En lo que va del gobierno de Enrique Peña Nieto, han sido asesinadas al menos 106 personas defensoras de derechos humanos en el país, mientras 81 se encuentran desaparecidas, según el estudio ‘La esperanza no se agota’ de la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todos y Todas” (Red TDT).
El informe señala que la situación de violencia hacia las y los defensores en México “es una realidad desconocida para la población”, pues del 1 de diciembre de 2012 al 30 de noviembre de 2016 se registraron 302 casos de organizaciones perjudicadas, en donde 1,037 personas y 422 colectivos resultaron afectadas, sin que la mayoría de ellos fueran difundidos.
De los 302 casos, 217 fueron documentados por primera vez dentro del periodo de gobierno de Peña Nieto y los 85 restantes se suscitaron antes de que iniciara su sexenio pero continúan vigentes.
Chiapas es el estado más peligroso para los defensores humanos, y encabeza la lista de hechos violentos contra ellos, con 56 casos; seguido de Oaxaca con 45; la Ciudad de México con 37, Guerrero 25, Veracruz 21; Puebla 17; el Edomex 16; Chihuahua 13; Jalisco 11 y el resto de las 21 entidades con menos de una decena de casos.
Respecto a las personas asesinadas, 24 fueron ejecutadas extrajudicialmente (es decir por personas que pertenecen o trabajan bajo las órdenes del Estado, como las fuerzas estatales de seguridad) y 52 fueron ultimadas por sujetos no pertenecientes al gobierno. Siendo Guerrero, Oaxaca y Chiapas los estados con mayor número de asesinatos.
En cuanto a las agresiones, las cinco acciones más comunes son: los ataques físicos y los intentos de ejecución que suman 120 casos, las intimidaciones 102, amenazas 101, difamación 92 y las amenazas de muerte con 87 denuncias.
Los gobiernos estatales son los que más violan los derechos humanos de personas y colectivos, representando el 39% (273) de los eventos, le sigue el gobierno federal con el 32% (220) casos, mientras que los agentes del gobierno municipal fueron perpetradores en el 20% (141).
Según la Red TDT, la situación se agrava año tras año, por el tipo de trabajo que realizan estas personas y “el agudizamiento de violencia y desigualdad que persiste en el país”, además de “las acciones bélicas emprendidas por el Estado desde 2006” que desde su punto de vista, no sólo vulneran a los defensores sino a la sociedad en general.
En el texto también se menciona a los periodistas (víctimas de constantes agresiones) e instan al gobierno a garantizar su protección y por ende su integridad, para que al igual que los defensores, puedan desarrollar sus actividades sin ser víctimas de actos de violencia y hostigamiento.
Periodo manchado por los abusos
Desde el primer día de su mandato, Enrique Peña Nieto es señalado como el máximo responsable de las detenciones arbitrarias a personas que ejercen su derecho de manifestarse, caracterizadas por violaciones a derechos humanos como abuso de autoridad, violaciones al debido proceso, retenciones ilegales a menores de edad, entre otras, señala el informe.
En lo que va del gobierno del presidente Enrique Peña Nieto, en promedio, cada dos horas se ha reportado la desaparición de una persona.
Entre 2013 y julio de 2017, en México han desaparecido o se han extraviado un total de 19 mil 156 personas, de acuerdo con los últimos datos del Registro Nacional de Personas Extraviadas y Desaparecidas (RNPED).
En la actual administración, el 26.3% de personas desaparecidas o extraviadas son jóvenes de sexo masculino de entre 20 y 29 años, y el 16.9% desapareció en el Estado de México.
Otro 17.9% (3,271 casos) son niños y adolescentes de entre 10 y 19 años de edad. En ese rango, el 58.2% de los casos son mujeres y el problema se concentra en cuatro entidades: Estado de México, Puebla, Sinaloa y Tamaulipas.
El 13.4% del total (2,450 casos), son personas entre 20 y 24 años. En promedio 7 de cada 10 víctimas son hombres, y el problema se concentra en Sinaloa, Estado de México, Jalisco y Tamaulipas.
De acuerdo con los datos, las desapariciones masculinas tardan más en ser resueltas.
