Opinión – Página 5 – Centro Nacional de Comunicación Social AC

13 julio, 201713 julio, 2017

Primero el business

Por Eduardo Espinosa
@espinosamx

Esta nota se publicó originalmente en The Mexican Times el 2 de febrero de 2017.

El inicio de año ha sido adverso para el país, con el gasolinazo, las acciones del presidente Trump y la ineficiencia de nuestras autoridades para dar respuesta a estos grandes problemas, la incertidumbre ha cercado la economía nacional. Sin embargo, para este 2017 los planes para el “desarrollo económico” de la administración de Enrique Peña Nieto continúan.

En junio del año pasado se publicó la Ley Federal de Zonas Económicas Especiales, la cual plantea 3 regiones (Puerto Lázaro Cárdenas, Corredor del Istmo de Tehuantepec, Puerto Chiapas) a las que se les otorgará beneficios fiscales y laborales, un régimen aduanero especial, un marco regulatorio ágil, una infraestructura de primer nivel, programas de apoyo (capital humano, financiamiento, innovación), así como estímulos y condiciones preferenciales, con el objetivo de incentivar la productividad y dotar de las mismas posibilidades de desarrollo y bienestar a los habitantes de estas demarcaciones.

El tema viene a colación por dos motivos, el primero es el inicio de la guerra comercial con Estados Unidos, la cual ha dejado en claro nuestra dependencia económica, misma que según diversos sectores de la sociedad, se debe atacar consumiendo la producción nacional y diversificando las alianzas comerciales internacionales.

Justo en este contexto la implementación de estas zonas suena bastante congruente, pues por su posición geográfica podrían ser enlaces para la implementación de nuevas relaciones económicas con América Latina, Asia y Europa, cosa con la que coincido.

Pero no hay que olvidar el concepto de desarrollo que tiene esta administración, el cual sobrepone los negocios frente los derechos humanos. Aquí viene mi segundo motivo, desde el Centro Nacional de Comunicación Social hemos documentado la relación entre las comunidades indígenas y/o pueblos originarios con actores que están detrás de megaproyectos (autoridades y empresas), como una constante encontramos graves violaciones a los derechos fundamentales.

Estas violaciones van desde la aplicación de consultas previas que no cumplen los estándares internacionales, hasta la fabricación de delitos graves a los principales opositores a los proyectos, por ello, la implementación de estas zonas especiales nos pone alerta, aun cuando la misma ley manifiesta que “atenderán los principios de sostenibilidad, progresividad y respeto de los derechos humanos”, pero siguiendo esta lógica no concibo que esta vez será diferente.

La incertidumbre y el difícil contexto económico se presta para forzar la implementación de las zonas especiales, y con la experiencia de los megaproyectos se vuelve necesario estar pendientes del desarrollo de esta política pública. Aun en tiempos difíciles hay prioridades y sobre las económicas está el respeto de los derechos.

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13 julio, 201713 julio, 2017

El regreso de Aristegui y la legitimación del medio

@cencos

Esta nota se publicó originalmente en The Mexican Times el 19 de enero de 2017.

Esta semana la periodista Carmen Aristegui y su equipo de investigación, volvieron “al aire” luego de su abrupta salida de MVS cuando el gobierno de Enrique Peña Nieto aún se encontraba en medio de una tormenta mediática, luego de hacerse pública la investigación sobre la Casa Blanca de Sierra Gorda 150, en las Lomas de Chapultepec.

Su regreso resulta sumamente significativo; y es que cuando los concesionarios de las señales propiedad del Estado -y por ende, de todos los mexicanos- parecían negar el espacio a una voz tan crítica a pesar de haber sido titular de la emisión radial más escuchada en los últimos años, el mensaje era claro: las puertas de los medios tradicionales estaban cerradas para este tipo de periodismo.

El que una de las periodistas con más credibilidad y relevancia en el país transmita ahora su noticiero a través de internet, no sólo habla de las pocas oportunidades para el periodismo crítico y frontal en los medios tradicionales, también representa la legitimación del medio.

