Colectivos exigen desarme de paramilitares en Chalchihuitán

Foto: Moysés Zúñiga Santiago/La Jornada

Por Redacción/La Jornada

San Cristóbal de Las Casas, Chis. Decenas de organismos civiles exigieron “desarticulación, desarme y castigo inmediato a los grupos civiles armados de corte paramilitar, cuyos líderes materiales e intelectuales, han sido claramente identificados y señalados, por parte de autoridades, comisionados y comuneros de Chalchihuitán”. Ello, en respuesta a los acuerdos que oficialmente se tomaron en diciembre pasado entre las partes y el gobierno en relación al conflicto entre los municipios tzotziles de Chalchihuitán y Chenalhó, en la región de Los Altos.

El colectivo de organismos de la sociedad civil integrantes de la Misión Civil de Observación de la Zona Altos demanda el reconocimiento, por parte de los gobiernos federal y de Chiapas, “del estatus legal de desplazamiento forzado interno, de todas las familias y personas bajo esta inhumana situación, producto de la violencia armada de tipo paramilitar, en el marco del conflicto agrario Chalchihuitán-Chenalhó”. Dicho reconocimiento “implica la aplicación inmediata de la Declaración de los Principios Rectores de Desplazamiento Interno de la ONU y de la Ley para la Prevención y Atención del Desplazamiento Interno en el Estado de Chiapas”.

Ante la presencia de los paramilitares de Chenalhó que provocaron desde octubre el éxodo de miles de indígenas, impune aún ahora que se ha militarizado el área, los organismos apremian para que se garantice “seguridad plena para el libre tránsito y el abasto de productos básicos y medicinas en toda la zona”, así como “seguridad plena” para la observación de derechos humanos.

Los organismos manifiestan repudio al “Comisionado Especial para Chalchihuitán y Chenalhó” designado por el ejecutivo estatal. Solicitan el “retiro inmediato” del “impuesto nombramiento de Fortino Vázquez Pérez”, independientemente de “su nefasta trayectoria política”. Consideran que “la imposición unilateral de cualquier comisionado viola los derechos de las comunidades involucradas, a la consulta libre previa e informada, máxime en un contexto tan delicado como el prevaleciente”.

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Con poesía, música y teatro, inician las actividades para recordar la masacre de Acteal

Foto: Área de comunicación de Las Abejas de Acteal

Por Redacción/Desinformémonos

Con presentaciones musicales, lectura de poesía, actividades de pintura y obras de teatro, los habitantes de Acteal iniciaron las jornadas para recordar la masacre que acabó con la vida de 21 mujeres, 15 niños y nueve hombres indígenas tsotsiles hace 20 años en Chiapas, pero también el aniversario 25 de la Sociedad Civil Las Abejas, organización dedicada a la lucha contra la injusticia y los abusos del gobierno sobre los pueblos indígenas.

La jornada “Acteal: Raiz, Memoria y Esperanza” inició con la presencia de los visitantes de diferentes partes de México y de otras naciones como España y Chile que se unieron al rezo tradicional organizado por los ancianos de la comunidad.

Mientras los cantos de lucha eran entonados por el coro “Las Abejas”, los colectivos Chikinte y Koman Ilel comenzaron dos murales para recordar el emblema de la organización pacífica y la masacre del 22 de diciembre de 1997 perpetrada por los paramilitares.

Entre las presentaciones musicales se encontró la cantante Marisol Yañez y el grupo La Esmeralda, que tocó “La cumbia de Las abejas” para celebrar el 25 aniversario de la organización.

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Cuatro niños de familias desplazadas en Chiapas murieron por hambre y frío; edil pide ayuda

Foto: frayba.org.mx

Por Redacción/Animal Político

Cuatro niños de familias desplazadas de Chalchihuitán, Chiapas, murieron a causa del hambre y frío, informó Martín Gómez Pérez, alcalde de ese municipio que desde hace semanas mantiene un conflicto armado con la localidad vecina Chenalhó por los límites territoriales.

Desde hace semanas, familias enteras de Chalchihuitán, que suman más de mil personas, emigraron de sus casas por la presencia de hombres armados, que han ocupado su comunidad, obligándolos a dormir bajo árboles o en cuevas de montes cercanos.

