El espionaje gubernamental habría alcanzado también a miembros del GIEI, acusa la CIDH

Foto: Roberto Campa

Por Redacción/Sin Embargo

Ciudad de México, 6 de julio (SinEmbargo).- Integrantes del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), que indagaron el caso Ayotzinapa, pudieron haber sido espiados a través del software “Pegasus”, del que hace unos días denunciaron haber sido víctimas periodistas y defensores de derechos humanos.

Miembros de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) lo revelaron este miércoles durante una audiencia de oficio del Mecanismo Especial de Seguimiento del caso.

En el marco del 163 periodo de sesiones de la CIDH, Esmeralda de Troitiño, comisionada especial para México y cabeza del mecanismo de seguimiento, destacó que recibieron una carta de los integrantes del GIEI donde refieren que recibieron mensajes parecidos a los señalados en los informes de Citizen Lab.

El pasado 19 de junio, una investigación del diario The New York Times reveló que defensores de derechos humanos, periodistas y activistas habían sido espiados por agentes del Estado mexicano, únicos autorizados para comprar y usar el software “Pegasus” de espionaje de NSO Group, que en teoría sólo debe ser usado para investigar a criminales y terroristas.

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Llevan a CIDH caso de defensor asesinado en Chiapas

Foto: Cencos

Por Redacción/Desinformémonos

Ciudad de México | Desinformémonos. La familia de Mariano Abarca Roblero, defensor asesinado el 27 de noviembre del 2009 en Chicomuselo, Chiapas, envió una petición contra el Estado mexicano a la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH) ante la omisión de las autoridades para proteger la vida del activista y “evadir la búsqueda de justicia después de su asesinato”.

Abarca Roblero fue asesinado por sicarios vinculados a la empresa minera canadiense Blackfire Exploration “para acallar y desmovilizar” la lucha por la defensa del territorio, la protección de los bienes naturales y el resguardo de la vida que encabezaba junto con la población de Chicomuselo.

“Mi padre fue víctima de un largo proceso de criminalización, intimidación, hostigamiento, estigmatización y amenazas que incluyeron el levantamiento de cargos falsos que lo llevaron a pisar la cárcel”, señaló el hijo de Abarca Roblero, José Luís Abarca Montejo.

Durante su labor de defensa, Abarca Roblero se dedicó a visibilizar y denunciar a los actores involucrados en el saqueo de los bienes naturales en la comunidad y responsabilizó a los directivos de la empresa canadiense Blackfire Exploration con apoyo de la policía estatal y municipal, agregó su hijo.

Desde el asesinato y hasta hoy, “la investigación por parte del Estado mexicano se encuentra paralizada” y todos los detenidos implicados en el crimen se encuentran en libertad. “Tampoco hay nuevas líneas de investigación orientadas a la búsqueda de los actores intelectuales y materiales que den certidumbre tanto a nosotros, su familia, como al resto de sus compañeros”, añadió.

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Urgen presencia de relatores para que observen riesgos del periodismo en México

a que observen la situación de riesgo que viven los periodistas en el país.

En entrevista para Aristegui CNN, Edison Lanza, relator de la CIDH, indicó que desde el año pasado plantearon una visita de este tipo.

“El Estado debe admitirla, facilitarnos la posibilidad de recorrer los puntos que entendamos necesarios en el país, reunirnos con autoridades a nivel local, federal, de protección, de procuración de justicia y también con la sociedad civil. Hacer un diagnóstico exhaustivo de la situación y culminar con algunas observaciones preliminares y luego un informe con recomendaciones”, detalló el relator.

Aseguró que la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra de la Libertad de Expresión (Feadle) no ha sido eficaz pues se mantienen los niveles de impunidad en los crímenes contra periodistas.

Lanza señaló que la fecha no se ha concretado desde el año pasado y con los recientes asesinatos de periodistas en Chihuahua y Sinaloa “nos pareció que ya era hora de manifestar públicamente que no es que estemos omisos… sino que no hemos podido concretar esa visita”.

Por su parte, Rodrigo Bonilla, gerente para América Latina de la Asociación Mundial de Periódicos Editores de Noticias (WAN-IFRA), expuso que “esta iniciativa se llevó a cabo conversando con varios representantes de las organizaciones aquí en México, obviamente la primera reacción cuando surgió el tema del asesinato de Javier Valdez, fue pensar cómo tomar medidas distintas, medidas que no se habían tomado antes, todas nuestras organizaciones reaccionaron de forma individual pero nos dimos cuenta que con este asesinato y el ritmo de asesinatos que llevamos este año en México había que tomar riendas en el asunto, con carácter urgente y enfatizando el hecho de que en este caso en particular, dada la situación, nuestras organizaciones deciden, con una sola voz, exigirle al gobierno soluciones, exigirle al gobierno, también, medidas distintas a las que hasta ahora se han estado llevando a cabo”.

