El país de los agachados

Por Ixchel Cisneros
@Chelawuera

Esta nota se publicó originalmente en The Mexican Times el 5 de enero del 2017.

¡Bonita manera de iniciar el año! El dólar, la gasolina y los precios por los cielos, el panorama del 2017 parece bastante incierto y oscuro, aun así, -llámenme optimista- creo que algo bueno puede salir de esto.

De no ser por la toma de protesta de Enrique Peña Nieto, no recuerdo un momento en el que sin mucha coordinación, más que en redes sociales, las personas hayan salido en varios estados a exigir algo, lo que sea.

FOTO: redaccion.nexos.com.mx

El pasado 1º de enero, mi mamá, emocionada me enseñó una fotografía de un grupo de personas reunidas en una de las plazas más conocidas en Hermosillo, Sonora, organizándose contra el “gasolinazo”, -cabe mencionar que es una ciudad donde sus habitantes no están acostumbrados a movilizarse- pero algo los hizo dejar su rutina y salir a las calles.

FOTO: proceso.com.mx

Después de esa foto, me llegaron otras, de por lo menos, 12 estados donde ciudadanos y ciudadanas levantaban cartulinas con frases como: “Fuera Peña”, “Únete pueblo”, “Todos contra el gasolinazo”; algunos podrán decir que eran sólo 20, 30, 40 personas pero a mí, se me enchinó la piel. No están de acuerdo con el rumbo que ha tomado este país y hacen público su descontento. Para mí, eso es suficiente.

Si hay uno de los clichés de los mexicanos, que me revienta, es aquél que nos pinta como agachados, que aguantamos todo, porque no, no está bien que aguantemos, no está nada bien que callemos por las miles de personas desaparecidas, por los asesinatos, por los gobernadores rateros, por los diputados que se aprueban bonos de fin de año, por un presidente y su esposa que aceptaron una Casa Blanca.

Y sí, Peña Nieto prometió que los energéticos no iban a subir con la reforma energética y NO CUMPLIÓ. ¿De verdad nos vamos a conformar con decir: “ah era una promesa como las muchas que hacen los políticos y no las cumplen”? Pues no, no estoy dispuesta a que me sigan viendo la cara.

FOTO: periodicomercurio.com

Ya sea por el aumento a la gasolina, por las y los desaparecidos, por los constantes asesinatos, por los estados en quiebran, por el descaro de aceptar casas, de los que más tarde construirán carreteras, por lo que te mueva, sal a las calles, troléalos en redes sociales, no votes nuevamente por ellos. El poder se los dimos nosotros, quitémoselos, nos merecemos un mejor país, luchemos por él.

Basta de rémoras, de ladrones y ladronas, de descarados, de mentirosos y mentirosas. No somos un país de agachados, somos un país de 120 millones de personas que en su mayoría se levanta todos los días a trabajar honestamente para ser felices y sacar adelante a su familia. Echemos a las y los indeseables y pasémosles la factura.

Lesvy: feminicidio sin acceso a la justicia

Por Viridiana Ramírez
@yavirarom

Esta nota se publicó originalmente en The Mexican Times el 20 de julio del 2017.

El cuerpo de Lesvy fue encontrado sin vida en una cabina telefónica con rasgos de violencia, el 3 de mayo, en las instalaciones de la Universidad Nacional Autónoma de México, y es un caso que hasta el momento sigue sin tener claridad y transparencia. Ante lo sucedido, la Procuraduría General de la Justicia de la CDMX mandó un tuit desde su cuenta en donde señalaba que Lesvy había estado consumiendo alcohol y drogas; muchos entendieron este argumento como una justificación de su muerte.

La indignación no se hizo esperar, pues no se puede criminalizar a la víctima tratando de estigmatizarla, juzgando sus actos y forma de vivir como los responsables de su fallecimiento, sin preocuparse por hacer las investigaciones pertinentes y resguardar las evidencias.

Foto: lasillarota.com

Hace una semana, el diario El País presentó un video en donde la madre de Lesvy describe evidencia de las cámaras de seguridad de la UNAM; en las grabaciones se observa que el novio de Lesvy la agrede en diversas ocasiones: le da un cadenazo en el rostro, la agarra fuertemente del cuello y forcejean cerca de la cabina telefónica. Más tarde golpea al perrito de Lesvy y se retira solo del campus.

