Integrantes de la organización Mexicali Resiste, quienes se oponen a la cervecera Constellation Brands ya que a decir de ellos rompe el equilibrio del agua que existe en esa entidad, se manifiestan en el Ejido Jiquilpan donde Enrique Peña Nieto reinaugurará el canal de riego “4 de Abril”.
El pasado 22 de julio fueron desalojados del plantón que mantenían afuera de donde se pretende construir dicha cervecera por policías ministeriales, estales y municipales, quienes llegaron desde la mañana del día de ayer para retirarlos y tras varios intentos de desalojo fue que hasta cerca de las 8 de la noche que los efectivos policiacos arremetieron de forma.
Esta nota se publicó originalmente en Huffington Post México el 14 de septiembre de 2016.
Luego de 4 años de gobierno de Enrique Peña Nieto, algunos se preguntan si se podría estar peor.
“Pudieron haber sido tus hijos”. Recuerdo que cuando leí por primera vez esta frase en una manifestación por los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa, el mundo se me vino encima. Y sí, pudieron haber sido mis hijos o los hijos de cualquiera en este país donde hay más de 28 mil personas desaparecidas.
Ya nadie se salva en un lugar donde el ejército y los federales están acusados de cometer ejecuciones extrajudiciales y tortura como en Tanhuato y Tlatlaya; donde policías disparan a manifestantes como en Nochixtlán. Un México en el que a las comunidades indígenas se les despoja de sus tierras y recursos naturales como en Xochicuautla; donde autoridades detienen arbitrariamente a defensores de derechos humanos por el solo hecho de pelear por lo suyo; donde cada 26 días asesinan a un periodista.
Un lugar, donde el presidente y su esposa obtienen una casa de manos de uno de sus mejores contratistas y no pasa nada; un país donde las parejas del mismo sexo deben ampararse para poder casarse, donde nuestro presidente invita a nuestra tierra al candidato republicano a la presidencia de Estados Unidos, Donald Trump, a pesar de que abiertamente ha declarado que los mexicanos somos violadores y criminales.
En resumen, un México con una grave crisis de derechos humanos, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Luego de 4 años de gobierno de Enrique Peña Nieto, algunos se preguntan si se podría estar peor. El panorama parece difícil de superar, pero sí, lamentablemente mi respuesta es sí, podemos estar peor.
Nos admiramos cuando en Guatemala renunció el presidente Otto Pérez Molina por supuestos actos de corrupción, quisiéramos que aquí se juzgaran a los militares que han cometido algún delito como en Argentina o Chile, pues exijámoslo.
Si no exigimos que esto no vuelva a suceder, que se investigue y sancione a los responsables, que se repare el daño a las víctimas y sus familiares, que se continúe con la búsqueda de las personas desaparecidas, que nuestras autoridades hagan su trabajo y rindan cuentas, y se respete la libertad de expresión, la situación seguirá empeorando.
Ciudadanos y ciudadanas lanzaron una iniciativa en redes sociales para que este 15 de septiembre a las 17:00 horas salgamos a marchar del Ángel de la Independencia al Zócalo y digamos nuestro motivo por el cual creemos que Peña Nieto debería renunciar a la presidencia. Salgamos y elevemos el costo político de la corrupción y de la impunidad. Que las autoridades sepan que los observamos y no estamos de acuerdo con sus acciones. Que votamos por ellos y deben responder por sus actos.
Por más trillado que se escuche, este es nuestro país y somos más los mexicanos y mexicanas trabajadoras y honestas, exijamos respeto.
Cuando era chica, mi abuelita me decía: “al que no habla, Dios no lo oye”. Así que si no quieres que esto siga empeorando, hazlo saber por el medio que decidas, pero no te quedes callado, no te conformes.
Muy dura fue la carta que envió el pasado 30 de junio el secretario general de la Federación Internacional de Periodistas (FIP), el francés Anthony Bellanger, al presidente Enrique Peña Nieto.
El secretario general de la FIP -la organización gremial más grande del mundo que representa a 600 mil trabajadores de la prensa de 140 países- también le dice a Peña Nieto que “es realmente preocupante la escasez de respuestas que, debido a la debilidad de sus partidas presupuestarias y la falta de voluntad política, viene destinando su gobierno tanto al Mecanismo de Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas (…) como a la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la libertad de Expresión (FEADLE)”.
