Foto: Twitter; Ministerio de Gobernación de Guatemala
Por Redacción/El País
Javier Duarte ya está en México. El polémico exgobernador de Veracruz aterrizó en la Ciudad de México el mediodía de este lunes extraditado desde Guatemala, donde fue capturado el 15 de abril en un hotel de lujo. Duarte se ha convertido en el emblema de la corrupción política y en un dolor de cabeza para el PRI, el partido que lo expulsó de sus filas en octubre pasado mientras el político acumulaba acusaciones de enriquecimiento y delincuencia organizada. El exmandatario fue trasladado al Reclusorio Norte, donde oyó por primera vez de un juez local las acusaciones formuladas por la Procuraduría General de la República (PGR, Fiscalía), delincuencia organizada y lavado de dinero.
El exgobernador de 43 años dejó la madrugada del lunes su celda en el cuartel militar de Matamoros, en Guatemala, para ser trasladado al aeropuerto internacional de La Aurora. Las autoridades guatemaltecas entregaron al exmandatario a tres funcionarios de la Agencia de Investigación Criminal mexicana, que lo escoltaron durante todo el trayecto. Duarte estaba vestido con un chaleco antibalas y se le vio con el rostro afeitado y sin la barba que había lucido en las audiencias en Guatemala. El acusado había dicho que llegaría a México con la cara limpia y la frente en alto pues no ha cometido ninguno de los delitos que se le imputan.
Duarte arribó a México en un avión privado de la Fiscalía de este país. En el aeropuerto internacional lo esperaban más de un centenar de periodistas y 25 vehículos de autoridades mexicanas. Todos ellos formaron parte del enorme convoy que acompañó al exgobernador en su trayecto hasta el Reclusorio Norte.
Organizaciones sociales, empresariales, y ciudadanos denunciaron que gobiernos y partidos políticos han obstaculizado la implementación del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), incluso atacando a los ciudadanos que lo integran.
Medio centenar de organizaciones – entre las que están Artículo 19, Causa en Común, México Evalúa, México ¿Cómo vamos?, Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad – conforman la coalición #VamosPorMás que busca impulsar reformas y acciones de la mano de gobernantes y legisladores para fortalecer el sistema anticorrupción.
“Hay grupos de políticos y funcionarios que se oponen al cambio, y otros que son incapaces de construir de la mano de la ciudadanía a la que dicen servir o representar. Queremos vivir en un país justo y libre de corrupción”, señalaron en un comunicado leído en conferencia por el actor Diego Luna.
Señalaron que la más evidente expresión de la resistencia al SNA fue el ataque “sin fundamento” a los integrantes del Comité de Participación Ciudadana que encabezan el sistema.
Los firmantes de la coalición denunciaron que la corrupción, impunidad y violaciones a derechos humanos son problemas que se han agudizado en los últimos años debido a “un ambiente permisivo desde los ámbitos público y privado, aunado a la falta de instituciones y mecanismos eficaces para impulsar la transparencia, rendición de cuentas y para reducir la impunidad”.
A esto se suma el presunto espionaje del gobierno a periodistas y defensores de derechos humanos revelado en junio pasado por el diario estadounidense The New York Times.
Por ello pidieron al gobierno federal y al Congreso una transformación real del régimen de gobierno a través de cuatro puntos:
-Que la Fiscalía General sea además de autónoma, independiente, eficaz y con controles democráticos adecuados, que resultará de una discusión a fondo y una reforma constitucional y legal.
-Que los nombramientos de quienes van a operar los sistemas anticorrupción a nivel federal y local se hagan apegados a las mejores prácticas.
-Dotar de recursos suficientes para asegurar la independencia y funcionamiento de los Comités de Participación Ciudadana, el SNA y los sistemas locales.
–Reformas legislativas a las leyes de Adquisiciones y Obra Pública; de las finanzas de los partidos y revisar la figura del fuero federal a funcionarios, legisladores y gobernantes, para evitar la impunidad.
Esta nota se publicó oringalmente en The Mexican Times, el 24 de noviembre de 2016.
En México el desvió de recursos públicos es una actividad usual y poco sancionada. O por lo menos lo era hasta hace unos meses, cuando decidieron investigar a los ex gobernadores de Veracruz, Quintana Roo, Chihuahua y Sonora por los delitos de abuso de autoridad, tráfico de influencias, asociación delictuosa, enriquecimiento ilícito, ejercicio indebido del servicio público y ejercicio abusivo de funciones, mismos que están relacionados con el desfalco económico a sus respectivos estados.
He ahí de la importancia del Sistema Nacional Anticorrupción con el que en 2015 se implementaron y modificaron diversas leyes, que en parte, “buscan” acabar con este problema. Dentro de las más relevantes encontramos:
– Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción.
