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Militarización, impunidad y violencia agravan la crisis de los derechos humanos: Informe EPU Oaxaca

Foto tomada de Desinformémonos

 

Educa Oaxaca/Desinformémonos

“Desde hace 15 años advertimos a la ONU que la situación en materia de derechos humanos se agudizaría debido a problemas estructurales: la política de militarización, la legislación neoliberal, el machismo que permea las estructuras del Estado, la falta de reconocimiento de derechos hacia pueblos indígenas, mujeres e infancias, la impunidad, las violencias en contra de quienes defienden derechos humanos y libertad de expresión y la falta de voluntad política han conducido a una crisis sistemática en materia de derechos humanos”.

Es en ese contexto que organizaciones y colectivos de Oaxaca presentaron por cuarta ocasión un informe sobre la situación de los derechos humanos en Oaxaca. En este último periodo, desde el 2018, existió una alternancia política a nivel federal y el último año a nivel estatal con la llegada de Salomón Jara a la gubernatura, sin embargo, señalan las organizaciones “pese a la retórica de Estado se han profundizado las violaciones a los derechos humanos en Oaxaca”. Afirmaron: “Encontramos continuidad entre las administraciones priistas y morenistas caracterizadas por retrocesos, simulación, omisión, negligencia, corrupción, falta de autonomía de los poderes y desinterés en cuanto a los derechos humanos”.

“Existe una grave falta de transparencia y de priorización de los derechos humanos en la asignación presupuestaria. Encontramos una profunda discordancia entre el discurso oficial y la asignación real, es efectivamente imposible saber en qué acciones se ejecutan los montos asignados, por ejemplo, a la política transversal de igualdad de género”.

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Con 98% de impunidad en casos de asesinatos a periodistas, ¿existe una crisis para la libertad de expresión en México?

Imagen: Cencos

Erika Díaz/Cencos

 

México es uno de los países más peligrosos en el mundo para ejercer el periodismo y con ello la libertad de expresión.

En el sexenio actual se ha documentado un incremento exponencial en la violencia contra la prensa, convirtiendo a nuestro país en uno de los lugares más violentos y mortíferos para ejercer el periodismo tanto en Latinoamérica como en el mundo. Un ejemplo de ello es el hecho de que el Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ) reportó que más de la mitad de los 67 casos de periodistas y trabajadores de medios asesinados a nivel global durante el 2022 se registraron únicamente en tres países: Ucrania, México y Haití, México siendo superado únicamente por un país en actual conflicto bélico1.

Tan sólo en 2022, en Cencos se documentaron 17 periodistas asesinados, mientras que ARTICLE 19 documentó 696 agresiones contra periodistas y medios, representando un grave peligro, pues de acuerdo con la organización “[…] las agresiones letales, el acoso judicial, las amenazas y el estigma preocupan sobremanera, por el efecto cascada que tienen para silenciar al gremio y por el impacto negativo que la censura de quienes informan tiene en el flujo y acceso a la información de la sociedad mexicana”2.

Habría que mencionar que entre las agresiones más comunes contra periodistas y medios de comunicación se encuentran las amenazas, intimidaciones, hostigamiento, acoso y el uso ilegítimo del poder público.

Lo que resulta más preocupante no es solamente la alta tasa de violencia, sino el hecho de que la mayoría de las agresiones son cometidas por autoridades públicas, pues de los 696 casos documentados por ARTICLE 19, 296 (42.53%) fueron realizados directamente por actores del Estado. Además de que en repetidas ocasiones el presidente Andrés Manuel López Obrador, misma persona que debe trabajar a favor de los derechos de todas las personas por igual, ha realizado comentarios descalificativos, estigmatizantes y criminalizantes hacia periodistas e incluso también hacia organizaciones de la sociedad civil, algunos de los cuales se pueden considerar como ataques contra la prensa; los cuales son alentados por un gobierno que en lugar de garantizar su seguridad la obstaculiza y se niega a reconocer la importancia de su labor.

