Atención: Jefatura de Información, reporteras y reporteros de la fuente de OSC, Derechos Humanos y corresponsales
La Red Solidaria Década Contra la Impunidad A.C. y grupos de activistas migrantes de Nueva York anuncian la caravana “Juntos contra la Impunidad” ante la visita que realizarán a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en Washington D.C.
Participan:
Ericka Zamora Pardo, sobreviviente de la masacre de El Charco
Fray Julián Cruzalta, caso masacre de El Charco
Afrodita Mondragón Fontes, caso Julio Cesar Mondragón Fontes
Cuauhtemóc Mondragón Fontes, caso Julio Cesar Mondragón Fontes
Soledad Hernández Mena, caso Arturo Hernández Cardona
Rodolfo Ondraza Rovira, caso experimentación sin autorización
Julio Mata, caso Jorge Cortés Carmona
Convoca:
Red Solidaria Década Contra la Impunidad A. C.
La cita: Martes 20 de Febrero de 2018 a las 11:00 horas, en el Centro Nacional de Comunicación Social (Cencos), ubicado en Medellín No. 33, Col. Roma, entre las calles de Puebla y Sinaloa a una cuadra del monumento a La Cibeles.
Para mayores informes comunicarse conFrancisco Barrón Trejo a Cencos a los tels. 55336475 / 76, ext. 104
Más de 60 organizaciones civiles presentaron una queja ante la CIDH para que revise el salario mínimo en México, el cual está 11 pesos por debajo del costo de la canasta básica.
A la par de esta acción ante la CIDH, también se presentó un Informe Alternativo ante el Comité de Derechos Económicos Sociales y Culturales de la ONU para que emita una recomendación al Estado mexicano, sobre todo a la Conasami, respecto a garantizar que el salario mínimo sea suficiente para la vida digna de los trabajadores y sus familias.
Ciudad de México, 8 de febrero (SinEmbargo).- Luego del rechazo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Acción Ciudadana Frente a la Pobreza, conformada por 69 organizaciones civiles, presentó una queja ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para que revise el salario mínimo que reciben 7 millones de trabajadores (formales e informales), el cual viola la Constitución mexicana así como tratados internacionales al estar 11 pesos por debajo del costo de la canasta básica.
“Agotadas las instancias de la justicia nacionales, se reclama ante la CIDH una violación de derechos humanos que afecta a millones de personas al fijar el monto de los salarios mínimos (88 pesos diarios) por debajo de la línea de pobreza, una cantidad evidente y notoriamente insuficiente para satisfacer las necesidades básicas de una persona trabajadora y su familia en el orden material, social y cultural”, aseveró Acción Ciudadana.
El artículo 123 constitucional expone que el salario mínimo, fijado por la Comisión Nacional de Salarios Mínimos (Conasami), debe ser “suficiente” para satisfacer “las necesidades normales” de un jefe de familia.
Ante ello, en febrero de 2016 Luz presentó una demanda de amparo ante jueces contra la Conasami.
WASHINGTON (apro).- La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condenó el asesinato del periodista mexicano Carlos Domínguez y exigió al gobierno su esclarecimiento y castigo a los responsables.
En un comunicado, la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión, dependiente de la CIDH, estableció: “Se insta al Estado a investigar el crimen con la debida diligencia y esclarecer su posible relación con la actividad periodística”.
El pasado sábado 13, Carlos Domínguez fue asesinado en Nuevo Laredo, Tamaulipas, cuando viajaba en su automóvil junto a su nuera y nietos.
“La Relatoría llama al Estado mexicano a investigar de forma completa, efectiva e imparcial este crimen, esclarecer sus móviles y determinar judicialmente la relación que se pudiera tener con la actividad periodística y la libertad de expresión”, puntualizó la instancia de la Organización de Estados Americanos (OEA).
Subrayó que las autoridades no deben descartar el ejercicio periodístico antes de dar por concluida la investigación, además de proveer con recursos adecuados y personal especializado a las instituciones encargadas del caso.
El día en que el periodista fue ultimado, el procurador general de Justicia de Tamaulipas, Irving Barrios Mujica, aseguró que no tenían registrada denuncia alguna contra el reportero.
Y la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CIDH) de México solicitó al gobierno tamaulipeco medidas cautelares para la protección de los familiares de Domínguez.
La ONU y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) alertaron sobre la Ley de Seguridad Interior, señalando que, en los términos en que pretende aprobarse, contiene preceptos contrarios a estándares en materia de derechos humanos, y no aportaría soluciones reales al problema de seguridad del país.
