Por Redacción/ La Jornada
En lo que resta del sexenio –año y medio– el presidente Enrique Peña Nieto debe ‘‘comprometerse públicamente’’ a resolver la casi total impunidad que prevalece en materia de delitos contra la libertad de expresión y garantizar la protección de los periodistas, indica la recomendación del informe extraordinario del Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ, por sus siglas en inglés) que será presentado este miércoles 3 de mayo, Día Internacional de la Libertad de Expresión, en el puerto de Veracruz.
‘‘Si la justicia no prevalece antes del término de su mandato (dentro de año y medio) Peña Nieto corre el riesgo de dejar un legado de impunidad endémica’’, asienta el documento, titulado Sin excusa: México debe quebrar el ciclo de impunidad en asesinatos de periodistas.
Para cumplir con esta recomendación, el Ejecutivo debe asegurarse que los funcionarios federales investiguen exhaustivamente todos los casos de violencia contra periodistas y apliquen la justicia contra los perpetradores.
El Presidente también debe garantizar que la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión tenga suficiente autoridad y recursos para cumplir su cometido. Entre el 29 de febrero de 2016 y el 31 de enero de este año, el organismo abrió 123 expedientes, 10 de ellos relacionados con homicidios. De lo anterior sólo se lograron tres condenas.
Además, el mandatario debe asegurar que el mecanismo de protección sea eficaz para prevenir agresiones letales. Según la opinión generalizada de los medios consultados para el informe de la CPJ, el mecanismo ha sido ineficaz y ‘‘totalmente insuficiente’’. El documento afirma que a Peña Nieto ‘‘se le está acabando el tiempo’’ para demostrar su voluntad política.
Carlos Lauría, coordinador y vocero del CPJ para las Américas, moderará hoy un panel de debate para analizar junto con periodistas veracruzanos los contenidos del informe relacionados con esa entidad, donde –indica el nuevo documento– ‘‘la violencia es particularmente grave’’ y los ataques contra la prensa permanecieron impunes durante el mandato del gobernador Javier Duarte.
