impunidad – Página 3 – Centro Nacional de Comunicación Social AC

16 agosto, 2019

Familiares de normalistas desaparecidos de Ayotzinapa inician homenaje a 43 días del quinto aniversario

La campaña comenzó este miércoles y se alargará durante 43 días y cada jornada será dedicada a cada uno de los jóvenes desaparecidos en el sureño estado de Guerrero y que este día inició con Abel García Hernández Foto: José Méndez, EFE.

EFE/ Sin Embargo

Mediante redes sociales y las etiquetas #YoConLaVerdad y #Ayotzinapa5años, los centros de derechos humanos Miguel Agustín Pro Juárez y de la Montaña Tlachinollan, Servicios y Asesoría para la Paz y Fundar Centro de Análisis e Investigación desde el martes comenzaron la difusión de la campaña.

México, 14 ago (EFE).- Los abogados y familiares de los estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa iniciaron este miércoles, 43 días antes de cumplirse cinco años de la tragedia, una cuenta atrás para recordar a cada uno de los jóvenes a los que se les perdió el rastro la noche del 26 de septiembre en la ciudad mexicana de Iguala.

“Están por cumplirse 5 años de la desaparición forzada de los jóvenes de Ayotzinapa, es por esto que a partir de este día y durante 43 días nos dedicaremos a nombrar a cada uno de los jóvenes desaparecidos”, apuntaron las organizaciones en redes sociales.

“Porque en Ayotzinapa #YoConLaVerdad ¡Súmate a nuestro conteo #43×43!”, añadieron.

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6 agosto, 2019

Tortura, normalizada en Guanajuato: la practican policías y ministeriales, mientras la consecuenta Derechos Humanos

Carmen Pizano/ Desinformémonos

El último año de gobierno de Miguel Márquez la Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado emitió 65 recomendaciones por «violaciones a integridad física» a corporaciones de policía estatales y municipales.

Veintiocho años de gobiernos panistas, cuyo eje central de doctrina es el respeto a la dignidad de las personas, no han logrado erradicar la práctica de la tortura como instrumento de «investigación» policial en Guanajuato, en cambio se ha tratado de disfrazar el maltrato policial al evitar ese término en las denuncias presentadas por las víctimas.

Sin reconocer la tortura como una práctica común en Guanajuato, la PDHEG, entidad que se ha hecho acreedora a críticas por su escasa independencia y la evidente debilidad de sus recomendaciones, ha decidido catalogar las agresiones como violaciones a la integridad física y/o personal, aunque en la relatoría de los hechos se incluyen métodos aplicados por elementos de la fuerza pública como la de colocar bolsas de plástico en la cabeza de los detenidos y descargas eléctricas en los testículos, que incurren sobradamente en la definición de tortura que establece la legislación vigente y los acuerdos internacionales a los que México se ha obligado.

Tan solo en el 2018 se emitieron 65 recomendaciones por violaciones a los derechos humanos como la integridad física, integridad personal, en dos casos se clasifica como tratos crueles, inhumanos o degradantes y solo en una recomendación se hace referencia a la tortura.Sin embargo, en la legislación vigente incurre en el delito de tortura:

Al servidor público que con motivo de sus funciones, por sí o por medio de otra persona, inflija a una persona dolores o sufrimientos físicos o mentales, con el fin de obtener, de ella o de un tercero, información o una confesión, de investigación, de castigarla por un acto que haya cometido o se sospeche que ha cometido, de intimidar o coaccionar a esa persona o a otras para que realicen o dejen de realizar una conducta determinada, de medida preventiva o de anular la personalidad de la víctima o disminuir su capacidad física o mental…

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11 julio, 2019

A 4 años de su feminicidio, familia de Fátima busca justicia pese a amenazas de muerte

Eréndira Aquino/Animal Político

A cuatro años de la violación y asesinato de Fátima Quintana, solo dos de sus agresores han sido sentenciados; su familia espera que condenen al tercer implicado, pese a que han sido amenazados por buscar justicia.