En la base de 2013 se consignaron 10 mil 7 casos de mujeres desaparecidas, y en la actualización más reciente quedaban 2 mil 656 casos vigentes, esto significa una reducción del 73.5%; mientras que en los hombres se reportaron 14 mil 935 casos y continúan vigentes 10 mil 596 casos, ahí la reducción fue del 29.1%.
El RNPED no es un registro estático, se va depurando y actualizando con la información que entregan las procuradurías y fiscalías de los estados, pero muestra que la desaparición es un fenómeno social que ha mantenido en las mismas proporciones en más de una década.
De los 24 mil 943 casos que reportó la administración de Felipe Calderón, hasta julio de 2017 – última actualización de los datos – continúan vigentes 13 mil 249 casos. En agosto de 2014, se había hecho una primera depuración que arrojó 17 mil 351 reportes pendientes.
De los poco más de 13 mil casos que continúan vigentes, el 80% de las víctimas son hombres y el resto mujeres. El 50.6% de esas denuncias se concentran en Tamaulipas, Nuevo León y Coahuila.
Si la tendencia no cambia, el actual sexenio cerrará con una cifra parecida a los 24 mil 943 casos reportados con los que cerró la administración del expresidente Felipe Calderón Hinojosa (cifra RNPED, febrero de 2013).
En 2016, los estados tuvieron un gasto excesivo de publicidad y derrocharon 139% más de lo que tenían asignado para ese año.
Las 32 entidades tenían un presupuesto total para comunicación social de 3,994 millones pero terminaron gastando 9,528 millones.
Esto significa un aumento de 5,534 millones, cifra mayor al financiamiento público de los partidos en 2017 que fue de 4,059 millones, señaló el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) en su Índice de Información del Ejercicio del Gasto 2017 (IIEG).
Éste mide la armonización de la información sobre el ejercicio del gasto en las 32 entidades federativas y analiza la composición y variaciones del gasto a lo largo de los ejercicios fiscales 2015 y 2016.
Puebla es el ejemplo de un excesivo gasto en publicidad. El estado tenía presupuestado 600 mil pesos, pero al final de 2016 ejerció 60.9 millones de pesos, esto es 8,684% más.
Zacatecas gastaría 7.5 millones de pesos, pero acabó gastando 218.4 millones. Sinaloa presupuestó 25.5 millones pero gastó 460.1 millones, esto es un aumento de 1,706%.
Los estados también aumentaron su gasto en burocracia 16% que equivale a 84,124 millones de pesos más de lo presupuestado.
El proyecto del ministro Zaldívar señala que el Congreso, debe a más tardar el 30 de abril de 2018, expedir ley que regule publicidad y que debió aprobarse hace tres años.
La falta de una ley que regule la publicidad oficial en los medios en México provoca un “ejercicio arbitrario” del presupuesto de comunicación social, pues favorece a medios afines al gobierno y limita recursos a medios que no lo son, “asfixiándolos financieramente” y poniendo en riesgo su existencia.
“Es un efecto silenciador y una restricción indirecta a la libertad de expresión”, concluyó el proyecto de sentencia elaborado por el ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Arturo Zaldívar derivado de la revisión de un amparo promovido por la organización defensora de la libertad de expresión Artículo 19, ante la falta de una ley que regule la publicidad oficial.
El proyecto de Zaldívar – que será analizado y sometido a votación en la Primera Sala el 15 de noviembre – ordena al Congreso expedir la ley que regule el gasto en comunicación social antes del 30 de abril de 2018.
En lo que va del gobierno de Enrique Peña Nieto, dicho gasto ya supera los 37 mil millones de pesos.
En la demanda de amparo, Artículo 19 señala que el artículo tercero transitorio de la llamada “reforma político – electoral” aprobada desde febrero de 2014, ordenaba claramente que se debía emitir una ley específica para regular la contratación de publicidad oficial. Sin embargo, el Congreso ha sido “omiso” en expedirla e incluso hay una “parálisis” para avanzar en el tema.
“Mientras eso ocurre la omisión de la autoridad responsable viola la libertad de expresión, de prensa y de información, ya que la ausencia de un marco normativo reglamentario permite un uso arbitrario y discrecional de la repartición de la publicidad oficial”, estableció Artículo 19 en su demanda.
