición de cuentas como directrices para la asignación del gasto de publicidad oficial. Tampoco hay diferencia entre tipos de medios de comunicación (digital, impreso, radio, televisión, concesionarios de uso social, etc) y otros medios de difusión (publicidad exterior, mobiliario urbano, plataformas digitales, motores de búsqueda, etc). Es importante señalar que no considera a las y los concesionarios de uso social comunitario y a los de uso social indígena.

Esta reforma reemplaza “sujetos obligados” por “entes públicos” por lo que se corre el riesgo de que las personas físicas y morales de carácter privado que reciban estos recursos públicos, incluyendo prestadores de servicios como las casas productoras, influenciadores, agencias de publicidad, servicios digitales o similares, queden fuera del escrutinio público.

Por otro lado, llama la atención que el artículo 3o. Bis menciona el tipo de información que pueden difundir los entes públicos, señalando lo referente a “la ejecución de obras de infraestructura, prestación de servicios públicos y desarrollo de programas económicos y sociales” (f. I), pero no indica que deben informar en términos del impacto que generan dichos programas u obras a la ciudadanía.

En la definición de “publicidad gubernamental” prevista en el artículo 4o, f. VIII Bis, se deja de lado que ésta debe estar financiada con el presupuesto público, etiquetado de manera específica para ese fin, por parte de los entes públicos. Señala expresamente que no se considera este tipo de publicidad “las manifestaciones de las personas servidoras públicas en el ejercicio de su libertad de expresión”. Preocupa que esta definición da pie a que cualquier persona servidora pública -incluyendo el representante del Ejecutivo- pueda promocionar cualquier situación o servidor público en contravención de la propia legislación y de los estándares en la materia.

En ese mismo artículo, el inciso VII señala el Padrón Nacional de Medios de Comunicación, pero no lo define, ni detalla si incluirá a todos los tipos de medios o continuará siendo exclusivamente un padrón de medios impresos.

Si bien en el artículo 18 Bis de la reforma, se incluyen los criterios de asignación de la publicidad oficial, estos siguen siendo amplios y ambiguos, contraviniendo lo ordenado por la SCJN, la cual, mediante su sentencia de septiembre de 2021, obligó al Poder Legislativo a delinear directrices y procedimientos claros y transparentes. Así, no se establecen los topes de asignación por medio de comunicación, ya sea del total de la partida presupuestal o por campaña de comunicación social. Como hemos documentando las organizaciones firmantes, la hiper-concentración del gasto de comunicación social en unos cuantos medios de comunicación (prácticamente 50% en 10 corporativos) es un patrón que se mantiene.

Por otro lado, incumpliendo el mandato de la SCJN que expresamente prohibía la remisión a otras legislaciones, esta reforma insiste en regular el procedimiento de asignación del gasto con base en la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público (artículo 19).

Otra falencia está en la omisión de establecer parámetros, órganos y procesos de medición de audiencias, rating, tiraje e impacto; aspecto central para construir las estrategias de comunicación social y para la definición de los medios de comunicación idóneos en el despliegue de los mensajes.

Para las mediciones en cuestión es fundamental contar con órganos técnicos públicos independientes (como por ejemplo, el INEGI) que permitan medir el alcance real de los medios de comunicación. Sin embargo, la reforma en discusión incurre en la misma falta que pretendía enmendar la SCJN, derivando dicho proceso a los “Lineamientos” que cada autoridad apruebe y permitiendo que contraten libremente a entidades que realicen los estudios de impacto.

La práctica nociva de adjudicación directa del gasto de comunicación social permanece (art 18 bis f.V) y se justifica arbitrariamente en la necesidad de emitir “mensajes extraordinarios”, sin definirlo con precisión y claridad en el resto de la normativa (art. 31).

Encontramos tres aspectos positivos. Uno es el cambio de la Secretaría de Gobernación como “Secretaría Administradora” del gasto, por “Unidades Administradoras” por cada uno de los Entes Públicos. El segundo es el establecimiento de un límite de gasto del Programa Anual de Comunicación Social, que no debe rebasar el 0.1 por ciento del Presupuesto de Egresos de la Federación –para 2023 el presupuesto es de 8 billones 299 mil 647.8 millones de pesos, por lo que el tope sería de 8 mil 299 millones–. El tercero es la prohibición expresa de utilizar las campañas de Comunicación Social como un medio de premio o castigo para la prensa, aunque no establece las condiciones para evitarlo.

Mediante la reforma aprobada por la Cámara de Diputados es previsible que persistirán malas prácticas en la asignación y contratación de la publicidad oficial. También se prevé que no se revierta el uso condicionado del gasto de comunicación social como forma de manipulación sobre las líneas editoriales de periodistas y medios de comunicación.

La celeridad con la cual se pretende aprobar la reforma cuando ésta contiene graves omisiones preocupa, pues refleja la falta de voluntad por regular de manera robusta, exhaustiva y seria. Adicionalmente, este proceso ha relegado por completo a las voces de la academia, periodistas, medios de comunicación independientes y sociedad civil que han empujado desde hace años los cambios necesarios en la materia.

Por lo tanto, desde ARTICLE 19 y FUNDAR exhortamos al Senado de la República a reconsiderar la iniciativa de reforma a la LGCS recientemente presentada y constreñirse a los estándares más altos en la materia en sintonía con lo dictado por la SCJN, de lo contrario la garantía del derecho a la libertad de expresión y a la información seguirán siendo vulneradas.

Para más información, favor de contactar a comunicacion@article19.org

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24 noviembre, 2022

Red Rompe El Miedo y FLEPS monitorearán las protestas del 25N en CDMX y Oaxaca

Red Rompe el Miedo (RRM)/Frente por la Libertad de Expresión y la Protesta Social (FLEPS)

La Red Rompe el Miedo (RRM) y el Frente por la Libertad de Expresión y la Protesta Social (FLEPS) monitorearán las protestas por el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, este jueves 24 y viernes 25 de noviembre en la Ciudad de México y Oaxaca.

