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Denuncian intimidación, hostigamiento y vigilancia durante el Encuentro Rebel y Revel del EZLN

Imagen tomada de Desinformémonos

Redacción/Desinformémonos

Ciudad de México | Desinformémonos. El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas (Frayba) denunció los «actos de intimidación y vigilancia» de las fuerzas de seguridad estatales y de las fuerzas armadas durante el Encuentro de Arte Rebel y Revel, llevado a cabo por el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) del 13 al 19 de abril en el Cideci-Unitierra y el caracol Jacinto Canek, en Chiapas.

«En medio de una estrategia de seguridad de la nueva administración estatal, caracterizada por ser de carácter militar y policíaca, y respaldada por el gobierno federal, se impulsó un esquema de actuación para el festival plagada de violaciones al libre tránsito, así como acciones de intimidación y hostigamiento durante los traslados de las personas participantes», señaló el Frayba en un comunicado.

Entre las irregularidades destacaron los patrullajes de la Guardia Nacional y el ejército mexicano en tramos carreteros entre Chamula y Tenejapa, camino de paso rumbo al Caracol zapatista de Jacinto Canek, y la denuncia del Subcomandante Moisés sobre los rondines de la Guardia Nacional y las Fuerzas de Reacción Inmediata Pakal (FRIP) en las afueras de las instalaciones de Cideci-Unitierra en San Cristóbal de Las Casas.

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Frayba condena el asesinato del sacerdote tsotsil Marcelo Pérez

Imagen tomada de la página web del Frayba.

Gabriela Coutiño/Proceso

El Centro de Derechos Humanos responsabilizó al Estado Mexicano “por no prevenir, garantizar y proteger la integridad y vida del párroco, así como por su tolerancia hacia los grupos de la delincuencia que operan en Chiapas”.

TUXTLA GUTIÉRREZ, Chis. (apro).- La ejecución del defensor Marcelo Pérez Pérez se da en un contexto de grave escalada de violencia contra la ciudadanía en todas las regiones de Chiapas, como parte de la estrategia de toma violenta del territorio nacional, necesaria en la actual etapa de reconfiguración del Estado mexicano, manifestó el centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas (Frayba).

Al condenar el crimen que calificó de lesa humanidad, el organismo responsabilizó al Estado Mexicano “por no prevenir, garantizar y proteger la integridad y vida del párroco Marcelo Pérez, así como por su tolerancia y aquiescencia hacia los grupos de la delincuencia que operan en Chiapas”.

El sacerdote Marcelo Pérez, reconocido defensor de los derechos humanos que denunció la violencia ligada al narcotráfico en México, fue asesinado a balazos este día en San Cristóbal de las Casas. Su asesinato desató indignación entre organismos de derechos humanos que rechazan cualquier intento de minimizar estos hechos como casos aislados en Chiapas.

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Pronunciamiento conjunto: La población civil no es un objetivo

Imagen: RedTDT

 

Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todas y Todos”

 

AL GOBIERNO FEDERAL.

AL GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS.

A LOS GOBIERNOS MUNICIPALES DE CHICOMUSELO, LA TRINITARIA, FRONTERA COMALAPA, AMATENANGO DE LA FRONTERA, MOTOZINTLA, SILTEPEC, COMITÁN, MAZAPA DE MADERO, LA GRANDEZA, BELLA VISTA, BEJUCAL DE OCAMPO Y EL PORVENIR.

A LA COMISIÓN NACIONAL DE DERECHOS HUMANOS.

A LA COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, CHIAPAS.

A LOS ORGANISMOS DE DERECHOS HUMANOS INTERNACIONALES.

A LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN.

A LA SOCIEDAD CIVIL EN GENERAL.

A 29 de Septiembre de 2023

Las organizaciones aquí firmantes nos unimos a las voces, incluidos los llamados realizados por las Diócesis de San Cristóbal de Las Casas y de Tapachula, que se han pronunciado por la indignante situación de violencia que se vive en gran parte de Chiapas a causa de la complicidad y permisividad de las autoridades de todos los niveles de gobierno hacia el actuar de grupos de la delincuencia organizada quienes disputan el control del territorio para las economías legales e ilegales.