Originalmente el amparo fue tratado por un juez federal en materia administrativa en la Ciudad de México quien determinó archivarlo (sobreseerlo) bajo el argumento de que no era procedente ya que el amparo no aplicaba para temas “políticos electorales” y que además se violaba el principio de relatividad pues la sentencia podría beneficiar a terceros ajenos al procedimiento.
Inconformes con esta decisión que ni siquiera analizó el fondo del tema, Artículo 19 pidió a la Corte atraer el caso y en agosto de 2015 la Primera Sala consideró que había elementos suficientes para que el caso fuera abordado por el máximo tribunal del país, ante la posible violación de derechos fundamentales con esta situación.
La omisión del Congreso
El proyecto de sentencia elaborado por el ministro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea concluye, en primera instancia, que no había razón para que la demanda fuera sobreseída por el juez que la atrajo.
Desde el punto de vista de Zaldívar, la ley que se debía haber formulado ya, aun cuando emana de un artículo transitorio de una reforma que se denominó “política y electoral”, no tiene nada que ver con esa materia sino con la posible violación de un derecho constitucional como es el de la libertad de expresión, como lo planteó Artículo 19 en su demanda.
Tampoco es procedente el argumento de la “relatividad” de una sentencia pues si bien ésta puede beneficiar a terceros, dicha circunstancia está plenamente justificada, sobretodo desde las reformas de 2011 a la Ley de Amparo donde se reconoce que los amparos pueden tener un beneficio colectivo, y no solo del que lo promueve.
Tras desestimar que el caso no pudiera ser abordado en un proceso de amparo, la sentencia ratifica que, en efecto, el Congreso de la Unión ha sido omiso en expedir la ley que marcaba el artículo 8 transitorio de la reforma aprobada en febrero de 2014.
“Dado que la Constitución le impuso al Congreso de la Unión el deber de expedir una ley que reglamente el párrafo octavo del artículo 134 constitucional en un plazo que ya ha transcurrido en exceso y esto no ha ocurrido, debe concluirse que el Poder Legislativo ha incumplido totalmente esa obligación. En consecuencia, tiene razón la quejosa en este punto: nos encontramos frente una omisión legislativa” indica el proyecto.
Censura indirecta del gobierno
El análisis de fondo que realizó el ministro Zaldívar concuerda con la demanda interpuesta por Artículo 19: la falta de regulación de la publicidad oficial en los medios pone en riesgo la libertad de expresión e información y genera censura.
El proyecto hace énfasis en la importancia en términos económicos que dicha publicidad significa para la subsistencia de un medio.
De acuerdo con la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la CIDH hay medios que reportan que hasta el 40 o 50% de sus ingresos proviene justamente de la publicidad oficial. La supresión de la publicidad, advierte la sentencia, puede implicar que determinado medio “ya no tenga los recursos económicos necesarios para seguir funcionando”.
Ciudad de México | Desinformémonos. El presidente de México, Enrique Peña Nieto, debe ordenar la liberación inmediata de dos presos que llevan 15 años sin ser sentenciados, señaló la Organización de las Naciones Undidas (ONU).
En un informe del Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de la ONU, se asegura que Daniel García y Reyes Alpízar, quienes se encuentran presos en el penal de Barrientos, en el estado de México, fueron procesados con pruebas obtenidas bajo tortura física y psicológica.
Por su parte, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sometió al Estado a un procedimiento para determinar las violaciones a los derechos humanos por las detenciones de García y Alpízar, así como por la falta de investigación y sanción por la tortura, la carencia de protección judicial y las violaciones al debido proceso.
El caso representa un récord mundial en materia de detención sin sentencia, pues han transcurrido más de cinco mil 700 días de pena sin culpa, cuya elemento mínimo de reparación es la liberación de los dos presos, asegura el documento.
Organizaciones de la sociedad civil ven con preocupación la falta de transparencia en el manejo del Gobierno federal de los recursos públicos para atender los daños de los sismos del 7 y 19 de septiembre pasado. También alertan del riesgo que ese dinero termine en manos de políticos corruptos, justo cuando comienza el proceso rumbo a las elecciones federales de 2018.
La propuesta de un Fondo Único ha cobrado auge como la única que podría homologar los criterios de los distintos fondos que surgieron por parte del Gobierno, la iniciativa privada y las donaciones internacionales. Sin embargo, pese al respaldo generalizado entre las organizaciones civiles y la población afectada por los terremotos, la administración del Presidente Enrique Peña Nieto ni siquiera ha volteado a ver el planteamiento de una sociedad cansada de la corrupción.