El cuerpo de Lesvy tenía marcas en los brazos, en las piernas, dos hemorragias internas en la cabeza, además de restos de ADN del novio en las uñas, y a pesar de estas evidencias de violencia en contra de Lesvy, el Ministerio Público vinculó al sujeto por homicidio simple por omisión, que significa que se le acusó por “no hacer nada para evitar que Lesvy se suicidara”.

Las autoridades no están siendo responsables en el cumplimiento de la justicia y están omitiendo las pruebas y acusaciones en contra del novio. Además, el caso no ha sido investigado ni procesado debidamente como feminicidio. El artículo 325 del código penal federal señala que “comete el delito de feminicidio quien prive de la vida a una mujer por razones de género”; y se considera que existen razones de género cuando se presentan signos de violencia sexual y lesiones, si existen antecedentes de violencia por parte del agresor hacia la víctima, si hubo amenazas, si la víctima tenía algún tipo de relación sentimental, afectiva o de confianza con el agresor, si se le privó de contacto, o si el cuerpo fue expuesto en lugares públicos.

El homicidio simple doloso se castiga entre 8 y 20 años, un feminicidio se castiga de 40 a 60 años, es clara la diferencia por la cual es inaceptable la sentencia de la Procuraduría. Se tiene que estipular que la muerte de Lesvy fue un feminicidio, integrar a la carpeta de investigación las pruebas; como son las marcas de violencia que presenta su cuerpo, las grabaciones de las cámaras de seguridad, los testimonios de conocidos, para poder así tener una resolución con congruencia.

En este caso también ha sido muy señalada la relación que existe entre el novio de Lesvy y Marco Antonio Domínguez, Director General de Personal de la UNAM, pues según algunos medios universitarios el papá del novio de Lesvy era hombre de confianza del director. No sería la primera vez que las influencias sean más importantes que el cumplimiento de la justicia y la protección de los ciudadanos.

Según la abogada del caso, Sayuri Herrera, hay aproximadamente 22 casos de mujeres asesinadas en 2017, en la Ciudad de México, que no han sido investigados bajo los protocolos de perspectiva de género. Y existe un factor en todos estos casos y el de Lesvy: la participación del fiscal Marco Enrique Peña, al dictar sentencia y resoluciones del caso.

Y toda esta impunidad, omisión, desacreditación de la víctima, y fallas en el proceso son también parte de un sistema que busca a toda costa mantener una imagen y ocultar cifras. El Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio actualmente estima que la cifra de homicidios violentos en contra de mujeres del 2000 a la fecha podría superar los 30 mil, además de que 24 entidades tienen alerta de género.

Necesito un país en donde pueda caminar libremente por la calle, sin tener miedo de que alguien pueda agredirme
, sentirme segura de que si eso llegara a suceder se haría justicia por mi muerte, que no se me señalaría por lo que me gustaba hacer o mi manera de vivir para utilizar eso como una justificación, que mi madre no tenga que estar luchando contra un sistema lleno de impunidad y corrupción para que se castigue a mi agresor sin importar a quien conozca o quien sea su familiar.

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De corazón a corazón: vivos se los llevaron y vivos los queremos

Por Ixchel Cisneros
@Chelawera

Esta nota se publicó originalmente en Huffington Post México el 28 de noviembre de 2016.

“Toda vez que buscamos a nuestras hijas e hijos, también buscamos a los suyos”.

En mi trabajo, dentro de una organización de la sociedad civil, me ha tocado ver casos atroces y aterradores de violaciones a los derechos humanos. Pero nada me ha apachurrado más el corazón que las madres buscando a sus hijos e hijas desaparecidas. A lo mejor es porque igual que ellas tengo hijos y no concibo mi vida sin mis cachorros.

La primera vez que las conocí fue el 10 de mayo de 2014 en una marcha. Ellas, miles de mujeres, tomaron las calles para recordarnos que, ese día, no tenían nada que festejar. Que su vida no era la misma desde que llevan un vacío en el alma, desde que cargan con una ausencia.