Desde hace más de dos años se ha venido agudizando esta disputa en el territorio caracterizada por un fuerte control social a partir del terror y la violencia armada. De acuerdo a notas periodísticas, y testimonios anónimos, alarma que entre las tácticas de los grupos criminales se ha tomado como rehén a la población civil, que es utilizada como escudo de guerra, forzándola a participar en movilizaciones, bloqueos y enfrentamientos en favor de alguno de los bandos.

El corte de suministros básicos, como alimentos, gasolina, gas lp, luz eléctrica o servicio de compañías telefónicas mantiene a la población en vilo y zozobra con impactos psicosociales importantes. Existe angustia, escasez e incluso la imposibilidad de desplazarse por miedo a represalias de los grupos de la delincuencia en disputa.

Si bien la situación ha sido álgida en la Región Frontera, también en otros territorios se han presentado situaciones de violencia, y existe el riesgo inminente de que se generalice y agudice.

Si bien la situación ha sido álgida en la Región Frontera, también en otros territorios (las Regiones Costa, Soconusco, Centro, Altos, Frailesca, Sierra y Selva) se han presentado situaciones de violencia, y existe el riesgo inminente de que se generalice y agudice.

Frente a ello, el Estado tiene un deber urgente de protección, ya que es latente que la situación genere afectaciones y riesgos a la seguridad e integridad física, mental y emocional de la población. Las y los habitantes de estos municipios se encuentran en terrible vulnerabilidad con múltiples violaciones graves a sus Derechos Humanos, lo cual se suma a la histórica marginación del territorio.

Denunciamos:

  • El incremento de distintas formas de violencia: asesinatos, secuestros, desapariciones forzadas, amenazas, agresiones, extorsiones como “cobro de piso”, toma o irrupción de asambleas comunitarias, reclutamiento forzado, desplazamiento forzado, despojo de bienes y de medios de vida. La población ha estado en una intermitente incomunicación que ha derivado en desabasto y encarecimiento de productos básicos como alimentos y gasolina, generando aislamiento.
  • La interrupción de la vida cotidiana de la población a partir del corte de servicios básicos como luz y señal de celular, así como la suspensión indefinida de clases y de servicios de salud.
  • Múltiples violaciones a Derechos Humanos: el derecho a la alimentación, a una vida digna, a la seguridad, a la educación, a la salud, a la justicia, al libre tránsito, y a vivir en paz.
  • La minimización de la violencia por parte del discurso oficial, destacando el titular del Ejecutivo Nacional.
  • La criminalización que se hace de la población por parte de algunos medios de comunicación, desligando de su responsabilidad al Estado, y reproduciendo una narrativa estigmatizante y descontextualizada.
  • La respuesta insuficiente del Estado ante las denuncias de la población desde hace varios meses; pues no ha habido una estrategia integral que atienda las necesidades y que abone a una pacificación real.

Exigimos urgentemente al Estado mexicano:

  • Brindar atención integral a la población afectada directamente por la violencia.
  • Brindar atención urgente a las víctimas por desplazamiento forzado, y genere condiciones duraderas para su retorno pronto y seguro.
  • Atender las necesidades humanitarias de alimentación, salud y refugio ante la emergencia.
  • Garantizar la seguridad para el libre tránsito de la población.
  • Realizar una investigación imparcial y exhaustiva que identifique a los responsables de la violencia, y que se imparta justicia.
  • Implementar una estrategia integral, garantizando la seguridad de la población. No se considera la militarización prolongada como una respuesta duradera para lograr una pacificación real y estructural.
  • Garantizar la seguridad de periodistas, personas defensoras de derechos humanos, defensores del territorio, y ciudadanía en general en Chiapas, particularmente en la Región Frontera y Sierra.

Pedimos a la población en general su solidaridad, empatía y observación de lo que sucede en las Regiones de la Frontera y Sierra de Chiapas, velando por el cumplimiento de estas exigencias, la garantía de los Derechos Humanos y el cese de la violencia.