De cara a la discusión de la Ley en el Senado, después de que fuera aprobada en la Cámara de Diputados por la mayoría priista e incluso con votos de panistas, el representante de la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH), Jan Jarab, envió una carta a la Cámara Alta, donde pide no aprobar la minuta.
“La ONU-DH expresa su profunda preocupación por el contenido de la referida Minuta. En diversos espacios públicos, incluido el Senado de la República, la ONU-DH ha declarado la inconveniencia de emitir una ley como la que se propone”, indicó Jarab en la misiva.
“Entre otras consideraciones, generaría riesgos para la vigencia de los derechos humanos, no aportaría soluciones reales para enfrentar los enormes retos que en materia de seguridad enfrenta el país, fortalecería el statu quo, reduciría los incentivos para profesionalizar a las instituciones civiles y favorecería la consolidación del paradigma militar en materia de seguridad, el cual no ha reducido la violencia y ha aumentado las violaciones a los derechos humanos”, agregó.
En otro punto de su misiva, enlistó 14 observaciones a la ley, con puntos como su “ambigüedad de conceptos”, las “afectaciones a la protesta social”, y la “indebida regulación” del uso de la fuerza.
“Los escenarios que permiten habilitar las acciones previstas en la ley son demasiado generales y poco precisos, de modo tal que se podrían activar los mecanismos previstos en la ley en una cantidad indeterminada de supuestos”, observó.
El gobierno mexicano y el PRI han rechazado que la ley pretenda militarizar al país o vulnerar los derechos humanos, sin embargo, organizaciones nacionales e internacionales han señalado los peligros de su aprobación.
Se prevé que este martes el dictamen sea discutido en el Senado.
En un comunicado, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) insistió este lunes sobre “los potenciales riesgos del dictamen”, múltiples y de diversa gravedad.
“La emisión de una ley de seguridad interior en los términos que se plantean contribuiría a mantener el estado actual de cosas, al favorecer el uso discrecional de las Fuerzas Armadas como base de una estrategia para abatir la violencia e inseguridad que se enfrenta, dejando de lado la necesidad de emprender acciones coordinadas y efectivas, desde los distintos niveles y órdenes de gobierno, para fortalecer los recursos y capacidades de las policías civiles”, apuntó la CNDH. Ver nota completa
El 25 de febrero de 2002, Daniel García Rodríguez fue interceptado por dos sujetos. Lo subieron a un vehículo y lo llevaron a la Subprocuraduría de Justicia de Tlalnepantla, en el Estado de México. Debía declarar sobre la investigación de un homicidio.
Luego de 14 horas de detención sin una orden judicial de por medio y de permanecer incomunicado, le notificaron que estaría bajo arraigo por 30 días. Lo acusaban del asesinato de la regidora María de los Ángeles Tamez.
García Rodríguez era secretario particular del alcalde de Atizapán, Antonio Domínguez, quien tenía diferencias con la regidora del PAN.
Fue así como comenzó una pesadilla que se ha prolongado durante 15 años, como relata su hija, Aribel García, quien a la postre se convertiría en su abogada.
“Hace 8 años, 15 meses detuvieron a mi papá en el municipio de Atizapán, acusado del homicidio de una regidora panista del mismo municipio. Esto ocurrió el 25 de febrero de 2002, es el día que detienen a mi papá y que lo llevan al arraigo. Su nombre era María de los Ángeles Tamez, era una abogada que se desempeñaba como regidora de Atizapán.
“Mi papá se desempeñaba como secretario del presidente Antonio Domínguez que en ese momento era alcalde de Atizapán. Antonio Domínguez no tenía buena relación con María de los Ángeles; en realidad a quien relacionan es a Antonio Domínguez”, relató.
Ocho meses después, el 25 de octubre, Reyes Alpízar Ortiz fue capturado cuando esperaba el autobús que lo llevaría de regreso a su casa. Se le trasladó a la Subprocuraduría de Tlalnepantla. Fue víctima de tortura física y psicológica. También se le arraigó.
El abogado Simón Hernández detalló: “Él es obligado a firmar una declaración bajo tortura en la que señala que acompañó al autor material del homicidio, una persona llamada Jaime Martínez Franco, y que escuchó y recibió indicaciones de Daniel García ubicándolo como autor intelectual”.
Aunque el alcalde Antonio Domínguez también fue aprehendido, corrió con mejor suerte, de acuerdo con lo detallado por Aribel García:
“Ambos estuvieron arraigados y el mismo día los trasladaron al Penal de Barrientos en Tlalnepantla; pero Antonio Domínguez como tres años y medio después sale con un amparo que su abogado Marcos Castillejos interpone contra el auto de formal prisión y él sale libre, exonerado de la causa. Mi papá mete el mismo amparo semanas después a lo que le contestan 5 años después que su firma no era su firma, entonces que no procedía”.