A pesar de que en México existen leyes, instancias y mecanismos designados específicamente a la protección de periodistas, como la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra de la Libertad de Expresión (FEADLE) y el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras y Periodistas, la realidad es que son tanto insuficientes como ineficaces dada la falta de recursos designados y del compromiso de las autoridades para adoptar medidas inmediatas y eficientes de atención y protección a quienes denuncian ser víctimas de agresiones debido a su labor. Además de que hace falta hacer más accesibles estas medidas para aquellas personas que viven fuera de la capital del país, tomando en cuenta que en algunos estados existen ‘zonas de silencio’ en las que persiste un mayor riesgo para que periodistas narren sus historias.

Sin embargo, estas problemáticas no son las únicas que enfrenta el gremio periodístico en nuestro país.

Recientemente, se ha dado a conocer que el Estado mexicano, a través del Ejército, ha utilizado el malware Pegasus para espiar ilícitamente a periodistas y personas defensoras de derechos humanos. Y aunque el número de personas espiadas no es alto (tres personas defensoras de derechos humanos y dos periodistas en lo que va del gobierno actual), esto representa un antecedente peligroso para la posibilidad de conocer e infiltrar información que les ponga en un riesgo mayor al que ya enfrentan, además de tener la facilidad de espiar a las personas indiscriminadamente sin enfrentar consecuencia alguna.

Si bien a principios de año el presidente López Obrador dijo en una de sus conferencias matutinas que: “En este país no hay impunidad y la justicia llega; tarda, pero llega cuando hay voluntad”, resulta contradictorio que el gobierno utilice medidas como Pegasus, las defienda y proteja sin que enfrente sanción alguna, aún cuando represente violaciones a los derechos humanos, convirtiéndose a él y a su gobierno en parte de la crisis de impunidad y de libertad de expresión. Así pues, la declaración realizada por el presidente representa una mentira en la que se trata de hacer creer a la población la idea de una nación totalmente alejada de la realidad, ya que, por una parte, en el país existe un 99% de impunidad en los crímenes contra periodistas, lo que lo coloca en el sexto lugar del “Índice Global de Impunidad” de CPJ. De acuerdo con la FEADLE, de los 143 expedientes en trámite de denuncias por delitos contra periodistas documentados en 2022, únicamente 34 tuvieron una resolución definitiva a favor de las víctimas.

Y por otra parte, es evidente que hay una falta de voluntad política e institucional en cuanto a la aplicación de justicia en crímenes contra periodistas, comenzando por el hecho de que actualmente miles de periodistas siguen realizando su labor bajo un escenario precario, violento y estigmatizante a pesar de que se han denunciado estas condiciones desde hace más de una década, y continuando con que los recursos económicos y humanos designados para la investigación de agresiones contra periodistas y medios de comunicación son escasos, lo que ha llevado a que 9 de cada 10 casos en contra de periodistas debido a su labor no se investiguen ni castiguen3.

Así entonces, es necesario adoptar medidas y políticas públicas integrales de protección que vaya más allá de una simulación de cumplimiento del gobierno y de un compromiso a medias; se debe contar con los recursos necesarios para adoptar mecanismos que no sólo se enfoquen en la reacción ante los delitos sino que realmente garanticen el respeto a periodistas y medios de comunicación, prevengan ataques y violaciones a sus derechos humanos, protejan y garanticen sus derechos a la vida e integridad personal, y que investiguen, juzguen y sancionen a personas responsables de delitos contra periodistas para evitar que continúe casi una totalidad de impunidad en el país.

Hablar de una crisis para la libertad de expresión en México resulta no sólo apropiado, sino que también necesario para poder visibilizarla y comenzar a actuar en conjunto para exigir un alto a la violencia hacia aquellas personas que ejercen su derecho a comunicar y compartir información con la sociedad, sobre todo antes de que sea demasiado tarde y hablemos entonces de una crisis general de derechos humanos en el país.

 

1 Comité para la Protección de los Periodistas, El drástico aumento en la cifra de periodistas muertos convierte al 2022 en un año mortal para la prensa, 2023.

2 ARTICLE 19, Voces contra la indiferencia. Informe anual de ARTICLE 19, 2023.

3 Red de Intercambio Internacional por la Libertad de Expresión (IFEX).

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A ocho años de Ayotzinapa, continúa la lucha contra la impunidad

Foto: Doryan Alvarez/Cencos 

 

Desinformémonos

A 8 años de la desaparición de los 43 estudiantes de la Normal de Ayotzinapa, en México, las familias continúan su marcha por Justicia. Continúan las irregularidades en la impartición de justicia, se cancelan órdenes de detención, aumentan las absoluciones y la extradición de Tomás Zerón de Lucio, prófugo en Israel, aún no se hace efectiva.

