La Comisión Interamericana de Derechos Humanos sospecha de una reunión realizada en el Centro de Comando, Control, Comunicaciones y Cómputo (C4) en Guerrero, horas antes de los ataques en el municipio de Iguala, que derivaron en la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, el 26 y 27 de septiembre de 2014.
La CIDH, en compañía del representante en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH), Jan Jarab, y el ombudsman nacional, Luis Raúl González, presentó hoy su informe del Mecanismo Especial de Seguimiento a familiares de los estudiantes desaparecidos en la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos.
El comisionado Luis Ernesto Vargas dijo que entregaron 112 preguntas al estado mexicano en torno al caso Ayotzinapa para que conteste cada una de ellas, y que ayer la CIDH aprobó otras 35 que tienen que ver con tres aspectos: la búsqueda, la investigación criminal y la visitaduría de la PGR.
Vargas dijo que entre las preguntas están: “¿Por qué hubo reuniones en el C4 poco antes de que ocurrieran los hechos por la noche del 26 de septiembre? ¿Funcionó ahí un centro de coordinación que era el que coordinaba desde el C4?”, cuestionó.
Otro de los planteamientos es “¿Por qué la policía estatal cuidaba la entrada del basurero de Cocula desde el 5 de septiembre, si éste se descubrió en una llamada anónima el 26 de octubre?, es decir, 21 días antes de la llamada anónima ya estaba la policía cuidando”, preguntó.
También dijo que el estado debe tener certeza de quiénes son los delincuentes identificados como El Patrón y El Caminante, ya que podrían tener un papel importante en la desaparición. Además, aún no se cuenta con un registro de hornos y crematorios de la región, para conocer quiénes los han usado, cuándo; el consumo de gas y así descartar esta línea de investigación.
La CIDH ratificó su rechazo a la “verdad histórica” sobre el caso Iguala, exigió al estado mexicano una investigación imparcial, respaldó la creación de una comisión de la verdad y confió en que la llegada de un nuevo gobierno en el país abrirá la posibilidad de que las víctimas y sus familias puedan acceder a la justicia.