No sólo consideró “aberrante” que este año no les haya asignado recursos a ambas instancias, sino que además lamentó “que en el curso de su mandato, lejos de resolverse, el escenario haya empeorado notablemente”.
Pero la carta de Bellanger no fue la única que en esa fecha transmitió la FIP al gobierno mexicano. El organismo dirigió otra al procurador general de la República, Raúl Cervantes, la cual está firmada por el presidente de la FIP, el veterano periodista belga Philippe Leruth.
Como la del secretario general, la misiva de Leruth destaca igualmente por su severidad.
En una parte reconoce que “México no es el único país en el que los periodistas pagan con su vida su voluntad de cumplir con su deber de informar”. Pone como ejemplo los casos de dos periodistas franceses y uno iraquí que murieron recientemente en las calles de Mosul, donde seguían los avances de las tropas iraquíes contra el grupo terrorista Estado Islámico.
“Tales muertes, aunque son intolerables, se pueden entender en el contexto de un país en guerra”, le escribe Leruth al procurador Cervantes, para después aclararle que, “las muertes de los colegas mexicanos, sin embargo, son doblemente intolerables, no sólo porque México no es un país en guerra, sino también porque sus asesinos quedan impunes en más de un 90% de los casos”.
Esta nota se publicó originalmente en The Mexican Times el 19 de enero de 2017.
Esta semana la periodista Carmen Aristegui y su equipo de investigación, volvieron “al aire” luego de su abrupta salida de MVS cuando el gobierno de Enrique Peña Nieto aún se encontraba en medio de una tormenta mediática, luego de hacerse pública la investigación sobre la Casa Blanca de Sierra Gorda 150, en las Lomas de Chapultepec.
Su regreso resulta sumamente significativo; y es que cuando los concesionarios de las señales propiedad del Estado -y por ende, de todos los mexicanos- parecían negar el espacio a una voz tan crítica a pesar de haber sido titular de la emisión radial más escuchada en los últimos años, el mensaje era claro: las puertas de los medios tradicionales estaban cerradas para este tipo de periodismo.
Foto: Super Channel 12
El que una de las periodistas con más credibilidad y relevancia en el país transmita ahora su noticiero a través de internet, no sólo habla de las pocas oportunidades para el periodismo crítico y frontal en los medios tradicionales, también representa la legitimación del medio.
La importancia de portales de noticias es innegable, y hoy más que nunca podemos palpar dicha relevancia con investigaciones como la de Animal Político, que luego de exponer empresas fantasma de Javier Duarte derivaron en que el ex gobernador de Veracruz hoy sea prófugo de la justicia. Sin embargo, un noticiero transmitido en exclusiva por internet es un proyecto completamente distinto, y una de las apuestas más importantes para el periodismo, más aun en el contexto que vivimos en México.
El nuevo medio no sólo elimina al concesionario, al empresario, como proveedor, intermediario y última línea editorial, también abre el camino a una nueva generación de periodistas y profesionales de la información en un país en que los medios tradicionales en muchas ocasiones trabajan protegiendo, en menor o mayor medida, intereses particulares.
Y cuando el noticiero de Carmen Aristegui es transmitido a través de internet, los argumentos de las viejas generaciones para desacreditar el medio se vuelven aún más obsoletas. Si el proyecto resulta exitoso, como auguran los niveles de audiencia conseguidos en sus primeras emisiones, podríamos ser testigos del surgimiento de nuevas fuentes de información, con nuevos actores y con menos compromisos a la hora de definir contenido o formas de abordar la noticia.
Olvidémonos del prejuicio de que los contenidos en internet inherentemente carecen de credibilidad, de que tienen que ser legitimados por el nombre de un medio tradicional. Bienvenida esta nueva era.
Esta nota se publicó oringalmente en The Mexican Times, el 15 de octubre de 2016.
Cuando Enrique Peña Nieto llegó a la presidencia en 2012, lo hizo en medio del descontento de una numerosa sección de la sociedad. Pero en los últimos meses, México ha sufrido considerables golpes que generaron más resentimiento contra el Ejecutivo.
