Por Redacción/Animal Político
Migrantes centroamericanas son detenidas en la frontera entre México y Guatemala acusadas de trata, sin que existan pruebas de su presunta participación en la comisión de ese delito de alto impacto en la zona, reportan informes de la organización de derechos humanos.
El 22 de enero de 2014, elementos de la Policía Estatal Preventiva de Chiapas entraron al bar donde trabajaba Guadalupe Pérez Rodríguez, quien lavaba platos y barría por 80 pesos diarios. Tenía apenas tres meses laborando ahí. Los policías preguntaron por la persona encargada, quien no se encontraba en el lugar, por lo cual le pidieron a Guadalupe que los acompañara. Eran las 19 horas. Los policías se llevaron también a algunas asistentes del bar, y a otras dos empleadas; ningún cliente varón fue detenido.
La migrante guatemalteca de 52 años pensó que los policías solo querían hacerle algunas preguntas. Después de pasar varias horas en el Ministerio Público de Motozintla, Chiapas, preguntó por qué no la dejaban ir. Le contestaron que estaban arreglando unos papeles y que pronto se iría. Así, esperando salir en cualquier momento, pasó la primera noche en los separos.
Al día siguiente, le presentaron unos documentos para que los firmara. Guadalupe no sabía leer ni escribir y no entendía los términos legales escritos en español. Ella es hablante de mam (etnia indígena guatemalteca), así que no se enteró del contenido de los papeles, pero ante la presión de los agentes imprimió su huella digital.
Cuando sus hijos acudieron a buscarla les dijeron que debían conseguir un abogado. En su acusación, el Ministerio Público afirmó que la detención de Guadalupe fue en flagrancia. Su delito: trata de personas, en modalidad de explotación sexual, y corrupción de menores.
Ser migrante y trabajadora del hogar en Chiapas
Guadalupe llegó a México hace unos 20 años, después de que su esposo la dejó con seis hijos, cuatro mujeres y dos hombres, cuenta en entrevista. Llegó al país sin documentos migratorios y buscando trabajo. Se empleó como trabajadora del hogar en una casa en Motozintla de Mendoza, Chiapas. Ganaba 75 pesos al mes. Después de un tiempo, toda su familia la alcanzó.
Sus hijas mayores empezaron a trabajar desde niñas para ayudarle con los gastos. Guadalupe hizo de todo: vender papa, chayote, jitomate y cebolla en el mercado; lavar ropa, y limpiar casas. Su último empleo fue lavar trastes en el bar donde la detuvo la policía.
Las pruebas que la autoridad presentó en su contra fueron la declaración que firmó sin saber lo que decía y los testimonios de diversas personas —entre ellas las mujeres que según la versión oficial eran sus víctimas—, aunque la principal prueba fue el dicho de los policías que la detuvieron en el bar. El 25 de enero de 2014 la trasladaron al CERSS N. 4 en Tapachula. Hasta que llegó al penal, Guadalupe supo que la acusaban de trata de personas. Ella no entendió de qué se trataba ese delito y no era la única. En su misma situación estaban otras mujeres.
De acuerdo con el informe Migrantes en Prisión, otro destino trágico, elaborado por el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh) y el Programa de Asuntos Migratorios de la Universidad Iberoamericana, en colaboración con Australian Aid, lo vivido por Guadalupe forma parte de un patrón para encarcelar mujeres migrantes.
Datos obtenidos por las organizaciones a través de solicitudes de transparencia reportan que en 2013 había mil 219 personas de origen centroamericano detenidas. De ellas, 972 se encontraban en centros estatales de readaptación social y 247 en federales; 45 % eran de Guatemala y 34 % de Honduras, 94 % eran hombres y 6 % mujeres.
Aunque eran una minoría, la detención de ellas mostraba algo distinto. Los delitos más recurrentes imputados a hombres centroamericanos en prisiones estatales mexicanas fueron homicidio y robo. En cambio, a las mujeres se les acusaba principalmente de trata y lenocinio (con 22 % del total de casos); 20 % eran imputadas por lo menos de delitos contra la salud y otro porcentaje igual por lo menos por delitos sexuales.
En el informe destaca la situación de Chiapas. Este estado reportó un total de 525 personas centroamericanas recluidas en sus centros penitenciarios. Aunque en cinco casos no dieron información completa y solo se tomó como base para el análisis a 520 personas.
De ellas, 94 % eran hombres y 6 %, mujeres. En total había 33 migrantes recluidas en Chiapas: 15 eran de Guatemala, 12 de Honduras, cinco de El Salvador y una de Costa Rica. Los delitos de 12, de acuerdo con las autoridades, eran trata y lenocinio. No hubo otra entidad en México que reportara un número similar o siquiera cercano a éste.
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