Foto: Uriel Reyes

Fue ahí cuando comprendí por qué recorren todos los rincones del país, por qué se convirtieron en investigadoras que siguen pistas, en peritos que buscan restos, en administradoras que juntan dinero y ofrecer recompensas, en cabilderas que van al Congreso y negocian leyes. Para ellas, el mundo tiene otro significado desde que desconocen el paradero de sus hijas e hijos, y nunca será el mismo, hasta saber qué les ha ocurrido.

En aquella ocasión, recuerdo que me decían: “La desaparición es un problema de todos y todas y si no lo frenamos, llegará el día en el que toda familia tenga a un integrante sin localizar”.

El pasado jueves 24 de noviembre se llevó a cabo un evento lleno de sentimientos. Madres integrantes del Movimiento por nuestros desaparecidos en Méxicorecibieron en el Hemiciclo a Juárez en la Ciudad de México a la Caravana de Madres Centroamericanas de migrantes desaparecidos.

En el piso, una lista de nombres que iba desde la Alameda Central hasta Bellas Artes, nos recordaba que son muchos los ausentes.

Ahí, ellas se abrazaron, platicaron, acompañaron y tomaron juntas una pancarta que decía: “De corazón a corazón”. No se conocían pero eran hermanas de dolor.

“Como familias mexicanas que buscamos a nuestros seres queridos, conocemos bien la angustia y desesperación que pasan estas madres hermanas al no saber nada de su hija o hijo; conocemos bien la frustración cuando las autoridades no responden. Como Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México pedimos al gobierno mexicano que deje de simular y reconozca el grave problema de las desapariciones forzadas y desapariciones por particulares que hay en nuestro país y asuma su responsabilidad, tanto con las madres mexicanas, como con las centroamericanas”, decía en el comunicado.

Lamentablemente, cada año son más las mamás que marchan el 10 de mayo y también ha aumentado el número de madres que viajan de Centroamérica. La cifra oficial es de 25 mil personas desaparecidas y el Movimiento Migrante Mesoamericano menciona 70 mil migrantes desaparecidos en nuestro país.

Si esto como sociedad no nos conmueve y no nos hace reaccionar, no puedo pensar en qué podría hacerlo. Son casi 100 mil familias rotas, casi 100 mil madres que gritan: “Vivos se los llevaron y vivos los queremos”.

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Al que no habla, Dios no lo oye

Por Ixchel Cisneros
@Chelawera

Esta nota se publicó originalmente en Huffington Post México el 14 de septiembre de 2016.

Luego de 4 años de gobierno de Enrique Peña Nieto, algunos se preguntan si se podría estar peor.

“Pudieron haber sido tus hijos”. Recuerdo que cuando leí por primera vez esta frase en una manifestación por los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa, el mundo se me vino encima. Y sí, pudieron haber sido mis hijos o los hijos de cualquiera en este país donde hay más de 28 mil personas desaparecidas.

Ya nadie se salva en un lugar donde el ejército y los federales están acusados de cometer ejecuciones extrajudiciales y tortura como en Tanhuato y Tlatlaya; donde policías disparan a manifestantes como en Nochixtlán. Un México en el que a las comunidades indígenas se les despoja de sus tierras y recursos naturales como en Xochicuautla; donde autoridades detienen arbitrariamente a defensores de derechos humanos por el solo hecho de pelear por lo suyo; donde cada 26 días asesinan a un periodista.

Un lugar, donde el presidente y su esposa obtienen una casa de manos de uno de sus mejores contratistas y no pasa nada; un país donde las parejas del mismo sexo deben ampararse para poder casarse, donde nuestro presidente invita a nuestra tierra al candidato republicano a la presidencia de Estados Unidos, Donald Trump, a pesar de que abiertamente ha declarado que los mexicanos somos violadores y criminales.

En resumen, un México con una grave crisis de derechos humanos, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Luego de 4 años de gobierno de Enrique Peña Nieto, algunos se preguntan si se podría estar peor. El panorama parece difícil de superar, pero sí, lamentablemente mi respuesta es sí, podemos estar peor.

Nos admiramos cuando en Guatemala renunció el presidente Otto Pérez Molina por supuestos actos de corrupción, quisiéramos que aquí se juzgaran a los militares que han cometido algún delito como en Argentina o Chile, pues exijámoslo.