La importancia de portales de noticias es innegable, y hoy más que nunca podemos palpar dicha relevancia con investigaciones como la de Animal Político, que luego de exponer empresas fantasma de Javier Duarte derivaron en que el ex gobernador de Veracruz hoy sea prófugo de la justicia. Sin embargo, un noticiero transmitido en exclusiva por internet es un proyecto completamente distinto, y una de las apuestas más importantes para el periodismo, más aun en el contexto que vivimos en México.

El nuevo medio no sólo elimina al concesionario, al empresario, como proveedor, intermediario y última línea editorial, también abre el camino a una nueva generación de periodistas y profesionales de la información en un país en que los medios tradicionales en muchas ocasiones trabajan protegiendo, en menor o mayor medida, intereses particulares.

Y cuando el noticiero de Carmen Aristegui es transmitido a través de internet, los argumentos de las viejas generaciones para desacreditar el medio se vuelven aún más obsoletas. Si el proyecto resulta exitoso, como auguran los niveles de audiencia conseguidos en sus primeras emisiones, podríamos ser testigos del surgimiento de nuevas fuentes de información, con nuevos actores y con menos compromisos a la hora de definir contenido o formas de abordar la noticia.

Olvidémonos del prejuicio de que los contenidos en internet inherentemente carecen de credibilidad, de que tienen que ser legitimados por el nombre de un medio tradicional. Bienvenida esta nueva era.

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13 julio, 201713 julio, 2017

El país de los agachados

Por Ixchel Cisneros
@Chelawera

Esta nota se publicó originalmente en The Mexican Times el 5 de enero de 2017.

¡Bonita manera de iniciar el año! El dólar, la gasolina y los precios por los cielos, el panorama del 2017 parece bastante incierto y oscuro, aun así, -llámenme optimista- creo que algo bueno puede salir de esto.

De no ser por la toma de protesta de Enrique Peña Nieto, no recuerdo un momento en el que sin mucha coordinación, más que en redes sociales, las personas hayan salido en varios estados a exigir algo, lo que sea.

El pasado 1º de enero, mi mamá, emocionada me enseñó una fotografía de un grupo de personas reunidas en una de las plazas más conocidas en Hermosillo, Sonora, organizándose contra el “gasolinazo”, -cabe mencionar que es una ciudad donde sus habitantes no están acostumbrados a movilizarse- pero algo los hizo dejar su rutina y salir a las calles.

Después de esa foto, me llegaron otras, de por lo menos, 12 estados donde ciudadanos y ciudadanas levantaban cartulinas con frases como: “Fuera Peña”, “Únete pueblo”, “Todos contra el gasolinazo”; algunos podrán decir que eran sólo 20, 30, 40 personas pero a mí, se me enchinó la piel. No están de acuerdo con el rumbo que ha tomado este país y hacen público su descontento. Para mí, eso es suficiente.

Si hay uno de los clichés de los mexicanos, que me revienta, es aquél que nos pinta como agachados, que aguantamos todo, porque no, no está bien que aguantemos, no está nada bien que callemos por las miles de personas desaparecidas, por los asesinatos, por los gobernadores rateros, por los diputados que se aprueban bonos de fin de año, por un presidente y su esposa que aceptaron una Casa Blanca.

Y sí, Peña Nieto prometió que los energéticos no iban a subir con la reforma energética y NO CUMPLIÓ. ¿De verdad nos vamos a conformar con decir: “ah era una promesa como las muchas que hacen los políticos y no las cumplen”? Pues no, no estoy dispuesta a que me sigan viendo la cara.

Ya sea por el aumento a la gasolina, por las y los desaparecidos, por los constantes asesinatos, por los estados en quiebran, por el descaro de aceptar casas, de los que más tarde construirán carreteras, por lo que te mueva, sal a las calles, troléalos en redes sociales, no votes nuevamente por ellos. El poder se los dimos nosotros, quitémoselos, nos merecemos un mejor país, luchemos por él.

