Expediente Lozoya: así fueron los presuntos pagos de Odebrecht a campañas de Duarte y Torre Cantú

Odebrecht habría inyectado más de 850 mil dólares a campañas en Veracruz y Tamaulipas en una operación denominada “Batman y Robin”, según Fiscalía.

Arturo Ángel/ Animal Político 

De acuerdo con investigaciones y declaraciones que la Fiscalía General de la República (FGR) tiene en su poder, la constructora brasileña Odebrecht presuntamente inyectó en 2010 al menos 850 mil dólares a las campañas de dos candidatos priistas a gobernador: Javier Duarte y Rodolfo Torre Cantú, situación  que a la postre le permitió obtener contratos en Veracruz y Tamaulipas.

Las versiones sobre estos pagos ya habían trascendido en los últimos años, pero cobran relevancia ahora debido a que la FGR las retomó a través de las declaraciones de exdirectivos de Odebrecht, y las incluyó en los documentos que mandó a un juez federal para solicitar la orden de aprehensión en contra del exdirector de Pemex, Emilio Lozoya Austin.

Aunque la Fiscalía no ha acusado formalmente a Duarte por este caso (Torre Cantú fue asesinado poco antes de la votación), el Ministerio Público decidió incluir dichos señalamientos para fortalecer la hipótesis de su caso en contra de Lozoya, ya que supuestamente habría sido este quien propuso a la empresa dichas “inversiones”.

¿Pero cómo es que se dio esta propuesta, y cómo es que se efectuaron dichos pagos? ¿Quién los autorizó y quiénes fueron los intermediarios? A continuación se detalla la información contenida en el expediente enviado al juez, al que Animal Político tuvo acceso:

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CNDH pidió medidas cautelares para proteger a reportera que denunció agresión de policías

La reportera Mitzi Yanet Torres Quintero. Imagen: Twitter @veronicalderon

 

Gloria Leticia Díaz/ Proceso 

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) solicitó medidas cautelares a la Secretaría de Gobierno de Michoacán y a la Fiscalía General de la entidad para salvaguardar la vida e integridad de la reportera Mitzi Yanet Torres Quintero y su familia, quien fue agredida por policías municipales de Morelia.

Al condenar la violencia contra la comunicadora cuando solicitó ayuda de agentes policiacos, así como del juez y el médico legista que se negaron a certificar sus lesiones, el organismo exigió a las autoridades de procuración de justicia “dar con los responsables de la agresión sexual que fue víctima, para presentarlos ante la justicia y reciban el castigo que en derecho corresponda”.

En un comunicado, la CNDH informó que personal del organismo se comunicó con Torres Quintero y que se reunirá con ella para “brindarle el acompañamiento y atención que corresponda”.

El martes 20, Torres Quintero fue víctima de una agresión sexual, “y, al pedir ayuda, policías municipales de Morelia la golpearon, se burlaron de la ropa que vestía y de su profesión, y la detuvieron en los separos municipales”.

De acuerdo con la primera denuncia, a la actuación violenta de policías se suma “la conducta omisa en que incurrieron el juez y el médico legista antes de ser liberada”, pues se negaron a certificar sus lesiones.

México rechaza “vía rápida” para hacer justicia por Odebrecht

Imagen tomada de Proceso

Andrea Cardenas/ Quinto Elemento Lab/ Proceso 

CIUDAD DE MÉXICO.– Han pasado 32 meses desde que los directivos de Odebrecht confesaron haber dado sobornos y realizado prácticas corruptas en México y otras naciones de Latinoamérica. La compañía brasileña ha enviado al menos dos cartas a los fiscales mexicanos para agilizar la investigación y llevar a los presuntos inculpados ante los tribunales, pero México se ha negado a recibir la cooperación de la empresa, de acuerdo con una investigación de Quinto Elemento Lab.

A diferencia de México, desde diciembre de 2016 ocho naciones sí aceptaron la ayuda directa de Odebrecht, lo que les ha permitido avanzar con más velocidad en la integración de los casos, las detenciones y los encarcelamientos. En México, hasta ahora solo hay un funcionario públicamente señalado: el exdirector de Pemex Emilio Lozoya Austin, quien está prófugo de la justicia, y no existe hasta hoy ninguna persona procesada por la trama de corrupción desencadenada por el conglomerado brasileño.