Si no exigimos que esto no vuelva a suceder, que se investigue y sancione a los responsables, que se repare el daño a las víctimas y sus familiares, que se continúe con la búsqueda de las personas desaparecidas, que nuestras autoridades hagan su trabajo y rindan cuentas, y se respete la libertad de expresión, la situación seguirá empeorando.

Ciudadanos y ciudadanas lanzaron una iniciativa en redes sociales para que este 15 de septiembre a las 17:00 horas salgamos a marchar del Ángel de la Independencia al Zócalo y digamos nuestro motivo por el cual creemos que Peña Nieto debería renunciar a la presidencia. Salgamos y elevemos el costo político de la corrupción y de la impunidad. Que las autoridades sepan que los observamos y no estamos de acuerdo con sus acciones. Que votamos por ellos y deben responder por sus actos.

Por más trillado que se escuche, este es nuestro país y somos más los mexicanos y mexicanas trabajadoras y honestas, exijamos respeto.

Cuando era chica, mi abuelita me decía: “al que no habla, Dios no lo oye”. Así que si no quieres que esto siga empeorando, hazlo saber por el medio que decidas, pero no te quedes callado, no te conformes.

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¿Qué votamos los mexiquenses?

Por Eduardo Espinosa
@espinosamx

Esta nota se publicó originalmente en The Mexican Times el 8 de junio de 2017.

El domingo me fui a dormir con una resaca existencial, el PRI ganó nuevamente en Estado de México. Si bien hay muchos análisis sobre las artimañas que los partidos usaron para ganar votos, se ha dejado de lado lo que significa en materia derechos humanos que este partido continúe en el poder.

Más allá de los retorcidos ideales de los partidos políticos existen marcos jurídicos que deben respetarse, pues estas son las vías que se han fijado para que los ciudadanos puedan acceder plenamente a sus derechos, y en el Estado de México parecen no reconocerlas ni tener intención de hacerlas valer.

Foto: Animal Político

Para comprobar lo anterior echemos un ojo en los siguientes datos:

-El Observatorio Ciudadano en Contra de la Violencia de Género, Desaparición y Feminicidios en el Estado de México reportó 236 posibles feminicidios en 2016, siendo la entidad con mayor número de casos en el país.
-En la Encuesta Nacional de Percepción sobre Seguridad Pública del INEGI se dio a conocer que el Estado de México se ubicó como la entidad con el mayor porcentaje de ciudadanos que se sienten inseguros con el 90.7%.
-Según el COVENAL el 49.6% de los habitantes del Estado de México vive en situación de pobreza, y de este el 7.2% en extrema pobreza.
-De acuerdo con el Índice de Impunidad Global México, en 2016 el Estado de México registró 76.48 grados de impunidad ocupando el tercer lugar solo por debajo de Michoacán y Quintana Roo.
-El Índice de Desarrollo Humano Municipal en México (PNUD) concluyó que “Si se compara el desempeño de los municipios con mayor y menor desarrollo, es posible reconocer que en el Estado de México coexisten condiciones de desarrollo similares a las de Qatar y Ghana”.

Estos son algunos de los datos que nos dibujan la realidad del Estado que ha sido gobernado por el mismo partido 82 años continuos, aunado a esto -y lo más preocupante- es que en el contexto de las elecciones los diversos actores llevaron los debates al juego de las propuestas sin fundamentos, demostrando que ninguna de las opciones a votarse tiene un interés legítimo de solucionar a fondo los grandes conflictos, al menos en el dialogo.

Resolviendo el título de la columna, los mexiquenses nos encontramos en medio de un dilema: al ser unos de los estados más importantes para acceder a la silla presidencial hemos sido rezagados al campo de batalla entre los partidos políticos y en el que solo votamos al ganador, sin que esto represente una modificación en las condiciones de la población.

Foto: Anguardia

La permanencia del PRI es un duro golpe al ejercicio pleno de los derechos humanos, esta opción ha dejado claro que la ciudadanía no es de su interese y que sólo busca mantener el peso político que representa la entidad.

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Nos están callando a todos

Por Viridiana Ramírez
@yavirarom

Esta nota se publicó originalmente en The Mexican Times el 25 de mayo de 2017.