“No hay paso, nuestros caminos están bloqueados, necesitamos de su apoyo… niños, adultos y mujeres embarazadas están sufriendo por el frío en el monte… no tenemos medicinas, ni con que atender a la gente… por eso le pedimos a nuestro gobernador que nos apoye”, comenta en un video difundido a través de Facebook el alcalde Martín Gómez.

De acuerdo con el diario La Jornada, el alcalde de Chalchihuitán detalló que tres de los menores tenían menos de 4 años, mientras que el otro tenía apenas tres días de nacido. Además, durante el clip (difundido por el párroco de Simojovel, Marcelo Pérez Pérez), asegura que también tres adultos perecieron por las mismas razones.

Acompañado del sacerdote, el alcalde desmiente las versiones dadas a conocer por “la presidencia municipal de Chenalhó que asegura que ya hay paz en la zona”. Asegura que hay muchos enfermos y los caminos siguen totalmente cerrados, dominados por grupos paramilitares que han amenazado de muerte a los habitantes de Chalchihuitán.

Cabe recordar que la semana pasada, el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas y el sacerdote Marcelo Pérez Pérez, dieron a conocer que tras el asesinato de un habitante tzotzil de Chalchihuitán, cerca de 5 mil personas huyeron de sus casas, mil de ellas hacia los montes de la localidad para resguardarse del conflicto.

A partir de ese momento, se han instalado campamentos para que los desplazados logren sobrevivir en estas zonas, donde se presentan climas extremos, donde el clérigo recopila testimonios de los más afectados.

Algunos de ellos, cuentan que los grupos paramilitares quemaron todas sus pertenencias y sus cosechas. Se dicen tristes por haberlo perdido todo y tener que dormir ahora a la intemperie.

Desde el pasado 4 de diciembre, autoridades de Chalchihuitán en compañía de autoridades, han solicitado una audiencia con el gobernador del estado, Manuel Velasco Coello para solucionar el problema, pero no han sido atendidos. En aquellos días el edil Gomez Pérez aseveró tras la negativas: “perdonen lo que voy a decir, pero el gobernador me trata como a un perro. Sólo hemos podido hablar con unos licenciados y unos ingenieros que únicamente dicen pero no le dan atención a la gente”.

Es por esto que en esta ocasión, se vio en la necesidad de solicitar ayuda por medio de redes sociales. Ante la cantidad de personas enfermas solicita a la sociedad en general, que se donen medicamentos, alimentos. Ya en ocasiones anteriores han pedido la presencia de médicos voluntarios.

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Gobierno de Peña, letal para defensores de derechos humanos: más de 100 han sido asesinados

Por Redacción/Animal Político

De 2012 a 2017, 302 organizaciones resultaron afectadas por diversos delitos, desde amenazas hasta homicidios. Los estados más peligrosos para los defensores son Chiapas, Oaxaca y Ciudad de México.

En lo que va del gobierno de Enrique Peña Nieto, han sido asesinadas al menos 106 personas defensoras de derechos humanos en el país, mientras 81 se encuentran desaparecidas, según el estudio ‘La esperanza no se agota’ de la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todos y Todas” (Red TDT).

El informe señala que la situación de violencia hacia las y los defensores en México “es una realidad desconocida para la población”, pues del 1 de diciembre de 2012 al 30 de noviembre de 2016 se registraron 302 casos de organizaciones perjudicadas, en donde 1,037 personas y 422 colectivos resultaron afectadas, sin que la mayoría de ellos fueran difundidos.

De los 302 casos, 217 fueron documentados por primera vez dentro del periodo de gobierno de Peña Nieto y los 85 restantes se suscitaron antes de que iniciara su sexenio pero continúan vigentes.

Chiapas es el estado más peligroso para los defensores humanos, y encabeza la lista de hechos violentos contra ellos, con 56 casos; seguido de Oaxaca con 45; la Ciudad de México con 37, Guerrero 25, Veracruz 21; Puebla 17; el Edomex 16; Chihuahua 13; Jalisco 11 y el resto de las 21 entidades con menos de una decena de casos.

Respecto a las personas asesinadas, 24 fueron ejecutadas extrajudicialmente (es decir por personas que pertenecen o trabajan bajo las órdenes del Estado, como las fuerzas estatales de seguridad) y 52 fueron ultimadas por sujetos no pertenecientes al gobierno. Siendo Guerrero, Oaxaca y Chiapas los estados con mayor número de asesinatos.