En febrero de 2015, Fátima Quintana, una adolescente de 12 años, fue torturada, violada y asesinada por tres hombres en Santa María Zolotepec, Estado de México.

Desde entonces su familia busca justicia, aunque han sido amenazados de muerte por familiares de sus agresores, motivo por el que fueron desplazados hasta el estado de Nuevo León, donde hoy viven de manera “precaria”, porque “deben ser discretos”.

Lorena Gutiérrez, madre de la víctima de feminicidio, cuenta que fue interceptada por tres hombres cuando volvía a su casa de la secundaria.

Tras abusar sexualmente de ella y asesinarla, la aventaron en una zanja y cubrieron su cuerpo con tierra y una llanta. Fue en ese sitio donde su familia, quien comenzó a buscarla tras no saber de su paradero, la encontró.

Dos de los responsables, los hermanos Misael y Luis Ángel Atayde, fueron sentenciados: uno de ellos a cinco años de prisión, por ser menor de edad al momento de los hechos, y el segundo a 73 años y cuatro meses.

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2 julio, 2019

Familia de activista muxe asesinado exige justicia

Diana Manzo/La Jornada

Juchitán, Oax. Familiares de Óscar Cazorla, activista muxe que fue asesinado el pasado 9 de febrero en su domicilio en la ciudad de Juchitán en el Istmo de Tehuantepec, exigieron a la Fiscalía General de Justicia del Estado de Oaxaca (FGJEO) esclarecer su muerte, aseguran que han transcurrido casi 120 días y sigue impune.

Carmela Cazorla, sobrina del activista y fundador de la asociación civil “Autenticas Intrépidas Buscadoras del Peligro” explicó que su tío fue uno de los personajes primordiales que luchó por una sociedad libre de homofobia y transfobia, sin embargo ahora se vive una gran impunidad sobre su asesinato.

“El 9 de febrero le quitaron la vida a mi tío, y estamos muy tristes porque las autoridades no nos dan respuesta, han pasado casi cuatro meses y no sabemos, se hablaba de un joven que podría estar implicado pero finalmente apareció asesinado, de ahí nos dijeron otras cosas pero nada esclarecido, nada que nos diga que la investigación sigue su trayecto”, afirmó.

Agregó que durante los primeros días las autoridades estaban muy atentas con el caso de su tío, pero al pasar los meses han dejado en olvido la investigación. “Ya no informan nada, no nos dicen cómo va, si hay alguna persona detenida o el rumbo que tomará”.

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1 julio, 2019

A 5 años de la masacre de Tlatlaya, ningún responsable rinde cuentas ante la justicia: Centro Prodh

Redacción/Aristegui Noticias

El encubrimiento y la impunidad que privan en este emblemático caso son un mensaje negativo sobre la intervención militar en la seguridad pública, asegura.

A cinco años de la masacre de Tlatlaya, en la que al menos 12 personas fueron privadas arbitrariamente de la vida por elementos del Ejército mexicano, a la fecha no hay ningún responsable rindiendo cuentas ante la justicia, indicó el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez.

En un comunicado, recordó que “el 30 de junio de 2014, 22 personas fueron privadas de la vida en una bodega de San Pedro Limón, municipio de Tlatlaya, Estado de México. A pesar de que la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) señaló que esto fue resultado de un enfrentamiento entre un grupo de la delincuencia y elementos del 102 Batallón de Infantería, investigaciones periodísticas, el testimonio de la sobreviviente Clara Gómez González y la Recomendación 51/2014 de la CNDH revelaron que un número hasta ahora indeterminado de estas muertes –el Organismo Nacional las cifra entre 12 y 15- fue resultado de ejecuciones cometidas cuando los civiles ya se habían rendido y que existió alteración de la escena del crimen para encubrir a los responsables, además de la tortura a las sobrevivientes para que no revelaran lo que verdaderamente sucedió”.

“El Centro Prodh logró acreditar, además, que días antes de los hechos la unidad castrense implicada en las ejecuciones había recibido de sus mandos una orden que literalmente instruía abatir civiles en horas de oscuridad”.

