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Indigna que EPN gastara millones en espiarnos y no en buscar a nuestros hijos: Cristina Bautista

Foto: Eber Huitzil

 

 

Erika Lozano/Desinformémonos

Pegasus Project, un trabajo periodístico realizado por 80 periodistas de 17 organizaciones de medios, reveló que, entre 2016 y 2017, el gobierno mexicano utilizó Pegasus contra 25 periodistas, así como contra activistas y defensores de derechos humanos, entre ellos, familiares de los 43 normalistas de Ayotzinapa.

Ciudad de México | Desinformémonos. “Me indigna y me da tristeza que el gobierno gastara tantos millones en espiarnos y que no utilizara ese dinero en buscar a nuestros hijos. ¿Por qué estar viendo qué movimientos vamos a realizar como madres, padres, estudiantes y organizaciones?”, se pregunta Cristina Bautista, madre de Benjamín Ascencio Bautista, uno de los 43 normalistas de Ayotzinapa.

“A seis años y nueve meses todavía no encontramos a nuestros hijos, todavía no sabemos qué les pasó, pero tenemos que alcanzar la verdad. El gobierno de Enrique Peña Nieto (EPN) todo lo hizo mal, el mundo entero lo sabe, manipularon las investigaciones y construyeron su verdad histórica, pero fue destruida y ya no pudieron engañarnos, lo demostramos científicamente gracias al Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) y a nuestros abogados”, señala, y agrega que “da tristeza, porque fue el Estado quien desapareció a nuestros hijos, aunque no lo quiso aceptar”.

En entrevista telefónica, Leopoldo Maldonado, director regional de Artículo 19 para México y Centroamérica, señala que las revelaciones de Pegasus Project “confirman que lo que publicamos hace cuatro años era la punta del iceberg, nos habla de un esquema sistemático de espionaje por parte del gobierno de Peña Nieto contra personas que le resultaban incómodas, activistas, defensores y hasta oposición política”. La Red en Defensa de los Derechos Digitales (R3D), SocialTIC, Citizen Lab, el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro (Prodh) y Artículo 19, exhibieron en 2017 la vigilancia ilegal contra personas defensoras y periodistas durante el gobierno de EPN con la investigación #GobiernoEspía.

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Acusan a gobiernos de Calderón, EPN y AMLO de ser indiferentes con víctimas de desapariciones

Gloria Leticia Díaz/Proceso

Imagen tomada de Proceso

CIUDAD DE MÉXICO (apro). – El caso de la desaparición de cuatro ingenieros agrónomos desaparecidos por policías municipales de Torreón, Coahuila, hace exactamente 10 años, es un botón de muestra de la criminalización de las víctimas, la indiferencia y el incumplimiento de los compromisos con las familias de los desaparecidos, durante los gobiernos de Felipe Calderón, Enrique Peña Nieto y Andrés Manuel López Obrador.

Así lo denunció María Antonia Melo, hermana de Matusalén Melo Cadena, uno de los cuatro profesionistas que el 21 de octubre de 2009 fueron detenidos por policías municipales de Torreón cuando se dirigían a su trabajo.

En una carta distribuida por el Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México, del que forma parte el colectivo Buscando Desaparecidos México (BUSCAME), María Antonia hizo un recuento de las experiencias que ha tenido su familia en la búsqueda de Melo Cadena con gobiernos federales, sin que hasta ahora se tengan información de su paradero.

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Demanda la Ceteg juicio político contra EPN

Redacción / La Jornada

Integrantes de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación en Guerrero (Ceteg) protestaron en el antimonumento a los 43 en el contexto de los 51 meses de lucha por la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa, ocurrida en Iguala en septiembre de 2014.

En la protesta efectuada ayer al mediodía en Guerrero, los manifestantes demandaron la presentación con vida de los 43 estudiantes, la derogación de la reforma educativa y que se realice juicio político contra el ex presidente Enrique Peña Nieto.

