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Cuando se cumplen tres años del asesinato de Miroslava Breach, la Fiscalía Especializada en Delitos Contra la Libertad de Expresión (FEADLE) acaba de conseguir la primera sentencia condenatoria en su caso. Sin embargo, aún quedan varios retos pendientes para lograr justicia, verdad y reparación plenas. 

La cartulina que contenía amenazas contra el gobernador Javier Corral y que se encontró junto al cuerpo de la periodista Miroslava Breach el 23 de marzo del 2017 es una metáfora de todo el proceso penal: le faltaba una pieza. La extrañeza de las distintas versiones sobre el contenido de este mensaje fue una proyección de un juicio histórico, en el que la Fiscalía Especializada en Delitos Contra la Libertad de Expresión (FEADLE) solicita la pena máxima (70 años de prisión) contra el hasta ahora único culpable del crimen, a quien se le dictará sentencia el próximo 20 de abril.

El juicio, que inició el 16 de febrero y terminó el pasado 18 de marzo, atrajo la atención de organismos nacionales e internacionales. Representantes de la ONU, Reporteros sin Fronteras, Propuesta Cívica y el Comité para la Protección de Periodistas (CPJ) asistieron como observadores de esta audiencia sin precedentes en México. Los chihuahuenses de a pie, así no siguieran las noticias diarias, sabían que algo importante estaba pasando en el centro de justicia penal federal de Chihuahua por el número de patrullas de la Guardia Nacional y la cantidad de reporteros que se plantaban a la entrada del lugar todos los días poco antes de las 9 de la mañana.

Desde el inicio, la FEADLE al igual que las organizaciones acompañantes del caso perseguían un mismo objetivo: la culpabilidad del sentenciado.  Con el fallo condenatorio se escala un primer peldaño en la consecución de justicia y se abre camino para reclamar otros dos aspectos cruciales: ejecutar la orden de aprehensión en contra de JVV, presunto cómplice del ahora sentenciado, y ampliar las líneas de investigación para acreditar la participación de JCSZ, presunto autor intelectual y líder del grupo delincuencial Los Salazar.

“El hecho de tener una sentencia condenatoria el día de hoy va a generar también un impacto importante dentro del expediente para poder ir avanzando hacia los otros niveles de participación que se generaron en el crimen —precisa el titular de la FEADLE, Ricardo Sánchez Pérez del Pozo, en entrevista a CENCOS—. Todavía hay participaciones que deben ser consideradas dentro de la investigación […]. Para poder hacer una acusación necesitamos tener pruebas suficientes”.  

A lo largo de las cuatro semanas que duró el juicio declararon más de 60 testigos, de los cuales tres testimonios resultaron clave para probar la responsabilidad del ahora sentenciado. Uno de ellos se encontraba en Chínipas cuando JCSZ presuntamente ordenó el asesinato de Miroslava. Otro corresponde al de una persona agente estatal, quien ocultó a la persona sentenciada y a su presunto cómplice, y finalmente la declaración del chófer del sentenciado y quien identificó al presunto cómplice.

En entrevista para CENCOS, Sara Mendiola, directora de Propuesta Cívica y asesora legal de la familia de Miroslava Breach, indicó que “este juicio es respecto de uno de los coautores materiales del asesinato. Lograda la sentencia, la investigación no se cierra”. Para ella es necesario que las pesquisas se orienten hacia la autoría intelectual y que se inicie un proceso penal contra el responsable intelectual, “contra quien dictó la orden del homicidio de Miroslava, y también que se investigue a los políticos panistas presuntamente involucrados”.

Un crimen anunciado

Aunque no era la primera vez que Miroslava Breach recibía amenazas, estas aumentaron a partir de un artículo publicado el 4 de marzo de 2016 en La Jornada titulado “Impone el crimen organizado candidatos a ediles en Chihuahua”. En él detallaba la imposición de candidatos a puestos de elección popular de bandas rivales del crimen organizado (La Línea y Los Salazar) en la sierra de Chihuahua. De allí que la palabra “narcopolítica” se haya convertido en una constante en este proceso. 

Para seguir esas pistas sobre las alianzas entre política y crimen organizado que Miroslava denunciaba en sus artículos, resultan clave las grabaciones presentadas por la FEADLE en el juicio oral, en particular el audio que el vocero del Partido Acción Nacional en 2017 entregó al entonces alcalde de Chínipas. En este, Miroslava, ante la insistencia para que revelara sus contactos en la sierra chihuahuense, confiesa que no tiene fuentes, “yo soy mi propia fuente”, dice. Este material fue entregado a Los Salazar.

Según detalles aportados durante el juicio oral por los peritos que acudieron a la escena del crimen, a las 6:50 de la mañana del 23 de marzo, la periodista esperaba, dentro su vehículo, a su hijo para llevarlo a la escuela. Zona Norte de Chihuahua. Calle José María Mata. Era un día soleado, caluroso –23 grados– e iluminado naturalmente.

