OSC presentan a Bachelet sombrío panorama de DH en México

Redacción/La Jornada

Representantes de organizaciones de la sociedad civil se reunieron esta mañana con la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, a quien presentaron el sombrío panorama que enfrenta México en materia de garantías fundamentales.

Como parte de la visita oficial de Bachelet a nuestro país, del 5 al 9 de abril, los voceros de las asociaciones civiles destacaron la disposición de la funcionaria de la ONU para escuchar sus planteamientos en cuatro ejes torales: democracia, seguridad y justicia, situación de los pueblos indígenas y derechos económicos, sociales, culturales y ambientales.

Una preocupación que externaron fue en torno a la declaración que esta mañana hizo el presidente Andrés Manuel López Obrador de que el mando de la Guardia Nacional recaerá en un militar en activo. Las ong criticaron esta posición y se lo hicieron saber a Bachelet, quien respondió que como parte de su experiencia tanto como jefa de Estado en dos ocasiones y como secretaria en su país, Chile, siempre ha estado en favor de que la seguridad pública recaiga en autoridades civiles.

Las organizaciones de la sociedad civil le solicitaron iniciar conversación con el secretario genera de la ONU para celebrar un convenio sobre el establecimiento de un mecanismo internacional contra la impunidad en México, con la participación de la sociedad civil.

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2 abril, 2019

IFEX-ALC, AMARC-ALC Y SIP presentarán recomendaciones para abordar el deterioro del clima de la libertad de expresión en Nicaragua en el marco del EPU

IFEX-ALC, una red de organizaciones que defienden la libertad de expresión y la libertad de prensa en 15 países de América Latina y el Caribe, junto con la Asociación Mundial de Radios Comunitarias (AMARC-ALC) y la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) realizarán una misión a la Oficina de la ONU en Ginebra en el período previo al Examen Periódico Universal de Nicaragua (EPU) el 15 de mayo.

El EPU es una revisión exhaustiva de los derechos humanos que cada estado miembro de la ONU y se realiza cada 5 años. La sociedad civil tiene un papel crucial que desempeñar en el proceso del EPU, y la delegación conjunta de IFEX-ALC, AMARC-ALC y la SIP se reunirán con los funcionarios de los estados miembros de la ONU para garantizar que las preocupaciones de libertad de expresión informadas por periodistas y activistas nicaragüenses se reflejen en este diálogo.

“El próximo EPU de Nicaragua es una oportunidad importante para mejorar el clima de la libertad de expresión en Nicaragua, que ahora se encuentra en una condición crítica”, dijo la presidenta del Comité Coordinador de IFEX-ALC Marianela Balbi. “Nuestras recomendaciones se basan en los testimonios de periodistas y activistas en Nicaragua y apuntan a fortalecer la libertad de expresión en ese país. Apoyar estas recomendaciones enviaría una señal clara al gobierno del presidente Ortega sobre su incapacidad para proteger los derechos esenciales”, agregó.

“Sin libertad de prensa no hay libertad”, señaló Monica Valdes, vice presidenta AMARC-ALC. “Este es el mensaje que queremos dar a los representantes de los Estados miembros de la ONU en Ginebra.”

Las recomendaciones conjuntas de IFEX-ALC, AMARC-ALC y la SIP apuntan a enfrentar tres desafíos principales: los ataques contra periodistas y un clima de impunidad; censura indirecta; y la criminalización de la expresión y reunión.

Ataques contra periodistas y clima de impunidad:

. Cesar de inmediato toda acción de agresión física, intimidación y amenazas generada por grupos violentos, parapoliciales y paramilitares identificados con el gobierno, así como a través de otras fuerzas de gobierno que actúan para difamar, insultar o revelar información privada de los periodistas independientes y activistas opositores en las redes sociales o bloqueando por medios técnicos el acceso a los medios de comunicación.

Llevar a cabo investigaciones exhaustivas sobre todos los actos de violencia contra periodistas y medios de comunicación, incluido el asesinato el 21 de abril de 2018 de Ángel Eduardo Gahona, y aplicar toda la fuerza de la ley a los responsables, para evitar un estado de impunidad que lleva a más violencia.

. Adoptar de manera inmediata las medidas más apropiadas para garantizar la integridad física y psicológica de todos los profesionales de los medios de comunicación a través de la implementación de protocolos de protección.

. Respetar y cumplir las medidas cautelares otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a favor de las víctimas, activistas, periodistas y sus familiares que fueron atacados y amenazados.

Censura indirecta:

. Asegurar que la asignación de publicidad del gobierno esté sujeta a regulaciones que garanticen la aplicación de criterios justos, transparentes y objetivos.

. Garantizar plenamente el derecho la comunicación comunitaria en términos de acceso a condiciones adecuadas de operación y a vías de financiamiento de diversas fuentes.