Ciudad de México, 21 de octubre (SinEmbargo).– La propuesta de un Fondo Único de Reconstrucción Nacional que consolide a todos los que se han abierto para atender los daños de los sismos del 7 y 19 de septiembre pasados ya está en el escritorio José Antonio Meade Kuribreña, titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, afirma el colectivo ciudadano Nosotrxs, que también alerta del riesgo de que esos fondos terminen en manos de políticos corruptos, justo ahora que inicia el proceso rumbo a las elecciones de 2018.
Luis Fernández, director ejecutivo de Nosotrxs, explicó que un primer paso para atender a los damnificados es identificarlos a cabalidad, pero “lo grave es que todos los fondos se han creado a partir de diagnósticos distintos”.
Esta situación, alertó, podría abrir la puerta a duplicar esfuerzos y beneficiar a un mismo sector de la población por falta de un padrón ordenado, además de que los recursos que se entregan se pueden “partidizar”.
“Las autoridades del país –municipales, delegacionales, estatales y federales– tienen un incentivo perverso por reportar más daños con la expectativa de recibir más recursos de los fondos para los damnificados”, ejemplificó.
Esta semana, el Presidente Enrique Peña Nieto anunció que la reconstrucción costaría alrededor de 48 mil millones de pesos, 10 mil millones más que el primer cálculo que dio a conocer el 27 de septiembre pasado.
El pasado 12 de septiembre, el presidente Enrique Peña Nieto recorrió el poblado de Santa María Xadani, Oaxaca, en donde al menos mil viviendas resultaron afectadas por el sismo del día 7. Ahí, refiriéndose a las labores de reconstrucción, el mandatario prometió a los pobladores que “no nos habremos de ir hasta que esto ocurra”.
Lo cierto es que, ese mismo día, el presidente y su comitiva, integrada por el gobernador del estado, Alejandro Murat, y varios secretarios de estado, se fueron de Xadani, tras haber censado a toda prisa a las familias que requerían apoyo. La prisa, sin embargo, provocó omisiones y errores en el censo de afectados, que dejaron a varias familias sin el apoyo ofrecido.
Crisel Jiménez, albañil de profesión, explica la problemática a la sombra de una lona, rodeado de sus cinco hermanos y su padre, anciano ya.
“Aquí vinieron y repartieron tarjetas, supuestamente nos iban a apoyar con 120 mil pesos para los que perdimos la casa, pero hay algunos a los que no les llegó el apoyo así, sólo les llegó el apoyo parcial de 30 mil pesos, aunque sus casas están totalmente dañadas”.
La plática se da en el terreno en el que, hasta el 7 de septiembre, se levantaba la casa de sus padres, ahora baldío.
“Ese es el caso de mi papá –detalla–. Su casa ya no existe, pero el apoyo para mi papá llegó parcial, como si nada más tuviera que hacer algunas reparaciones. Eso lo decidieron los que anduvieron levantando los censos de las casas. ¿Por qué no se reconoció la pérdida total de la casa? No lo sabemos.”
Las más de 300 muertes y los miles de bienes inmuebles –entre casas, escuelas y edificios históricos o culturales– que fueron dañados o declarados pérdida total después del terremoto que sacudió a México el pasado 19 de septiembre pueden entenderse no sólo como consecuencia de un fenómeno natural. También son el resultado de la acción u omisión de autoridades que antes y después del sismo incrementaron el riesgo para los mexicanos al permitir la construcción irregular de proyectos inmobiliarios, al no brindar información oportuna o al no cumplir con sus obligaciones en las labores de prevención, rescate y asistencia.
El martes 19 de septiembre, después de la gran sacudida, el primer impulso de miles de mexicanos fue ayudar a que el otro se mantuviera en pie, a que recobrara la respiración, a organizar el tránsito y, lo más urgente: a buscar vida entre los escombros.
Sin embargo, las preguntas no tardaron mucho en llegar: ¿Qué permitió que se desplomara el colegio Enrique Rébsamen, sepultando a niños y adultos? ¿Por qué no se detuvo la construcción de un helipuerto ilegal en la colonia Condesa, construcción que ahora deja sin hogar a decenas de familias? ¿Por qué es tan difícil conseguir herramientas necesarias en los lugares de rescate? ¿Cómo se explica el desastre?