Como parte de la jornada, la RRM documentará agresiones a periodistas y personas defensoras integrantes de la Red. A su vez, el FLEPS observará la actuación policial para vigilar que las autoridades garanticen el libre ejercicio de la protesta social. Se publicará información en tiempo real, incluyendo incidentes y recomendaciones de seguridad, a través de las cuentas de Twitter @RompeMiedo y @Frente_Libertad, con el fin de acompañar a las personas que se manifestarán.

La RRM recuerda a las personas manifestantes la importancia de la cobertura periodística en contexto de protesta para contribuir a los procesos de exigencia de garantías de derechos, para robustecer el debate público, así como para apoyar la difusión de las razones que llevan a la apropiación del espacio cívico.

También recordamos a las autoridades que la violencia contra periodistas, personas defensoras de derechos humanos y personas manifestantes por parte de las fuerzas del orden, en cualquiera de sus formas, constituyen violaciones al derecho a la libertad de expresión, el derecho a la protesta y el derecho a la participación política.

Exigimos a las autoridades de la Ciudad de México y de Oaxaca que este 25 de noviembre se respete y garantice el derecho de toda persona a protestar, así como a buscar, recibir y difundir información sobre el desarrollo de esta movilización. Por lo que también llamamos a las autoridades a garantizar el derecho de la prensa a cubrir la protesta.

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23 septiembre, 202223 septiembre, 2022

Organizaciones defensoras de libertad de expresión condenan acoso judicial contra Riodoce y Quinto Elemento Lab

Imagen: Propuesta Cívica

Propuesta Cívica

Propuesta Cívica, ARTICLE 19, el Comité para la Protección de Periodistas y Reporteros Sin Fronteras reprobamos el hostigamiento judicial en contra de los medios Riodoce y Quinto Elemento Lab. Asimismo, expresamos preocupación por los dichos de Rubén Rocha Moya, Gobernador del estado de Sinaloa, con respecto a dicho proceso judicial.

Acoso judicial: un mecanismo de censura en México

Los pasados 7 de enero y 2 de marzo del 2022, el medio Riodoce de Culiacán, Sinaloa, fue notificado de dos demandas por Daño moral, en contra del medio, algunos de sus integrantes y en contra del medio Quinto Elemento Lab. Los procesos legales surgen a raíz de las investigaciones periodísticas del 2021 tituladas “Los otros hermanos Arellano” y “Los Nexos de García Luna con Grupo ArHe“. En dichos reportajes se presentan avances y hallazgos de las investigaciones de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) sobre transacciones y vinculaciones familiares y políticas de un consorcio de empresas (principalmente dentro del grupo empresarial Grupo ArHe) fundado por Juan José y Erick Ernesto Arellano Hernández.

Estos procesos legales admitidos y tramitados por los Juzgados Primero y Quinto ambos en materia civil de Primera instancia del Distrito judicial de Culiacán, Sinaloa se traducen en un proceso de acoso judicial a través del cuál se busca censurar a la prensa abusando del poder público e iniciando procedimientos legales los cuáles tienen repercusiones económicas y legales para los medios de comunicación. Propuesta Cívica y ARTICLE 19 ya han alertado en la rueda de prensa El Acoso Judicial Un Mecanismo Para Agredir La Libertad De Prensa En México, sobre cómo personas servidoras públicas, actores políticos y empresarios, emplean mecanismos legales instituidos para proteger los derechos humanos, como herramientas de represión contra periodistas y medios de comunicación. Tan sólo en el primer semestre de este año ARTICLE 19 ha documentado 19 casos de hostigamiento judicial en contra de la prensa mexicana.

Como organizaciones dedicadas a la defensa de la libertad de expresión en México, recordamos que el acoso judicial debe resolverse y analizarse a través de los estándares de malicia efectiva desarrollados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CrIDH). Precisamente la CrIDH estableció recientemente en el caso Moya Chacón v. Costa Rica que, aunque periodistas y medios sí tienen un deber de constatar de forma razonable la información que publican, en los casos de interés público no es exigible la completa veracidad de la información, sino que las publicaciones o investigaciones se realicen de buena fe y de acuerdo a los estándares mínimos de ética y profesionalidad en la búsqueda de la verdad.

En este sentido, la Corte Interamericana reitera que, en un proceso legal, exigir o regular de forma exhaustiva las diligencias realizadas por los periodistas antes de la publicación de información, al constituir un mecanismo de prevención previa sobre la actividad periodística, puede traducirse en un acto de censura. Desde el 2017 la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión (RELE) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) advertía que se ha incrementado la censura a través del hostigamiento a través de demandas penales o civiles.

Es importante destacar que en contextos de impunidad y opacidad – como el prevaleciente en México – la labor periodística no sustituye la labor de investigación de las autoridades ni está sujeta a los mismos estándares de prueba. Al contrario, gracias al periodismo de investigación se garantiza el derecho a saber de la sociedad en general, e incentiva que las propias autoridades realicen investigaciones que de otra manera no se verían orilladas a hacer.

Declaraciones del Gobernador de Sinaloa respecto al caso.

El pasado lunes 19 de septiembre Rubén Rocha Mora, gobernador de Sinaloa, en su “conferencia semanera”, llamó a grupo ArHe y a los hermanos Arellano a retirar las demandas, en aras de evitar mayor afectación al medio de comunicación. Sin embargo, el funcionario público desacreditó la investigación periodística de Riodoce y Quinto Elemento Lab, indicando que él había confirmado que no había lavado de dinero:

[…] yo ya fui y averigüé y lo verifiqué con la directora general de auditorías y me estuvo platicando qué es lo que están haciendo. […] estaba conmigo Enrique Diaz, oye le dije, tambien se dice que los Arellano son lavadores de dinero, y me dijo la directora general, que es Rosalinda López Hernández, nosotros no hemos encontrado que los Arellano laven dinero, ellos son muy buenos para planear el tema fiscal. Son adversarios nuestros, pero no nos consta en la revisión completa que hemos hecho que laven dinero. Así que es muy probable que esa demanda se la puedan ganar a Riodoce por lo que a mi me dijeron. Sin embargo les pido yo a los Arellano, que son una empresa privada en Sinaloa, que yo gobierno, retiren por favor la demanda contra el Riodoce.