Criminalización de la libertad de expresión y reunión:

. Abstenerse de criminalizar la protesta y quienes participan en ella. Garantizar que la respuesta de los cuerpos de seguridad no sea de represión sino de protección de quienes participan en la protesta. Y garantizar la protección de los periodistas que cubren la protesta.

. Trabajar con instituciones nacionales e internacionales para buscar un marco apropiado y definitivo que promueva un diálogo respetuoso y tolerante y conduzca a una solución democrática para la grave y creciente crisis sociopolítica en el país.

La presentación completa y las recomendaciones de IFEX-ALC, AMARC-ALC y la SIP también están disponibles aquí.

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22 marzo, 2019

Acceso a la justicia, entre grandes retos de México: CIDH

Redacción / La Jornada

En México persisten serios desafíos en materia de violencia e impunidad. En 2018 se mantuvo una especial preocupación por el elevado número de desapariciones y homicidios sin una debida investigación, subrayó la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

En el capítulo referente a nuestro país del Informe anual 2018 de esa instancia internacional, también se manifestó una alerta por la situación de inseguridad de personas o grupos más expuestos por razones de discriminación histórica (las mujeres, la niñez, los migrantes, los pueblos indígenas, personas privadas de su libertad, defensores de derechos humanos y periodistas), quienes son víctimas de asesinatos, desapariciones, secuestros, tortura, amenazas y hostigamientos.

La CIDH reconoció que se han dado avances significativos en el ámbito legislativo al aprobar leyes en materia de garantías fundamentales que cumplen con los estándares internacionales, pero acotó que los desafíos siguen siendo profundos.

El informe hace un análisis del cumplimiento que el Estado mexicano ha dado a las recomendaciones emitidas en 2015 tras la visita al país del organismo.

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15 marzo, 201915 marzo, 2019

Comunicado de prensa: Resolución de juez en caso Tierra Blanca, alerta sobre impunidad

6 marzo, 2019

Localizan sin vida a tres jóvenes desaparecidos por la policía de Sinaloa; una víctima estaba embarazada

Redacción/Animal Político

David, Margarita y Alfredo Elías fueron privados de la libertad y desaparecidos por policías municipales de Ahome, Sinaloa, en julio de 2015; sus familiares ubicaron sus cuerpos en una fosa clandestina.

El 21 de julio de 2015, David, Margarita y Alfredo Elías fueron privados de la libertad y desaparecidos por policías municipales de Ahome, Sinaloa, tras ser señalados como “sospechosos”, dada su pertenencia a la comunidad gitana de dicha localidad.

Su delito: ir de puerta en puerta, preguntando a las personas si tenían autos viejos que les interesara vender, ya que se ganaban la vida arreglando esos autos y revendiéndolos.

Tres años después de la desaparición, en agosto de 2018, los jóvenes fueron localizados, pero no por las autoridades, sino por sus mismos familiares, en una fosa clandestina, con dos disparos en la cabeza cada uno.

Las víctimas, sin embargo, fueron cuatro, explica Carola, mamá de David, ya que la cónyuge de su hijo, Margarita, tenía entre dos y tres meses de embarazo.

“Aún así la mataron”, lamenta.

En total, en el estado de Sinaloa se tiene detectada la participación de policías municipales de Ahome en al menos once casos de desaparición forzada, destaca el abogado Guillermo Naranjo, integrante de la asociación civil IDHEAS Litigio Estratégico en Derechos Humanos (que da acompañamiento legal a la familia de estos tres jóvenes) y en todos los casos el común denominador es la impunidad.

En el caso de David, Margarita y Alfredo Elías, por ejemplo, se logró identificar a 10 policías municipales implicados en su rapto y desaparición forzada, sin embargo, sólo contra tres de ellos se emitió una orden de aprehensión, pendiente de cumplimiento hasta la fecha, ya que los agentes fueron alertados por sus superiores sobre el intento de captura, lo que les permitió emprender la fuga.

Sinaloa, el mejor peor ejemplo

Aunque Sinaloa es uno de los estados más afectados por la operación del crimen organizado en México, la desaparición forzada de personas es una problemática oculta intencional y sistemáticamente durante más de una década, por todas las administraciones estatales y federales, denunció el representante de IDHEAS.

Dicha estrategia de ocultamiento, de hecho, es evidenciada por las mismas estadísticas oficiales en materia de desaparición, según las cuales, en Sinaloa no existe ninguna persona desaparecida, ni una sola.

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23 enero, 201923 enero, 2019

Comunicado: #JusticiaSinPretextos solicita diálogos para fortalecer el Sistema de Justicia

5 enero, 2019

A cuatro años del asesinato de Moisés Sánchez, el nuevo gobierno federal y estatal de Veracruz deben atender la impunidad en el caso

Redacción/Artículo 19

Ciudad de México, 2 de enero de 2019.- A cuatro años de la desaparición y posterior asesinato del periodista y activista Moisés Sánchez Cerezo cuando fue sustraído de su domicilio en el municipio de Medellín, Veracruz, su caso continúa en impunidad.