Los conflictos, van desde lo económico, con la escalada del dólar y la reducción presupuestal para importantes rubros como el campo y la educación; hasta lo moral, con la visita a nuestro país de quien nos llamara violadores, Donald Trump.
Con esta ola de acontecimientos, podríamos llegar a la conclusión de que la administración presidida por Peña Nieto, no cumple con nuestras expectativas e incluso ha violado la ley, y no sólo por lo del párrafo anterior, pues a lo largo de sus 4 años de mandato se han suscitado graves violaciones a derechos humanos tales como Ayotzinapa, Tlatlaya, Nochixtlán, Tanhuato y diversos escándalos de corrupción donde está involucrado directamente como el de la Casa Blanca.
Pero en esta ocasión no quisiera entrar al debate de sí sus acciones son considerables para una posible destitución, pues en lo personal y comparando ejercicios de otras democracias en contextos similares, existen motivos de sobra para una revocación de mandato. Este texto lo escribo con la finalidad de informar y aclarar que nuestra Constitución establece un proceso claro para sustituir a un presidente, independientemente del motivo de su falta.
La Constitución dice lo siguiente:
Capítulo III
Del Poder Ejecutivo
Artículo 84. En caso de falta absoluta del Presidente de la República, en tanto el Congreso nombra al presidente interino o substituto, lo que deberá ocurrir en un término no mayor a sesenta días, el Secretario de Gobernación asumirá provisionalmente la titularidad del Poder Ejecutivo…
Este párrafo refiere que el Congreso nombrará al presidente interino o substituto (ojo hay dos opciones), esta selección deberá ocurrir en menos de 60 días, mientras tanto el Secretario de Gobernación sería el titular. Como ya dijimos hay dos opciones o escenarios:
Primero
Cuando la falta absoluta del Presidente ocurriese en los dos primeros años del período respectivo, si el Congreso de la Unión se encontrase en sesiones y concurriendo, cuando menos, las dos terceras partes del número total de los miembros de cada Cámara, se constituirá inmediatamente en Colegio Electoral y nombrará en escrutinio secreto y por mayoría absoluta de votos, un presidente interino…
El mismo Congreso expedirá, dentro de los diez días siguientes a dicho nombramiento, la convocatoria para la elección del Presidente que deba concluir el período respectivo.
Este supuesto refiere que si la falta del presidente es en los dos primeros años de su gestión, el Congreso deberá convertirse en Colegio Electoral (si está en sesiones lo hacen inmediato, si no se llaman a sesión extraordinaria) para elegir en secreto y por mayoría absoluta un presidente interino. Diez días después de seleccionar al interino el Congreso expedirá la convocatoria para elecciones del presidente que deberá concluir el período.
Cuando la falta absoluta del Presidente ocurriese en los cuatro últimos años del período respectivo, si el Congreso de la Unión se encontrase en sesiones, designará al presidente substituto que deberá concluir el período, siguiendo, en lo conducente, el mismo procedimiento que en el caso del presidente interino.
FOTO: scoopnest.com
El segundo supuesto dice que si el presidente falta del años 3 al 6 de su mandato el Congreso bajo el mismo proceso elegirá al Presidente substituto para terminar el periodo. Con esto podemos observar que existe una línea a seguir si un presidente falta. Ahora bien, es importante citar el siguiente artículo para dar cierre a este procedimiento:
Artículo 86. El cargo de Presidente de la República sólo es renunciable por causa grave, que calificará el Congreso de la Unión, ante el que se presentará la renuncia.
Lo hago con la finalidad de establecer que efectivamente se puede renunciar al cargo. En diversos foros, medios y platicas he escuchado diferentes posiciones sobre si el presidente puede o no renunciar; si debe o no, al final creo que motivos sobran y el mecanismo de sustitución existe, el verdadero debate serían las consecuencias económicas, políticas y sociales que implicaría la salida de Enrique Peña Nieto y ese, vaya que es un debate pantanoso. Sin embargo, como se dice por ahí: “si votar es un derecho, revocar es un izquierdo”.
El caso del presunto espionaje a periodistas y activistas puso en aprietos al presidente Enrique Peña Nieto.