Desde que salió a la luz el escándalo de los sobornos, Odebrecht ha negociado acuerdos con los países donde es investigada a cambio de reducir las sanciones y continuar sus operaciones comerciales. Además de pagar una multa por el daño causado, la empresa debe confesar sus delitos y entregar pruebas y evidencias. Cuando eso sucede, las autoridades que aceptan la colaboración de la compañía se comprometen a no presentar cargos por las conductas confesadas que ya tuvieron castigo o que están bajo investigación en Brasil.

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Édgar Veytia: el fiscal que hizo de Nayarit un infierno

Créditos a quien corresponda/ Imagen tomada de Aristegui Noticias

Redacción/ Aristegui Noticias

“Tienes que cooperar para la causa”, le exigían unos policías al empresario Gerardo Montoya mientras lo torturaban para que entregara su casa. El exfiscal Édgar Veytia ordenaría a nombre de quien quedaría la propiedad. Esto es parte de uno de los 2 mil testimonios que muestran un mecanismo para apoderarse de casas, terrenos, comercios y negocios en el que aparecieron involucrados el exgobernador Roberto Sandoval y el propio Veytia, detenido en Estados Unidos y quien –ahora se supo– trabajó para el Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG) buscando espacios para almacenar drogas. Han pasado más de dos años y todavía no hay detenidos por ese infierno que vivieron los nayaritas.

Tepic, Nay.- En la primavera del 2013 –entre mayo y junio– un grupo de comerciantes, pequeños restauranteros, vendedores de flotadores para nadar y ambulantes que ofrecen comida al turismo a lo largo de los 2 kilómetros de playa en Guayabitos –municipio de Compostela– fueron a Tepic, la capital, porque ya no soportaban más. Los pagos por derecho de piso, los secuestros, las amenazas de muerte y los asesinatos los estaban ahogando. Aunque el miedo les calaba hasta los huesos, se enfrentaron a Édgar Veytia; un hombre duro, de voz nasal, quien apenas unas semanas atrás –en febrero de ese mismo año– había sido nombrado Fiscal pero que desde hacía tiempo era quien estaba al mando de la policía.

Entre los comerciantes que se animaron a entrar a la oficina de Veytia en la Fiscalía del Estado –ubicada al poniente de la capital nayarita– también iban los dueños de modestos hoteles a quienes un grupo de hombres con armas largas los sacaron a empujones de sus casas para que firmaran contratos de venta sobre sus negocios con una empresa constructora llamada DUVASA. Justamente entre febrero y marzo de ese mismo 2013, casi al mismo tiempo que en el Congreso de Nayarit cocinaban la designación de Veytia como Fiscal gracias a una propuesta de su amigo, el gobernador Roberto Sandoval.

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Rosario Robles va a prisión; le inician proceso por La Estafa Maestra

Un juez determinó iniciar el proceso legal contra la exsecretaria de Estado, Rosario Robles, por el delito de ejercicio indebido del servicio público en el caso de La Estafa Maestra.

Imagen: Animal Político

Nayeli Roldán/ Animal Político 

Rosario Robles será trasladada al penal de Santa Martha Acatitla después de que el juez le otorgó prisión preventiva justificada y decidió iniciar un proceso penal en su contra por el presunto delito de ejercicio indebido de la función pública tanto en la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) como en la de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano (Sedatu). 

El juez ordenó una investigación de dos meses antes de la próxima audiencia, en ese tiempo la Fiscalía General de la República —como parte acusadora— deberá allegarse de las pruebas suficientes y realizar diligencias para acreditar el delito; mientras que la defensa lo hará para presentar pruebas a su favor. 

El juez Felipe de Jesús Delgadillo Padierna determinó la prisión preventiva justificada ante el riesgo de fuga Robles, dijo que como exfuncionaria pública cuenta con los recursos económicos suficientes para “sustraerse de la justicia”, salir del país y evitar los próximos citatorios. 