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Aldama, entre desplazamientos forzados, masacres y conflictos armados en Chiapas

Foto tomada de Animal Político

 

Redacción/Animal Político

Entre 2018 y 2022, en Aldama se registraron 8 muertos y 27 heridos, y más de 2 mil personas desplazadas por el conflicto en Chiapas. Tras casi un año de cese a las agresiones, una nueva masacre que autoridades no han aclarado vuelve a traer tensión a esta zona de Los Altos.

Desde hace un año en las comunidades del municipio de Aldama, en los Altos de Chiapas, la vida regresó a la normalidad y los sonidos de los vendedores ambulantes sustituyeron a las detonaciones de los balazos procedentes de Santa Martha. Durante unos cuatro años la gente de Aldama vivió en el terror a causa de los francotiradores, las escuelas tuvieron que cerrar y muchos pobladores acabaron abandonando sus parcelas, pues los balazos del conflicto los alcanzaban hasta allí. 

“Perdí tres años de cosecha de mi milpa y de mi cafetal, intentamos salir adelante vendiendo artesanías, pero no fue nada fácil”, dice Juan Pérez de la comunidad de Cotzilnam, en Aldama.

Recuerda que había familias que iban a trabajar sus parcelas de noche, en la oscuridad total, pues no prendían sus linternas por temor a ser disparados por los grupos armados. 

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Organizaciones, personas defensoras de derechos humanos y periodistas alertan sobre clima hostil contra la prensa en Chiapas

EspacioOSC

Ciudad de México, a 20 de junio de 2023.- Las organizaciones, redes de periodistas, medios, personas defensoras de derechos humanos y periodistas abajo firmantes expresamos nuestra preocupación por el clima hostil contra la prensa en el estado de Chiapas derivado del clima de violencia que se vive en diversas regiones de la entidad, principalmente por hechos relacionados con acciones de grupos armados y del crimen organizado. 

Entre los hechos más recientes, se encuentra la colocación de mantas con mensajes intimidatorios contra la prensa en el municipio de Frontera Comalapa. Ante estas situaciones, las organizaciones llamamos al gobierno del estado de Chiapas a que se coordine con el gobierno federal para generar medidas preventivas y de protección contra la prensa.

El primero de junio la prensa reportó que presuntos integrantes de la delincuencia organizada colgaron mantas en cuatro puentes peatonales en el municipio de Frontera Comalapa, en donde se afirma que la prensa está siendo llevada por el ejército a cubrir  en zonas de riesgo. Estas mismas mantas reaparecieron el pasado 10 de junio.

Asimismo, al menos tres periodistas entrevistados por las organizaciones firmantes, cuyas identidades se reservan por seguridad, reportaron  amenazas, mensajes intimidatorios y otras situaciones de riesgo en el estado: Hay una situación generalizada en el estado, ahora fue en Frontera Comalapa, pero hay en otras zonas episodios de violencia vinculados a presuntos grupos de la delincuencia organizada y otros grupos armados que nos colocan en riesgo en nuestras coberturas.

Las comunicaciones y agresiones documentadas son parte de una estrategia de intimidación presuntamente de estos grupos que busca censurar a la prensa y la orilla a dejar de cubrir zonas o temáticas en específico, violentando su derecho a la libertad de expresión y acceso a la información. Según información pública, particularmente en la zona fronteriza, la entidad ha experimentado un agravamiento en las dinámicas de seguridad debido a la presencia de algunos cárteles como el cártel del Pacífico y Jalisco Nueva Generación (CJNG), así como de otros grupos transfronterizos como Los Huistas y la Mara Salvatrucha. 

En el 2022, la organización ARTICLE 19 documentó 31 agresiones contra la prensa en Chiapas, un promedio de 2.5 al mes, lo cual es el número más alto de agresiones documentadas en el estado desde que la organización documenta la violencia contra la prensa. Esto colocó a la entidad federativa en el noveno puesto de agresiones contra periodistas y medios en el país. Dado que 1 de cada 3 de las agresiones en Chiapas en el 2022 fueron directamente perpetradas por grupos de delincuencia organizada, esta violencia representa una grave alerta para el ejercicio periodístico en Chiapas. Asimismo, la organización alerta que el año pasado se duplicaron las agresiones contra la prensa en el país, pasando de 42 a 86 casos documentados.