Ante estas declaraciones las organizaciones firmantes manifestamos que no corresponde al Titular del Poder Ejecutivo del estado de Sinaloa determinar el resultado de una eventual investigación por parte de la Unidad de Inteligencia Financiera o las autoridades de investigación en el ámbito penal. En todo caso, son las autoridades competentes las que pueden determinar la responsabilidad sobre posibles ilícitos penales, en concordancia con las garantías del debido proceso y previa investigación diligente, imparcial, objetiva, exhaustiva y profesional.

De la misma forma, tampoco corresponde al Gobernador calificar la veracidad o la calidad del trabajo periodístico de medios y periodistas dentro y fuera de Sinaloa. Además, consideramos que no es apropiado que el poder ejecutivo dé declaraciones públicas sobre investigaciones en curso y sus posibles consecuencias, ya que podría influir la labor del poder judicial.

Destacamos que los medios de comunicación y periodistas no tienen la obligación de prever el resultado final del actuar de las autoridades investigadoras, sino que, el periodismo de investigación busca recabar y difundir informaciones e ideas de interés público a la sociedad. El desprestigiar las investigaciones periodísticas que se realizaron en 2021 y que fueron motivo del acoso judicial de Grupo Arhe hacia Ríodoce y Quinto Elemento es contrario a los estándares de protección y respeto a libertad de expresión por parte de servidores públicos.

En vista de lo anterior Propuesta Cívica, ARTICLE 19, el Comité para la Protección de Periodistas y Reporteros Sin Fronteras respaldamos el trabajo y trayectoria profesional de Riodoce y Quinto Elemento Lab, condenamos el hostigamiento judicial del cual han sido víctimas y:

Conminamos a Rubén Rocha Mora, gobernador del estado de Sinaloa,a abstenerse de utilizar un discurso público que descalifique a priori las investigaciones periodísticas de periodistas y medios de comunicación.
Exigimos a los Juzgados Primero y Quinto civiles de primera instancia ubicados en Culiacán a que, en el ámbito de sus facultades, procuren la máxima diligencia y el estricto cumplimiento de los estándares internacionales y nacionales en materia de malicia efectiva durante la secuela procesal de ambas demandas, incluyendo la pronta publicación del supuesto desistimiento promovido por la parte actora de ambas demandas.
Hacemos un llamado a las autoridades, actores políticos y empresarios, a ejercer el derecho de réplica y abstenerse de presentar demandas por daño moral con la única intención de intimidar o reprimir la libertad de prensa en México.
Hacemos el llamado a los mismos de públicamente reconocer la importancia de la libertad de prensa y de la labor periodística.

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2 junio, 2022

Urgen a autoridades de Jalisco tomar acciones concretas para garantizar la labor de periodistas y personas defensoras de derechos humanos

Espacio OSC

Ciudad de México / Guadalajara, 01 de junio de 2022

Los días 30 y 31 de mayo se llevó a cabo en la ciudad de Guadalajara, Jalisco el séptimo diálogo estatal para impulsar una Iniciativa de Ley General de Prevención y Protección ante Agravios a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, convocado por la Subsecretaría de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación en el que participaron representantes de la Secretaría de Gobierno del Estado de Jalisco, del Congreso local, la Comisión Estatal de Derechos Humanos, Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas, organizaciones de la sociedad civil, personas defensoras de derechos humanos y periodistas.

Este diálogo se suma a los realizados en la Ciudad de México, Oaxaca, Sonora, Nayarit, Morelos y Baja California con el objetivo de debatir sobre los elementos que debería contemplar una Ley General de Protección, ahora en el contexto específico de Jalisco.

Durante la discusión, las personas defensoras y periodistas resaltaron que Jalisco es el estado del país con mayor número de personas desaparecidas, feminicidios y violencia contra las mujeres, en las que se destaca la impunidad y falta de sanción de estos delitos sobre las y los responsables. A su vez, hicieron mención que dentro de los riesgos que están expuestas por su labor de defensa de derechos humanos y del ejercicio de libertad de expresión, se encuentran, ataques a la vida e integridad, discursos de odio y campañas de desprestigio, agresiones físicas y digitales, despojo de tierras, amenazas, y falta de transparencia. Estos fueron algunos de los obstáculos y riesgos diferenciados a nivel estatal señalados que enfrentan mujeres periodistas, colectivos de búsqueda de personas desaparecidas, atención y protección de la población migrante, de defensa del agua, el territorio y el medio ambiente y personas defensoras de la diversidad sexual.

Muchas de esas violaciones a derechos humanos y obstáculos a la labor son cometidas y promovidas por parte de funcionarias o funcionarios públicos de manera directa e indirecta, así como en colusión con el crimen organizado. Esto ha generado una falta de confianza sobre las instituciones de gobierno estatales, que se evidenció durante el diálogo por las y los participantes, al hacer énfasis en que su seguridad y protección no pueden quedar en manos de las instancias locales de gobierno, quienes son las principales agresoras/es de personas defensoras y periodistas y no investigan ni sancionan a las y los responsables. Ante eso, las y los participantes lamentaron la falta de permanencia durante todo el diálogo de funcionarias/os públicos que tienen deber de protección, como fue el caso del Secretario General de Gobierno de Jalisco, la Subsecretaria de Derechos Humanos y el Fiscal General del Estado de Jalisco.

Asimismo, demandaron mayor transparencia y difusión sobre el catálogo de medidas reciente aprobado por la Secretaría de Gobernación Federal durante el mes de mayo, así como el funcionamiento de la Ley de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas de Jalisco, emitida en 2016, la cual fue emitida sin consulta de las personas defensoras y periodistas, y pese a contar con una Consejo Ciudadano, así como atribuciones específicas de instancias estatales, persiste la opacidad en cuanto su implementación, informes sobre el funcionamiento del mecanismo estatal y sobre las acciones de coordinación entre esta y la Federación.