Basta de rémoras, de ladrones y ladronas, de descarados, de mentirosos y mentirosas. No somos un país de agachados, somos un país de 120 millones de personas que en su mayoría se levanta todos los días a trabajar honestamente para ser felices y sacar adelante a su familia. Echemos a las y los indeseables y pasémosles la factura.

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13 julio, 201713 julio, 2017

Un año trágico para la libertad de expresión en México

@cencos

Esta nota se publicó originalmente en The Mexican Times el 22 de diciembre de 2016.

Está por terminar un año complicado para el país y en materia de libertad de expresión no ha sido la excepción, el número de periodistas asesinados incrementó respecto a años anteriores.

De acuerdo con información recaba por La Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, en 2016 se registraron 14 periodistas asesinados, cinco en Oaxaca, tres en Veracruz, uno en Chihuahua, uno en Guerrero, uno en Puebla, uno en Tabasco, una en Tamaulipas y uno en Michoacán.

Haciendo una revisión de las cifras, la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos a través de su Relatoría Especial para la libertad de expresión documentó el asesinato de 6 periodistas en 2014 y otros 6 en 2015, por lo que en este año el número de asesinatos aumentó en más de 100%. Siendo lo anterior un indicador más que demuestra la grave crisis de derechos humanos que vive nuestro país.

El pasado 13 de diciembre la organización Reporteros Sin Fronteras dio a conocer su balance 2016, en el que estableció que México es el tercer país del mundo más mortífero para la prensa y el más letal en América latina.

A todo esto, las autoridades han quedado una vez más rebasadas, La Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra de la Libertad de Expresión (FEADLE), quien es la autoridad encargada de dirigir, coordinar y supervisar las investigaciones sigue sin funcionar. Motivos hay varios, pero el eje central es la dificultad para atraer los casos, por tanto, en la mejor de las situaciones realizan investigación paralela.

Buscando estadística en la página de la FEADLE sobre el número de casos que revisan, encontré que en 2015 dieron seguimiento a solo una investigación relacionada con homicidios a periodistas. Lo que deja claro la inactividad del Estado ante este grave problema.

Pero hay algo que no debemos olvidar, detrás de todos estos números en informes hay familias que han perdido un ser querido, situación que no debemos dejar que continúe. Como lo ha dicho Irina Bokova, directora general de la UNESCO, “La sociedad en su conjunto debe responsabilizarse de la seguridad de los periodistas, ya que todos dependemos de ellos para que exista un debate público informado. No puede permitirse que la violencia sea un freno al derecho humano fundamental a la libertad de expresión y la libertad de información”.

Partiendo de que este derecho es la piedra angular de la democracia, la seguridad de quienes nos mantiene informados es prioridad, los próximos años son de suma importancia y la labor de los periodistas es medular para que la ciudadanía pueda acceder a más derechos y por tanto mejore el funcionamiento del país.

Es deber de las autoridades prevenir e investigar las violaciones a los derechos fundamentales, sancionar a sus autores y asegurar a las víctimas una reparación integral del daño, por la libertad de expresión sumemos las voces.

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12 julio, 201712 julio, 2017

El otro efecto Trump

Por Uriel Reyes
@UR8_

Esta nota se publicó oringalmente en The Mexican Times el 8 de diciembre de 2016.

Con el triunfo de Donald Trump, y a poco más de un mes para que asuma su papel como presidente de los Estados Unidos de América, en México estamos destinados a sufrir cada decisión, cada arrebato, y cada tuitazo en la mitad de la noche que se le ocurra al magnate de las bienes raíces.

No podemos esperar algo distinto después del 20 de enero. Periodistas y economistas se han cansado de advertirnos del difícil año que se avecina, de que no es necesario si quiera una renegociación del Tratado de Libre Comercio que tenemos con los vecinos del norte para que nuestra economía se cimbre; basta con que ciertos temas de interés mutuo sean mencionados para que la incertidumbre afecte de manera inmediata la de por sí frágil estructura económica de nuestro país.