“Gobierno fascista, que matas periodistas”, “Javier no murió, el narcogobierno lo mató; Javier no murió, el narcogobierno lo mató”, eran las consignas que se escuchaban frente a la Secretaría de Gobernación al atardecer del día siguiente tras la trágica noticia.

El pasado 15 de mayo, 12 balazos acabaron con la vida de Javier Valdez, el quinto periodista en el año al cual se le ha arrebatado la vida por ejercer su trabajo, por informar. Este hecho no es algo nuevo, pues somos parte de una sociedad que ha aceptado este tipo de actos como habituales, como parte de la vida cotidiana. La violencia se ha vuelto parte de nuestro día a día y la corrupción una barrera para alcanzar la justicia.

Foto: Animal Político

La muerte de Javier conmocionó a México, las portadas de los periódicos encabezaban con la noticia, las redes sociales se inundaron de mensajes exigiendo justicia bajo hashtags como #NoAlSilencio, #NiUnoMás, #NoNosVanACallar; y es que su muerte representa un ejemplo claro de la violación que existe a la libertad de expresión, a la prensa y a todas aquellas personas que luchan por un país en donde exista la verdad.

Ser periodista se ha convertido en una profesión de alto riesgo por diversos motivos: el narcotráfico que aplica castigos por notas que los señalan, funcionarios que buscan silenciar las críticas, e incluso por fuerzas policíacas que de manera arbitraria detienen reporteros cuando hacen su trabajo.

A pesar de que muchos periodistas han recurrido al mecanismo de protección de la Secretaría de Gobernación, esto no ha ayudado, pues aun así han sufrido amenazas y agresiones.

Enrique Peña Nieto, tras lo sucedido con el periodista Javier Valdez y las muchas más agresiones y asesinatos en contra de periodistas, habló sobre acciones para garantizar la libertad de expresión. En este evento sucedió algo que para muchos era inédito: el Presidente de la República pidió un minuto de silencio por “todos aquellos periodistas y personas defensores de derechos humanos que en el ejercicio de su tarea, de su lucha, han caído en el cumplimiento de ese deber”. Al terminar de decir estas palabras e iniciar el minuto de silencio, reporteros y periodistas que cubrían el evento comenzaron a gritar, pues el silencio ya no era suficiente: “Justicia, ¡no más discursos! ¡Que se abran carpetas de investigación!”.

Este acto es una muestra del hartazgo de una sociedad fracturada, dañada por la violencia desmedida y una nula efectividad por parte del gobierno al garantizar la seguridad y la justicia. Según Artículo 19, 19.53% de las agresiones a periodistas provienen de poderes políticos; en el gobierno de Javier Duarte la suma ha sido desgarradora con 17 periodistas asesinados, incluyendo el asesinato del periodista Rubén Espinosa.

Los medios de comunicación son los encargados de informarnos sobre la realidad que vive nuestro país, la libertad de expresión y de prensa son derechos de la sociedad mexicana; sin embargo se nos han violado estos derechos por una prensa que esta controlada por un estado autoritario y dominante al cual no le conviene que estemos enterados del mal manejo que están haciendo de su poder.

Nos están censurando, nos están callando, y cuando señalo esto no me refiero sólo a la prensa, nos están callando a todos. “Sin periodistas no hay periodismo, sin periodismo no hay democracia”.

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Xochicuautla: caminos de asfalto que separan vidas

Por Coralia Souza
@CoraliaSP

Esta nota se publicó originalmente en The Mexican Times el 27 de abril de 2017.

El grito de auxilio de comunidades indígenas para no perder lo que les está siendo arrebatado ha convertido al país en un campo de batalla que golpea tradiciones y destroza espacios sagrados.

La esperanza reside en que estos despojos generen un incendio en la conciencia social y triunfe la justicia; sin embargo, muchas veces, la lucha dura décadas, mientras lenta y silenciosamente la depredación se llevan a cabo bajo la bandera del “progreso”.

Para la comunidad Otomí de San Francisco Xochicuautla, localizada en el municipio de Lerma, en el Estado de México, la resistencia lleva al menos diez años de lucha: la defensa de su territorio, derechos humanos y tradiciones se mantiene en contra de la construcción de la autopista Toluca-Naucalpan.