De igual forma, manifestaron la necesidad de realizar más acciones de seguimiento y respaldo político a la labor de personas defensoras y periodistas a nivel estatal, así como de contar con perfiles idóneos de las y los servidores que dan atención en el mecanismo de protección, fiscalías, comisiones de atención a víctimas y comisiones de derechos humanos a nivel estatal, con procedimientos claros, instituciones obligadas, recursos humanos y financieros suficientes.

Respecto a las demandas, Enrique Irazoque, Titular de la Unidad de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación mencionó que publicarán el catálogo de medidas establecidas en el reciente anexo técnico firmado con vigencia a diciembre del presente año, y de abrir un espacio de análisis de evaluación del catalogo medidas y su implementación junto con personas defensoras, periodistas y organizaciones de la sociedad civil.

Las personas asistentes hicieron énfasis en la necesidad de reconocer la labor que realizan personas defensoras de derechos humanos y periodistas, e hicieron un llamado a generar acciones eficaces para la investigación, sanción y erradicación de la impunidad en los delitos. Por tanto, destacaron las organizaciones, colectivos/as de derechos humanos, personas defensoras y periodistas, la urgencia de fortalecer al Mecanismo Federal e implementar acciones urgentes ante la grave situación de violencia y falta de garantías para ejercer el derecho a defender derechos humanos y de libertad de expresión en Jalisco. Además llamaron a seguir fortaleciendo a nivel interno las redes entre personas defensoras y periodistas a nivel estatal, en especial de quienes realizan su labor en zonas de mayor riesgo en el estado de Jalisco, mismas que son fundamentales para la construcción de una ruta y agenda más amplia entre organizaciones y movimientos sociales que defienden derechos humanos.

Para medios:

@EspacioOsc

contacto@espacio.osc.mx

Espacio OSC para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas conformado por:

ARTICLE 19; Casa del Migrante Saltillo; Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA); Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan; Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero (CDHZL); Centro Nacional de Comunicación Social (Cencos); Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH); Comunicación e Información de la Mujer A.C. (CIMAC); Consorcio Para el Diálogo Parlamentario y Equidad, Oaxaca A.C; Instituto de Derecho Ambiental A.C. (IDEA); JASS Asociadas por lo Justo; Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todas y Todos (RedTDT); SMR Scalabrinianas, Misión con Migrantes y Refugiados; Servicios y Asesoría para la Paz (Serapaz); El Espacio OSC está acompañado por Brigadas Internacionales de Paz (PBI).

Otras organizaciones, colectivos y personas firmantes:

Colectivo Defendamos El Cerro de la Reina, Tonalá. Jalisco, Colectivo Foco Tonal, Santa Cruz de las Huertas, Tonalá. Jalisco, Colectivo Unido por Jardines de La Paz y Colonias Aledañas, A.C, Conciencia y Acción México AC, Colectivo Luz de Esperanza Desaparecidos Jalisco, Por Nuestros Niños A.C, Colectica Feminista Abuelas Brujas y Sabias, Centro de Justicia Para la Paz y el Desarrollo, A. C. (CEPAD), Colectivo Unido por Jardines de la Paz y colonias aledañas, A. C,, Tsikini Asociación Civil, Belinda Aceves Becerra, Gabriela Karina Cervantes Fuentes, Josefina Ramírez Gómez, Héctor Rodolfo Flores González, Maria Antonieta Flores Astorga, Leticia López Salinas, Sergio Gilberto Morales Hernández, Defensor SocioAmbiental & DDHH/ Periodista Independiente, Patricia Alvarado.

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25 mayo, 2022

Espacio OSC llama a no debilitar a la Junta de Gobierno del Mecanismo de Protección y a fortalecer la participación de la sociedad civil

Espacio OSC

México a 25 de mayo de 2022

Las organizaciones que conforman al colectivo Espacio OSC y que realizan acompañamiento a personas defensoras y periodistas ante el Mecanismo Federal de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas (en adelante Mecanismo), observamos con preocupación el debilitamiento político de la Junta de Gobierno del Mecanismo, la cual es la instancia máxima y el principal órgano de toma de decisiones para la prevención y protección de personas defensoras de derechos humanos y periodistas.

Tal como lo comunicó el Consejo Consultivo en un boletín, durante la Centésima Séptima Sesión Ordinaria de la Junta de Gobierno, la Secretaría de Gobernación (SEGOB), quien funge como titular de la Coordinación Ejecutiva Nacional (CEN) del Mecanismo, anunció la aprobación unilateral e irregular de un nuevo contrato con la empresa RCU Sistemas S.A. de C.V. Es importante recordar que esta empresa opera el catálogo de medidas de protección que son dictaminadas por el Mecanismo para proteger a personas defensoras y periodistas que se encuentran en riesgo por ejercer la defensa y promoción de los derechos humanos y el derecho a la libertad de expresión.

La toma de decisiones unilaterales por parte de la Secretaría de Gobernación resulta arbitraria ya que la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas establece, en su artículo 4, que La Junta de Gobierno es la instancia máxima del Mecanismo y principal órgano de toma de decisiones para la prevención y protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas. Por tanto, carece de sustento la decisión adoptada por la SEGOB al confundir la atribución de administrar los recursos presupuestales, con la de celebrar y suscribir convenios, que recaen en el órgano máximo del Mecanismo.

Además, dentro de las atribuciones dadas a la Junta de Gobierno, en el artículo 8 fracción VI, se establece la de Celebrar, propiciar y garantizar, a través de la Coordinación, convenios de coordinación y cooperación con las autoridades federales, entidades federativas, órganos públicos u organizaciones dedicadas a la defensa de los derechos humanos y la libertad de expresión nacionales o internacionales, así como con personas y organizaciones sociales y privadas para la instrumentación de los objetivos del Mecanismo.

La no integración de las instancias que conforman a la Junta de Gobierno es un retroceso en su composición horizontal y en la capacidad de deliberación e interacción entre instituciones gubernamentales y personas expertas en materia de derechos humanos y de libertad de expresión. Esto también afecta la transparencia y rendición de cuentas, así como el fortalecimiento de los planes de protección.