Sin embargo, se viene también otro ‘efecto Trump’, uno que culminará con el proceso electoral de 2018 y que es, si cabe, incluso más preocupante. La fórmula utilizada por Donald Trump en su campaña no es una casualidad, y las probabilidades de éxito son muchas cuando está dirigida a sectores de la población golpeados, económicamente vulnerables y hartos de un sistema del que parecen verdaderos dueños los partidos políticos.

Vamos a ver un desfile de aspirantes a candidatos independientes, con mayores y menores posibilidades reales de serlo, con un discurso políticamente incorrecto, dando golpes sobre la mesa, levantando la voz y con propuestas de campaña que estarán diseñadas con base en su impacto mediático, y no en las necesidades reales e inmediatas de los mexicanos.

El mismo discurso, es probable, se repetirá desde dentro de los partidos políticos, con algunos aspirantes poniéndose la etiqueta de outsider.

Al igual que para Trump, lo verdaderamente importante luego de cada evento de campaña no serán las propuestas y las soluciones presentadas, sino la viralidad y las notas publicadas.

Personalmente, como a cualquier mexicano, me resulta preocupante que el asunto no pinte bien, pero ¿por qué mencionar dicha preocupación en este espacio, en esta columna, destinada a abordar problemáticas sobre derechos humanos?

Pues precisamente eso, que la grave -gravísima- crisis de derechos humanos en México ha demostrado no ser un tema de impacto. Se habla de Ayotzinapa, pero no de los otros 28 mil desaparecidos. Casos como Apatzingán, Tlatlaya o Nochixtlán, no tienen la resonancia que deberían en la sociedad civil. No pasan de ser la nota del día (de la semana, si hay suerte) que no tiene consecuencias reales para los responsables.

Más allá de contados medios que estén comprometidos con el seguimiento a estos temas, éstas siguen siendo noticias que gran parte de los mexicanos pasan por alto; que no representan, al menos, un elemento que los haga cuestionarse su decisión de voto en las próximas elecciones.

Los temas con los que estos aspirantes ‘outsiders’ intentarán convencernos, los que escucharemos desde el año que viene, serán los de siempre: seguridad y pobreza. Los mismos que nos han venido repitiendo ad nauseam en campañas políticas sin ningún avance real en su solución, inmediata o estructural.

Serán aderezados con la promesa de encarcelar al gobernante corrupto en turno, dependiendo del lugar del discurso, y sabiendo que es una promesa que resulta atractiva -y para nada descabellada- casi en cualquier punto del país donde se haga.

La fórmula de Trump está probada, y tiene, hoy más que nunca, posibilidades reales de recrearse con éxito en México. Lamentablemente, es una fórmula en la que no cabe una crisis de derechos humanos.

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12 julio, 2017

¿Quién vigila a los que nos gobiernan?

Por Eduardo Espinosa
@espinosamx

Esta nota se publicó oringalmente en The Mexican Times, el 24 de noviembre de 2016.

En México el desvió de recursos públicos es una actividad usual y poco sancionada. O por lo menos lo era hasta hace unos meses, cuando decidieron investigar a los ex gobernadores de Veracruz, Quintana Roo, Chihuahua y Sonora por los delitos de abuso de autoridad, tráfico de influencias, asociación delictuosa, enriquecimiento ilícito, ejercicio indebido del servicio público y ejercicio abusivo de funciones, mismos que están relacionados con el desfalco económico a sus respectivos estados.

He ahí de la importancia del Sistema Nacional Anticorrupción con el que en 2015 se implementaron y modificaron diversas leyes, que en parte, “buscan” acabar con este problema. Dentro de las más relevantes encontramos:

– Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción.
– Ley General de Responsabilidades Administrativas (3de3).
– Reformas a la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación.

