Por Redacción/Sin embargo
Diez ex gobernadores, en su mayoría priistas, han sido detenidos durante esta administración, hay otros cuatro bajo investigación y uno fugado por desvíos de recursos públicos que suman más de 206 mil millones de pesos.
Ante el destino incierto de estos fondos, investigadores en transparencia exigen al Estado ubicar el dinero y devolverlo al erario en este momento en que México necesita reconstruirse.
“El primer responsable es el Estado porque son instancias –como la PGR– a las que les pagamos y no están haciendo su trabajo de vigilar”, si las autoridades “fallaron” en vigilar que se aplique correctamente, tienen la obligación de buscarlo y reponerlo para evitar la impunidad, afirma Paulina Gutiérrez Jiménez, directora del centro de investigación Ciudadano.
Ciudad de México, 12 de octubre (SinEmbargo).– Ante el incierto destino de los más de 206 mil millones de pesos desviados del erario público por parte de 15 ex gobernadores, especialistas en transparencia exigen a las autoridades una investigación para detectar la ruta de ese dinero en empresas, cuentas bancarias, propiedades o inversiones en territorio nacional y global con el objetivo de recuperarlo y devolverlo a las entidades desfalcadas en un momento en que el país necesita reconstruirse.
La Ley Federal para la Administración y Enajenación de Bienes del Sector Público, que considera los asegurados y decomisados en los procedimientos penales federales, expone que todos los bienes asegurados –incluyendo los billetes y monedas de curso legal, divisas y los de valor artístico– serán administrados por el Servicio de Administración y Enajenación de Bienes (SAE). Su control comprende su recepción, registro, custodia, conservación y supervisión para ser devueltos en las mismas condiciones.
Manuel Guadarrama, abogado y coordinador de Finanzas Públicas del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), dijo que una de las sanciones que deberían aplicarse a los gobernadores que desvían los recursos es la de “resarcir el daño ocasionado al erario público al ser dinero de todos los mexicanos” y en caso de no recuperar el dinero “es una omisión del debido proceso por parte de la autoridad judicial”.
Por ello, dijo, es necesario fortalecer a la Secretaría de la Función Pública (SFP) porque “durante este sexenio su actuación ha quedado bastante disminuida y prácticamente se ha ido desmantelando”, sus órganos internos de control deben de tener un rol protagónico, ya que son los encargados de vigilar la correcta actuación de los funcionarios públicos.
En cuanto a la fiscalización, la capacidad de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) –encargada de analizar el uso de recursos transferidos– es limitada en cuanto a efectos jurídicos.
“Es imprescindible el uso de la tecnología existente. Los nuevos modelos de negocios incluyen las transacciones electrónicas y las aplicaciones que permiten dar un seguimiento puntual a cada peso. El uso del efectivo debería quedar disminuido a cero, sin embargo muchos de los gobiernos estatales siguen manejando efectivo del recurso público para contrataciones o nómina”, sostuvo Manuel Guadarrama, investigador en temas de transparencia y rendición de cuentas, gobierno abierto y derecho administrativo.
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