Durante el año 2019, el Espacio OSC, junto con periodistas y personas defensoras beneficiarias, impulsamos la creación de un catálogo de medidas complementarias a partir de un enfoque de derechos humanos, colectivo, comunitario y con perspectiva de género. Esto, con el objetivo de mejorar y actualizar las medidas que conforman los planes de protección desde una perspectiva integral.

La falta de conocimiento de este nuevo instrumento, así como la ausencia de participación de la sociedad civil, debilita a las personas defensoras y periodistas en los temas que les afectan y deja en evidencia la poca apertura por la Secretaría de Gobernación para escuchar las voces de quienes viven las violencias.

Consideramos que la integración de todos los actores en la gobernanza de la política pública de protección para personas defensoras y periodistas no es una elección, sino es una medida necesaria y esencial para el reconocimiento de las personas defensoras y periodistas como sujetos de derechos y no sólo objeto de protección. De la misma forma, esto permitirá conseguir resultados palpables de una política pública integral que pueda contrarrestar los efectos del contexto de violencia, inseguridad e impunidad.

Ante esto, nos unimos a la preocupación externada por el Consejo Consultivo del Mecanismo y hacemos un llamado a la Secretaría de Gobernación para que, a través de la CEN, se respete y fortalezca la gobernanza y autonomía de la Junta de Gobierno para la toma de decisiones del funcionamiento del Mecanismo.

También llamamos a la Fiscalía General de la República, Comisión Nacional de Derechos Humanos, Secretaría de Seguridad Pública y Ciudadana y Secretaría de Relaciones Exteriores a fortalecer su participación dentro de la Junta de Gobierno del Mecanismo. Consideramos que las acciones unilaterales atentan contra los valores democráticos de la Junta de Gobierno e impactan de manera negativa en las personas beneficiarias. Por ello, velamos por acciones proactivas y coordinadas frente a la violencia imperante contra personas defensoras y periodistas.

Espacio OSC para la protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas

ARTICLE 19 México y Centroamérica; Casa del Migrante Saltillo; Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA); Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan; Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero (CDHZL); Centro Nacional de Comunicación Social (Cencos); Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH); Comunicación e Información de la Mujer A.C. (CIMAC); Consorcio Para el Diálogo Parlamentario y Equidad, Oaxaca A.C; Instituto de Derecho Ambiental A.C. (IDEA); JASS Asociadas por lo Justo; Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todas y Todos” (RedTDT); SMR Scalabrinianas, Misión con Migrantes y Refugiados; Servicios y Asesoría para la Paz (Serapaz). El Espacio OSC está acompañado por Brigadas Internacionales de Paz (PBI).

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24 mayo, 2022

Reprueban declaración de funcionario en Quintana Roo que justifica asesinato de periodistas

Foto: Erik Isaac Salinas/Cencos

Redacción/Desinformémonos

Ciudad de México | Desinformémonos. Amnistía Internacional (AI) reprobó la declaración del secretario de Seguridad Pública de Puerto Morelos, Alfredo Edgardo Valdez de León, que el pasado 19 de mayo dijo «por algo los matan» a un periodista durante una reunión con el visitador adjunto de la Comisión de Derechos Humanos al Estado de Quintana Roo (Cdheqroo).

AI señaló que la declaración de Valdez «justifica el asesinato de periodistas» y es «una amenaza directa y un atentado en contra de la libertad de expresión y prensa».

La amenaza fue contra el reportero Fernando Montero, quien ya antes había denunciado amenazas por parte del Ayuntamiento de Puerto Morelos en 2021 y en febrero de este ingresó una queja ante la Cdheqroo, luego de que el director de Seguridad Pública enviara a sus agentes para amedrentarlo y exigir que se fuera cuando cubrió la fuga y atropellamiento de un detenido.

Con relación a la queja, el visitador adjunto de la Comisión, Alan Pat, llevó una reunión de mediación el 19 de mayo, a la que también asistieron Valdez de León, armado, y su director jurídico. Fue ahí donde el director de Seguridad Pública refrendó su agresión contra el reportero y le dijo «por algo los matan».

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12 mayo, 202212 mayo, 2022

Personas defensoras de derechos humanos y periodistas proponen la construcción de una política pública de protección integral que garantice su labor

Espacio OSC

Organizaciones de la Sociedad Civil presentan una propuesta de ruta de trabajo para prevenir, proteger, investigar y reparar el daño para revertir la situación de violencia contra la prensa y personas defensoras de derechos humanos.

Representantes de la ACNUDH, CIDH y CNDH hacen un llamado a las instancias de gobierno mexicano a dialogar con personas defensoras y periodistas para impulsar una dialogar con personas defensoras y periodistas para impulsar una política pública integral integral de protección.

Ciudad de México

El 11 de mayo de 2022 se llevó a cabo en la Ciudad de México el “Foro para la construcción de una política pública integral de protección para personas defensoras y periodistas” convocado por la Delegación de la Unión Europea en México y las organizaciones del Espacio OSC para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, quienes presentaron el documento “Puntos prioritarios para garantizar el Derecho a Defender los derechos humanos y a la libertad de expresión”.

El panel moderado por Leopoldo Maldonado, estuvo conformado por Gautier Mignot, Embajador de la Delegación de la Delegación de la Unión Europea, Guillermo Fernández Maldonado, Representante de la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en México (ONU-DH), Ariadne García Hernández, representante de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Griselda Triana, periodista y defensora, Pedro José Vaca, Relator Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y Mario Hurtado, representante del Espacio OSC, quienes condenaron los recientes asesinatos del periodista Luis Enrique Ramírez en Sinaloa, así como de Yesenia Mollinedo y Johana García en Veracruz, recordando que la impunidad es un incentivo para el aumento de la violencia en México.

Asimismo coincidieron en la urgencia de que los gobiernos asuman su obligación de prevenir, proteger, investigar, sancionar y reparar el daño. Por ello, la propuesta del documento planteado por el Espacio OSC, tiene como objetivo colocar en la discusión pública las medidas mínimas y prioritarias para combatir la situación de violencia que enfrentan personas defensoras y periodistas y garantizar un ambiente adecuado para ejercer la labor, entre las que destacaron:

Generación de planes de contingencia en zonas prioritarias del país;
Cumplimiento con las recomendaciones emitidas en el Diagnóstico de la ONU-DH para el fortalecimiento del Mecanismo;
Implementación y creación de Protocolos Especializados de investigación para delitos cometidos en contra de personas y periodistas y;
Acciones de memoria, reconocimiento y mejora en la atención victimal.