La herida fue provocada por el decreto de expropiación de 38 hectáreas de bosque, para ellos sagrado, pues es la fuente de los recursos que les permiten cultivar y vivir. Al inicio, como suele suceder, los intentos de negociación y compra de terrenos y conciencias por parte de las constructoras son uno de los pasos comunes; y luego, no es de sorprender que ante la resistencia, el siguiente movimiento sea el despliegue de cuerpos policíacos al servicio y defensa de los intereses del gobierno y las constructoras.

La intimidación legal y física logra en algunos casos su propósito: la retirada; pero, en el caso de Xochicuautla, la organización comunitaria obtuvo dos amparos en 2015 para frenar el agresivo proyecto. La respuesta del poder llegó en 2016: cuerpos policiacos estatales sitiaron la comunidad, el campamento de resistencia fue desalojado, muchos habitantes resultaron golpeados y las viviendas ubicadas sobre el trazo de la autopista, y que contaban con amparos por parte de los propietarios, fueron demolidas.

La presión social que había funcionado como apoyo frenó temporalmente el proyecto, pero el pasado 24 de abril cuerpos policíacos del gobierno estatal y personal de Grupo Higa acudieron a Xochicuautla e irrumpieron en la asamblea comunal para incidir en la elección del nuevo Comisariado de Bienes Comunales. La advertencia sobre vínculos de la nueva directiva con el gobierno actual no tardó en conocerse, y ahora se teme que se retome el proyecto que se encontraba a 65% de su avance, pese a los recursos legales de la población.

Ante este ecocidio, la división generada no solamente es física —con una autopista que separa familias—, también se ha desgarrado la comunidad y se han fragmentado sus raíces. La historia de abusos a los derechos de los pueblos indígenas ocurre cada vez con mayor frecuencia; y crecen los peligros que enfrentan las comunidades que permanecen en resistencia ante a la devastación de sus recursos naturales.

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Seguridad sin guerra

@cencos

Esta nota se publicó originalmente en The Mexican Times el 13 de abril de 2017.

Desde septiembre del año pasado se ha iniciado una “discusión” en materia de seguridad interior, en la cual el punto medular es legalizar la participación de las Fuerzas Armadas en auxilio de las autoridades civiles, en otras palabras, que el Ejército, la Marina y la Fuerza Aérea Mexicana realicen funciones de Policía Federal, Inteligencia, Ministerio Público entre otras.

Foto: El Informante

En este contexto los partidos políticos han impulsado tres propuestas de Ley de Seguridad Interior, la primera a cargo del senador panista Roberto Gil Zuarth, la segunda encabezada por los diputados priístas César Octavio Camacho Quiroz y Martha Sofía Tamayo Morales y por último, en el mes de febrero, la bancada del Partido Verde Ecologista de México hizo lo propio.

Después de realizar un análisis a las propuestas encontramos los siguientes puntos críticos:

–Controlar actos de resistencia no agresiva: en esta redacción poco clara, bien cabrían las manifestaciones pacíficas, violando claramente la libertad de expresión.
–Investigación y persecución de los delitos: si bien en los proyectos se manifiesta que el apoyo sería en caso de que las autoridades se encuentren superadas, en este sentido las agencias encargadas de estas funciones tienen enormes cargas de trabajo y deficiencias estructurales, por lo que en una visión operativa desde ya se encuentran rebasadas.
–Intervención de comunicaciones privadas: esto faculta a las Fuerzas Armadas a que puedan escuchar llamadas, ver mensajes de texto, revisión de redes sociales y correo electrónico, etc.
–Localización geográfica en tiempo real: es decir, que puedan conocer en dónde te encuentras en todo momento.
–En la propuesta impulsada por el PRI, “Hacer uso de cualquier método de recolección de información”: preocupa que en un proyecto de seguridad se utilicen redacciones tan vagas y confusas, mismas que podría permitir que se cometan actos ilícitos al margen de la ley.

Aunado a estas propuestas, el Presidente Enrique Peña Nieto en los últimos meses ha iniciado una campaña mediática vanagloriando a las Fuerzas Armadas y descalificando a quienes las critican, aun cuando es conocimiento público que en el desarrollo de algunas de sus actividades se han violado derechos humanos, lo que demuestra una intención clara por diversos actores políticos en pasar en este periodo ordinario una ley de seguridad interior.