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Sexenio de EPN, “letal” para periodistas y defensores: Red TDT

Redacción / Desinformémonos

Periodistas de diversos medios de comunicación de la ciudad de Papantla, Veracruz, se manifestaron para exigir justicia por el asesinato del reportero Leobardo Vázquez Atzin, mediante una marcha por los alrededores del parque central, exigieron al gobernador del estado el esclarecimiento de los hechos.
Fotos: Yahir Ceballos / Procesofoto / Ver.

Entre diciembre de 2012 y noviembre de 2018, fueron asesinados 161 defensores de derechos humanos en México, lo que demuestra que “el sexenio que termina fue letal para las voces disidentes”, señaló la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todas y Todos” (Red TDT).

A través del informe “Desde la memoria… la esperanza”, la Red documentó que por lo menos 42 de 159 defensores asesinados pertenecían a un pueblo indígena, entre los que se encuentran yaqui, rarámuri, wixarika, purépecha, nahua, zapoteco, mixe, mixteco, tzotzil y triqui.

De igual forma, el documento evidencia que sólo el 3 por ciento de los casos de asesinato de defensores se encuentra judicializados, y que por lo general las investigaciones “suelen ignorar” la actividad defensora de las víctimas.

A continuación el comunicado completo:

La defensa de derechos humanos no es un privilegio en sí misma como acusan furibundos sus detractores. Tampoco es algo dispensable, algo que debamos desear que se extinga, como opinan otros. La defensa de derechos humanos es una opción por la vida y la libertad. En ese sentido podemos afirmar que las personas defensoras somos facilitadoras de la esperanza, porque desde nuestras trincheras diversas luchamos por la dignidad y la justicia. Eso es lo que nos une: la esperanza.

Resulta pavorosamente contradictorio que teniendo esta noción de esperanza, hoy estemos aquí para hablar de las 161 personas defensoras y 40 periodistas asesinadas de manera impune entre diciembre de 2012 y noviembre de 2018. Esto demuestra de manera contundente que el sexenio que termina fue letal para las voces disidentes: datos dolorosos, que se vuelven vidas desgarradas para un país que se ostenta democrático y que, oficialmente, no se encuentra en guerra.

El mensaje es claro: se busca inhibir la lucha por la justicia y por los derechos. Pero ¿Está cifra inaceptable significa que ya no hay lugar para la esperanza? ¿significa que debemos huir, escondernos y tratar de proteger nuestra vida a cambio de lo que nos une como pueblos, como colectividades: como personas?

De ninguna manera

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En Ginebra, México maquilla las cifras de desaparecidos

Redacción/Proceso

La desaparición hace cuatro años de 43 normalistas de Ayotzinapa en Iguala, Guerrero, “da cuenta del adn del gobierno de Peña Nieto, compuesto por corrupción, impunidad y macrocriminalidad”, sentencia Mario Patrón, director del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro. A su vez, la activista Grace Fernández critica al gobierno saliente por no atender los reclamos por las desapariciones que se han multiplicado durante su gestión. “Las autoridades no procesan esos 35 mil cuerpos –dice– porque tendrían que explicar la causa de su muerte. Y no quieren hacerlo porque es encontrarse a ellos mismos. A fin de cuentas, la corrupción mata”.

Marchan madres de desaparecidos y asesinados en Sinaloa. Foto: Juan Carlos Cruz/Proceso

CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).- El gobierno de Enrique Peña Nieto, que fenece esta semana, quedará marcado por la impunidad, corrupción, violencia, pero sobre todo por el presunto involucramiento de autoridades de los tres niveles con los grupos criminales en la violación derechos humanos.

El director del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro (Prodh), Mario Patrón Sánchez, y Grace Fernández Morán, del Consejo Nacional Ciudadano del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, coinciden en este dictamen, basados en los datos duros: 122 mil muertos, 37 mil desaparecidos y una tasa de impunidad de 98%.