– Ley General de Responsabilidades Administrativas (3de3).
– Reformas a la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación.
Sin embargo, con modificaciones de último momento, -para no variar-, los puntos importantes en estas leyes fueron limitados y difícilmente se podrán implementar correctamente. Las pérdidas económicas por la corrupción equivalen al 10 por ciento del producto interno bruto nacional (1 billón 920 mil millones de pesos), de acuerdo a Gustavo de Hoyos, presidente de la Coparmex, lo que deja claro su costo a la economía nacional.
Lamentablemente, en estas discusiones se han dejado fuera a la Auditoría Superior de la Federación (ASF), la cual debería ser el pilar para enfrentar la corrupción, ya que su misión es fiscalizar la cuenta pública mediante auditorías que se efectúan a los tres Poderes de la Unión, a los órganos constitucionalmente autónomos, a las entidades federativas y municipios del país, así como a todo ente que ejerza recursos públicos federales, incluyendo a los particulares.
Foto: eluniversal.com.mx
Como podemos ver, la capacidad de revisión es amplia, aun cuando esta fiscalización se realiza bajo los principios de anualidad y posterioridad, es decir una vez que ya se gastó el presupuesto. En casos específicos tales como el Javier Duarte, gobernador con licencia de Veracruz, desde el 2014 ASF advirtió a la Procuraduría General de la República sobre irregularidades en al gasto de los recursos, sin que esto significara una investigación seria.
Es importante conocer que aun cuando la ASF tenga información sobre irregularidades solo tiene las facultades de:
– Emitir un pliego de observaciones cuando se tienen elementos para suponer que ha habido un daño al erario federal. En caso de que la institución auditada no aporte elementos para solventar dicho pliego se inicia un procedimiento de fincamiento de responsabilidades resarcitorias en contra del servidor público responsable.
– Promover ante los Órganos Internos de Control correspondientes, de ser necesario, la aplicación de sanciones administrativas a los funcionarios públicos en falta, o
– Presentar denuncias penales ante las autoridades competentes, de encontrarse evidencia de conductas dolosas o que permitan la presunción de un delito.
Como podemos ver sus facultades son acotadas y de escrutinio interno, lo que deja esta institución lejos de poder incidir en la erradicación de la corrupción, por lo que es necesario modificar esta falta de “dientes”, pues dentro de nuestro sistema enfermo una institución está trabajando.
Es un problema que se debe atacar por diversos frentes, pero la ASF deber ser un pilar fundamental para que el desvío de recursos pueda ser erradicado y se implementen los presupuestos de acuerdo con el plan nacional de desarrollo.
Una red de empresas ligadas a un líder sindical que ha traficado información reservada del Gobierno recibió en cuatro años contratos por más de 1,200 millones de pesos en 30 dependencias federales.
Marco Antonio Reyes Saldívar, cuya familia ha controlado durante décadas el sindicato de trabajadores de limpieza, negoció contratos con la cuñada de un funcionario federal, quien actúa como gestora ante dependencias gubernamentales, de acuerdo con una red de correos electrónicos a la que se tuvo acceso.
El mayor monto de asignaciones lo recibió en el Instituto Politécnico Nacional (IPN), en donde el líder sindical presuntamente incurrió en tráfico de influencias, de acuerdo con los mensajes que intercambió con Estela Vega Montaño, cuñada del número dos de Caminos y Puentes Federales (Capufe), Mauricio Sánchez Woodworth. Ver nota completa
La corrupción y la impunidad se han convertido en un ‘‘complejo fenómeno que ha dañado nuestra democracia, nuestra economía, profundizando la desigualdad e incrementado la violencia’’, reconoció el general secretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos Zepeda, quien agregó que además han minado la credibilidad en las instituciones públicas.
Al encabezar ayer la inauguración del taller Obligaciones y responsabilidades bajo el sistema nacional anticorrupción, en el Centro Militar de Ciencias de la Salud, el militar sostuvo que sólo lograremos superar la corrupción e impunidad que nos aqueja con voluntad, decisión entrega y perseverancia, ‘‘y con la ferviente vocación de servir a México’’.
Con la presencia del almirante secretario de Marina, Vidal Francisco Soberón Sanz, y la titular de la Secretaría de la Función Pública, Arely Gómez González, Cienfuegos destacó la importancia de la reforma que creó el sistema nacional anticorrupción (SNA), cuyas leyes y reglamentos llegaron para quedarse.