A pesar de que agotaron todas las instancias nacionales para demostrar las irregularidades del proceso: que fueron capturados sin orden judicial, que estuvieron incomunicados y se les torturó física y psicológicamente, a la fecha, siguen sin recibir una sentencia.
Ciudad de México | Desinformémonos. El presidente de México, Enrique Peña Nieto, debe ordenar la liberación inmediata de dos presos que llevan 15 años sin ser sentenciados, señaló la Organización de las Naciones Undidas (ONU).
En un informe del Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de la ONU, se asegura que Daniel García y Reyes Alpízar, quienes se encuentran presos en el penal de Barrientos, en el estado de México, fueron procesados con pruebas obtenidas bajo tortura física y psicológica.
Por su parte, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sometió al Estado a un procedimiento para determinar las violaciones a los derechos humanos por las detenciones de García y Alpízar, así como por la falta de investigación y sanción por la tortura, la carencia de protección judicial y las violaciones al debido proceso.
El caso representa un récord mundial en materia de detención sin sentencia, pues han transcurrido más de cinco mil 700 días de pena sin culpa, cuya elemento mínimo de reparación es la liberación de los dos presos, asegura el documento.
OAXACA, Oax. (apro).- Las víctimas de Nochixtlán desconocieron la Recomendación 7VG/2017 de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) porque “incrimina a las víctimas y favorece a los agresores al justificar la ejecución extrajudicial de personas al concluir que el uso de fuerza letal fue la adecuada”.
Por tal motivo, informaron que ya recurrieron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y harán lo mismo con otros organismos internacionales para exigir justicia por las “ejecuciones extrajudiciales” cometidas en el fallido operativo del 19 de junio de 2016 en Asunción Nochixtlán, San Pablo Huitzo, Hacienda Blanca y Trinidad de Viguera, en Oaxaca.
Las víctimas directas e indirectas y el Centro de Derechos Humanos y Asesoría a Pueblos Indígenas acusaron a la CNDH de proteger a los funcionarios públicos responsables de violación de derechos humanos durante la mencionada acción policiaca.
Por ello, informaron que el pasado 12 de junio presentaron una queja ante la CIDH donde acusan al gobierno mexicano de ejecuciones extrajudiciales en agravio de seis personas indígenas mixtecas en la masacre de Nochixtlán Oaxaca.
De entrada, dijeron: “rechazamos la recomendación 7VG/2017 emitida por la CNDH por ser un informe parcial y que juega un papel de defensa hacia los responsables de la masacre del 19 de junio; porque a las víctimas nos convierte en victimarias y a los responsables intelectuales y materiales en víctimas”.
Además, las víctimas destacaron que “no aceptamos la disculpa pública del gobernador, ya que ésta la tiene que dar el presidente de la República o el secretario de Gobernación en base a los estándares internacionales y que esperaremos que en su oportunidad la Comisión Interamericana de Derechos Humanos emita su informe de fondo y la Corte Interamericana de Derechos Humanos emita la sentencia respectiva”.
Los supuestos
La carta está firmada por Gildardo González Santiago, José Luis Cruz Aquino, Rutilia Santiago Cruz, Angélica Reyes Cruz, y Viridiana Diego Cruz, así como por familiares de Omar González Santiago, Ancelmo Cruz Aquino, Nicolás Santiago, Silvano Sosa Chávez, -“ejecutados extrajudicialmente”-, quienes consideran que la Recomendación de la CNDH refiere argumentos para eximir de responsabilidad a funcionarios federales, estatales y municipales.
Su afirmación la soportan en que la CNDH argumenta como si se tratara de un legajo de investigación, en el que, inclusive, juega el papel de defensor y abogado de los responsables de la masacre del 19 de junio de 2016, como en los siguientes supuestos:
-En los cuerpos de las seis víctimas fue negativa la prueba de presencia de plomo y bario determinado por el perito oficial de la Fiscalía General del Estado (FGE). Sin embargo, a criterio de la CNDH deja la duda de que si las víctimas portaban o no armas.
“La prueba negativa de presencia de plomo y bario determinado por el perito oficial de la FGE respecto de las seis víctimas no nos puede establecer si éstas portaban armas y es un resultado falible para determinar si alguna disparó un arma de fuego”. (Página 332 párrafo 971 de la Recomendación).
*** Familiares cuestionan uso político de PGR; a Tomás Zerón se le premia sostener la “verdad histórica” y a Santiago Nieto se le despide por Odebrecht.