En los días posteriores al sismo, medios nacionales e internacionales han narrado la negligencia de las autoridades al documentar irregularidades en los permisos y construcción de inmuebles, al recabar testimonios de vecinos que durante décadas reportaron daños en edificios sin obtener respuesta; al contar cuál ha sido la reacción de los gobiernos federal y locales ante la tragedia. Aquí citamos algunos de esos trabajos.
México escatima en prevención
En México el presupuesto destinado a la prevención y atención de desastres ha disminuido en los últimos años, limitando con ello las posibilidades para evaluar riesgos, implementar sistemas de alerta y responder ante fenómenos naturales.
Según reporta el periodista Gabriel Stargardter, de la agencia Reuters, el presupuesto de 2017 recortó el financiamiento para proyectos contra desastres en 25 por ciento, mientras que el presupuesto destinado a Protección Civil se redujo 7.4 por ciento en un año. El Centro Nacional de Desastres (Cenapred) recibió 20 por ciento menos presupuesto entre 2012 y 2016, “lo que afectó el mantenimiento de su atlas de riesgos”, aseguró un funcionario que pidió no mostrar su nombre.
Estos recortes contrastan con el incremento del gasto en publicidad oficial durante la administración del actual presidente, Enrique Peña Nieto: en tres años ha incrementado pasando de 8 mil 154 millones de pesos en 2013 a 10 mil 699 millones de pesos en 2016. En este periodo, el presupuesto total destinado a anuncios en medios de comunicación asciende a 37 mil 752 millones de pesos. Esta cifra, informa Sin Embargo, equivale a lo destinado para la atención y prevención de desastres naturales en sólo dos años: 2015 y 2016; y además serviría para la reconstrucción de las zonas devastadas por los recientes sismos, cuyo costo se estima en 38 mil millones de pesos.
Sin Embargo cita el informe “Contar lo bueno cuesta mucho. El gasto en publicidad oficial del gobierno federal 2013 a 2016” de Fundar, que detalla que la actual administración se ha caracterizado por el sobreejercicio presupuestal también en otros rubros. Este sobreejercicio ha llegado a ser en tres años 71.86 por ciento más de lo aprobado originalmente por la Cámara de Diputados.
Aunado a lo anterior, la presidencia de la República Mexicana recibió críticas en redes sociales cuando el miércoles pasado publicó en su cuenta de Twitter (@PresidenciaMX)una invitación para que los ciudadanos donaran casas de campaña, lonas, cobijas y colchonetas, entre otros artículos, para las personas afectadas por el sismo. La indignación del público se dio porque en los días anteriores ha sido la sociedad organizada la que ha abastecido los centros de acopio, albergues y lugares de derrumbe, incluso de herramientas especializadas para las brigadas de rescate, cuando se trata de una obligación del gobierno.
Imagen: @PresidenciaMX
Irregularidades en diferentes construcciones
Uno de los derrumbes en la Ciudad de México que más impactó a la población fue el del colegio Enrique Rébsamen, ubicado en la delegación Tlalpan, ya que en él se registró la muerte de 26 personas, 19 de las cuales eran niños.
Aristegui Noticias recogió que Claudia Sheinbaum, jefa delegacional de Tlalpan, denunció penalmente a dos ex directores jurídicos por permitir modificaciones irregulares en el colegio, y por no actuar frente a una orden de demolición del cuarto piso. Uno de ellos, Alejandro Zepeda, debió clausurar las obras que se hicieron en la casa construida sobre la escuela, cuya propietaria era la directora del colegio, Mónica García Villegas, pero no lo hizo.
La actual delegada aseguró que las modificaciones que se llevaron a cabo en el edificio dañaron al inmueble y lo hicieron inestable, eso según un análisis técnico fechado el 8 de noviembre de 2013.
En una nota de Animal Político se detalla que en otro de los edificios más dañados, ubicado en Álvaro Obregón 286, en la colonia Roma, se construyeron tres pisos más (dando como resultado un total de seis) pero con losas que tienen dos bases de concreto y una cama de arena, de un espesor total de 60 centímetros, cuando lo regular es que el espesor sea de entre 10 y 14 centímetros. El peso en exceso de las losas provocó que el edificio colapsara y que hasta el día de hoy no hayan sido rescatadas en su totalidad las personas atrapadas en el inmueble.