La propuesta convoca a diversas instancias públicas de los tres órdenes de gobierno, así como a otras personas defensoras y periodistas a caminar de manera conjunta y atender la problemática y erradicar la violencia contra las personas defensoras y periodistas. Por ello sugiere la conformación de un mecanismo colegiado intersectorial que dé seguimiento y evalúe la implementación de las acciones y estrategias que establezca dicha coordinación.

Tanto los representantes de la ONU-DH y CIDH enfatizaron la necesidad de que el gobierno mexicano desista de hacer uso de discursos estigmatizantes de la labor de personas defensoras y periodistas a nivel nacional pues consideraron que contrario a estas acciones, se debe sensibilizar a la sociedad sobre la importancia del rol que juegan las personas defensoras y periodistas para fortalecer las las condiciones democráticas.

Durante el evento, Griselda Triana, periodista y compañera de Javier Valdez, asesinado en 2017 por su labor periodística, enfatizó que «salir a tomar las calles con enojo cada que asesinan a periodistas es una acción lógica ante la falta de garantías. Nos parece indigno mendigar justicia», señaló al lamentar junto con la Relatoría para la Libertad de Expresión de la CIDH la ausencia de autoridades tales como la Secretaría de Gobernación (SEGOB) y la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV).

Al finalizar, el panel refrendó la disposición por mantenerse abierta al diálogo y colaborar con las instituciones señaladas, además el Espacio OSC llamó a otras personas defensoras y periodistas a conocer el documento, nutrirlo y participar en los próximos foros regionales que estarán convocando.

Espacio OSC para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas

ARTICLE 19; Casa del Migrante Saltillo; Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA); Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan; Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero (CDHZL); Centro Nacional de Comunicación Social (Cencos); Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH); Comunicación e Información de la Mujer A.C. (CIMAC); Consorcio Para el Diálogo Parlamentario y Equidad, Oaxaca A.C; Instituto de Derecho Ambiental A.C. (IDEA); Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todas y Todos (RedTDT); SMR Scalabrinianas, Misión con Migrantes y Refugiados; Servicios y Asesoría para la Paz (Serapaz); El Espacio OSC está acompañado por Brigadas Internacionales de Paz (PBI).

Responsable de comunicación y atención a medios: contacto@espacio.osc.mx

Transmisión del foro

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5 abril, 2022

Negación: informe anual 2021 sobre libertad de expresión e información en México

Article 19

En su informe 2021, ARTICLE 19 refiere que en el país se registró una agresión contra la prensa cada 14 horas; con 644 ataques documentados en todo el año.
En lo que va del sexenio, 33 periodistas han sido asesinados/as. De estos, 7 en 2021 y 8 en el primer trimestre de 2022.
Diez medios de comunicación recibieron el 52% del gasto en publicidad oficial en 2021.

Ciudad de México a 5 de abril de 2022.- La organización ARTICLE 19 presentó ‘Negación’, su más reciente informe anual sobre libertad de expresión, acceso a la información y respeto de derechos humanos en México en el que se concluye que en 2021 se consolidó la tendencia a negar e invisibilizar problemáticas relacionadas con los derechos humanos desde el discurso público.

Leopoldo Maldonado, director regional de ARTICLE 19Oficina para México y Centroamérica, expuso que esta negación se traduce en desinformación oficial, estigmatización pública de la prensa, discrecionalidad en la asignación de la publicidad oficial, engaños en el sistema de transparencia, violencia contra la prensa, brecha digital, y violaciones a los derechos humanos, que vulneran la libertad de expresión.

Refirió que durante este periodo se reforzó la concentración de la comunicación social desde la conferencia matutina donde la desinformación oficial es el mecanismo empleado para anular a cualquier otro discurso que se le oponga a sus interlocutores, a través de dichos y datos difíciles de confirmar.

Como ejemplo refirió que las respuestas a 30 solicitudes de información dirigidas a la Oficina de la Presidencia de la República relacionadas con declaraciones del presidente Andrés Manuel López Obrador en 50% de los casos este sujeto obligado se declaró incompetente, mientras que en 27% indicó no haber localizado información documental relacionada con la solicitud, y, en un 3% señaló que se había declarado la inexistencia de la información.

Conforme a la estigmatización a la prensa el informe refiere que durante las conferencias matutinas. por lo menos en 71 ocasiones, un promedio de casi seis ocasiones al mes, el propio titular del Ejecutivo Federal u otros integrantes del gobierno denostaron a la prensa.

Persiste la violencia contra la prensa

Como parte central del informe, el cual se dio a conocer en el Museo Interactivo de Economía (MIDE) de la Ciudad de México, se expuso que durante 2021 la organización registró siete asesinatos y un total de 644 ataques contra la prensa vinculados al ejercicio periodístico, lo que resulta en promedio en una persona periodista agredida por su labor cada 14 horas. ARTICLE 19 refiere que de estos ataques el Estado mexicano estuvo involucrado en dos de cada cinco agresiones, mientras que los temas más vinculados a la violencia contra periodistas fue la corrupción y la política con 285 agresiones.

Con estos datos, los tres años de gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador suman ya 1,945 ataques contra la prensa, entre los cuáles se encuentran 30 asesinatos de periodistas y dos desapariciones. Como comparativo, el gobierno de Enrique Peña Nieto registró en el mismo periodo 15 asesinatos contra periodistas en posible vínculo con su labor y 1053 ataques.

Esto quiere decir que los primeros tres años de López Obrador representan casi un 85% más de ataques contra la prensa que los primeros tres años del anterior mandatario, marcando el periodo más violento contra la prensa del que se tenga registro.

Centralización de la (des) información y control digital

El informe también expone la discrecionalidad del gasto de publicidad oficial, lo que es un obstáculo para la pluralidad mediática. Datos preliminares refieren que La Jornada, Televisa y TV Azteca representan el 33% de la totalidad del gasto de comunicación social de la actual administración.

