Yo sí quiero que les paguemos a los partidos (antes de insultarme, léeme)

Foto: César Rodríguez/Bloomberg/Getty Images

Por Ixchel Cisneros
@Chelawuera

Entiendo que después de esta afirmación quieras despotricar en mi contra y decirme todas las barbaridades que se te están ocurriendo, pues la clase política mexicana y en específico los partidos políticos han demostrado ser una rémora que chupa dinero público a borbotones, no rinde cuentas y, regularmente, lo usa para llenar los bolsillos de unos cuantos. Ahí está el caso de las tarjetas Monex, las multas constantes al Partido Verde o los desvíos de dinero público de los estados a las campañas electorales.

Aun así, tenemos que poner en la mesa que la propuesta del Partido Revolucionario Institucional (PRI) de no recibir dinero público y nada más mantenerse del privado es una pésima idea que desgranaré a continuación.

En principio, tienes que tomar en cuenta que esta iniciativa salió del PRI y ellos pertenecen al dark side, son los malosos que nos han robado y violado los derechos por años, como por ejemplo con el fraude electoral de 1988, la masacre de indígenas en Acteal en 1997, recibir una casa blanca de tu amigo contratista como lo hizo Enrique Peña Nieto y hasta desfalcar a un estado completo como lo ocurrido en Veracruz con el exgobernador Javier Duarte. Así que, no seas inocente: algo se traen entre manos al decir que no recibirán dinero público. Pues no son buena onda, no ven por su país y menos por acabar con la corrupción ya que han sido parte de ella por años, no por nada somos el país más corrupto de América Latina.

Aclarado eso, ahora vamos a la discusión del dinero.

En 2018, los partidos políticos recibirán 6 mil 778 millones de pesos para gasto ordinario y de campaña –más lo que reciban por las elecciones estatales–, el presupuesto más alto de la historia del Instituto Nacional Electoral (INE). Pero ojo, esto no es algo que el INE haya decidido, fueron los mismos partidos y sus representantes en el Congreso quienes lo votaron en la Ley General de Partidos Políticos. En efecto, es un dineral que NO se merecen.

Peeero la solución no es dejar que los partidos políticos se financien con dinero privado, pues en primera los másters para conseguir dinero de privados, dígase de empresarios, líderes sindicales, cuotas partidistas y en ocasiones dinero sucio del crimen organizado o del presupuesto de los estados son los propios priistas. Por ejemplo, actualmente existe una investigación de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales donde investigan a varios candidatos por el presunto uso de dinero ilícito y al exgobernador Javier Duarte también lo investigan por haber desviado recursos públicos para campañas.

** Nota:esto no quiere decir que los otros sean unas blancas palomitas, nada más hay unos que tienen más colmillo que otros**

Muchos aquí dirán: “pues mientras no sea con nuestro dinero que hagan lo que quieran, de todas maneras ya usan dinero sucio”. Pues qué creen: no, esto es una pésima, pésima idea. En un panorama hipotético, digamos que un presidente municipal en Nayarit llega a ese puesto porque tuvo mucho dinero en su campaña y regaló billetes o todos los que votaron por él. Pero resulta que ese dinero salió del crimen organizado, el cual obvio se va a querer cobrar el “favorcito” de alguna manera. O sea, gracias a recibir dinero privado, quienes viven en esa comunidad seguro se verán afectados por deberle un favor al narco.

Otro ejemplo menos radical, un candidato a gobernador recibe millones de una empresa minera, con eso, hace una campañota en su estado y gana. Ahora, le debe un “favorcito” a la empresa, la cual casualmente está involucrada en un escándalo de contaminación de un río local y muerte de varias personas por beber de su agua. De verdad ¿crees que los van a llevar ante la justicia para que paguen por lo que hicieron?

En nuestro país los candidatos y candidatas están acostumbradas a violar la ley y si de por sí al INE le ha costado un trabajal fiscalizar lo que ya reciben de dinero público y privado, con esta iniciativa del PRI les vamos a abrir la puerta para que el cochinero sea mayúsculo.

Entonces, sí, reduzcámosles el presupuesto público y privado al mínimo, únicamente para que puedan operar en un país austero pero no, no dejemos que pase la propuesta priista.

Este texto se publicó originalmente en The Huffington Post México

¿Es verdad que el Sistema Penal Acusatorio ha fracasado en nuestro país?

Por Itzel A. Sánchez Piña
@Itz_asp

¿Qué pasa si soy yo?

Imagina que una mañana caminando por la calle te aborda un par de policías en una patrulla, después te indica que subas a la unidad, argumentando que cometiste un delito, por lo que te llevarán ante el Ministerio Público, te ponen a disposición de un juez; ahora te encuentras enfrentando un proceso penal, qué consideras que sería lo más justo: ¿seguir tu proceso dentro de una prisión, o en libertad hasta que se decida si eres culpable?

Este planteamiento es falso, es necesario aclarar que este sistema privilegia la libertad en dos supuestos. El primero: en caso de resultar inocente, por lo que en sentencia se deberá ordenar libertad inmediata; o el segundo: en caso de que la persona haya sido imputada de un delito no grave, para que pueda seguir su proceso y defensa en libertad, lo cual pretende garantizar que personas inocentes no se encuentren en prisión, situación muy común en nuestro país.