También consideró que no se acredita que Robles viva en el domicilio que ella reporta en Coyoacán pues el citatorio en el que se le notificó de la primera audiencia no le fue entregado en persona porque no estaba en ese lugar y, dijo, en otra diligencia policiaca tampoco se le localizó en ese inmueble.

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La ASF perdonó a Manuel Velasco desvío de 685 mdp; recursos de mujeres pobres fueron a empresas fantasma

Manu Ureste/Animal Político

Imagen: Animal Político

La Auditoría Superior de la Federación (ASF) perdonó al gobierno chiapaneco de Manuel Velasco desvíos por 685 millones de pesos que acabaron en una red de empresas fantasma.

En tan solo dos días, la Auditoría —que hoy dirige David Colmenares— le dio carpetazo a una investigación que llevaba meses en proceso, en la que se habían encontrado diversas irregularidades y que, incluso, realizó la misma dependencia, pero durante la pasada administración, la de Juan Manuel Portal.

En la investigación que dirigió Portal, la ASF había documentado irregularidades en el gasto de cientos de millones de pesos en un programa social que prometía impulsar el desarrollo de las madres solteras de escasos recursos de Chiapas, uno de los estados más pobres de México.

Pero el perdón de la Auditoría —ya con Colmenares al frente— se aceleró cuando se supo que en el Senado de la República se iba presentar un punto de acuerdo para que Manuel Velasco respondiera ante la ciudadanía por esos desvíos millonarios.

Animal Político documentó que detrás de ese perdón exprés que benefició a Manuel Velasco hay un entramado de corrupción y de simulación que permitió que 685 millones de pesos que debieron invertirse en empoderar a miles de mujeres pobres, acabaran en las cuentas de empresas fantasma.

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Aunque AMLO anunció su remoción, funcionarios de Pemex involucrados en La Estafa Maestra siguen cobrando

Redacción/Animal Político

Los tres funcionarios de Pemex participantes en La Estafa Maestra han cobrado sueldo; no fueron despedidos como anunció el presidente.

Foto: lopezobrador.org.mx

El 31 de enero, el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que tres funcionarios de Petróleos Mexicanos presuntamente involucrados en el esquema de desvío de recursos públicos conocido como La Estafa Maestra serían removidos de sus cargos porque “no podía tolerar nada relacionado con corrupción”. Tres meses después, los directivos mantienen sus cargos en la empresa cobrando sus salarios.

Se trata de Miguel Ángel Lozada Aguilar, titular de Pemex Producción y Exploración; Héctor Salvador Salgado Castro, subdirector de Coordinación Operativa y Comercial de Pemex-PEP y Luis Galván Arcos, gerente de Operación y Control Financiero, Procesos Industriales y Logística.

Incluso, Héctor Salgado Castro siguió operando, como consta en el oficio que le envió al subdirector de Aseguramiento Tecnológico el 4 de abril pasado para solicitarle “información para definir estrategia de manejo y comercialización campo Ixachi”, según se explica en el documento obtenido por Animal Político.

Los tres directivos de Petróleos Mexicanos aparecen como funcionarios en activo que recibieron salario por más de 100 mil pesos hasta la quincena pasada, del 16 al 31 de marzo, según se informa en el portal del gobierno federal “Nómina Transparente”, donde se puede consultar el sueldo de todos los empleados de la Administración Pública Federal.

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Ignoran advertencias de sociedad civil y amplían prisión preventiva

Redacción / Reforma

Foto: Diario MX

Tras seis horas de discusión la Cámara de Diputa dos aprobó ayer la reforma al artículo 19 constitucional que amplía a nueve delitos la prisión preventiva oficiosa.

 Con la aprobación se desecharon los cuestionamientos de expertos organizaciones nacionales e internacionales de derechos humanos y legisladores quienes advirtieron que la ampliación de la medida cautelar no soluciona los problemas de impunidad criminaliza la pobreza y se presta a la persecución política de detractores del Gobierno en turno.

Con el apoyo de diputa dos del PAN el PRI y Movimiento Ciudadano que anunciaron votos diferenciados así como de los ocho legisladores que renunciaron al PRD Morena logró 377 votos con lo alcanzó la mayoría calificada El PAN aportó 36 votos los priistas 7 y Movimiento Ciudadano 13.