Por separado, ambos defensores consideran que el fracaso de Peña Nieto –quien heredó de Felipe Calderón 103 mil muertos y 26 mil 121 desaparecidos– se explica en parte por mantener una estrategia militarizada para combatir la violencia y por la escandalosa corrupción.

El caso de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos hace cuatro años en Iguala, Guerrero, “da cuenta del adn del gobierno de Peña Nieto, compuesto por corrupción, impunidad y macrocriminalidad”, sostiene Patrón Sánchez, cuya organización representa a los padres y madres de las víctimas.

Es revelador, dice, que “la que debió haber sido la investigación más profesional, más cuidada y más transparente, y más a cielo abierto, terminó siendo tachada de ilegalidad”.

Trae a cuenta la sentencia del Primer Tribunal Colegiado del Decimonoveno Circuito con sede en Reynosa, Tamaulipas, emitida en junio pasado, la cual ordenó la creación de la Comisión para la Verdad y Justicia (Caso Iguala) “justo porque el gobierno de Peña Nieto no ha sido independiente ni autónomo ni imparcial”.

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Fue un mal año. No, menos, como seis: la evaluación de Fundar al gobierno de Peña

Redacción/Animal Político

Este miércoles, el Centro de Análisis e Investigación Fundar presenta su balance de la administración federal que concluye este viernes, en el que destaca cuatro grandes fracasos: combate a la corrupción; derechos humanos; reducción de la pobreza y una reforma energética que vulneró a los pueblos indígenas.

Imagen: Fundar

Fracasos, deudas, batallas perdidas y promesas insostenibles: así resume la organización Fundar el gobierno de Enrique Peña Nieto, que este viernes llega a su fin.

El Centro de Análisis e Investigación presenta este miércoles su balance del sexenio en un documento titulado ‘Fue un mal año. No, menos, como seis’ utilizando el traspié cometido por el presidente en una declaración pública de 2017, para definir una administración que “reemplazó crisis sociales con aplausos para sus reformas estructurales”. El título hace referencia a la frase “Estamos a un minuto de aterrizar, no, menos: como a cinco”, que enunciara Peña Nieto durante un vuelo hacia Oaxaca.

Como resultado de su evaluación de las políticas públicas del gobierno de Peña Nieto y su implementación, Fundar destaca cuatro temas fundamentales en los que la administración saliente fracasó: la estrategia contra la corrupción; el respeto a los derechos humanos en las políticas de seguridad; el combate a la pobreza, y el modelo de desarrollo al que aspiraba la reforma energética, que sólo derivó en pueblos indígenas vulnerados por emporios mineros.

“No sólo fue un año en el que la narrativa de la presidencia sumamente optimista se contradecía con las alarmas sobre México derivadas de la violencia por el narcotráfico y la crisis económica de unos años atrás; también lo fueron los cinco años restantes de la administración”, señala el reporte.

Para ilustrar la baja calificación que otorga al gobierno de Peña Nieto, Fundar menciona casos emblemáticos como el desvío de recursos públicos a través de universidades revelado por la investigación La Estafa Maestra; la impunidad en los actos de corrupción cometidos por varios gobernadores; el inmueble ocupado por el presidente y su esposa en las Lomas de Chapultepec -conocido como La Casa Blanca-; el espionaje a periodistas, así como la desaparición de 43 estudiantes de la Normal rural Isidro Burgos de Ayotzinapa, en el estado de Guerrero.

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Examen final para EPN: Qué es el #EPU de Derechos Humanos y por qué es importante para México

Redacción/Animal Político

Los ojos del mundo estarán sobre México el 7 de noviembre, cuando el Estado mexicano sea sometido al mecanismo de Examen Periódico Universal de la ONU sobre Derechos Humanos, en Ginebra, Suiza.