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Presentan demanda ante CIDH por violencia contra periodistas mexicanos

Por Redacción/Aristegui Noticias

La diputada Brenda Velázquez solicitó a la CIDH que realice una visita de alto nivel a México para dar seguimiento a las acciones de protección a comunicadores.

Este jueves fue interpuesta una denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), por los hechos relacionados con la “violencia en contra de la libertad de expresión en México”.

La demanda fue presentada por la presidenta de la Comisión de Seguimiento a las Agresiones a Periodistas y Medios de Comunicación en la Cámara de Diputados, Brenda Velázquez Valdez, del grupo parlamentario del PAN.

La legisladora consideró que han sido violados el derecho a la información, el derecho a la libertad de opinión y…

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“Urge determinar quienes son ‘el Caminante’ y ‘el Patrón’ señalados en la investigación”: CIDH a Estado mexicano en caso Ayotzinapa

Por Redacción/DesInformémonos

En su segunda visita oficial a México, los integrantes del Mecanismo de Seguimiento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para el caso Ayotzinapa expresan su preocupación ante la falta de resultados en la investigación a 31 meses de la desaparición de los jóvenes normalistas y el que funcionarios de alto nivel validen nuevamente la hipótesis de que los 43 estudiantes fueron incinerados en el basurero municipal de Cocula. Reiteran que la difusión de esta hipótesis, descartada por el GIEI, provoca una distancia frente a las víctimas y sus familiares y pone en riesgo la búsqueda de verdad y justicia en el caso.

En un comunicado señalan que después de seis meses de que iniciaron sus funciones y al cumplirse la primera mitad de las actividades de su plan de trabajo, reiteran los aspectos prioritarios a impulsar en la búsqueda “examinando debidamente los indicios de involucramiento de miembros de las fuerzas de seguridad del Estado en los hechos así como de las autoridades en los distintos niveles de gobierno”.

La delegación del Mecanismo de Seguimiento compuesta por la Relatora de la CIDH para México y coordinadora del mismo, Esmeralda Arosemena de Troitiño, el Secretario Ejecutivo, Paulo Abrão y personal técnico de la Secretaría Ejecutiva de la CIDH señalan que “respecto a la investigación de la telefonía, es prioritario también que el Estado determine quiénes son “el Caminante” y “el Patrón” mencionados por varias personas involucradas en los hechos, así como profundizar la investigación del papel del ejército en los hechos. La CIDH urge al Estado a avanzar en la investigación de dos policías federales quienes fueron individualizados como presuntos responsables de encubrimiento de los hechos, con base en los señalamientos tanto del GIEI como de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH)”.

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Denuncian ante la CIDH ejecución extrajudicial de indígena Naua por parte del Ejército mexicano

Por Pablo Galicia

El 2 de enero del presente año, el Centro de Derechos de la Montaña, Tlachinollan; el Centro de Derechos Humanos José María Morelos y Pavón (Centro Morelos) y Robert F. Kennedy Human Rights, denunciaron ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) al Estado mexicano por la ejecución de Bonfilio Rubio Villegas, originario de la comunidad de Tlatzala, de Tlapa de Comonfort, Guerrero, el pasado mes de junio de 2009 a manos de elementos del Ejército mexicano.

Destacaron que desde hace años, en Guerrero, reina la impunidad respecto a los abusos cometidos por las fuerzas militares, sobre todo en casos de ejecuciones extrajudiciales; además de que varios casos graves de violaciones de derechos humanos han llegado a la CIDH, quien ha sentenciado al Estado mexicano por no garantizar el debido proceso de investigación y enjuiciamiento al aplicar la justicia militar en casos cometidos por elementos del Ejército.

Señalaron que Bonfilio Rubio Villegas fue ejecutado por elementos del Ejército mexicano cuando dispararon en contra del autobús en el que viajaba mientras se realizaba un retén militar. Añadieron que después de la lucha emprendida por sus familiares para acceder a la justicia, ésta les fue denegada debido a que no se les requirió en ningún momento a las autoridades una nueva investigación independiente y siguiendo el proceso correcto.

Las organizaciones representantes junto con los familiares de Bonfilio finalizaron haciendo notar que la militarización del Estado genera un ambiente propicio para la impunidad ante graves violaciones a derechos humanos, además de señalar que el caso es un claro ejemplo de las consecuencias que pueden suscitarse de una ilimitada legitimidad.