En cuanto a las agresiones, las cinco acciones más comunes son: los ataques físicos y los intentos de ejecución que suman 120 casos, las intimidaciones 102, amenazas 101, difamación 92 y las amenazas de muerte con 87 denuncias.

Los gobiernos estatales son los que más violan los derechos humanos de personas y colectivos, representando el 39% (273) de los eventos, le sigue el gobierno federal con el 32% (220) casos, mientras que los agentes del gobierno municipal fueron perpetradores en el 20% (141).

Según la Red TDT, la situación se agrava año tras año, por el tipo de trabajo que realizan estas personas y “el agudizamiento de violencia y desigualdad que persiste en el país”, además de “las acciones bélicas emprendidas por el Estado desde 2006” que desde su punto de vista, no sólo vulneran a los defensores sino a la sociedad en general.

En el texto también se menciona a los periodistas (víctimas de constantes agresiones) e instan al gobierno a garantizar su protección y por ende su integridad, para que al igual que los defensores, puedan desarrollar sus actividades sin ser víctimas de actos de violencia y hostigamiento.

Periodo manchado por los abusos

Desde el primer día de su mandato, Enrique Peña Nieto es señalado como el máximo responsable de las detenciones arbitrarias a personas que ejercen su derecho de manifestarse, caracterizadas por violaciones a derechos humanos como abuso de autoridad, violaciones al debido proceso, retenciones ilegales a menores de edad, entre otras, señala el informe.

Incluso desde el 2012 se publicaron cinco leyes en diferentes estados que, en síntesis, criminalizan las protestas y legalizan el uso indiscriminado de la fuerza pública.

Por ello, a partir de 2015, las organizaciones de la Red TDT implementaron acciones colectivas basadas en “seis graves situaciones de disputa en el país” como lo son: tierra y territorio; violencia e inseguridad; mujeres, género y poblaciones LGBTTTI; derechos económicos, sociales culturales y ambientales; movilidad humana y finalmente, derecho a defender los derechos humanos.

Estas medidas surgen tras las cifras alarmantes que ha dejado la administración de Peña Nieto, en la cual según el texto se contabilizan por lo menos 90 mil 694 asesinatos. Los feminicidios en los primeros tres años de su gobierno equivalen al 60% de los presentados en todo el sexenio de Felipe Calderón, por lo que la cifra alcanzaría niveles históricos, según datos del Inegi.

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Y en el México impune, denunciar se lleva hasta 200 minutos, y sólo resuelven 14 de cada 100 delitos

Por Redacción/Sin embargo

El índice de desempeño de procuradurías y fiscalías del país, que realiza la organización Impunidad Cero, reveló que en México de cada 100 delitos que se cometen, solo 6.4 se denuncian; de cada 100 delitos que se denuncian, sólo 14 se resuelven.

Las fiscalías de Guerrero, Michoacán, Puebla, Estado de México y Tabasco son las cinco peores del país, de acuerdo con una revisión en el número de casos que resolvieron.

Ciudad de México, 8 de noviembre (SinEmbargo).– Las fiscalías de Guerrero, Michoacán, Puebla, Estado de México y Tabasco son las cinco perores del país, de acuerdo con una revisión que realizó Impunidad Cero sobre el número de casos que resolvieron.

El índice de desempeño de procuradurías y fiscalías del país reveló también que en México de cada 100 delitos que se cometen, solo 6.4 se denuncian; de cada 100 delitos que se denuncian, sólo 14 se resuelven.

En cuanto a la capacidad de las fiscalías para investigar, los estados de Sonora (2.3), Nuevo León (3.6), Estado de México (3.6), Tamaulipas y Puebla (4.3) son las que aparecen en los últimos lugares de la tabla de evaluación.
En cuanto al presupuesto per capita en procuración de justicia, Puebla, Jalisco, Guerrero y el Estado de México destinan pocos recursos a sus dependencias.

Las fiscalías de Campeche, San Luis Potosí, Nayarit, Chiapas y Chihuahua son los que menos investigaciones ingresan.