Tres días después de que el diario The New York Times informó que periodistas y activistas mexicanos han sido espiados a través de un software adquirido por el gobierno mexicano, el presidente Peña Nieto se refirió al tema: primero pidió aplicar la ley contra quienes hicieron las acusaciones, luego se retractó y por último negó que su administración vaya a tomar represalias contra quienes lo acusan.
Durante la inauguración de un parque industrial en Lagos de Moreno, Jalisco, el presidente Peña Nieto pidió aplicar la ley a quienes acusan al gobierno de espionaje, ya que, dijo, el suyo “es un gobierno democrático, que respeta y tolera las voces críticas”.
“Espero que la Procuraduría General de la República con celeridad pueda deslindar responsabilidades y espero, al amparo de la ley, pueda aplicarse la justicia contra aquellos que han levantado estos falsos señalamientos contra el gobierno”, dijo el mandatario en su discurso.
Durante su mensaje, Peña Nieto dijo que él mismo ha recibido mensajes “de una fuente u origen desconocido, pero procuro en todo caso ser cuidadoso en lo que hablo telefónicamente”.
La corrupción y la impunidad se han convertido en un ‘‘complejo fenómeno que ha dañado nuestra democracia, nuestra economía, profundizando la desigualdad e incrementado la violencia’’, reconoció el general secretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos Zepeda, quien agregó que además han minado la credibilidad en las instituciones públicas.
Al encabezar ayer la inauguración del taller Obligaciones y responsabilidades bajo el sistema nacional anticorrupción, en el Centro Militar de Ciencias de la Salud, el militar sostuvo que sólo lograremos superar la corrupción e impunidad que nos aqueja con voluntad, decisión entrega y perseverancia, ‘‘y con la ferviente vocación de servir a México’’.
Con la presencia del almirante secretario de Marina, Vidal Francisco Soberón Sanz, y la titular de la Secretaría de la Función Pública, Arely Gómez González, Cienfuegos destacó la importancia de la reforma que creó el sistema nacional anticorrupción (SNA), cuyas leyes y reglamentos llegaron para quedarse.
Dijo que la aplicación ‘‘precisa y contundente de este esquema permitirá enfrentar la corrupción que ha dañado a nuestra sociedad’’ e hizo un llamado a fortalecer la cultura de la legalidad, de la transparencia y la rendición de cuentas en todas las instituciones de la República. ‘‘Estamos obligados a preservar el México donde la ley impere, la corrupción se erradique y la impunidad se destierre’’.
Afirmó que la secretarías de Defensa Nacional (Sedena) y de Marina (Semar) asumieron desde el primer día de la presente administración su compromiso de transparencia, rendición de cuentas y combate a la corrupción: es y ha sido, aseveró, una de nuestras más altas prioridades.
Con la entrada en vigor del SNA, dijo, reforzaremos las medidas para garantizar el uso adecuado y eficiente de los recursos públicos y nuestro compromiso de actuar con honestidad. Insistió en que la promulgación de reformas constitucionales y legales en la materia constituyen ‘‘un hecho sin precedentes’’ para prevenir, investigar y sancionar este flagelo que lastima a los mexicanos.
En este contexto, destacó que las fuerzas armadas ya iniciaron por su parte acciones para atender las faltas administrativas, combatir los delitos y fiscalizar el uso eficiente de los recursos públicos, que son parte fundamental del nuevo esquema anticorrupción.
En el acto en el que se presentó la colección de libros Saga normativa de las adquisiciones a nivel internacional, nacional y subnacional, recopilada por Héctor Mateo Infante Meléndez en colaboración con el Instituto Nacional de Administración Pública, Arely Gómez, titular de la Secretaría de la Función Pública (SFP), reconoció a su vez que la corrupción es un flagelo que lesiona y deteriora la capacidad de las instituciones, así como la confianza en los gobiernos y los servidores públicos.
Pero al mismo tiempo, señaló la trascendencia que tiene que el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto haya fijado como uno de los jefes de su administración precisamente instrumentar un marco jurídico apropiado para combatir este problema. Agregó que también es importante que los funcionarios públicos conozcan sus nuevas responsabilidades y obligaciones en este nuevo esquema de andamiaje jurídico.
Por su parte, Infante Meléndez destacó la obra presentada ayer, la cual consta de cinco libros y 22 volúmenes que incluyen toda la información a escala nacional e internacional sobre adquisiciones, arrendamientos y compras del sector público.