Facebook @EnriquePN

El próximo 7 de noviembre, los ojos del mundo estarán sobre México. En esa fecha está programado el tercer Examen Periódico Universal sobre la situación de los derechos humanos en el país, el mecanismo de la ONU conocido como #EPU.

Esta evaluación será una especie de examen final del gobierno de Enrique Peña Nieto, a tan solo unos días de que concluya el periodo del priista como jefe del Estado mexicano.

“Este año en particular, es especialmente importante porque (el EPU) viene justo en el contexto de transición en el país, y podemos pensar que a la vez constituye una evaluación del sexenio de Enrique Peña Nieto”, comentó en entrevista Stephanie Erin Brewer, coordinadora del área internacional del Centro Prodh.

“Llega en un momento de muchos cambios y de muchas oportunidades para reorientar las acciones del Estado, las políticas”, agregó.

Es la segunda vez en que se aplica el #EPU, durante el gobierno de Peña Nieto. La primera fue en 2013. Entonces México recibió decenas de recomendaciones, como establecer un programa integral para reducir la violencia contra las mujeres; crear una base de datos de migrantes desaparecidos; mejorar las condiciones de las prisiones; redoblar los esfuerzos para combatir la corrupción y la impunidad , y garantizar las asignaciones de presupuesto para el mecanismo de protección de defensores de derechos y periodistas, entre otros puntos.

Las naciones de la ONU se pronunciarán sobre su cumplimiento y harán nuevas recomendaciones, durante el EPU, aunque organizaciones ciudadanas en México ya han adelantado que califican como “reprobado” al gobierno de Peña Nieto, porque a su parecer la situación de los derechos humanos en el país se ha deteriorado.

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Obras del NAIM continuarán hasta hasta el 30 de noviembre, dice Peña Nieto; afores, sin riesgo

Redacción / Animal Político

Foto: aeropuerto.gob.mx

Las obras de construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM) en Texcoco continuarán hasta el próximo 30 de noviembre, último día de su gobierno, dijo el presidente Enrique Peña Nieto.

El mandatario dijo que de mantenerse la decisión de cancelar la obra a partir del 1 de diciembre, el próximo gobierno tendrá que hacer frente al pago de compromiso, que requerirán impuestos adicionales a los que pagan actualmente usuarios del aeropuerto.

Este domingo, el equipo del presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, informó que los ciudadanos votaron en la consulta por la opción de construir dos pistas en la base militar de Santa Lucía y continuar operando el actual aeropuerto Benito Juárez, lo que cancela las obras del NAIM en Texcoco.

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Peña deja una crisis sin precedente en materia de derechos humanos

Redacción / La Jornada

Foto: Presidencia

A menos de dos meses de concluir su mandato, el titular del Ejecutivo federal, Enrique Peña Nieto, deja numerosos y graves pendientes y una profunda crisis en materia de derechos humanos. Cifras oficiales muestran que en este sexenio (hasta julio de este año) se han cometido 112 mil 760 homicidios dolosos, 22 mil 983 casos de desaparición, un promedio de nueve feminicidios al día, entre otras violaciones a las garantías de los ciudadanos.

Al hacer un balance de la administración por concluir, defensores de las garantías fundamentales señalaron que el gobierno del priísta dejará un saldo desfavorable en esta materia. En su más reciente informe de labores, el presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Luis Raúl González Pérez, enfatizó que el sexenio se vio marcado por graves violaciones a estas garantías, con casos como Chalchihuapan, Iguala, Tanhuato, Apatzingán, Tlatlaya y Nochixtlán.

Édgar Cortez, del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia, afirmó que Peña Nieto deja una situación de crisis en esta materia, en la que entre las graves violaciones vemos que crecen las desapariciones forzadas, que de acuerdo a cifras oficiales entre 2007 y abril de este año suman 37 mil 435 casos; más de la mitad de los estados con declaratoria de alerta por violencia de género o solicitud de ésta; la tortura sigue siendo una práctica cotidiana, al igual que las ejecuciones.

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