Respecto al tiempo de espera para denunciar un delito, los mexicanos que deciden presentar una denuncia tardan de 85 a 212 minutos para levantar una denuncia. Los habitantes de los estados de Guerrero (212.06 minutos); Michoacán (206.59 minutos), Puebla (200.84 minutos), Ciudad de México (196.33 minutos) y Tabasco (180.82 minutos) son las que más minutos tardan en ser atendidos.
Otro de los indicadores considerados en la evaluación de la labor de las procuradurías es el porcentaje de órdenes de aprehensión obtenidas por las fiscalías y que son ejecutadas y cumplidas.

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Los sismos de septiembre son los desastres con más víctimas en lo que va del siglo en México

Por Redacción/Animal Político

El 19S triplicó el saldo de muertos de la epidemia del virus AH1N1, el desastre más letal que hubo hasta septiembre. Le siguen los saldos por lluvias, inundaciones y huracanes.

El sismo del pasado 19 de septiembre que dejó 360 muertos es el desastre más mortífero de lo que va del siglo en México, mientras que el ocurrido casi dos semanas antes, el 7 de septiembre, es el cuarto más letal en este periodo con 102 víctimas.

Hasta antes de septiembre pasado el peor desastre en cuanto a vidas perdidas según los reportes oficiales era la epidemia del virus A(H1N1) que dejó 116 muertos en todo el país, y de ahí seguían varios huracanes, inundaciones u explosiones. Ningún sismo destacaba como un evento de alta letalidad hasta la llegada de estos dos.

El temblor ocurrido a las 13:14 horas del 19 de septiembre fue de 7.1 grados. Aunque no fue el de mayor intensidad registrado en el país, su epicentro en Axochiapan, Morelos, provocó que golpeara con intensidad zonas densamente pobladas. El resultado oficial: 360 personas que perdieron la vida. Es una cantidad que triplica a la cifra más alta de muertos de un desastre en ese siglo, que era la de la epidemia del virus H1N1.
El sismo se sintió en seis estados; en todos hubo víctimas mortales. Tan solo en la Ciudad de México, las 228 personas que fallecieron serían suficiente para convertir a este sismo en el más mortífero. Pero a eso hay que agregarle 74 muertos en Morelos, 45 personas que perdieron la vida en Puebla, 15 en el Estado de México, seis en Guerrero y uno en Oaxaca.

Casi dos semanas antes de este temblor, a las 11 de la noche con 49 minutos del 7 de septiembre de 2017 se registró un terremoto de 8.1 grados de magnitud con epicentro en Pijijiapan, Chiapas. En cuanto a magnitud se trata del movimiento telúrico más fuerte registrado en el país desde el terremoto de 1985 que también fue de 8.1 grados.

Este temblor dejó un saldo letal de 102 víctimas mortales. De ellas 82 fueron en Oaxaca, 16 en Chiapas y cuatro en Tabasco. Su saldo lo coloca como el cuarto evento más mortífero de lo que va del siglo en el país, detrás del sismo del 19 de septiembre, de la epidemia del virus AH1N1, y del desastre que provocó el efecto combinado de los huracanes Ingrid y Manuel en Guerrero que dejaron un balance de 105 personas fallecidas. En el quinto puesto quedaron las afectaciones que dejaron lluvias torrenciales en cuatro estados en 2001 con un total de 95 fallecidos.

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Indígenas llevan a ONU abusos de megaproyectos; pintan al Estado mexicano como un verdugo más

Por Redacción/Sin embargo

Organizaciones civiles que acompañan a grupos indígenas presentarán ante la Relatoría especial de la ONU un cúmulo de denuncias sobre las disputas territoriales, la falta de consulta, despojo y criminalización a quienes se oponen a megaproyectos en México, entre otras violaciones a los derechos humanos a los que son sometidos los pueblos originarios.

El documento sobre la problemática general en el país será presentado por las organizaciones, pese a que la Relatora se limitará a visitar Chihuahua, Chiapas y Guerrero, y esperan que el peso internacional de las futuras recomendaciones traiga cambios favorables a esas comunidades.

Ciudad de México, 8 de noviembre (SinEmbargo).- Ocho personas del pueblo de Salazar, Estado de México, que se oponían a la construcción de un proyecto de la Inmobiliaria Hsea S.A. fueron detenidas desde el pasado 31 de agosto. Cinco hombres y tres mujeres de esta localidad están vinculados a proceso por los delitos de robo con violencia, privación ilegal de la liberta y lesiones.