El Gobierno de Enrique Peña Nieto ha rechazado las acusaciones de espionaje hechas este lunes por un grupo de periodistas ccríticos y defensores de derechos humanos. En una escueta carta dirigida a The New York Times, el diario que publicó cómo se intentaba contagiar móviles con el malware Pegasus para robar información, la presidencia señaló que “no hay prueba alguna de que agencias del Gobierno mexicano sean responsables del supuesto espionaje”. La carta firmada por Daniel Millán, director general de medios internacionales de la presidencia de México, señala que el Gobierno condena “cualquier intento de vulnerar el derecho a la privacidad de cualquier persona”.
Sin embargo, tres agencias gubernamentales mexicanas han dejado rastro de haber comerciado con NSO Group, la empresa israelí de ciberseguridad que vende el programa Pegasus principalmente a Gobiernos. Ellas son la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), la Procuraduría General de la República (PGR, Fiscalía) y el Centro de Inteligencia y Seguridad Nacional (Cisen) el órgano que concentra todo el aparato de inteligencia e información clasificada en México.
El periódico Reforma publicó en septiembre de 2016 que la Fiscalía mexicana había comprado el sistema Pegasus por 15 millones de dólares. La compra habría sucedido entre 2014 y 2015, durante el periodo de Jesús Murillo Karam, el polémico procurador encargado de dirigir la investigación de los 43 estudiantes desaparecidos en Iguala, Guerrero. Las autoridades habrían buscado el malware para utilizarlo como herramienta en la guerra contra la delincuencia organizada.
La PGR se ha negado a responder con claridad si ha firmado contratos con NSO Group, la empresa que comercializa Pegasus. El otoño de 2016, activistas digitales preguntaron oficialmente a la Fiscalía qué servicios había adquirido a la firma israelí. La respuesta oficial fue ambigua. “La Agencia de Investigación Criminal [un área de la PGR] localizó la información solicitada… la misma constituye información clasificada como reservada”, fue la respuesta de la PGR, contenida en el informe Gobierno espía realizado por la Red de Defensa de Derechos Digitales. La información será pública hasta dentro de cinco años, en 2021.
Pero los vínculos entre el Gobierno mexicano y NSO Group pueden ser rastreados antes. En enero de 2014, una filtración de correos de la firma italiana Hacking Team, la competencia de NSO, reveló que los empleados del Cisen ya conocían el programa de infección de teléfonos móviles. Esto fue informado por el ingeniero Sergio Rodríguez Solís a sus jefes tras visitar el centro de espionaje. “Se quejaron de por qué nosotros no tenemos vectores de infección que no requieren interacción del usuario como NSO tiene”, escribió en un correo el empleado de Hacking Team. La comunicación asegura que los espías del gobierno mexicano habían probado el software en varios móviles de diferentes sistemas operativos como Android, BlackBerry, iOS.
El nivel de homicidios llegó a un nivel nunca antes visto en México, por lo menos desde que hay registros oficiales.
Los datos dados a conocer este miércoles por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública arrojan que en mayo de 2017 se registraron en el país 2 mil 186 carpetas de investigación (averiguaciones previas) por homicidio doloso.
Esa es la cifra mensual de asesinatos más alta no solo del sexenio del presidente Enrique Peña Nieto, sino de cualquier sexenio desde 1997, año más antiguo del que hay datos disponibles.
Hasta ahora el récord de homicidio correspondía al mes de mayo de 2011 con 2 mil 131 casos, seguido de junio de ese mismo año con 2 mil 38 casos. Cabe recordar que 2011 fue el año más violento en el periodo de la denominada guerra contra el narcotráfico.
El alza de homicidios en la administración de Peña nieto inició desde agosto de 2015, sin embargo no se había roto el récord de asesinatos heredado por el sexenio pasado hasta ahora.
El Centro de Derechos Humanos “Zeferino Ladrillero” (CDHZL) exigió al presidente Enrique Peña Nieto que frene las acciones de represión y violencia en contra los estudiantes de la escuela Normal “Justo Sierra Méndez”, de Aguascalientes.
También pidió a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) que garantice la protección, integridad y vida de las estudiantes tras del ataque perpetrado por elementos de la Policía municipal y estatal de dicha entidad.