La tragedia de la desaparición de los estudiantes de Ayotzinapa parece no tener fin. Las promesas del presidente Andrés Manuel López Obrador para hacer justicia y encontrarlos no han tenido cumplimiento. A 8 años de los hechos aún no hay información certera sobre su paradero.
Este 26 de septiembre se cumplieron 8 años de aquella noche terrible de 2014, cuando 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural “Raúl Isidro Burgos”, de Ayotzinapa, fueron desaparecidos mientras realizaban una colecta en la ciudad de Iguala. Los autobuses en los que viajaban fueron interceptados y baleados por policías y gente armada vestida de civil, ante la presencia de fuerzas militares. Varios muchachos y transeúntes fueron asesinados y desde entonces no se sabe cuál fue el destino de los 43 estudiantes detenidos-desaparecidos.

[…] 

La investigación por la Verdad está a cargo del Grupo Interdisciplinario de Expertos y Expertas Independientes (GIEI), quienes en marzo de presente año dieron a conocer su tercer informe donde presentaron pruebas sobre la operación de coordinación de los tres niveles de gobierno para ocultar las responsabilidades de militares, policías y funcionarios. Numerosos documentos mostraron los actos de espionaje, manipulación de pruebas y datos que sirvieron para elaborar y sostener la versión de los hechos que se conoció como “Verdad Histórica”. Dicha versión construida y difundida por la administración del expresidente Enrique Peña Nieto, sostuvo que los estudiantes fueron desaparecidos, asesinados y quemados por miembros del crimen organizado, deslindando así toda responsabilidad de participación de policías militares y elementos de los tres niveles de gobierno.

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Urgen a autoridades de Jalisco tomar acciones concretas para garantizar la labor de periodistas y personas defensoras de derechos humanos

Espacio OSC

Ciudad de México / Guadalajara, 01 de junio de 2022

Los días 30 y 31 de mayo se llevó a cabo en la ciudad de Guadalajara, Jalisco el séptimo diálogo estatal para impulsar una Iniciativa de Ley General de Prevención y Protección ante Agravios a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, convocado por la Subsecretaría de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación en el que participaron representantes de la Secretaría de Gobierno del Estado de Jalisco, del Congreso local, la Comisión Estatal de Derechos Humanos, Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas, organizaciones de la sociedad civil, personas defensoras de derechos humanos y periodistas.

Este diálogo se suma a los realizados en la Ciudad de México, Oaxaca, Sonora, Nayarit, Morelos y Baja California con el objetivo de debatir sobre los elementos que debería contemplar una Ley General de Protección, ahora en el contexto específico de Jalisco. 

Durante la discusión, las personas defensoras y periodistas resaltaron que Jalisco es el estado del país con mayor número de personas desaparecidas, feminicidios y violencia contra las mujeres, en las que se destaca la impunidad y falta de sanción de estos delitos sobre las y los responsables. A su vez, hicieron mención que dentro de los riesgos que están expuestas por su labor de defensa de derechos humanos y del ejercicio de libertad de expresión, se encuentran, ataques a la vida e integridad, discursos de odio y campañas de desprestigio, agresiones físicas y digitales, despojo de tierras, amenazas, y falta de transparencia. Estos fueron algunos de los obstáculos y riesgos diferenciados a nivel estatal señalados que enfrentan mujeres periodistas, colectivos de búsqueda de personas desaparecidas, atención y protección de la población migrante, de defensa del agua, el territorio y el medio ambiente y personas defensoras de la diversidad sexual. 

Muchas de esas violaciones a derechos humanos y obstáculos a la labor son cometidas y promovidas por parte de funcionarias o funcionarios públicos de manera directa e indirecta, así como en colusión con el crimen organizado. Esto ha generado una falta de confianza sobre las instituciones de gobierno estatales, que se evidenció durante el diálogo por las y los participantes, al hacer énfasis en que su seguridad y protección no pueden quedar en manos de las instancias locales de gobierno, quienes son las principales agresoras/es de personas defensoras y periodistas y no investigan ni sancionan a las y los responsables. Ante eso, las y los participantes lamentaron la falta de permanencia durante todo el diálogo de funcionarias/os públicos que tienen deber de protección, como fue el caso del Secretario General de Gobierno de Jalisco, la Subsecretaria de Derechos Humanos y el Fiscal General del Estado de Jalisco.