Dijo que la aplicación ‘‘precisa y contundente de este esquema permitirá enfrentar la corrupción que ha dañado a nuestra sociedad’’ e hizo un llamado a fortalecer la cultura de la legalidad, de la transparencia y la rendición de cuentas en todas las instituciones de la República. ‘‘Estamos obligados a preservar el México donde la ley impere, la corrupción se erradique y la impunidad se destierre’’.
Afirmó que la secretarías de Defensa Nacional (Sedena) y de Marina (Semar) asumieron desde el primer día de la presente administración su compromiso de transparencia, rendición de cuentas y combate a la corrupción: es y ha sido, aseveró, una de nuestras más altas prioridades.
Con la entrada en vigor del SNA, dijo, reforzaremos las medidas para garantizar el uso adecuado y eficiente de los recursos públicos y nuestro compromiso de actuar con honestidad. Insistió en que la promulgación de reformas constitucionales y legales en la materia constituyen ‘‘un hecho sin precedentes’’ para prevenir, investigar y sancionar este flagelo que lastima a los mexicanos.
En este contexto, destacó que las fuerzas armadas ya iniciaron por su parte acciones para atender las faltas administrativas, combatir los delitos y fiscalizar el uso eficiente de los recursos públicos, que son parte fundamental del nuevo esquema anticorrupción.
En el acto en el que se presentó la colección de libros Saga normativa de las adquisiciones a nivel internacional, nacional y subnacional, recopilada por Héctor Mateo Infante Meléndez en colaboración con el Instituto Nacional de Administración Pública, Arely Gómez, titular de la Secretaría de la Función Pública (SFP), reconoció a su vez que la corrupción es un flagelo que lesiona y deteriora la capacidad de las instituciones, así como la confianza en los gobiernos y los servidores públicos.
Pero al mismo tiempo, señaló la trascendencia que tiene que el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto haya fijado como uno de los jefes de su administración precisamente instrumentar un marco jurídico apropiado para combatir este problema. Agregó que también es importante que los funcionarios públicos conozcan sus nuevas responsabilidades y obligaciones en este nuevo esquema de andamiaje jurídico.
Por su parte, Infante Meléndez destacó la obra presentada ayer, la cual consta de cinco libros y 22 volúmenes que incluyen toda la información a escala nacional e internacional sobre adquisiciones, arrendamientos y compras del sector público.
El secretario de Hacienda, José Antonio Meade, dijo que “preocupa” el tema de la actuación de diversos exgobernadores del país, algunos de los cuales están siendo investigados por delitos como lavado de dinero o corrupción.
“Nosotros no comentamos sobre investigaciones puntuales; sí señalar que es un tema que preocupa en términos generales”, añadió a la pregunta de si el lavado de dinero debe ser delito grave y si se investiga al exgobernador de Quintana Roo, Roberto Borge, por ese ilícito.
El funcionario federal consideró lo anterior al ser entrevistado en el marco de la entrega de la tercer emisión del “Premio Nacional de Investigación: Impulso al desarrollo de las finanzas estatales”, donde el rector de la UNAM, Enrique Graue, reprobó la actuación de muchos exgobernadores:
“México necesita tener nuevas esperanzas de crecimiento y desarrollo que abatan la lacerante desigualdad social que tenemos. Necesita orden en sus finanzas públicas y honestidad en el manejo de recursos (…) El hecho de que más de una decena de gobernadores estén acusados de corrupción, de desvío de recursos o de lavado de dinero es inaudido, indignante e inadmisible, por eso estamos aquí, porque entendemos la importancia de promover y reconocer proyectos y modelos innovadores de gestión de finanzas estatales encaminadas a su eficiente y responsable manejo de los recursos públicos”, destacó el rector de la UNAM.
Al término del evento, Meade Kuribreña dijo que sobre este tema, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público es muy cuidadosa de acompañar a las autoridades de procuración de justicia de los diferentes niveles de gobierno.
La corrupción reduce y limita los recursos públicos disponibles –de por sí limitados- para atender las necesidades de la población, con lo cual se produce una afectación generalizada a los derechos humanos de las personas, aseguró el presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Luis Raúl González Pérez.
Al participar en la inauguración del foro “Corrupción y sus implicación sobre el pleno goce y ejercicio de los derechos humanos en México”, el ombudsman advirtió que los problemas de la corrupción en el país no son nuevos, pero hoy existe una percepción de que los mismos se han agravado en los últimos años.
En el acto, el titular de la CNDH entregó a representantes de la sociedad civil un estudio que elaboró en conjunto con la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), en el cual se demuestra con el cruce de información y de manera empírica que existe una correlación directa entre los niveles de corrupción y violaciones a los derechos humanos de acceso a la salud, educación, seguridad y bienestar social.