“Obviando los límites que los estándares nacionales e internacionales de derechos humanos imponen a la jurisdicción militar, la Sedena inició una averiguación previa por los hechos. Luego de que esta indagatoria fuera consignada, en marzo de 2016 el Juzgado Sexto Militar dictó sentencia absolutoria por el delito de infracciones de deberes militares a seis de los siete militares acusados; el séptimo fue condenado solamente a 1 año de prisión por el delito de desobediencia”, apuntó.

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20 mayo, 2019

A 3 meses del asesinato de Samir solo hay pruebas perdidas e impunidad

Alberto Pradilla/Animal Político

“No hemos visto respuestas ni avances, la carpeta sigue igual”, reclama la viuda del activista opositor a la termoeléctrica de Morelos.

Tres meses después del asesinato de Samir Flores, activista opuesto a la termoeléctrica de Morelos, no hay avances en la investigación. Su familia no se fía de las autoridades y denuncia que lo mataron por sus posiciones políticas.

“No confío nada en las autoridades. Esto parece que va a quedar impune. ¿Cuántos asesinatos? ¿Cuántas madres buscan a sus hijos desaparecidos? Empezando por los 43 de Ayotzinapa. ¿Cuántos años pasaron y no hay justicia ni nada? Nos pasó esto y puede quedar así, igual, como ocurrió en muchos otros casos”.

Liliana Velásquez Fuentes tiene 36 años y es viuda de Samir. Es 16 de mayo y la mujer se encuentra en Huexca, que conmemora el séptimo aniversario del inicio de las protestas contra el Plan Integral Morelos, un proyecto de termoeléctria y gasoducto que ha enfrentado una fuerte oposición en la zona. En la plaza, algunas pancartas recuerdan al activista fallecido y exigen justicia. Aunque su esposa no tiene fe en que algún día pueda saber quién lo mató.

“No hemos visto respuestas ni avances, la carpeta sigue igual”, dice la Velásquez. “Cometieron muchos errores”, dice sobre la Fiscalía.

“Ahora tratan de decirnos que nosotros tenemos la culpa, que por nosotros se perdieron pruebas”, protesta. “Ellos saben cuál era su trabajo, tuvieron que hacerlo en su momento. No pueden decir que por nuestra culpa se perdieron pruebas”.

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7 mayo, 2019

La CDMX tendrá una Fiscalía especializada para investigar feminicidios

Redacción/mexico.com

La jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, aseguró que la finalidad de la nueva fiscalía es que las familias de las víctimas de feminicidio no pasen por un ‘viacrucis’ en el acceso a la justicia

La Ciudad de México tendrá una Fiscalía Especializada para la Investigación de Delito de Feminicidio, la cual fue presentada este lunes por la jefa de Gobierno capitalina, Claudia Sheinbaum.

“El tema central es creer la condiciones para que nunca más una familia tenga que pasar por un viacrucis de justicia frente al feminicidio y por esta fiscalía queremos que sea un ejemplo en donde el acceso a la justicia sea parte de la ciudad de derechos que queremos formar”, aseguró la titular del gobierno de la CDMX durante la presentación del nuevo ente de justicia.

En el evento estuvo presente también la procuradora de Justicia capitalina, Ernestina Godoy, quien aseguró que la finalidad de la nueva fiscalía es elaborar un plan de investigación criminal, atender de manera diligente, sensible y con enfoque de derechos de las mujeres a las víctimas indirectas.

“Nos importa que los actos de feminicidio no queden impunes, también de que ante situaciones de riesgo y vulnerabilidad las mujeres seamos protegidas eficazmente”, señaló Godoy.

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7 mayo, 2019

Diagnostican caos en la extinta PGR: 95% de impunidad, 21 mil órdenes sin cumplir, 300 mil casos rezagados

Arturo Ángel/Animal Político

Un diagnóstico oficial encontró posibles hechos de corrupción en la PGR, compras injustificadas o con sobrecostos y desorganización en áreas clave como la policía y los peritos.

La Procuraduría General de la República (PGR), reemplazada en enero pasado por la Fiscalía General, terminó colapsada. Su función más elemental, investigar y resolver delitos, no la cumplió en el 95% de los casos que indagó.