Por otra parte, la narrativa oficial de comunicación centrada en las conferencias matutinas del presidente sirve como un espacio de deslegitimación del mensajero institucionalizada a través de la sección “Quien es quién en las mentiras” y de desinformación, donde se exponen dichos que no son verificables.

De igual forma, la organización identificó que el año pasado continuó la tendencia de regularización del espacio digital; a través de procesos opacos y poco participativos para aprobar iniciativas en detrimento de los derechos digitales.

Entre los ejemplos más claros de estas tendencias se encuentran la propuesta para crear el Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil (PANAUT) y la aprobación de los lineamientos por parte del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) para regular la neutralidad de la red.

La institucionalidad derruida

La narrativa descalificadora imitada por diferentes niveles de gobierno también ha derivado en el debilitamiento significativo de las instituciones encargadas de velar por la prevención y protección de la violencia.

La propia Secretaría de Gobernación (SEGOB) reconoce que de 2017 a 2021 se cometieron nueve homicidios de personas que contaban con medidas otorgadas por el Mecanismo para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas. Por otra parte, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) quedó acéfala por 18 meses, y recibió en 2021 un presupuesto 62.8% menor al solicitado, que contrasta con el incremento de 70% recibido por la Guardia Nacional en 2022.

El reporte también señala la utilización facciosa de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) para defender personas funcionarias señaladas de violar derechos humanos de periodistas. ARTICLE 19 consultó a 35 comunicadores respecto a la confianza para presentar una queja o solicitar apoyo a la CNDH. De ellas, el 56% afirmó no confiar en ella.

Aunque existen algunos avances en el tema de violaciones a los derechos humanos, el informe advierte que las políticas continúan planteándose de manera disociada. El gobierno federal usa fechas y espacios que se asocian con la represión por parte del Estado para avanzar una narrativa de compromiso con los derechos humanos y diferencia con gobiernos anteriores. No obstante, las violaciones a derechos humanos continúan, e incluso algunas de ellas aumentaron en la actual administración.

Agenda mínima 3.0

Por último y como parte del programa, ARTICLE 19 dio a conocer la actualización para 2022 de su Agenda Mínima 3.0, una lista de 36 acciones urgentes en materia de libertad de expresión e información, entre las cuales destacan:

Eliminar el uso discrecional y arbitrario de la publicidad oficial como recurso de control indirecto de las líneas informativas de medios de comunicación.
Eliminar las restricciones legales al ejercicio de la libertad de expresión.
Desarrollar una política pública de protección integral para garantizar el ejercicio de libertad de expresión de las y los periodistas.
Asegurar la protección de las y los periodistas ante la pandemia de COVID-19.
Combatir la impunidad de las agresiones contra la prensa y garantizar el derecho a la verdad.
Abstenerse de promulgar legislaciones restrictivas de los derechos digitales y de utilizar mecanismos de censura en internet.
Equilibrar la protección de los datos personales, la privacidad y el derecho al honor con el ejercicio de la libertad de expresión e información en internet.
Promover y garantizar el derecho de acceso a internet sin discriminación.
Garantizar el ejercicio de la libertad de expresión para las mujeres en el entorno físico y digital.
Controlar el uso de herramientas de vigilancia.
Garantizar el acceso a la información a las poblaciones en situación de vulnerabilidad.

Contacto de prensa:

Juan Vázquez, Oficial de Comunicación

5545881166, 10546500 ext. 110, jvazquez@article19.org

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7 marzo, 2022

Espacio cívico y la demanda de justicia en México en tiempos de pandemia

Erika Díaz/Cencos

Cuando se enfrenta una situación de pandemia mundial se genera un contexto de miedo e incertidumbre, pero, ¿qué sucede cuando en un país donde hay múltiples violaciones de derechos humanos se reducen los espacios para pedir justicia?

Desde hace casi dos años vimos cómo un virus fue capaz de transformar el mundo entero, de forzarnos a adaptarnos a un nuevo estilo de vida y adoptar varias acciones para frenar su propagación. Pero eso no fue lo único que cambió.

En México se establecieron diferentes medidas sanitarias, entre ellas estar en cuarentena, suspender algunas labores, incluyendo las del personal del Poder Judicial, y reducir los espacios de reunión social. Así, el COVID-19 no sólo se convirtió en una amenaza para nuestras vidas, sino que también para las demandas de justicia ante violaciones de derechos humanos. Como mencionó en un comunicado el secretario general de las Naciones Unidas, António Guterres, “la pandemia de COVID-19 es una emergencia de salud pública, pero es mucho más. Es una crisis económica. Una crisis social. Y una crisis humana que se está convirtiendo rápidamente en una crisis de derechos humanos.”¹

Una de las consecuencia de las normas y prácticas impuestas por el gobierno mexicano frente a la pandemia fue la reducción de espacios cívicos -espacios donde se garantiza la participación ciudadana, la organización de la sociedad civil y la ciudadanía para buscar un cambio social y tener la posibilidad de evaluar la eficacia de los sistemas políticos, junto con la elaboración y aplicación de políticas-. Esto significó una limitación a determinados derechos, como a la libertad de asociación, de reunión pacífica e incluso a la libertad de expresión, poniendo en peligro la participación y la democracia en el país.