Al comienzo del texto entrecomille discusión, y es que al menos entre los partidos políticos que impulsan estos proyectos y presidencia el fin: legalizar la participación de las Fuerzas Armadas, es un punto en acuerdo, lo que está sujeto a debate es el cómo hacerlo.

Es importante aclarar que las funciones que se establecen en los diversos proyectos no es algo que las Fuerzas Armadas no hagan ahora, sin embargo, legalizar su participación redimensionaría su injerencia en conflictos civiles, algo que la historia ha demostrado como nocivo para las sociedades, solo habría que echar un vistazo a Latinoamérica.

En relación con lo anterior, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha manifestado que “las fuerzas armadas son entrenadas para la defensa de un país contra un enemigo externo, por lo cual carecen del entrenamiento adecuado para cumplir con la misión de hacer cumplir la ley, tarea para la cual se requiere trabajar conjuntamente con las y los habitantes del país. Por ello, es fundamental la separación clara y precisa entre la seguridad interior como función de la policía y la defensa nacional como función de las fuerzas armadas”.

Dando seguimiento a esta idea, proponemos que la discusión debería centrarse en cómo mejorar a las diversas corporaciones policiacas del país, en Cencos hemos pensado puntos mínimos para iniciar este proceso:

-Mejorar los salarios.
-Mejorar la infraestructura.
-Reformas a leyes y reglamentos.
-100% de transparencia y rendición de cuentas.
-Capacitación constante y de calidad.
-Mejores condiciones laborales.
-Lo anterior aunado cero impunidad.

En síntesis, no queremos a las fuerzas armadas en las calles porque esas no son sus funciones, ni están preparadas para ello, y se ha demostrado que su intervención en cuestiones de seguridad interna en general se encuentra acompañada de violaciones de derechos humanos.

La sociedad deber ser informada y considerada en la toma de esta decisión, la aprobación de una ley de este tipo modificaría radicalmente el rol entre autoridades y ciudadanos. No hay que olvidar que quienes ahora nos venden “seguridad” son los culpables de esta crisis de violencia e impunidad.

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Megaproyectos destructores, ¿defender lo indefendible?

Por Coralia Souza
@CoraliaSP

Esta nota se publicó originalmente en The Mexican Times el 30 de marzo de 2017.

La construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México hace más evidente la serie de dificultades que giran en torno de los megaproyectos en el país: el despojo de tierras, los inminentes daños ambientales y las irregularidades en los procesos y permisos.

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MÉXICO, D.F. Transportation/Transportes-Aeropuerto.- El pasado miércoles, se anunció la construcción del nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, que se realizará sobre cuatro mil 430 hectáreas federales que se ubican en la zona contigua a la actual terminal aérea. Foto: Especial

A pesar de ser conflictos que nos afectan a todos, pareciera que las únicas personas interesadas en la defensa del medio ambiente y el territorio son los activistas o las comunidades campesinas e indígenas; quienes, además, en este país son asesinados y criminalizados.

El diverso grupo, dedicado a proteger, promover y defender el derecho humano a un ambiente sano se encuentra en una situación cada vez mas riesgosa y vulnerable. El informe anual del Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA) de 2016 señala que de junio del 2010 a julio de 2016 hubo 303 ataques registrados a defensores del medio ambiente, que incluyen hostigamientos, detenciones arbitrarias, amenazas y asesinatos.

Este problema socio-ambiental se ha intensificado a consecuencia de la creciente demanda de recursos naturales y las cada vez más comunes concesiones irregulares otorgadas por el gobierno a grandes empresas. La concesión de agua a la cervecera de Constellation Brands en detrimento de la ciudad de Mexicali; el despojo de comunidades en Atenco por la construcción del aeropuerto; el desalojo de comunidades huicholas en Nayarit por la construcción de presas; el megaproyecto hotelero y habitacional desproporcionado en Todos Santos, Baja California; y la gran cantidad de empresas dedicadas a la explotación de recursos mineros a lo largo de todo el país son la punta de un iceberg de violencia e intereses económicos que afectan gravemente al entorno natural, al tejido social y abonan a la injusticia y desigualdad.