Asimismo, demandaron mayor transparencia y difusión sobre el catálogo de medidas reciente aprobado por la Secretaría de Gobernación Federal durante el mes de mayo, así como el funcionamiento de la Ley de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas de Jalisco, emitida en 2016, la cual fue emitida sin consulta de las personas defensoras y periodistas, y pese a contar con una Consejo Ciudadano, así como atribuciones específicas de instancias estatales, persiste la opacidad en cuanto su implementación, informes sobre el funcionamiento del mecanismo estatal y sobre las acciones de coordinación entre esta y la Federación.

De igual forma, manifestaron la necesidad de realizar más acciones de seguimiento y respaldo político a la labor de personas defensoras y periodistas a nivel estatal, así como de contar con perfiles idóneos de las y los servidores que dan atención en el mecanismo de protección, fiscalías, comisiones de atención a víctimas y comisiones de derechos humanos a nivel estatal, con procedimientos claros, instituciones obligadas, recursos humanos y financieros suficientes.

Respecto a las demandas, Enrique Irazoque, Titular de la Unidad de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación mencionó que publicarán el catálogo de medidas establecidas en el reciente anexo técnico firmado con vigencia a diciembre del presente año, y de abrir un espacio de análisis de evaluación del catalogo medidas y su implementación junto con personas defensoras, periodistas y organizaciones de la sociedad civil.

Las personas asistentes hicieron énfasis en la necesidad de reconocer la labor que realizan personas defensoras de derechos humanos y periodistas, e hicieron un llamado a generar acciones eficaces para la investigación, sanción y erradicación de la impunidad en los delitos. Por tanto, destacaron las organizaciones, colectivos/as de derechos humanos, personas defensoras y periodistas, la urgencia de fortalecer al Mecanismo Federal e implementar acciones urgentes ante la grave situación de violencia y falta de garantías para ejercer el derecho a defender derechos humanos y de libertad de expresión en Jalisco. Además llamaron a seguir fortaleciendo a nivel interno las redes entre personas defensoras y periodistas a nivel estatal, en especial de quienes realizan su labor en zonas de mayor riesgo en el estado de Jalisco, mismas que son fundamentales para la construcción de una ruta y agenda más amplia entre organizaciones y movimientos sociales que defienden derechos humanos.

Para medios:

@EspacioOsc

contacto@espacio.osc.mx

 

Espacio OSC para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas conformado por:

ARTICLE 19; Casa del Migrante Saltillo; Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA); Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan; Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero (CDHZL); Centro Nacional de Comunicación Social (Cencos); Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH); Comunicación e Información de la Mujer A.C. (CIMAC); Consorcio Para el Diálogo Parlamentario y Equidad, Oaxaca A.C; Instituto de Derecho Ambiental A.C. (IDEA); JASS Asociadas por lo Justo; Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todas y Todos (RedTDT); SMR Scalabrinianas, Misión con Migrantes y Refugiados; Servicios y Asesoría para la Paz (Serapaz); El Espacio OSC está acompañado por Brigadas Internacionales de Paz (PBI).    

Otras organizaciones, colectivos y personas firmantes:     

Colectivo Defendamos El Cerro de la Reina, Tonalá. Jalisco, Colectivo Foco Tonal, Santa Cruz de las Huertas, Tonalá. Jalisco,  Colectivo Unido por Jardines de La Paz y Colonias Aledañas, A.C, Conciencia y Acción México AC, Colectivo Luz de Esperanza Desaparecidos Jalisco, Por Nuestros Niños A.C, Colectica Feminista Abuelas Brujas y Sabias, Centro de Justicia Para la Paz y el Desarrollo, A. C. (CEPAD), Colectivo Unido por Jardines de la Paz y colonias aledañas, A. C,, Tsikini Asociación Civil, Belinda Aceves Becerra, Gabriela Karina Cervantes Fuentes, Josefina Ramírez Gómez, Héctor Rodolfo Flores González, Maria Antonieta Flores Astorga, Leticia López Salinas, Sergio Gilberto Morales Hernández, ​Defensor SocioAmbiental & DDHH/ Periodista Independiente,  Patricia Alvarado.