Para la comunidad, es una clara afrenta por la resistencia a un proyecto de recreación que se pretende construir en terrenos que consideran que se están usurpando.

Entre los detenidos está el presidente de bienes comunales Cutberto Vilchis García, encargado de velar por la defensa del territorio de la localidad otomí. El caso está incluido entre las denuncias que activistas presentarán a la Relatoría sobre los derechos de los pueblos indígenas de Naciones Unidas (ONU).

El caso de Salazar, municipio de Lerma, refleja la criminalización de los defensores del territorio en el Estado de México, sostuvo la abogada Citlalli González del Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero (CDHZL). El caso se prevé llegará a las manos de la Relatora Victoria Tauli-Corpuz, quien estará en el país del 8 al 17 de noviembre.

“Los problemas agrarios también son parte de la problemática que enfrentan los pueblos indígenas en el Estado de México. La comunidad de Salazar ha peleado por un reconocimiento de sus tierras, pero las autoridades no reconocen a sus autoridades comunales para hacer este reclamo”, explicó González.
En un breve mensaje, la Relatora sobre los derechos de los pueblos indígenas Victoria Tauli-Corpuz aseguró que buscará “información acerca de casos reportados sobre amenazas y criminalización contra defensores de los derechos de los pueblos indígenas y estudiaré las medidas de protección disponibles para las y los líderes, así como las comunidades en riesgo”.

La visita ha alentado a las organizaciones civiles, que acompañan a los pueblos indígenas, a presentar un informe sobre los problemas de los pueblos indígenas a nivel nacional, pese a que la Relatora se limitará a visitar Chihuahua, Chiapas y Guerrero.

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Marcha de las Catrinas, protesta para exigir un alto a los feminicidios

Por Redacción/Desinformémonos

Ciudad de México | Desinformémonos. La noche del 1 de noviembre marcharon por el Centro de la Ciudad de México cientos de mujeres maquilladas como catrinas para exigir un alto a los feminicidios en el país y recordar a las víctimas de violencia de género.

La movilización inició en la Catedral Metropolitana y concluyó en el Hemiclo a Juárez, donde denunciaron “la ola de violencia irracional que se ha incrementado durante décadas contra mujeres y niñas”.

Vestidas en su mayoría de negro o morado, explicaron que estaban “de luto por todas las víctimas de feminicidio que conocemos y desconocemos, y también por aquellas a quienes los medios de comunicación y el gobierno quisieron desaparecer y dejar de nombrar”.

Entre las consignas que se oyeron durante la marcha, destacaron: “De Juárez a Chiapas, ni una asesinada más”, “Quiero ser libre, no valiente”, “No más impunidad” y “Somos el grito de las que ya no tienen voz”, entre otras.

Las mujeres, algunas integrantes de colectivos feministas y organizaciones, exigieron al gobierno que se declare una alerta nacional por violencia de género y que “no pueda ser vetada por ningún representante estatal”, pues aseguraron que las autoridades han demostrado su ineficiencia para atender los casos de violencia y proteger a las víctimas, así como para evitar la no repetición de las agresiones.

Señalaron que es urgente que el gobierno “se posicione de manera contundente frente a esta realidad, no sólo con su aceptación, sino con sanciones ejemplares a todo aquel que atente, por acción u omisión, contra la vida y la libertad de las mujeres”.

Se trata de la segunda Marcha de las Catrinas en la Ciudad de México, la cual en esta ocasión fue encabezada por los familiares de las víctimas de feminicidio.

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Coca-Cola consumió el agua de pueblo en Chiapas y ahora se la vende en botella: investigación

Por Redacción/Sin embargo

Una investigación de la organización Truthout alertó que el agua está desapareciendo en San Felipe Ecatepec, un pueblo indígena de Chiapas. La causa: una planta embotelladora de Coca-Cola, operada por la empresa mexicana Femsa que ha consumido más de 1.08 millones de litros de agua por día.

La planta embotelladora abrió sus puertas en 1994. La Conagua renovó el permiso en 2005 y ahora opera dos pozos con 40 permisos para explotarlos. El agua que la compañía extrae sería suficiente para abastecer a los 200 mil residentes de la capital de Chiapas con los 80 litros de agua diaria que necesitan.