Por su parte, Comunicación e Información de la Mujer A.C. ha documentando durante esta administración que las mujeres periodistas son sujetas a atentados cuando realizan investigaciones sobre seguridad o informan de actos de violación a derechos humanos en contra de personas migrantes y movimientos sociales, particularmente en las comunidades donde hay presencia del crimen organizado. El impacto de la violencia sociopolítica en el contexto de la labor de las periodistas se ejerce porque no hay garantías de  protección ni de acceso a la justicia, lo cual ha ocasionado el desplazamiento de por lo menos dos periodistas en esta entidad.

Las organizaciones firmantes recordamos a las autoridades que, de acuerdo con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el Estado Mexicano tiene  la  obligación  de  adoptar  medidas  para  prevenir  la  violencia contra periodistas y trabajadores de los medios de comunicación y proteger ante situaciones de riesgo elevado, aún cuando el Estado no es el perpetrador de éstas: En  aquellos  países  o  regiones  en  las  cuales  los  y  las  periodistas  se encuentran en una situación de especial vulnerabilidad por el contexto de violencia dirigida contra este  grupo  de  personas,  el  Estado  tiene  una  responsabilidad  reforzada  en  sus  obligaciones  de  prevención  y protección.

En vista de lo anterior, las organizaciones, redes de periodistas, medios, personas defensoras de derechos humanos y periodistas firmantes exigimos al gobierno del estado de Chiapas:

  • Se coordine con la Secretaría de Gobernación, particularmente con la Unidad de Prevención, Seguimiento y Análisis del Mecanismo de Protección a Personas Defensoras y Periodistas para tomar medidas preventivas y reducir el riesgo que vive la prensa en la entidad. 
  • Construya acciones de prevención como la emisión de alertas tempranas en las entidades que presentan un incremento de frecuencia e intensidad en los atentados contra periodistas por parte de grupos de crimen organizado, así como la falta o poca capacidad de reacción de las autoridades locales.
  • Asimismo, ante la complejidad de actores y violencia en zonas de conflicto, las organizaciones firmantes llamamos a generar una política pública integral de prevención y protección a periodistas. 

Organizaciones y redes defensoras de derechos humanos: ARTICLE 19 – Oficina México y Centroamérica, Comunicación e Información de la Mujer AC (CIMAC), Aluna Acompañamiento Psicosocial, Centro de Derechos Humanos Fray Matías de Córdova AC, Centro de Estudios Indígenas Xojob Lum AC, Centro Solidario Tsomanotik, Comité de víctimas 9N/Cancún Q. Roo, Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ), Cooperativa Taller Hormiga, El Rebozo, Cuidado de la Vida y los territorios, Espacio OSC para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, Iniciativa Sinaloa AC, Red Nacional de Defensoras de DH en México, Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos «Todos los Derechos para Todas y Todos» (Red TDT), Red Solidaria de Derechos Humanos A.C.Unión de Comunidades Indígenas de la Zona Norte del Istmo UCIZONI, Veredas Psicosociales A. C.

Redes de periodistas y medios:

Alianza de Medios de la Red Periodistas de a Pie, Amapola/Guerrero, Colectivo por la Libertad de Expresión de Guanajuato, El Muro MX, Istmo Press/Oaxaca, La Marea/Veracruz, Lado B/Puebla, Letra Fría, Macollo Red de Medios de Independientes de Jalisco, Mujeres Periodistas de Chiapas, Noroeste/Sinaloa, Página 3/Oaxaca, Perimetral Press, Raíchali/Chihuahua, Red Baja California Sur de Periodistas, Red Internacional de Periodistas con Visión de Género, Red de Mujeres Periodistas de Oaxaca (RedMPO), Red de Periodistas de Quintana Roo, Red de Periodistas del Noreste de México, Red de Periodistas Guerrerenses con Visión de Género, Red de Periodistas y Personas Defensoras de Derechos Humanos del Estado de Sinaloa, Red Nacional de Periodistas, Red Periodistas de a Pie, Red Puebla de Periodistas, Revista Espejo/Sinaloa, Somos Periodistas (Yucatán), ZonaDocs

Periodistas y personas defensoras de derechos humanos: Adrian López, Alejandra C.Parás, Antonio Mundaca, Arnoldo Cuéllar / PopLab, Aura Silva Aragón, Beatríz García, Carmen Aggi, Claudia I. Espinosa Díaz, Dalia Souza, Darwin Franco, Diana Manzo, Ernesto Aroche, Gladys Navarro, Jade Ramírez / Jalisco, Jaime Armendáriz / Chihuahua, Karen Rojas Kauffmann, Mario Andrés Hurtado, Marcos Girón Hernández, Maria Elena Garcia Oronzor, Patricia Mayorga Ordóñez, Paulina Ríos, Pedro Matías, Rodrigo Soberanes, Susana Rodríguez / Jalisco.