Y si bien las acciones para proteger la salud pública son necesarias, también puede llegar a existir el riesgo de que sean utilizadas de manera abusiva y se conviertan en medidas represivas. El Monitor Tracking Civic Space de la organización CIVICUS, ha reportado que únicamente el 3.1% de la población mundial vive en países con un espacio cívico abierto²; por su parte, México es catalogado como un país represivo. Un ejemplo de ello es la represión contra estudiantes de la Escuela Normal Rural Mactumactzá, quienes en mayo de 2021 se manifestaban en la Caseta de Chiapa de Corzo para demandar mejoras educativas y fueron desalojados con uso de fuerza, dejando un saldo de 95 personas detenidas y denuncias de por lo menos 54 personas desaparecidas^3. O incluso el hecho de que en diciembre de 2021 la Cámara de Senadores aprobó la reforma al artículo 533 de la Ley de Vías Generales de Comunicación, la cual de acuerdo con el Espacio OSC para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas y el Frente por la Libertad de Expresión y la Protesta Social (FLEPS) “permitirá el incremento de actos de violencia institucional en contextos de manifestaciones, demostrando nuevamente la intención de inhibir el ejercicio de libertades esenciales para una sociedad democrática por parte del Estado mexicano, tal como ha ocurrido en los años 2020 y 2021, en el que organizaciones integrantes del FLEPS documentaron actos de represión y estigmatización de las autoridades en sus distintos niveles en contra de manifestantes y personas defensoras de derechos humanos como lo han sido colectivos feministas así como personas defensoras de tierra y territorio.”⁴

A pesar de esta situación, las personas continuaron alzando la voz, demostrando una vez más el poder que tiene el derecho a la manifestación y la libertad de expresión. De las calles a plataformas digitales y redes sociales, los movimientos, marchas y protestas en México encontraron un nuevo medio para hacerse escuchar. Así, la población se adaptó a las nuevas necesidades y con ello fue capaz de seguir exigiendo justicia y respeto a sus derechos, manifestándose con el Macro Evento Digital Vivan las Mujeres para enfrentar la impunidad en los feminicidios, con la XLIII Marcha del Orgullo LGBT de la CDMX Digital para mostrar apoyo a la comunidad LGBTIQ+, y con con el Concierto Virtual 9N para recordar la represión que hubo de la protesta feminista en Cancún en 2020, entre otros.

Poco a poco, en los países se han ido reanudando las actividades y las personas han vuelto a las calles para comunicar exigencias urgentes sobre las violencias que se viven en el país, como aquellas relacionadas con recordarle al Estado su papel frente al caso de los 43 estudiantes normalistas desaparecidos de Ayotzinapa y las más de 90 mil personas desaparecidas que hay en México, o con las agresiones que enfrentan periodistas y medios de comunicación día a día.

Sin embargo, la realidad es que en México la protesta social es estigmatizada y criminalizada por los tres niveles de gobierno, lo que ha generado que incluso en un contexto de pandemia las personas manifestantes sigan siendo objeto de abusos y castigos desproporcionados. Según lo documentado por el Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria, las movilizaciones y en especial el movimiento feminista que había cobrado fuerza e importancia en los últimos años, fueron detenidas con las medidas sanitarias y cuando se comenzaron a activar de nuevo, tuvieron una respuesta policial desproporcionada y violenta. Con represiones, detenciones arbitrarias, encapsulamientos, desapariciones e incluso penas de prisión, como es el caso de la defensora indígena Kenia Inés Hernandez, quien en octubre de 2020 fue detenida arbitrariamente sin orden judicial y el pasado mes de febrero fue sentenciada a más de 10 años de prisión a base de cargos fabricados en su contra como represalia por su trabajo de defensa de los derechos humanos, se ha dejado en claro que en el país el uso del espacio cívico es peligroso y altamente castigado.

Así entonces, resulta necesario asegurarnos de que las respuestas ante esta o cualquier pandemia se aborden adecuadamente y de que el gobierno mantenga una transparencia en cuanto a su actuación, pero sobre todo habría que garantizar el espacio cívico abierto donde participen de manera segura personas defensoras de derechos humanos, organizaciones de la sociedad civil, periodistas, medios de comunicación y la sociedad en general, pues son indispensables tanto para construir y fortalecer mecanismos de diálogo y políticas encaminadas a respetar los derechos de todas las personas, como para consolidar que no exista retroceso ni restricción alguna en el ejercicio de derechos.

Hoy más que nunca es imprescindible que las voces de las personas sean escuchadas.

_{1 António Guterres, “Retroceso en los derechos humanos por pandemia es inaceptable: Guterres”, Naciones Unidas Derechos Humanos Oficina del Alto Comisionado América Central Oficina Regional, http://www.oacnudh.org/retroceso-en-los-derechos-humanos-por-pandemia-es-inaceptable-guterres/}

_{2 CIVICUS, “Monitor Tracking Civic Space”, CIVICUS, https://monitor.civicus.org/quickfacts/}

_{3 Comisión Nacional de los Derechos Humanos, ”Comunicado de prensa DGC/140/2021 Dirección General de Comunicación”, CNDH, https://www.cndh.org.mx/sites/default/files/documentos/2021-05/COM_2021_140.pdf}

_{4 FLEPS, “Organizaciones lamentan la aprobación de la reforma a la Ley de Vías Generales de Comunicación que criminaliza e inhibe el derecho a la protesta social”, FLEPS, https://libertadyprotesta.org/wp-content/uploads/2021/12/FLEPS_Comunicado-vs-aprobacion-criminalizacion-A19-PC.pdf}

9 septiembre, 2021

La Suprema Corte de Justicia de la Nación ampara a ARTICLE 19 y declara inconstitucional la Ley General de Comunicación Social

Artículo 19

El Congreso de la Unión tiene hasta el 15 de diciembre para subsanar las deficiencias de la Ley.
Con una mejor Ley se podrá contar con criterios más eficaces de asignación de publicidad oficial y así evitar su uso para el control mediático.
Al buscar resarcir la omisión legislativa del Congreso, esta sentencia es un paso adelante para la libertad de expresión y el derecho a la información.

La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolvió el amparo en revisión 308/2020 promovido por ARTICLE 19 México y Centroamérica contra la Ley General de Comunicación Social aprobada durante 2018. El máximo tribunal constitucional concedió la protección constitucional ordenando “esclarecer y detallar los criterios a que debe estar sujeto el gasto en comunicación social, además de disponer procedimientos concretos y reglas específicas”.

En esta sentencia, cuyo proyecto estuvo a cargo del Ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá, se señala que la Ley General de Comunicación Social vulnera la libertad de expresión y el derecho a la información al no prever criterios de asignación claros y precisos para el gasto en comunicación social, ni tampoco dispone mecanismos para garantizar que dicho gasto cumpla con los criterios constitucionalmente previstos para la materia, es decir, eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez.

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