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Por Redacción/ DesInformémonos

En el marco de una discusión acalorada y escabrosa sobre la ley de seguridad interior que impulsa el secretario de la defensa nacional, el general Salvador Cienfuegos, quien cuenta con el respaldo del presidente de la República, Enrique Peña Nieto, el secretario de Gobernación Miguel Ángel Osorio Chong y las principales fracciones parlamentarias, en nuestro estado, que ha sido escenario de hechos cruentos cometidos por las fuerzas armadas, nos encontramos al margen del debate nacional sobre las implicaciones jurídicas, sociales y políticas de militarizar la seguridad.

Recientemente los gobernadores de Tamaulipas, Michoacán y Sinaloa acudieron a una reunión con la junta de coordinación política de la cámara de diputados para supuestamente conocer su opinión sobre las iniciativas de ley de seguridad interior. Este llamado no fue tanto para una consulta seria sobre el tema, sino más bien para cerrar filas en torno a la ley de seguridad que impulsan principalmente el PRI y el PAN. Como siempre sucede con las las cúpulas políticas, hacen amarres previos para imponer leyes que mejor convengan a sus intereses económicos y a su estrategia de control político. No les interesa lo que siente y opina la sociedad. Las propuestas que han emitido los organismos internacionales de derechos humanos, los organismos públicos, la academia, las organizaciones civiles y las organizaciones de familiares de víctimas de graves violaciones de derechos humanos, para las elites del poder, son irrelevantes. Fácilmente las descalifican por considerarlas riesgosas para la estabilidad social o porque ponen en entredicho el actuar de las fuerzas armadas. No hay disposición para promover un debate amplio y una discusión a fondo, a partir de una evaluación de los resultados alcanzados en la última década, cuando Felipe Calderón tomó la decisión de que las fuerzas armadas salieran a las calles a suplantar el trabajo de las policías para combatir con toda la fuerza del estado a los cárteles de la droga.

En el dilema de la discusión que ha surgido por las recientes iniciativas de una ley sobre seguridad interior se han dado posturas disímbolas que develan posiciones antagónicas protagonizadas por las fuerzas castrenses, por una parte y por la otra, por el movimiento de derechos humanos y las víctimas, que expresan dos maneras de entender la seguridad interna.

La visión que predomina en las cúpulas del poder civil y militar es fortalecer el frente de guerra contra los carteles de la droga, dejando de lado a una población inerme que ha tenido que soportar los estragos de una estrategia bélica centrada en destruir con las balas a los enemigos. El plomo nos ha destruido como país y los fusiles nos han colocado contra el paredón. Nadie escapa a estos frentes de batalla que se dan en las ciudades fronterizas, los centros turísticos, las autopistas, los centros de diversión, los tecnológicos, las escuelas y en las oficinas de gobierno. La forma como opera regularmente el ejército en sus enfrentamientos con grupos de la delincuencia es causando el mayor número de bajas posibles.

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