 

Contacto para medios:

Espacioosc@gmail.com +52 444 4340797

 

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Exigen a autoridades fin al «proceso injusto» contra José Luis y César, presos tseltales en Chiapas

Imagen: Twitter @CdhFrayba

 

Redacción/Desinformémonos

Ciudad de México | Desinformémonos. El próximo 24 de abril se realizará la audiencia de juicio oral donde se condenará o se declarará la libertad de los presos tseltales César Hernández Feliciano y José Luis Gutiérrez Hernández, quienes fueron detenidos el 15 de octubre de 2020 por oponerse a la construcción de un cuartel de la Guardia Nacional en Chilón, Chiapas, informaron el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas (Frayba) y el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh).

Las organizaciones recordaron que hay «irregularidades documentadas» en el proceso de los dos mayas tseltales, quienes participaron en la protesta pacífica contra la construcción del cuartel de la Guardia Nacional en San Sebastián Bachajón, como la «deficiente integración de la carpeta de investigación, la incorporación de pruebas obtenidas de manera ilícita y construcción de informes policiales a modo por parte de la Fiscalía General del Estado de Chiapas, así como diversos retrasos en el proceso por parte Agustín López Martínez, Juez de Enjuiciamiento de le Región Tres, del Distrito Judicial de Ocosingo».

A las irregularidades en el proceso se suma que los defensores del territorio comunitario en Chilón fueron reprimidos por los policías estatales en su detención, así como torturados e incomunicados.

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Comunicado de la Plataforma para la Construcción de Paz en México a la Sociedad Civil Las Abejas de Acteal con motivo del 25 aniversario de la Masacre de Acteal

Foto: Las Abejas de Acteal

Serapaz

Han pasado 25 años desde los trágicos acontecimientos del 22 de diciembre de 1997, en Acteal, Chiapas, en que 45 mujeres, niñas, niños y hombres murieron a manos de los paramilitares. 25 años de flagrante impunidad en el contexto de un país que ahora acumula masacres y asesinatos de forma cotidiana.

Ese, es el saldo que queda, cuando no se reconoce la responsabilidad del Estado y se niega el derecho a la verdad y la justicia a las víctimas.

Lejos de ver avances, durante estos 25 años de gobiernos, de distintos partidos, que nos permitieran aspirar a acciones en contra de los autores intelectuales de la masacre; hemos testificado la liberación de cada uno de los autores materiales reconocidos por los sobrevivientes. Hemos visto los esfuerzos de diferentes gobiernos por alentar la división en las comunidades y organizaciones que demandan justicia, y aún entre las propias víctimas. Hemos atestiguado la continuidad de violencia y el asesinato contra líderes de los pueblos indígenas que, como Simón Pedro, mantenían una posición de dignidad luchando por el respeto a sus derechos.

Quienes trabajamos por la construcción de paz debemos reconocer que la lucha de las comunidades, víctimas y organizaciones indígenas, en contra de la impunidad son la resistencia en contra de la degradación más profunda de la sociedad, los gobiernos y de las condiciones de vida digna para todas las personas, a través de la imposición de la injusticia por medio de la violencia. Es la resistencia en contra de la destrucción del tejido social que permite que se normalicen más de 100mil desapariciones y 200mil asesinatos acumulados durante 16 años, sin que pase nada. Sin que haya justicia como en Acteal. Sin que se detenga el tiempo, ni el mundo, bajo un exasperado grito de alarma que eleve de nuevo un ¡Ya basta!, todos los días, en todas las personas, a cada segundo.