Foto: 24-horas.mx

De acuerdo con la Comisión Nacional de Seguridad, en 2016 la población penitenciaria en México ascendía a 236 mil 886 personas, de ella poco más de 40 por ciento aún no contaba con una sentencia, es decir, casi la mitad de ellos se encuentran privados de su libertad sin que se haya demostrado que son culpables de algún delito. No es ninguna sorpresa que los centros de reclusión del país se encuentren sobrepoblados, ofreciendo condiciones indignas para aquellos que son confinados a estos espacios. Tan solo en los Centros de Readaptación Social de la Ciudad de México, su capacidad está rebasada por 16 mil 257 personas; esto sin mencionar los costos económicos, que consisten en $32 mil 434 por día.

Repensando la justicia

Ante esto es necesario reconsiderar si un sistema penal que privilegia la libertad es realmente el culpable de generar impunidad como se ha manifestado, o si bien esta deficiencia se debe a muchos otros factores que se han pretendido dejar convenientemente fuera de foco.

El Sistema Penal debe ser para el estado un instrumento de ultima ratio (ultima razón), considerarlo como la única herramienta para mantener el orden social es un gran equívoco, que resulta característico de regímenes autoritarios, en una democracia pone en evidencia la mala instrumentación del aparato estatal.

Foto: sipse.com

¿Qué hay con la prevención y la no reincidencia? Es necesario que una vez entendido lo anterior, el Estado apueste por otras alternativas como la prevención del delito en sus distintas dimensiones, entre ellas la necesidad de incrementar y mejorar la oferta laboral, lograr condiciones que mejoren el acceso a la educación, así como la toma de medidas necesarias para lograr la no reincidencia, temas que son los grandes ausentes en la discusión.

Lo anterior no significa que el sistema no sea perfectible, sin embargo, no debe apostarse por cambiar su naturaleza, la desinformación que permea sobre este sistema en la sociedad, y el mal manejo de la poca información que hacen los medios al pretender presentar un sistema de reciente implementación como un sistema fallido, pone en grave peligro los avances en materia de derechos humanos que supuso el tránsito de un sistema mixto a uno de corte acusatorio con enfoque garantista, si bien es cierto no ha marcado un hito, las pretensiones de los detractores son tendentes a el endurecimiento del mismo, mediante la ampliación del catálogo de delitos graves, modificación de la prisión preventiva como medida cautelar excepcional, entre otras, situaciones que representarían un gran retroceso en materia de justicia.

Este texto se publicó originalmente en The Mexican Times

Empresa colapsada en el sismo retenía el pasaporte a extranjeras para obligarlas a trabajar

ABC Toys, una empresa importadora de juguetes, retenía los documentos de identidad de las mujeres de origen taiwanés que estaban empleadas en el inmueble que colapsó en el sismo del pasado 19 de septiembre.

Francisco Sandoval

Por Redacción/Animal Político

La empresa ABC Toys —ubicada en el edificio de Bolívar 168 que colapsó en el sismo— retenía los pasaportes y documentos de identidad de sus empleadas taiwanesas para evitar que dejaran el trabajo e intentaran salir de México, relató una empleada que sobrevivió al derrumbe.

La importadora de juguetes exigía a sus empleadas cumplir con un plazo de trabajo de dos años o pagar 20 mil pesos para recuperar sus papeles y viajar a Taiwán con sus familias. Las trabajadoras tenían un horario de 09:00 a 20:00 horas de lunes a viernes y los sábados también trabajaban hasta las 15:00 horas.
“Nosotros no podemos regresar porque ellos tienen nuestros papeles, nuestro pasaporte, todo”, reveló una sobreviviente del terremoto, la joven de 23 años Jie Ting Huang, de nombre occidental Janet, a sus profesores de español en México: Paola Lazcano y Damián Meléndez, egresados de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM.
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El día que casi me golpean por pedir que recogieran su basura

Por Ixchel Cisneros

@Chelawera

Esta nota se publicó originalmente en Huffington Post México el 03 de febrero de 2017.

Vuelvo acá a hablar de mis hijos, y de verdad no es necedad o presunción —son unos amores, eso que ni que— pero me preocupa el país que les dejaremos.

Hace un par de semanas fui con mi familia a un centro comercial de la Ciudad de México, y nos formamos en la fila interminable de unos famosos helados de yogur. Frente a mí, una señora de aproximadamente 45 años y su hija adolescente platicaban mientras la joven se pasaba, de mano a mano, una envoltura de papel. Después de un rato se la dio a su mamá, esta señaló el piso y dijo: “Tírala”. La muchacha obedeció.

Yo, como metiche que soy, había visto todo y reaccioné como siempre lo hago cuando noto que alguien tira basura al suelo. Lo levanté y le dije a la muchacha: “Se te cayó”. Con pena, ella estiró el brazo y lo recibió pero quien la acompañaba, la miró fijo y le repitió: “Tiiiirala”. Así lo hizo.