La investigación ante la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra periodistas (FEADLE) se mantiene sin avances sustanciales, prácticamente igual que hace un año. Lamentablemente, las omisiones que desde los primeros días hubo por parte de las autoridades locales y federales, hasta la fecha, tienen como consecuencia la pérdida de indicios que condujeran a la verdad de lo sucedido y también determinar la autoría mediata o intelectual en los hechos. Muestra de ello, el ex alcalde de Medellín, Omar Cruz Reyes, continúa prófugo y ninguna autoridad ha mostrado voluntad en cumplimentar la orden de aprehensión en su contra.

Durante estos cuatro años, la familia de Moisés ha luchado contra un sistema de procuración de justicia inoperante e indolente. En este lapso han sido otorgados amparos a favor de probables responsables de los hechos, debido al actuar deficiente de la Fiscalía de Veracruz. Por su parte la FEADLE se negó a atraer la investigación de Moisés Sánchez, hasta que fue obligada mediante un amparo otorgado por un tribunal federal, promovido por ARTICLE 19 en representación de la familia del periodista.

Asimismo, la Comisión Especial de Atención y Protección a Periodistas del estado de Veracruz (CEAPP) también ha sido sumamente negligente en su labor de brindar protección a las víctimas indirectas.

Lo anterior ha constituido una larga serie de omisiones e irregularidades por autoridades locales y federales que 4 años después sigue teniendo como consecuencia la falta de justicia y verdad para las víctimas. Esto se traduce en la existencia de una responsabilidad internacional del Estado mexicano por violaciones a derechos humanos.

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2 enero, 2019

Procuradurías, reacias a indagar feminicidios

Redacción / La Jornada

En las procuradurías de justicia del país persiste una negativa a indagar los feminicidios. La mayoría de las carpetas de investigación por esos casos se abren por homicidios dolosos, lo que constituye una alerta en el acceso a la justicia, señala la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).

En el Diagnóstico de acceso a la justicia y violencia feminicida –elaborado por el organismo nacional y por la Universidad Autónoma Metropolitana Iztapalapa– se informa que en 2016 se cometieron mil 662 homicidios de mujeres en el país, y sólo 3.39 por ciento (84 casos) se reportaron como feminicidios; 69.43 se clasificaron como homicidios culposos y 25.61 como dolosos.

El porcentaje tan bajo de carpetas abiertas por feminicidio representa la resistencia de las instancias de justicia para investigar las muertes violentas de mujeres como feminicidios, como establecen los estándares internacionales, advierte la CNDH en el texto.

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14 diciembre, 2018

Guardia Nacional no garantiza revertir ilegalidad, impunidad y corrupción: CNDH

Redacción/Aristegui Noticias

Luis Raúl González Pérez dijo ante diputados que la propuesta del Ejecutivo es “parcial e incompleta”.

“Entregar la seguridad pública a instituciones y personal de carácter militar, no garantiza en modo alguno que se revierta la situación de ilegalidad, impunidad, corrupción, violencia e inseguridad que México enfrenta”, afirmó Luis Raúl González Pérez, presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).

Durante su intervención en la reunión con los integrantes de la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados, en la que se discute la creación de la Guardia Nacional, González Pérez aseguró que la propuesta del Ejecutivo es una “respuesta parcial e incompleta a la problemática de violencia e inseguridad”.

“No podemos empezar a depositar la garantía directa de los derechos, dentro de nuestro sistema constitucional, en órganos o estructuras militares (…) la primacía de las instancias civiles sobre las militares no podemos verla como un mero postulado teórico”, dijo el ómbudsman nacional.

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12 diciembre, 2018

ONG: el sistema de justicia está en deuda con el país

Redacción / La Jornada

El sistema de justicia está en deuda con México. Muchos jueces, magistrados y ministros no cuentan con legitimidad para defender sus altos ingresos mensuales debido a sus ineficaces actuaciones, a la falta de resultados en favor de la justicia y a las dificultades económicas que enfrenta el país, señalaron defensores de derechos humanos.

En una nación con 99 por ciento de impunidad y donde, de acuerdo con la Encuesta Nacional a Población Privada de Libertad realizada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), 30 por ciento de las personas recluidas en las cárceles no ha sido sentenciada, se puede concluir que el sistema de justicia es ineficiente, coincidieron en señalar Fernando Ríos, secretario ejecutivo de la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todas y Todos, y Antonio Lara, director del Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero.

No son las altas percepciones las que garantizan autonomía, independencia e incorruptibilidad para el Poder Judicial, sino sus actuaciones.

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