 

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El Gobierno de México debe cesar la estigmatización contra personas defensoras de DH y periodistas y adoptar medidas integrales para protegerles

Foto: Erik Isaac Salinas/Cencos

 

 

Article 19

  • El Parlamento Europeo emitió una resolución de urgencia sobre México, condenando las agresiones y asesinatos en contra de personas defensoras de derechos humanos y periodistas
  • Organizaciones de la sociedad civil lamentamos la respuesta del Gobierno Mexicano y nos sumamos al llamado del Parlamento Europeo para que se impulse una política pública de protección integral para personas defensoras de derechos humanos y periodistas

México, Bruselas, Ginebra. 11 de Marzo de 2022.- El día de ayer el Parlamento Europeo condenó la violencia, las violaciones a los derechos humanos y los ataques contra periodistas y personas defensoras de los derechos humanos, incluidas las personas defensoras del medio ambiente, los pueblos y comunidades indígenas, así como de quienes defienden los derechos de las mujeres en México, a través de la  resolución de urgencia (RC9-0153/2022) votada con 607 votos a favor, 2 en contra y 73 abstenciones. Cabe destacar que este Parlamento no había emitido una resolución de urgencia sobre México desde la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, en 2014.

Ante los diversos llamados y declaraciones locales de la delegación de la Unión Europea en México condenando los asesinatos de al menos 6 periodistas en lo que va del 2022, en esta ocasión el Parlamento Europeo reiteró al Estado mexicano su obligación internacional de adoptar medidas concretas, eficaces y coherentes para prevenir, proteger, investigar y reparar integralmente las violaciones a derechos humanos en contra de quienes defienden derechos humanos y ejercen su derecho a la libertad de expresión a través de la labor periodística.

Enrique Irazoque Palazuelos, titular de la Unidad de Derechos Humanos y responsable del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, precisó que al 26 de enero de 2022,  se tenían contabilizados 52 asesinatos contra periodistas y 97 contra personas defensoras de derechos humanos a partir de diciembre de 2018.

Eurodiputadas/os de la Subcomisión de Derechos Humanos del Parlamento Europeo de diferentes fracciones partidistas, manifestaron su preocupación por las duras y sistemáticas críticas formuladas por las más altas autoridades del Gobierno mexicano contra las y los periodistas y su labor y solicitaron a las mismas abstenerse de publicar cualquier comunicación que pueda estigmatizar a las y los defensores de los derechos humanos, las y los periodistas y las y los trabajadores de los medios de comunicación. Asimismo, realizó un llamado para que destaquen públicamente el papel fundamental que desempeñan las y los defensores de los derechos humanos y las y los periodistas en las sociedades democráticas.

Ante las grandes deficiencias por parte de las autoridades mexicanas para proteger la vida e integridad de personas defensoras y periodistas, así como de investigar y sancionar a quienes resulten responsables de los delitos que se cometen en su contra, es urgente que el Estado adopte una política pública de protección integral que genere un entorno seguro y propicio para la defensa de derechos humanos, proteja eficaz y adecuadamente a este grupo poblacional con medidas proporcionales al riesgo y culturalmente aceptables, repare integralmente a las víctimas y adopte medidas contundentes para revertir los elevados índices de impunidad.

Lamentamos la respuesta del Estado Mexicano frente a la resolución que, lejos de reconocer el grave riesgo que enfrentan personas defensoras de derechos humanos y periodistas, debilita las alianzas y desconoce la relación de estrecha cooperación que se ha mantenido por años con las instituciones de la Unión Europea.

Las organizaciones firmantes nos sumamos al llamado del Parlamento Europeo y exigimos al Estado mexicano honrar sus obligaciones internacionales, fortaleciendo el Estado de derecho y haciendo cumplir los marcos normativos que las organizaciones de la sociedad civil hemos impulsado.

 

ORGANIZACIONES FIRMANTES

Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT)

ARTICLE 19 Oficina Regional para México y Centroamérica

Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos «Todos los Derechos para Todas y Todos»  (Red TDT)

IDHEAS, Litigio Estratégico en Derechos Humanos A.C. (IDHEAS)

Red  por los Derechos de la Infancia en México (REDIM)

Casa del Migrante de Saltillo – Frontera con Justicia A.C.

Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos A.C. (CMDPDH)

Comunicación e Información de la Mujer A.C. (CIMAC)

Centro Nacional de Comunicación Social A.C. (Cencos)

Centro Mexicano de Derecho Ambiental A.C.

Amnistía Internacional México

Proyecto sobre Organización, Desarrollo, Educación e Investigación (PODER)

Centro de Investigación y Capacitación Propuesta Cívica (PC)

Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas, A.C.

Movimiento Sueco por la Reconciliación (SweFOR) – Proyecto México

Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez

Red Rompe el Miedo 

Instituto de Estudios del Proceso Penal Acusatorio, A.C

Espacio OSC para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas conformado por: ARTICLE 19; Casa del Migrante Saltillo; Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA); Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan; Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero (CDHZL); Centro Nacional de Comunicación Social (Cencos); Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH); Comunicación e Información de la Mujer A.C. (CIMAC); Consorcio Para el Diálogo Parlamentario y Equidad, Oaxaca A.C; Instituto de Derecho Ambiental A.C. (IDEA); JASS Asociadas por lo Justo; Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todas y Todos (RedTDT); SMR Scalabrinianas, Misión con Migrantes y Refugiados; Servicios y Asesoría para la Paz (Serapaz); Centro de Derechos Humanos «Fray Francisco de Vitoria OP», A.C. (CDH Vitoria); El Espacio OSC está acompañado por Brigadas Internacionales de Paz (PBI).

 

Nota para prensa

Para más información, favor de contactar a comunicacion@article19.org 

 

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Pueblos exigirán justicia para Samir Flores y la Casa de los Pueblos

Imagen tomada de Desinformémonos

 

Redacción/Desinformémonos

Ciudad de México | Desinformémonos. Pueblos y organizaciones indígenas de México convocaron a una acción global dislocada para exigir justicia para el defensor nahua Samir Flores Soberanes, cuyo asesinato cumple tres años en la impunidad este 20 de febrero, y para las comunidades de Pueblos Unidos de la Región Cholulteca y de los Volcanes que fueron desalojadas del Altepelmecalli, Casa de los Pueblos, el pasado 15 de febrero en Puebla.

Las organizaciones y pueblos condenaron que a tres años del asesinato de Samir Flores, una de las caras más visibles en la lucha contra el Proyecto Integral Morelos (PIM), «prevalece la impunidad y no existe el mínimo indicio de verdad y justicia». De igual forma, condenaron que el gobierno federal, estatal y municipal, bajo la orden de la Guardia Nacional y la policía estatal y municipal, desalojaran la Casa de los Pueblos que desde el 8 de agosto de 2021 se había instalado en la planta de Bonafont de Puebla para detener el saqueo del agua en la región.

Señalaron que el asesinato de Samir y el desalojo del Altepelmecalli forman parte de la «guerra que opera la Cuarta Transformación en contra de los pueblos originarios y comunidades indígenas», la cual se manifiesta «no sólo con la imposición de magaproyectos, militarización del territorio, la contrainsurgencia en los procesos autonómicos de los pueblos, la complicidad con el crimen organizado, la represión y la desaparición forzada, sino también con el despojo de la vida».

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“Hasta la fecha no hemos encontrado justicia”, lamenta colectivo de desaparecidos indígenas de Chiapas

Foto tomada de Desinformémonos

 

Redacción/Desinformémonos

Ciudad de México | Desinformémonos. “No hemos encontrado justicia, pero si un continua la Impunidad”, lamentó el colectivo “En Memoria Para la búsqueda de un camino a la justicia y la verdad”, de la cultura y hablante de la lengua Ch’ol, integrado por “víctimas de graves violaciones a derechos humanos como: desapariciones forzadas, ejecuciones y desplazamiento forzado en los años 90´s por el grupo paramilitar “Organización Desarrollo Paz y Justicia”.