Sin embargo, con modificaciones de último momento, -para no variar-, los puntos importantes en estas leyes fueron limitados y difícilmente se podrán implementar correctamente. Las pérdidas económicas por la corrupción equivalen al 10 por ciento del producto interno bruto nacional (1 billón 920 mil millones de pesos), de acuerdo a Gustavo de Hoyos, presidente de la Coparmex, lo que deja claro su costo a la economía nacional.

Lamentablemente, en estas discusiones se han dejado fuera a la Auditoría Superior de la Federación (ASF), la cual debería ser el pilar para enfrentar la corrupción, ya que su misión es fiscalizar la cuenta pública mediante auditorías que se efectúan a los tres Poderes de la Unión, a los órganos constitucionalmente autónomos, a las entidades federativas y municipios del país, así como a todo ente que ejerza recursos públicos federales, incluyendo a los particulares.

Como podemos ver, la capacidad de revisión es amplia, aun cuando esta fiscalización se realiza bajo los principios de anualidad y posterioridad, es decir una vez que ya se gastó el presupuesto. En casos específicos tales como el Javier Duarte, gobernador con licencia de Veracruz, desde el 2014 ASF advirtió a la Procuraduría General de la República sobre irregularidades en al gasto de los recursos, sin que esto significara una investigación seria.

Es importante conocer que aun cuando la ASF tenga información sobre irregularidades solo tiene las facultades de:

– Emitir un pliego de observaciones cuando se tienen elementos para suponer que ha habido un daño al erario federal. En caso de que la institución auditada no aporte elementos para solventar dicho pliego se inicia un procedimiento de fincamiento de responsabilidades resarcitorias en contra del servidor público responsable.
– Promover ante los Órganos Internos de Control correspondientes, de ser necesario, la aplicación de sanciones administrativas a los funcionarios públicos en falta, o
– Presentar denuncias penales ante las autoridades competentes, de encontrarse evidencia de conductas dolosas o que permitan la presunción de un delito.

Como podemos ver sus facultades son acotadas y de escrutinio interno, lo que deja esta institución lejos de poder incidir en la erradicación de la corrupción, por lo que es necesario modificar esta falta de “dientes”, pues dentro de nuestro sistema enfermo una institución está trabajando.

Es un problema que se debe atacar por diversos frentes, pero la ASF deber ser un pilar fundamental para que el desvío de recursos pueda ser erradicado y se implementen los presupuestos de acuerdo con el plan nacional de desarrollo.

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7 julio, 20177 julio, 2017

Omar, sobreviviente de Ayotzinapa habla de lo ocurrido hace 3 años en Iguala, Guerrero

7 julio, 201712 julio, 2017

Megaproyectos: Cuando el despojo se hace costumbre

Por Ixchel Cisneros
@chelawuera

Esta nota se publicó oringalmente en The Mexican Times, el 10 de noviembre de 2016.

Juan Carlos Flores Solís, es representante del Frente de Pueblos en Defensa del Agua y la Tierra de Morelos, Puebla y Tlaxcala, y opositor al Proyecto Integral Morelos (PIM), el cual consiste en dos termoeléctricas, un gasoducto y un acueducto que se construirían en las tierras de cientos de indígenas.

Juan Carlos fue detenido el 7 de abril de 2014 por 12 hombres vestidos de civil tras salir de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla, a donde le pidieron que fuera a ratificar una denuncia. Estuvo preso 10 meses acusado de motín, extorsión, despojo y daño contra la infraestructura hidráulica.

Un día antes, la policía estatal detuvo a la defensora Enedina Rosas Vélez, comisariada ejidal del San Felipe Xonacayucan y también opositora al PIM. La acusaron de robarle con violencia un celular a un trabajador de Bonatti, empresa responsable de la construcción del gasoducto, y de “oponerse a la ejecución de alguna obra o trabajo público”.

Lo único que hizo Enedina fue pararse frente a las máquinas para evitar que sus milpas, que en su mayoría producen maíz y quelites, quedaran arruinadas. Juan Carlos, ni siquiera estaba en el lugar donde supuestamente ocurrieron los hechos que le imputaban.