No es de extrañar que los mismos individuos que facilitan la concesión de territorio y recursos a inversiones extranjeras, sean los que amedrentan a los grupos que manifiestan su desacuerdo. Según el informe del CEMDA, casi la mitad de las agresiones a defensores de derechos humanos relacionados con medio ambiente son cometidas por parte del estado; entonces tenemos procesos y gobiernos que despojan las tierras y violentan a quien reclama, quedando impune, además, el 98% de las veces según Michael Frost, relator especial de la situación de los Defensores de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

Ante este lamentable panorama, las comunidades, con el auxilio de los activistas ambientales, insisten en la defensa de aquello que les ha sido arrebatado. Sin embargo, la sociedad permanece indiferente, sin tomar conciencia del crecimiento inminente de esta devastación.

Nos hemos acostumbrado a actuar de manera egoísta y no darle importancia a situaciones que no nos afectan directamente, no obstante, tenemos que entender que la destrucción del país es una ola que va a ahogarnos a todos en algún punto; y tal vez entonces sí sea demasiado tarde.

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En el Incendio en Guatemala ¡fue el Estado!

Por Eduardo Espinosa
@espinosamx

Esta nota se publicó originalmente en The Mexican Times el 16 de marzo de 2017.

“Un crimen de Estado no es algo que se tenga que manejar. Habrá que esperar a las investigaciones”, Jimmy Morales, Presidente de Guatemala. Bajo esta premisa el funcionario ha dejado en claro su posición respecto de las 40 niñas fallecidas el ocho de marzo en el Hogar Seguro Virgen de la Asunción.

Para ser sincero, era de esperarse esta postura mediocre, pues el irónicamente llamado “hogar seguro” es dependiente de la Secretaría de Bienestar Social de la Presidencia, en otras palabras, el desarrollo de este centro está ligado casi directamente con su cargo. Y aun cuando ya fue destituido el titular de la secretaría, Carlos Rodas, el presidente debería ser vinculado en los procesos judiciales.

Una pieza clave en las investigaciones deberá ser por qué cuando en enero de este año la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) había solicitado información sobre las condiciones del centro y sobre las denuncias de trata, las autoridades nunca respondieron.

Este silencio representa una clara omisión por parte de las autoridades, pues de alguna forma la CIDH ya había puesto en el radar las condiciones que podrían estarse suscitando en este centro, mismas que lejos de atenderse fueron ignoradas.

Es necesario precisar que el término crimen de Estado, no se encuentra establecido en ningún tratado internacional, por lo que no existe un precepto que se tome como base para determinar si un hecho es o no un crimen cometido por el Estado, sin embargo, en este caso es evidente que quien corren a cargo del cuidado de las menores es una institución estatal, por lo que hay un vínculo claro sobre la responsabilidad.

Realizando un análisis sobre las funciones que realiza el centro, encontré que el objetivo es muy amplio y conjuga a menores que están sumergidos en problemáticas muy distintas, de acuerdo con la página web de la secretaria antes mencionada, la finalidad es dar “atención personas de entre cero y 18 años víctimas de violencia física, psicológica y sexual, con discapacidad leve, abandono, niñez en situación de calle, con problemática adictiva, víctimas de trata con fines de explotación sexual comercial, laboral o económica y adopciones irregulares”.

Nota: La Noticia En Guatemala

Bajo la premisa anterior, el solo hecho de estar internado en el “hogar seguro” podría significar una violación a los derechos fundamentales, ya que es casi imposible que las menores accedieran a atención especializada, por lo que su estancia se reduciría en una especie prisión.

En este sentido, la CIDH en su informe el derecho del niño y la niña a la familia. Cuidado alternativo. Poniendo fin a la institucionalización en las Américas ha manifestado que “debido a las precarias condiciones en las que se encuentran la mayoría de instalaciones, en términos sanitarios, higiénicos, de seguridad y hacinamiento, que no son compatibles con el objetivo de protección y cuidado”.

Como sociedad es indispensable seguir de cerca estos hechos y solidarízanos, no porque se susciten en otro país debemos de dejar de exigir justicia y sanción a los culpables, el derecho de niñas y niños trasciende fronteras, no debe vivir una tragedia más.

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