La legislación en México ha ayudado a que Femsa se convierta en la embotelladora más importante de Coca-Cola en todo el mundo. El dominio de Coca-Cola sobre los recursos en el país no es una coincidencia, el ex Presidente panista Vicente Fox también fue directivo de la compañía.

Ciudad de México, 3 de octubre (SinEmbargo).– Una planta embotelladora de Coca-Cola en la comunidad indígena de San Felipe Ecatepec, en el estado de Chiapas, está dejando los pozos secos, obligando a los residentes a comprar agua embotellada, de acuerdo con una investigación de la organización Truthout.

Truthout es una organización sin fines de lucro con sede en Estados Unidos. Se dedica a proporcionar noticias de manera independiente a través de informes de investigación y análisis crítico con la finalidad de salvar al planeta y la humanidad, dice en su página web.

Entre San Felipe y San Cristóbal de las Casas se encuentra una planta embotelladora de Coca-Cola, operada por la empresa mexicana Femsa.

De acuerdo con la investigación de la periodista Martha Pskowski, la planta consumió más de 1.08 millones de litros de agua por día en 2016.

“En los últimos cuatro años nuestros pozos han comenzado a secarse”, dijo a Truthout Juan Urbano, ex presidente del Territorio Comunal de San Felipe Ecatepec. “A veces las personas caminan dos horas al día para tomar agua, otras tienen que comprarla”.
Urbano, de 57 años, explicó a la organización que el crecimiento de San Cristóbal ha comido gradualmente tierras agrícolas en San Felipe. Él es parte de un número cada vez menor de personas en la comunidad que todavía cultivan maíz, frijoles y calabaza en parcelas de tierra transmitida por generaciones.

A pesar de que Chiapas tiene el mayor nivel de recursos hídricos renovables per cápita en México, al ubicarse en el séptimo lugar de las entidades federativas con 113 mil 002 de agua renovable, de acuerdo con información del Atlas del agua en México 2015, una de cada tres personas en zonas rurales carece de agua potable segura. El cambio climático y los brotes de salmonela han exacerbado el problema.

Coca-Cola extrae agua de los lados del volcán Huitepec, donde el agua es de la mejor calidad. El agua que la compañía extrae sería suficiente para abastecer a los 200 mil residentes de la capital de Chiapas con los 80 litros de agua diaria que necesitan.
En cambio, la gente enfrenta constante escasez de agua, y muchas comunidades indígenas y pobres de la zona enfrentan problemas de salud como caries y diabetes porque Coca Cola es su mejor opción ya que trabajan todo el día en el calor.

El dominio de Coca-Cola sobre los recursos de México no es una coincidencia, el ex Presidente Vicente Fox Quesada (2000-2006) también fue el jefe de Coca Cola en México.
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Sismos dejaron 150 mil viviendas destruidas, la misma cantidad que se construyó en 2016

Por Redacción/Desinformémonos

Ciudad de México | Desinformémonos. Los sismos registrados el 7 y 19 de septiembre, además de sus réplicas, dejaron más de 150 mil viviendas destruidas en Oaxaca, Ciudad de México, Morelos, Chiapas y Puebla, cifra equivalente al número de casas-habitación que se construyeron en el 2016 en el país, explicó la secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), Rosario Robles.

La pérdida de hogares significa que más de 250 mil mexicanos se encuentran en situación de pobreza patrimonial luego de los sismos, pues sufrieron pérdidas totales de sus viviendas.

Por lo menos 33 mil casas fueron destruidas en Oaxaca y 16 mil 803 en Chiapas, mientras que Morelos, Puebla y el estado de México registraron 349, 3 mil 319 y mil 695, respectivamente, por el sismo de magnitud 7.1 del 19 de septiembre. La suma supera las 55 mil viviendas perdidas en su totalidad, añadió Robles.

En algunas entidades el sismo no sólo afectó sus hogares, sino que ahora también deben enfrentarse a las fuertes lluvias. Sin embargo, la población afectada no quiere acudir a los albergues por miedo a la rapiña, por lo que prefiere dormir en las calles a las afueras de sus casas.

Por otra parte, Robles señaló que los albergues habilitados por el gobierno “no son suficientes todavía para quienes han dejado sus casas, a pesar de que están en buenas condiciones”.

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