AZC se acercó por el frente y disparó; luego, para terminar, lo hizo desde el lado del conductor. Ocho disparos de un arma calibre 38. El asesino caminó algunas cuadras donde lo esperaban el ahora sentenciado y su chofer. Huirían de regreso a Chínipas, pero perdieron la avioneta en la que volarían ese día, así que, de acuerdo con las declaraciones desahogadas en el juicio oral, decidieron refugiarse en casa de la persona agente estatal. Para transportarse, como prueban los videos presentados por la FEADLE, todos los involucrados iban en autos modelo Malibú, marca Chevrolet, color gris y blanco.

Cerca de la camioneta se encontró una cartulina. Con letra firme, clara y enérgica, se leía el siguiente mensaje: “Esto le va a pasar a toda la gente lengua suelta y llegadas al gobernador voy por ti gober Atte el 80”. El texto fue escrito, al parecer, por JVV, hoy prófugo de la justicia y chofer de AZC, presunto cómplice del sentenciado. Los presuntos asesinos huyeron tranquilamente del lugar. Aquí la historia se bifurca pues AZC se escondió hasta el 17 de diciembre de 2017 cuando fue asesinado cerca de la comunidad de El Sombrerito, en Sonora, y unos días después, el 25 de diciembre, fue capturado el ahora sentenciado.

Silencio es complicidad

Una de las fotos más emblemáticas que la prensa ha difundido de Miroslava es aquella donde aparece viendo a la cámara. Mirada firme, sombrero café, bufanda, blusa azul. En el fondo de la imagen se distinguen unas vías de tren. Es probable que, en los pensamientos que cruzan su mente en esa foto, estén las amenazas. Esperanzada, pidió ayuda al gobernador Javier Corral, viejo amigo desde los tiempos en que este era periodista. Pero la protección nunca llegó.

Miroslava parecía nerviosa semanas antes de su asesinato. Según detalles publicados en la investigación Proyecto Miroslava, se esforzó por pagar la póliza de un seguro de vida que legaría a sus hijos, cotizó el blindaje de la camioneta en la que finalmente encontró la muerte y alguna vez se retrasó en la entrega de un texto. Tres acciones particularmente inusuales, preludio al que se enfrentan las y los reporteros que no pueden escapar de su entorno en México, país que sin estar en guerra resulta letal para ejercer el trabajo periodístico; tan solo en 2019 se registraron diez asesinatos a periodistas, una de las cifras más altas del mundo, según datos de Reporteros sin Fronteras.

La FEADLE y Propuesta Cívica solicitaron al juez que tuviera en cuenta dos aspectos clave a la hora de dictar sentencia: la perspectiva de libertad de expresión y de género. “Demostramos en el juicio cómo, previo al asesinato, Miroslava fue víctima de persecución y víctima de acoso; cómo los victimarios la espiaron en su domicilio, la siguieron en todas sus actividades cotidianas. Quisimos que eso fuera tomado en cuenta porque desgraciadamente las violencias se recrudecen cuando se trata de mujeres periodistas”, explica Mendiola.

Miroslava publicó varios artículos en los que denunció saqueos, abusos, miedo y colocación de políticos al gusto de narcotraficantes. Su prosa limpia, casi agresiva y seca “tiene ovarios”, como ella misma se definió. “Silencio es complicidad” era su lema. Una mujer que no rebela fuentes y que no desdice lo dicho crea, al menos, confusión en una población como Chínipas. En este sitio alejado de la capital del estado, más bien perdido en la sierra, pero cerca de Sonora y de la frontera con Estados Unidos, los políticos temen represalias. Los Salazar imparten su ley desde hace, al menos, 20 años.

No en vano el crimen de Miroslava abrió preocupantes zonas de silencio en Chihuahua y en todo el país. “Nosotros desde el primer momento señalamos que el asesinato de Miroslava Breach tenía que ver con su trabajo periodístico –asegura en entrevista a CENCOS Balbina Flores, representante de Reporteros sin Fronteras en México–. Hoy no hay periodistas que se atrevan a investigar la situación del crimen organizado en la región, que se atrevan a publicar qué está pasando con los desplazados en Chihuahua, qué está pasando con las zonas mineras; es decir, quienes mataron a Miroslava Breach de alguna forma lograron su cometido, que fue silenciar a aquellos reporteros que se atrevían a denunciar. Por eso este juicio puede ser un gran precedente para dar un mensaje contrario: que no se puede callar a un periodista, que es posible acabar con la impunidad”.

Jan-Albert Hootsen, representante de CPJ y uno de los observadores del juicio, lo resume en una sola frase, en entrevista a CENCOS: “Justicia incompleta es impunidad total”. Este concepto se vitaliza si se consideran la disfunción institucional y el involucramiento de actores políticos, dos factores que dificultan cualquier proceso judicial. La burocracia congela juicios, testigos, pruebas. Por eso, cuando se trata de libertad de expresión en México, tanto el caso de Miroslava como el del reportero sinaloense Javier Valdez, asesinado en mayo de 2017, son calificados como “emblemáticos”; en otras palabras, deberían ser ejemplo de justicia, verdad y reparación integrales. Aunque, en realidad, la verdadera conquista sería que nunca más se repitieran.