En la votación 96 diputados lo hicieron en contra y cinco se abstuvieron entre ellos la morenista Lorena Villavicencio.

Durante la sesión Morena y sus aliados rechaza ron las reservas presentadas por la Oposición y por integrantes de su bancada entre ellas la presentada por Villavicencio La única reserva aprobada fue la presentada por Morena para agregar al dictamen los seis delitos que los diputados habían eliminado de la minuta del Senado.

La reforma agrega al catálogo de delitos graves el robo de combustible e hidrocarburos, corrupción, uso electoral de programas sociales, feminicidio y abuso sexual a menores. Además adiciona a los que ya se contemplan en la Constitución el de desaparición forzada cometida por particulares, robo de transporte, robo a casa habitación y delitos en materia de armas de fuego y explosivos de uso exclusivo del Ejército.

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Fue un mal año. No, menos, como seis: la evaluación de Fundar al gobierno de Peña

Redacción/Animal Político

Este miércoles, el Centro de Análisis e Investigación Fundar presenta su balance de la administración federal que concluye este viernes, en el que destaca cuatro grandes fracasos: combate a la corrupción; derechos humanos; reducción de la pobreza y una reforma energética que vulneró a los pueblos indígenas.

Imagen: Fundar

Fracasos, deudas, batallas perdidas y promesas insostenibles: así resume la organización Fundar el gobierno de Enrique Peña Nieto, que este viernes llega a su fin.

El Centro de Análisis e Investigación presenta este miércoles su balance del sexenio en un documento titulado ‘Fue un mal año. No, menos, como seis’ utilizando el traspié cometido por el presidente en una declaración pública de 2017, para definir una administración que “reemplazó crisis sociales con aplausos para sus reformas estructurales”. El título hace referencia a la frase “Estamos a un minuto de aterrizar, no, menos: como a cinco”, que enunciara Peña Nieto durante un vuelo hacia Oaxaca.

Como resultado de su evaluación de las políticas públicas del gobierno de Peña Nieto y su implementación, Fundar destaca cuatro temas fundamentales en los que la administración saliente fracasó: la estrategia contra la corrupción; el respeto a los derechos humanos en las políticas de seguridad; el combate a la pobreza, y el modelo de desarrollo al que aspiraba la reforma energética, que sólo derivó en pueblos indígenas vulnerados por emporios mineros.

“No sólo fue un año en el que la narrativa de la presidencia sumamente optimista se contradecía con las alarmas sobre México derivadas de la violencia por el narcotráfico y la crisis económica de unos años atrás; también lo fueron los cinco años restantes de la administración”, señala el reporte.

Para ilustrar la baja calificación que otorga al gobierno de Peña Nieto, Fundar menciona casos emblemáticos como el desvío de recursos públicos a través de universidades revelado por la investigación La Estafa Maestra; la impunidad en los actos de corrupción cometidos por varios gobernadores; el inmueble ocupado por el presidente y su esposa en las Lomas de Chapultepec -conocido como La Casa Blanca-; el espionaje a periodistas, así como la desaparición de 43 estudiantes de la Normal rural Isidro Burgos de Ayotzinapa, en el estado de Guerrero.

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CIDH: perdonar la corrupción va contra el estado de derecho

Redacción / La Jornada

Perdonar a quienes han cometido actos de corrupción, de los cuales pueden haberse derivado violaciones de derechos humanos, es un acto contrario a las leyes internacionales y a la razón de ser de un estado democrático de derecho, cuya obligación es perseguir todos los delitos, dando las garantías procesales necesarias, afirmó Edison Lanza, relator especial para la libertad de expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Subrayó que durante buena parte del gobierno de Enrique Peña Nieto hubo una reacción tardía para frenar la violencia contra periodistas, motivada por la falta de voluntad política para intervenir. En entrevista con La Jornada, el especialista uruguayo hizo un balance de los pendientes de México en materia de libertad de expresión, así como de las propuestas del presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, y de la necesidad de consolidar en el país la cultura de la transparencia, para evitar que sea vista sólo como moda.

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