Derivado del abandono y de la extrema pobreza, indicaron en un comunicado, “por exigir derechos y alzar la voz de los nuestros fuimos perseguidos, asesinados, desplazados y desaparecidos de manera forzada. Hasta el momento no sabemos nada de los y las personas desaparecidas. Dentro del periodo de 1995 a 2001, el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas, documento en la zona norte 123 casos en los cuáles identifico 37 desapariciones forzadas (32 hombres y 5 mujeres) y 86 ejecuciones extrajudiciales (79 hombres y 7 mujeres)”.

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Denuncian al Estado mexicano ante la CIDH por estigmatización contra periodistas

Imagen: Cencos

 

 

Redacción/Desinformémonos

Ciudad de México | Desinformémonos. Colectivos de periodistas y organizaciones de la sociedad civil mexicana e internacionales denunciaron ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) los discursos estigmatizantes que el gobierno federal emite contra la prensa en México.

En la audiencia temática “Estigmatización y ataques contra la prensa, personas defensoras de derechos humanos y organizaciones”, 20 organizaciones nacionales e internacionales exigieron al Estado mexicano reconocer el trabajo periodístico y de defensa de derechos humanos, además de cesar las narrativas estigmatizantes y fortalecer el mecanismo de protección para personas defensoras.

La organización Artículo 19 señaló que la estigmatización de parte de altos funcionarios genera un contexto de “permisividad para agredir a la prensa y a las personas defensoras”, por lo que ha aumentado la violencia y el deterioro de entornos seguros para el ejercicio de libertad de expresión y defensa de derechos humanos en México. Además, las autoridades no se posicionaron sobre la impunidad que prevalece en los crímenes contra periodistas, de acuerdo con las organizaciones denunciantes.

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Llama ONU-DH a lograr justicia y memoria a 50 años del ‘halconazo’

Foto: Paco Ignacio Taibo II/La Jornada

 

Redacción/La Jornada

Ciudad de México. El representante de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) en México, Guillermo Fernández-Maldonado, recordó la masacre del Jueves de Corpus, que tuvo lugar un día como hoy en 1971 en la Ciudad de México. Destacó que esta fecha convoca a reafirmar las exigencias de justicia, memoria, verdad y reparación por lo ocurrido, aun cuando hayan pasado 50 años.

“Este episodio de violencia se conjugó con los trágicos sucesos del 2 de octubre en Tlatelolco en 1968 y marcó el inicio de una época denominada como Guerra Sucia. El llamado Halconazo es un recordatorio de las fallas del Estado al responder a movimientos opositores al régimen de esa época que denunciaban violaciones a los derechos humanos, empleando la desaparición forzada, la tortura y la ejecución extrajudicial como estrategias para erradicarlos. Estos crímenes hoy continúan en la impunidad; tras cinco décadas, las víctimas y sus familiares continúan buscando justicia”, dijo.

Indicó que reconocer las graves violaciones cometidas en el pasado es uno de los pasos más importantes para garantizar el derecho a la verdad, a la justicia y a la reparación de las víctimas y sus familiares. Otro paso fundamental, dijo, es que hechos como el del 10 de junio de 1971 nunca más vuelvan a ocurrir.

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México es el país más peligroso para la prensa en América: RSF

Redacción Aristegui Noticias/ MDS

“México, donde fueron asesinados 10 periodistas en 2019, sigue siendo el país más peligroso del continente para la prensa“, aseguró la organización Reporteros Sin Fronteras (RSF) al difundir este martes su más reciente Clasificación Mundial de la Libertad de Prensa, donde nuestro país ocupa la posición 143, junto a países como Myanmar, India, Camboya o Pakistán.

“El gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador no ha logrado frenar la espiral de violencia contra los periodistas ni poner fin a la impunidad en que permanecen los crímenes cometidos contra ellos”, señaló.

El informe, que aborda la situación en 180 países y territorios, advierte que en el país se mantiene la complicidad entre policías y autoridades con el crimen organizado: “En este país –como sucede con sus vecinos centroamericanos– persiste una complicidad de políticos corruptos y autoridades (sobre todo locales) con el crimen organizado, algo que va más allá del ámbito político y amenaza gravemente la seguridad de quienes se dedican a la información”.

“En México (143º), que sigue siendo uno de los países más mortíferos del mundo para la prensa, el presidente López Obrador sigue estigmatizando a los periodistas durante ‘las mañaneras’ -sus conferencias de prensa matutinas-, cuando se publican informaciones contrarias a sus intereses”, apunta RSF.

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