Tampoco cumplimentó más de 21 mil órdenes de aprehensión giradas por jueces en contra de posibles delincuentes, y dejó en el rezago 300 mil expedientes abiertos sin ningún tipo de resolución.

Un diagnóstico oficial encontró, además, posibles hechos de corrupción en la institución, compras injustificadas o con sobrecostos (entre ellas la de un avión de lujo con capacidad de vuelos trasatlánticos) y desorganización en áreas clave como la policía y los peritos. Por estos hechos se han iniciado ya auditorías internas que podrían derivar en acusaciones contra exfuncionarios.

Se trata de los principales resultados de la evaluación presentada por el fiscal General Alejandro Gertz Manero con motivo de los primeros 100 días de su gestión, los cuales se enmarcan dentro del periodo de un año que tiene el fiscal para diseñar un plan que permita transformar la antigua PGR en una Fiscalía General autónoma plenamente funcional.

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10 abril, 2019

A seis años, sin plena resolución detenciones arbitrarias del 1 de diciembre del 2012

Redacción/Somos el medio

De las 97 personas detenidas y 50 presentadas a la agencia, sólo 6 casos fueron dictaminados por la Comisión de Derechos Humanos del entonces Distrito Federal.

Ciudad de México, 9 de abril, 2019.- En conferencia de prensa en el Centro Nacional de Comunicación Social (CENCOS), defensores de derechos humanos exigieron reparación integral por las detenciones arbitrarias del 1 de diciembre del 2012.

“Seis años después de que violaron nuestros derechos tenemos que seguir aquí, para visibilizar la violencia de la que fuimos víctimas” expuso Judith Gómez Contreras, una de las víctimas afectadas.

Uno de los puntos importantes para los expositores fue recalcar que no han sido reconocidos como víctimas de tortura y violación de derechos humanos. Cuestión que oculta y minimiza los actos de forma sistemática.

Señalaron que ninguna de las 22 personas que presentaron a los detenidos ése día, ha comparecido por las detenciones arbitrarías. Recalcaron que además fueron víctimas de tortura, impunidad, inseguridad, y afectaciones, que hasta el día de hoy siguen vigentes.

Abraham Alonso, expuso que “tuvieron un gran impacto las detenciones en la dignidad personal y sobre todo en la dignidad colectiva y social”. Aunado a la violación de los derechos a la manifestación y a la libre expresión.

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8 abril, 2019

Conferencia de prensa: exigen reparación integral por las detenciones arbitrarias del 1 de diciembre de 2012

Atención: Jefatura de Información, reporteras y reporteros de la fuente de OSC, Derechos Humanos y corresponsales

A 6 años 4 meses del operativo del 1 de diciembre, y a 6 años de la recomendación de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal familiares y víctimas exigen reparaciones integrales; aseguran que se mantiene una serie de violaciones a los derechos humanos, que el Colectivo Contra la Tortura y la Impunidad considera graves.
De las 97 personas detenidas y presentadas ante la agencia 50, sólo 6 casos fueron dictaminados como tortura por la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal; según los convocantes, esto lleva a colegir que existe un ocultamiento de la práctica sistemática de tortura en México.

Participan:

Blanca Santillán García (Colectivo Contra la Tortura y la Impunidad)
Judith Gómez Contreras (víctima)
Abraham Antonio Alonso Reyes (víctima)
Cédar Mendieta Espinoza (víctima)
Cuauhtémoc Rueda Luna (Efecto Útil)
Cristian Urbalejo Luna (Colectivo Contra la Tortura y la Impunidad)

Convoca: Colectivo Contra la Tortura y la Impunidad (CCTI)

La cita: Martes 9 de Abril de 2019 a las 11:00 horas, en el Centro Nacional de Comunicación Social (Cencos), ubicado en Medellín No. 33, Col. Roma, entre las calles de Puebla y Sinaloa a una cuadra del monumento a La Cibeles.

Para mayores informes comunicarse con Francisco Barrón Trejo a Cencos a los tels. 55336475 / 76, ext. 104