En un trabajo realizado entre 2014 y 2016 por el Centro Nacional de Comunicación Social (Cencos) y la Maestría en Periodismo sobre Políticas Públicas del Centro de Investigación y Docencia Económicas (Periodismo CIDE), registramos 80 agresiones contra comunidades indígenas y pueblos originaros por la construcción de megaproyectos.

Los ataques van desde las detenciones arbitrarias (30), como el caso de estas personas defensoras en Puebla, la violación al derecho a un medio ambiente sano (21), hasta la consulta previa, libre e informada (8).

Los estados con más agresiones son el Estado de México (28), Colima (12) y Puebla (9).

El Artículo 2º de la Constitución Política Mexicana dice: “La Nación tiene una composición pluricultural sustentada originalmente en sus pueblos indígenas […] El derecho de los pueblos indígenas a la libre autodeterminación se ejercerá en un marco constitucional de autonomía […] Esta Constitución reconoce y garantiza el derecho de los pueblos indígenas a la libre determinación y en consecuencia tienen autonomía para: […] Aplicar sus propios sistemas normativos; […] Conservar y mejorar el hábitat y preservar la integridad de sus tierras[…]”.

Aun así, según las cifras de esta base de datos, el gobierno mexicano continúa violando los derechos de los pueblos indígenas al no respetar las normas por las que ellos se rigen, despojarlos de sus tierras o utilizar sus recursos naturales sin consultarles y encarcelar o amedrentar a quienes los defienden.

Del total de 80 agresiones registradas, 77 fueron cometidas por funcionarios públicos. La Comisión Nacional del Agua encabeza la lista con 24 de ellas; después le sigue la Secretaría de Seguridad Ciudadana del Estado de México, con 19, y la Secretaría de Energía, con 12. El mayor número de ataques ocurre en los proyectos mineros (14), en los hidroeléctricos (13) y en los eólicos (11).

Además, queda el agravante que en esta base de datos únicamente incluimos las agresiones que fueron denunciadas y pudimos comprobar, es decir, pudiese haber por ahí muchas más de las que todavía no nos enteramos.

Algunos dirán que las comunidades no quieren el desarrollo o que se oponen a la modernización pero ni siquiera se los hemos preguntado. Varios de ellos han asegurado estar de acuerdo con la construcción de la presa, el parque eólico o la mina, pero es la forma en la que las autoridades y empresas llegan a imponerlo, lo que les molesta. En otros casos, los pueblos originarios quieren proponer alguna alternativa para la construcción de la carretera o el paso del gasoducto, mas no se les permite.

Es necesario entender que ellos tienen derechos sobre la tierra y los recursos naturales. Viven desde hace siglos ahí, no son invisibles y tienen el derecho a decidir.

Si quieres conocer más sobre este proyecto, visita megadiscriminacion.org

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7 julio, 201711 julio, 2017

¿Y si #RenunciaYa?

Por Eduardo Espinosa
@espinosamx

Esta nota se publicó oringalmente en The Mexican Times, el 15 de octubre de 2016.

Cuando Enrique Peña Nieto llegó a la presidencia en 2012, lo hizo en medio del descontento de una numerosa sección de la sociedad. Pero en los últimos meses, México ha sufrido considerables golpes que generaron más resentimiento contra el Ejecutivo.

Los conflictos, van desde lo económico, con la escalada del dólar y la reducción presupuestal para importantes rubros como el campo y la educación; hasta lo moral, con la visita a nuestro país de quien nos llamara violadores, Donald Trump.

Con esta ola de acontecimientos, podríamos llegar a la conclusión de que la administración presidida por Peña Nieto, no cumple con nuestras expectativas e incluso ha violado la ley, y no sólo por lo del párrafo anterior, pues a lo largo de sus 4 años de mandato se han suscitado graves violaciones a derechos humanos tales como Ayotzinapa, Tlatlaya, Nochixtlán, Tanhuato y diversos escándalos de corrupción donde está involucrado directamente como el de la Casa Blanca.