En la colonia Condesa, aledaña a la Roma, vecinos denunciaron que desde hace meses habían pedido la intervención de las autoridades ante la construcción de un helipuerto ilegal que no contaba con permisos de la delegación. Los vecinos, que habían solicitado no sólo la clausura de la obra sino su demolición, ahora tienen que abandonar sus hogares, los cuales se encuentran en los edificios aledaños, luego de que éstos fueran golpeados por el inmueble en el que se encuentra el helipuerto y estén en riesgo de colapso. La consecuencia del caso, recogido por Animal Político, es que ahora decenas de familias se encuentran sin hogar.
Además de estos inmuebles, otros edificios ubicados en la Ciudad de México fueron aprobados sin licencia o con irregularidades. En algunos casos, la información sobre cómo se edificaron y cuáles son las posibles fallas no se ha dado a conocer.
Tal es el caso del inmueble que alberga al Tec de Monterrey Campus Ciudad de México, en donde cayeron puentes que conectaban diferentes edificios, provocando la muerte de cinco estudiantes. Luego de la falta de respuesta a padres de familia y estudiantes durante días, las autoridades académicas finalmente emitieron un comunicado el jueves 28 de septiembre, en el que informaron de la creación de un grupo de expertos para aclarar las causas de los daños en la infraestructura, sin embargo, reporta Proceso, por el momento las autoridades no difundirán el nombre de la o las constructoras involucradas en la edificación de dichos puentes.
Ausencia y ayuda que no llega
Iniciativas como @Verificado19S y @comoayudarmx –esfuerzos 100 por ciento ciudadanos– han servido a la sociedad para comunicar qué recursos (tanto humanos como materiales) hacen falta en cada punto de ayuda, ya sea en centros de acopio, albergues y zonas de desastre, en la Ciudad de México y en otros estados afectados por el sismo. Estos proyectos han servido para conectar a las personas que necesitan ayuda con quienes pueden ayudar, y para canalizar el apoyo de forma más ordenada y específica.
Dentro de este intercambio y comunicación el gran ausente ha sido el gobierno, que en principio tiene la obligación de proveer, con recursos públicos, de insumos a representantes del gobierno y a la sociedad civil para las labores de rescate y asistencia. Sin embargo, esto no ha sucedido. Los recursos materiales y gran parte de los humanos los ha puesto la sociedad civil organizada.
El jueves 28 de septiembre, miembros de la iniciativa @Verificado19S publicaron en Twitter que al solicitar herramientas al gobierno de la Ciudad de México, como clavos y triplay, la respuesta ha sido nula. También calificaron la reacción del gobierno ante la emergencia como mala y lenta, y le exigieron rendición de cuentas por “su ineptitud y por los edificios nuevos que cayeron”.
Twitter @spatargo
En otras regiones del país los ciudadanos denunciaron que las autoridades locales han obstaculizado la entrega de apoyo que proviene de voluntarios o que la han condicionado a militantes.
Una de las primeras quejas surgió en el estado de Morelos, de donde se dijo que el gobierno de Graco Ramírez no permitía que la ayuda fuera entregada por voluntarios sino que tenía que ser de manos de funcionarios, por lo que el apoyo que llegaba era desviado hacia bodegas del DIF estatal. En Puebla se denunció que la ayuda llegaba condicionada a militantes o que no llegaba por la falta de organización.
El camino a la reconstrucción
A las personas damnificadas por el terremoto se les otorgarán “apoyos” para la autoconstrucción, monederos electrónicos para adquirir materiales de construcción y para casas con daños parciales, y de créditos especiales para reponer o construir viviendas dañadas, informó el presidente Enrique Peña Nieto. También dijo que los recursos provendrán del gobierno y del sector privado.
En la labor de reconstrucción, asegura el abogado Carlos Luis Escoffié Duarte, habría que apuntar que ésta no debe abordarse como “apoyo” o “ayuda”, como ha sido expresado por diferentes autoridades, sino que debe asumirse desde una labor de reparación integral.