Ante la secretaria de la Función Pública, funcionarios de diversas dependencias y representantes de organizaciones sociales, González Pérez señaló que de acuerdo a varias instituciones educativas y de investigación, la corrupción habría significado la pérdida de empleos y de recursos públicos hasta de 9 por ciento del Producto Interno (PIB) en 2015, siendo éste uno de los factores que mayor incidencia negativa habrían tenido en el desarrollo del país, así como en la calidad y nivel de vida de los mexicanos.
Parte de los fondos de ahorro para el retiro que administran diversas entidades bancarias (Afores) se han destinado al financiamiento de negocios de personas vinculadas con el poder político.
El fondo de inversión Infraestructura Institucional, que presidió el cuñado del ex Presidente Carlos Salinas de Gortari, Jerónimo Marcos Gerard Rivero, ha recibido miles de millones de pesos a través de instrumentos denominados “Certificados de capital de desarrollo”, o CKDs, y que en su gran mayoría proceden de los fondos de pensiones de los trabajadores mexicanos.
Este fondo de Infraestructura Institucional, luego, se convirtió en operador de un 50 por ciento del Hospital Regional de Alta Especialidad de Zumpango, en el Estado de México, cuya obra quedó, entre otras empresas, a cargo de la constructora Teya, del empresario Juan Armando Hinojosa, amigo del Presidente Enrique Peña Nieto y mismo que financió la residencia en la que vive su familia, conocida como la Casa Blanca.
“Infraestructura Institucional es una firma privada de inversión fundada en 2010, enfocada en proyectos de infraestructura. Ha recaudado más de un billón de dólares en capital a través de dos fondos (CKD, listados en la Bolsa Mexicana de Valores) con una base de inversionistas compuesta sobre todo de fondos de pensiones (Afores) y otros inversionistas institucionales”, dice un boletín de la agencia PR Newswire.
Nuevos contratos en poder de Animal Político evidencian que Vicente Benítez González, actualmente diputado local con fuero en Veracruz, autorizó la salida de más de ocho millones de pesos cuando era Oficial Mayor de la Secretaría de Educación en el gobierno de Javier Duarte a compañías fantasma asentadas en la Ciudad de México.
Los contratos, en los que no hubo una licitación pública, fueron concedidos en diciembre de 2014 a las empresas Diseños Tevet S de RL de CV y Construcciones Trajan S de RL de CV, que el Servicio de Administración Tributaria (SAT) ya investigó y calificó como compañías falsas que simularon operaciones.
El domicilio fiscal de las empresas se ubica en la zona sur de la ciudad de México. En ambas direcciones, como este medio verificó, no operan las referidas compañías.
Vicente Benítez, el exfuncionario que concedió los contratos a estas compañías fantasma, llegó a la Oficialía Mayor de la Secretaría de Educación de Veracruz luego de ocupar otros dos cargos, entre ellos el de Tesorero del estado, donde también estuvo implicado en presuntos casos de corrupción. Todo esto entre 2011 y 2015, en la administración de Duarte.
Representantes de al menos 45 organizaciones de la sociedad civil mostraron su rotundo rechazo hacia la realización de un nuevo proyecto de “termovalorización” de basura en el Bordo Poniente de la CDMX debido a los altos riesgos que conlleva.
Informaron que en lo que va del año sólo 9 de 128 días han logrado contar con aire limpio y que la construcción de un nuevo incinerador de basura traería consigo diversas afectaciones a la salud, entre las que destacan las enfermedades respiratorias y el aumento en el número de casos de cáncer de piel.
Además, denunciaron que el gobierno de la CDMX, a cargo de Miguel Ángel Mancera, intenta imponer este modelo de gestión de residuos sólidos a través de conceptos que la ciudadanía no comprende en su totalidad y, al mismo tiempo, atendiendo a los intereses particulares de la empresa trasnacional “Proactiva Medio Ambiente S.A. de C.V./Veolia”, la cual obtuvo la licitación del manejo de los mismos por los próximos 33 años.
También destacaron que la misma empresa trasnacional lleva a cabo el manejo de aguas en la CDMX, a pesar de contar con numerosas y diversas demandas a nivel internacional por casos de corrupción.
El colectivo señaló que el gobierno de Mancera se ha negado a dar información específica sobre el accionar del nuevo incinerador, pero para ellos es obvio que su construcción representaría uno de los peores focos de contaminación de la ciudad.
Concluyeron pidiendo que se le de la importancia y urgencia que se merece al tema de medio ambiente, y haciendo un llamado a la ciudadanía para que no se dejen este tipo de decisiones en manos de empresarios corruptos que no tienen interés en la salud y bienestar de la población.
