Arturo Angel/Animal Político
Aunque el presidente sostiene que ya no se permiten ni la tortura ni la impunidad, la Fiscalía responsable sigue recibiendo denuncias de nuevos casos en contra de agentes de su gobierno, sin que casi ninguno se haya resuelto.
En los primeros 18 meses del actual sexenio, la Fiscalía General de la República (FGR) recibió 522 nuevas denuncias por posibles actos de tortura en contra de agentes federales que, sumadas a las que ya existían antes, elevó la cifra de casos abiertos por este delito grave a más de 1,259. De todos esos casos, solo tres fueron enviados ante un juez y solo se obtuvo una sentencia condenatoria en el mismo periodo.
Sin embargo, cerca de la mitad de esas carpetas de investigación fueron integradas por la Fiscalía a un archivo “temporal”, decretando que no le tocaba investigar, o determinando que no había elementos suficientes para proseguir con la indagatoria en contra de los probables responsables.
Así lo revelan datos oficiales obtenidos por Animal Político a través de una solicitud de transparencia. Inicialmente la FGR pretendió ocultar la estadística de casos resueltos alegando que no contaba con ella, pero luego de la interposición de una queja ante el INAI accedió a revelar parcialmente los datos solicitados, sin identificar a las corporaciones denunciadas.