Escoffié Duarte apunta que “existen elementos para sospechar que muchos de los daños a las viviendas no fueron producidos por el terremoto, sino por las violaciones a los estándares en materia de derecho a la vivienda, cometidas tanto por particulares a la hora de construir como por las autoridades que –sea por incapacidad, descuido, negligencia o corrupción– no ejercieron los controles necesarios para garantizar que los encargados de construir garanticen la seguridad del inmueble y de la gente que habitaría en ellos”.
Por eso, en uno de los aspectos fundamentales es la exigencia de estudios que ayuden a determinar lo que pasó, así como de transparencia y rendición de cuentas en el ejercicio de los recursos por parte de las autoridades, para que quienes han sido afectados en diferentes formas tengan acceso a la reparación integral y se materialice su derecho a una vivienda digna.
Además, es necesario hacer hincapié en la importancia de la prevención y respeto a las normas para que en el futuro se pueda evitar no sólo la pérdida de bienes materiales, sino sobre todo de vidas humanas.
En videos publicados en la cuenta de Facebook de la Sección 22, se observa cómo fueron lanzados cohetones en diversos puntos de la capital oaxaqueña. Además, también fueron usados camiones incendiados para bloquear algunas calles.
-Información en desarrollo.
Ciudad de México, 7 de septiembre (SinEmbargo).- El Presidente Enrique Peña Nieto llegó a Oaxaca esta tarde en medio de protestas, bloqueos y cohetones lanzados por integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE).
Los bloqueos por la llegada del mandatario iniciaron desde temprana hora en protesta por la Reforma Educativa. A la manifestación fueron convocados integrantes del gremio y organizaciones civiles que portaban mantas con las leyendas “Fuera Peña”, “Oaxaca te repudia”, “¡Asesino!”, “EPN, asesino de Atenco”, entre otras.
Elementos de la Policía Auxiliar y de Seguridad Penitenciaria desplegaron un operativo para contener la protesta, sin embargo, derivó en enfrentamientos con los civiles.
Los elementos comenzaron a lanzar gas lacrimógeno contra los docentes, quienes se replegaron en calles aledañas.
En videos publicados en la cuenta de Facebook de la Sección 22, se observa cómo fueron lanzados cohetones en diversos puntos de la capital oaxaqueña. Además, también fueron usados camiones incendiados para bloquear algunas calles. Ver nota completa
Las organizaciones integrantes de la Acción Ciudadana Frente a la Pobreza subrayaron que, si bien el informe de medición de la pobreza 2016 del Coneval planteó una reducción de la pobreza extrema en el país entre 2014 y 2016, en realidad 21 millones de mexicanos no tienen un ingreso suficiente para adquirir la canasta mínima de alimentos.
Para las organizaciones, las declaraciones triunfalistas del Presidente y de varios secretarios del Gobierno federal carecen de sustento y obligan a una revisión a fondo del modelo económico y social que impulsan tanto el Gobierno federal como los gobiernos locales.
Ciudad de México, 4 de septiembre (SinEmbargo).– Las cifras del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) y el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) hacen que parezca que México por fin está logrando reducir la pobreza, sin embargo, el dato oficial contabiliza “únicamente” a 9.4 millones de personas en esta situación cuando en realidad hay más de 21 millones de mexicanos a quienes no les alcanza para comer, destacó la Acción Ciudadana Frente a la Pobreza que agrupa a más de 60 organizaciones.
Estos 21 millones de mexicanos, son el 17.5 por ciento de la población que, de acuerdo a parámetros internacionales, se ubican en condición de pobreza extrema por carecer el ingreso suficiente para una canasta mínima de alimentos.
“Estarían en ‘pobreza alimentaria’ de acuerdo a las categorías usadas en México hace pocos años”, aseguraron las organizaciones.
Esta condición extrema afecta especialmente a la población indígena: 42 por ciento. Y también a quienes viven en zonas rurales: 29 por ciento.
De acuerdo con Acción Ciudadana, en algunos estados del sur del país, una gran parte de la población carece de ingreso suficiente para adquirir la canasta alimentaria.
En Chiapas es la mitad de la población (49.9 por ciento); en Oaxaca son 4 de cada 10 (40.2 por ciento); en Guerrero es más de la tercera parte (35.2 por ciento); en Veracruz es casi la tercera parte de la población (30.6 por ciento), que se ubican en “pobreza extrema por ingresos”. Ver nota completa