*** A tres años, la CIDH señala que no hay avances en la investigación y asegura que no abandonará a las familias ni el caso.
CIUDAD DE MÉXICO, 24 DE OCTUBRE DE 2017. Las mentiras de funcionarios sobre el caso Ayotzinapa y las trabas en la investigación “nos están matando poco a poco”, denunció Blanca Nava, madre del normalista desaparecido Jorge Álvarez Nava, durante la tercera audiencia de oficio en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre el Mecanismo Especial de Seguimiento (MES) para el caso Iguala, realizada en Montevideo, Uruguay.
Cumplidos los tres años de los hechos, las familias y sus representantes señalaron que continúa la obstaculización a la asistencia técnica internacional con acciones como el espionaje y el ocultamiento de información y evidencia al Grupo Interdisciplinar de Expertos Independientes (GIEI), así como las declaraciones de funcionarios reivindicando la “verdad histórica”, carente de sustento científico.
Los familiares cuestionaron el uso político y la falta de independencia de la Procuraduría General de la República (PGR), pues mientras a funcionarios como el ex titular de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), Tomás Zerón de Lucio, se les premia, a otros como el ex visitador general de la Procuraduría, César Alejandro Chávez, se les obliga a renunciar por encabezar investigaciones independientes; o el más reciente caso es el del ex titular de la Fepade, Santiago Nieto a quien despidieron por investigar Odebrecht.
Las familias recordaron que el ex titular de la AIC, tras la visita del MES en agosto de 2017, contradijo a la comisionada Esmeralda Arosemena de Troitiño al reivindicar la teoría de caso construida durante su periodo.
Al respecto, el comisionado James Cavallaro cuestionó al Estado mexicano sobre la investigación contra el funcionario, señalado por cometer graves irregularidades, pero no obtuvo respuesta. Los representantes de las familias informaron que la PGR ha litigado para evitar que los funcionarios sean sancionados. La comisionada Margarette May Macaulay consideró que el Estado debe ser “duro” con las personas que empeoran la relación entre las familias y el Gobierno federal.
“A tres años no existe justificación para que [en el gobierno] no sepan en realidad el paradero de nuestros hijos”, consideró Emiliano Navarrete, padre del desaparecido José Ángel Navarrete y quien denunció que las y los funcionarios del Estado mexicano “andan buscando la respuesta en el aire”. Blanca Nava advirtió que “vergüenza les debería dar” por no encontrar ni una pista de los estudiantes en los 37 meses transcurridos.
Las y los comisionados también se interesaron por el estado de las investigaciones sobre la tortura a presuntos responsables y urgieron a avanzar en los mapas de fosas clandestinas y el uso de tecnología Lidar, entre otros. La representación de las familias advirtió que los avances no han sido integrales y no se han agotado las líneas de investigación.
Finalmente, el comisionado Luis Ernesto Vargas Silva aseguró a las familias que “la CIDH no va a abandonarlos, es un desvelo de toda la comisión. Es inconcebible que a estas alturas no sepamos la responsabilidad de los intervinientes de la fuerza pública”.
En la presentación del 164 periodo extraordinario de sesiones del organismo, que se celebra del 4 al 8 de septiembre en la Ciudad de México, el presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Francisco José Eguiguren, indicó que además de los estudiantes, se debe “identificar, investigar y dar sanciones ejemplares” a todos aquellos que sean responsables de la “desaparición o los crímenes”.
México, 4 de septiembre (EFE).- La CIDH indicó hoy que ve “pasos importantes” en las investigaciones en torno a los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa, por lo que espera que pronto se encuentre a los jóvenes, vivos o muertos, y se detenga a los culpables.
“Se reconocen avances importantes en la tarea de investigación, pero la gran tarea, lo que da sentido finalmente al mecanismo (de seguimiento al caso), es que muy pronto tengamos noticias del paradero de los estudiantes. De ellos, o de sus cuerpos”, dijo el presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Francisco José Eguiguren.
En la presentación del 164 periodo extraordinario de sesiones del organismo, que se celebra del 4 al 8 de septiembre en la Ciudad de México, Eguiguren indicó que, además de los estudiantes, se debe “identificar, investigar y dar sanciones ejemplares” a todos aquellos que sean responsables de la “desaparición o los crímenes”.
“Es el resultado que esperamos se concrete muy pronto, y creo que se vienen dando pasos importantes para ello”, apuntó el presidente de este órgano autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA).
Cuestionado por Efe sobre estos “avances”, Eguiguren dijo no poder dar más información, pero en estos días participará en una reunión con el Ejecutivo donde conocerá todos los detalles.