Como personas constructoras de paz, debemos hoy agradecer y reconocer el gran ejemplo que la Sociedad Civil “Las Abejas” de Acteal, nos ha dado desde hace más de 30 años. Reconocer y celebrar la lucha que les permitió liberar a quienes estaban injustamente presos en 1992 durante su conformación, convertirse en un ejemplo de lucha por la paz hasta el día de hoy; y resistir ante la impunidad de la violencia perpetrada en su contra el 22 de diciembre de 1997.

Desde la Plataforma para la Construcción de Paz en México, conformada simbólicamente, en éstas mismas tierras sagradas de los mártires de Acteal, la Casa de la Memoria y la Esperanza, bajo el testimonio de su organización, celebramos su lucha, asumimos su ejemplo y nos solidarizamos con sus demandas para que un día la justicia y la paz se besen.

Muchas gracias.

Plataforma para la Construcción de Paz en México

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Reportan como desaparecido al comunicador Roberto Flores en Chiapas

Imagen tomada de Desinformémonos

 

Redacción/Desinformémonos

Ciudad de México | Desinformémonos. El comunicador y administrador del portal de noticias Chiapas Denuncia Ya, Roberto Flores Mendoza, fue reportado como desaparecido en Chiapas luego de que fuera interceptado por hombres que viajaban en una camioneta en el barrio de La Pileta, el pasado 20 de septiembre.

El secuestro de Flores sucedió días después de que publicara en su portal información relacionada a una lucha interna del crimen organizado en Chiapas, la cual fue borrada horas después. De acuerdo con testimonios recogidos por Artículo 19, Flores ya había sido víctima de mensajes intimidatorios.

En su página de noticias, Flores publicaba denuncias contra funcionarios, exfuncionarios y policías locales, así como sobre abusos de las autoridades.

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Nueva caravana migrante parte de Tapachula rumbo a Huixtla, Chiapas

Foto: Víctor Camacho/La Jornada

 

Elio Henríquez/La Jornada

San Cristóbal de Las Casas, Chis. Alrededor de cuatro mil migrantes de distinta nacionalidad partieron en caravana este lunes de Tapachula hacia Huixtla para exigir al Instituto Nacional de Migración (INM), la entrega de documentos para trasladarse a la frontera norte y cruzar a Estados Unidos.

“Ya que Migración no tuvo la amabilidad de darnos respuesta en más de una semana y media, todos los líderes de grupo hemos decidido salir hoy en caravana pacífica; sólo queremos llegar a Huixtla para que nos den los permisos”, dijo una migrante.

El contingente salió de Tapachula a las 13 horas y está integrado por cuatro mil 45 personas, entre ellas, 624 niños, según aseguró una migrante en entrevista colectiva antes de partir.

“Hemos dicho en muchas ocasiones que no nos queremos quedar aquí; simplemente queremos un permiso para llegar a nuestro destino”, subrayó la mujer, que hizo un llamado a todas las organizaciones para que brinden apoyo, sobre todo a los niños que vayan en la marcha, que necesitan agua y otros productos para llegar a Huixtla, situado a 40 kilómetros.

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Exigen protección para los más de 5 mil migrantes de caravana en Chiapas

Imagen: Twitter @LasVanders

 

 

Redacción/Desinformémonos

Ciudad de México | Desinformémonos. Organizaciones y colectivos exigieron al gobierno mexicano que protejan a los más de 5 mil migrantes que el pasado 1 de julio partieron en caravana desde Tapachula, Chiapas, rumbo a Estados Unidos.

Las organizaciones denunciaron que que durante el trayecto a pie de Tapachula a Huixtla los migrantes fueron obstaculizados por elementos de la Guardia Nacional, el ejército y el Instituto Nacional de Migración, «quienes impidieron que transporte local y camionetas brindaran ayuda a los integrantes de la caravana».

Las autoridades mexicanas tampoco permitieron que los migrantes recibieran alimentos, agua y atención médica, agregaron las organizaciones, lo que pone en riesgo a los integrantes de la caravana por las altas temperaturas.

Denunciaron que la falta de protección se suma «las acciones de omisión del Estado frente a la población migrante», ya que la mayoría de la caravana estuvo en detención en la Estación Migratoria Siglo XXI de Tapachula «en malas condiciones».

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