Pero en esta ocasión no quisiera entrar al debate de sí sus acciones son considerables para una posible destitución, pues en lo personal y comparando ejercicios de otras democracias en contextos similares, existen motivos de sobra para una revocación de mandato. Este texto lo escribo con la finalidad de informar y aclarar que nuestra Constitución establece un proceso claro para sustituir a un presidente, independientemente del motivo de su falta.

La Constitución dice lo siguiente:

Capítulo III

Del Poder Ejecutivo

Artículo 84. En caso de falta absoluta del Presidente de la República, en tanto el Congreso nombra al presidente interino o substituto, lo que deberá ocurrir en un término no mayor a sesenta días, el Secretario de Gobernación asumirá provisionalmente la titularidad del Poder Ejecutivo…

Este párrafo refiere que el Congreso nombrará al presidente interino o substituto (ojo hay dos opciones), esta selección deberá ocurrir en menos de 60 días, mientras tanto el Secretario de Gobernación sería el titular. Como ya dijimos hay dos opciones o escenarios:

Primero

Cuando la falta absoluta del Presidente ocurriese en los dos primeros años del período respectivo, si el Congreso de la Unión se encontrase en sesiones y concurriendo, cuando menos, las dos terceras partes del número total de los miembros de cada Cámara, se constituirá inmediatamente en Colegio Electoral y nombrará en escrutinio secreto y por mayoría absoluta de votos, un presidente interino…

El mismo Congreso expedirá, dentro de los diez días siguientes a dicho nombramiento, la convocatoria para la elección del Presidente que deba concluir el período respectivo.

Este supuesto refiere que si la falta del presidente es en los dos primeros años de su gestión, el Congreso deberá convertirse en Colegio Electoral (si está en sesiones lo hacen inmediato, si no se llaman a sesión extraordinaria) para elegir en secreto y por mayoría absoluta un presidente interino. Diez días después de seleccionar al interino el Congreso expedirá la convocatoria para elecciones del presidente que deberá concluir el período.

Cuando la falta absoluta del Presidente ocurriese en los cuatro últimos años del período respectivo, si el Congreso de la Unión se encontrase en sesiones, designará al presidente substituto que deberá concluir el período, siguiendo, en lo conducente, el mismo procedimiento que en el caso del presidente interino.

El segundo supuesto dice que si el presidente falta del años 3 al 6 de su mandato el Congreso bajo el mismo proceso elegirá al Presidente substituto para terminar el periodo. Con esto podemos observar que existe una línea a seguir si un presidente falta. Ahora bien, es importante citar el siguiente artículo para dar cierre a este procedimiento:

Artículo 86. El cargo de Presidente de la República sólo es renunciable por causa grave, que calificará el Congreso de la Unión, ante el que se presentará la renuncia.

Lo hago con la finalidad de establecer que efectivamente se puede renunciar al cargo. En diversos foros, medios y platicas he escuchado diferentes posiciones sobre si el presidente puede o no renunciar; si debe o no, al final creo que motivos sobran y el mecanismo de sustitución existe, el verdadero debate serían las consecuencias económicas, políticas y sociales que implicaría la salida de Enrique Peña Nieto y ese, vaya que es un debate pantanoso. Sin embargo, como se dice por ahí: “si votar es un derecho, revocar es un izquierdo”.

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7 julio, 201712 septiembre, 2017

Culpable bajo tortura

Por Eduardo Espinosa
@espinosamx

Esta nota se publicó originalmente en The Mexican Times el 29 de septiembre de 2016.

En México, la tortura a los presos es recurrente. A pesar de que nuestra constitución prohíbe la tortura y otros tratos crueles e inhumanos, y las confesiones obtenidas bajo estas prácticas no pueden considerarse válidas, esto ocurre seguido.

Según una encuesta del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), 57,2% de los detenidos en centros federales dijo haber sido golpeado durante la detención, y 34,6% declaró haber sido forzado a firmar o modificar una confesión.

Es decir, en muchas ocasiones, los derechos que tenemos los mexicanos en caso de ser acusados por un delito, son letra muerta y violan el respeto al debido proceso. Y ¿qué es eso? En apretada síntesis, la aplicación de las leyes dentro de un marco de respeto mínimo a la dignidad humana.

En diciembre de 2014 el Relator Especial sobre la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes de Naciones Unidas, Juan E. Méndez, presentó un informe sobre la situación que vive México en este rubro, y dentro de sus conclusiones dijo:

La tortura y los malos tratos durante los momentos que siguen a la detención y antes de la puesta a disposición de la justicia son generalizados en México y ocurren en un contexto de impunidad. Generalmente la finalidad es castigar o extraer confesiones o información. Hay evidencia de la participación activa de las fuerzas policiales y ministeriales de casi todas las jurisdicciones y de las fuerzas armadas, pero también de tolerancia, indiferencia o complicidad por parte de algunos médicos, defensores públicos, fiscales y jueces.

Ahí tenemos el caso de Héctor Casique Fernández en Quintana Roo. Su historia comenzó cuando el 16 de marzo de 2013 fue detenido por el delito de ultrajes a la autoridad al salir de un bar.

De acuerdo con su testimonio, el joven de 28 años fue presentado al Ministerio Público (MP) y sometido a 30 horas de tortura, donde le quemaron los testículos, lo violaron, le rompieron las costillas, le deformaron los dedos del pie y a consecuencia de los golpes perdió un ojo y un oído. Todo con la finalidad de que se confesara autor intelectual del homicidio de siete personas.

Como mencionaba antes, esta práctica ilegal es común en nuestro país, primero te detienen por un delito y al momento de hacer la presentación ante MP te imputan otro totalmente distinto; violan tus derechos humanos cuando hacen valer una confesión obtenida bajo tortura y por si fuera poco, te presentan ante los medios de comunicación como culpable.

Durante el proceso penal la Comisión Nacional de Derechos Humanos le practicó a Casique el Protocolo de Estambul (es un conjunto de pruebas que buscan conocer si una personas sufrió tortura u otros tratos crueles e inhumanos), al cual salió positivo, sin que esto significara que alcanzaría la libertad, incluso la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas lo reconoció como víctima del Estado.

De acuerdo con la defensa de Héctor Casique después de que se le dictara auto de formal libertad por falta de elementos para procesar, otro Juez le giró orden de aprensión por el mismo delito, a lo que la Procuraduría del Estado argumentó nuevas imputaciones de otros supuestos testigos. Parece ser que a las autoridades se les olvido que nadie puede ser juzgados dos veces por el mismo delito.

Después de tres años y seis meses de prisión en medio de un proceso plagado de irregularidades y desatenciones al interior del penal, Héctor Casique Fernández quedó libre por falta de elementos para procesar, sí otra vez, y sí en su segundo juicio por el mismo delito. A diferencia de muchos otros casos Héctor identifica a sus agresores como antiguos compañeros de la Policía Judicial, a quienes había entrenado en artes de defensa personal, por lo cual la familia ha manifestado que dará seguimiento a las denuncia contra los servidores públicos que cometieron los actos de tortura.

Juan E. Méndez señaló que la tortura “Se ha convertido en el método eficiente, supuestamente eficiente de resolver delitos, de producir resultados contra la inseguridad y contra el crimen” y por la gravedad de situación recomendó al Estado Mexicano “Reconocer públicamente la dimensión de la impunidad respecto a las torturas y malos tratos y enviar enérgicos mensajes públicos a todos los funcionarios de seguridad y justicia federal y estatal de que toda tortura y maltrato será seriamente investigado y castigado, conforme a la normativa internacional, constitucional y penal”.

A lo que José Antonio Meade, Secretario de Relaciones Exteriores en ese momento dijo “Esta valoración no corresponde a la realidad”, dejando muy claro que no reconocen el problema y por tanto no buscan solucionar desde este frente la grave crisis de derechos humanos que vive nuestro país.

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