A mí se me revolvió el estómago y como metiche que soy —nuevamente— dije: “Señora, ese no es un bote de basura”.

—No lo va a recoger y deja de molestarla.

—Pero señora, este lugar es de todos, no tendría por qué tirar la basura en el suelo.

—A ti, ¿qué te importa?

—Pues, me interesa vivir en un país limpio. Además, no creo que esté bien enseñar a las nuevas generaciones que tirar la basura en el suelo esté bien.

La mujer apartó a su hija, hizo el pecho para adelante y me increpó: “Mira, hija de tu pinche madre, si yo quiero, tiro la basura en donde a mi se me dé la chingada gana”. Al ver la agresión, yo recogí la envoltura y la tiré en el bote que estaba a menos de un metro de distancia. Al regresar a la fila fui recibida con un: “Yo no recojo la basura porque siempre tengo a chachas que lo hagan por mí. Así, como tú”.

Sí, yo fui una metiche por pedirles que no tiraran la basura al suelo, pero creo que la gente lo hace porque se puede, porque nadie los evidencia, porque nadie les dice nada. Un amigo ya me lo había dicho: “Un día te van a golpear Ixchel”. Y ese día casi llega en la fila de los helados.

A pesar de la agresión, increpar a los extraños que tiran basura en la calle es algo que seguiré haciendo y no nada más porque me lo enseñaran en la escuela o mis padres, simplemente porque no me conformo con la indiferencia y el individualismo. No estoy dispuesta a aceptar que no nos importe el otro, que mi comodidad y bienestar sea más importante que el bien común.

Lo aún más grave es que todo este tiempo, mis dos hijos (10 y 6 años) presenciaron el incidente. El pequeño me abrazaba fuerte de la cintura, pues sentía que su mamá estaba en peligro, mientras que el mayor, observaba expectante.

Sin deberla ni temerla, este conflicto entre dos mujeres adultas estaba siendo presenciado por tres personitas (mis hijos y la hija de la señora), quienes fueron testigos de lo violentas que pueden ser las relaciones entre los seres humanos y lo rudo del individualismo.

Cuando nos dieron nuestro helado, mi hijo el menor me preguntó: “Mamá, ¿por qué la señora no quiso recoger la basura?” y “¿por qué te quería pegar por decirle que lo hiciera?” La respuesta, no la tengo.

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Contingencia ambiental: transgresión del derecho humano a la salud

TE el diario

Por Pedro García

En este año la zona metropolitana del Valle de México ha registrado episodios de contaminación severa, ante lo cual la Comisión Ambiental de la Megalópolis ha activado en tres ocasiones diferentes la contingencia ambiental. Con ésta, se ponen en marcha diferentes medidas, como el programa hoy no circula, cuyo objetivo es minimizar el impacto ambiental que generan los medios de transporte.

Desde mi percepción, estas medidas no han sido del todo eficientes, ya que no responsabilizan a las empresas por sus emisiones, y toda la carga ha recaído en conductores y transportistas.

No obstante, es conveniente detenernos un momento y reflexionar sobre este asunto, ya que si vemos con calma este problema nos debería dar asco el sólo hecho de pensar qué estamos respirando. Está comprobado que la contaminación genera graves daños a la salud de quienes respiran todos los días aire que contiene sustancias tóxicas y que, al no poder circular por la falta de aire o lluvia, causan lo que se denomina contingencia ambiental.

Un estudio efectuado por la Universidad de Lancaster, Inglaterra, publicado en Proceedings of the National Academy of Science (PNAS), analizó muestras del cerebro de adultos y niños que murieron en la Ciudad de México y descubrió pequeñas partículas de metal que salen de la combustión de autos, las cuales se introducen por la nariz y llegan hasta el cerebro. Esto puede producir graves daños al cerebro y contribuir a la enfermedad de Alzheimer, señala el estudio.

Además, la BBC publicó diversas investigaciones, de las cuales se desprende que la contaminación causa siete millones de muertes prematuras de niños a nivel mundial, y que los niños y adultos mayores son los más afectados por este tipo de riesgos medioambientales para la salud.

Sin duda, esto debería generarnos una gran preocupación por nuestra salud y bienestar, puesto que los daños no son siempre evidentes y pueden ser a largo plazo. Además, ¿no debería de igual manera hacer que reclamemos a las autoridades gubernamentales la protección, tutela y observancia de un derecho humano del cual somos titulares y que claramente está siendo transgredido? Me explico:

Existen varios fundamentos legales para decir que no sólo tenemos derecho a la salud, sino también a un medio ambiente sano para conseguir lo anterior. Por ejemplo:

• El artículo cuarto, párrafo quinto de la Constitución establece que “[t]oda persona tiene derecho a un medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar. El Estado garantizará el respeto a este derecho. El daño y deterioro ambiental generará responsabilidad para quien lo provoque en términos de lo dispuesto por la ley”.

• El artículo 73, fracción XXIX-G de la Constitución Federal, faculta al Congreso a: “…expedir leyes que establezcan la concurrencia del Gobierno Federal, de los gobiernos de los estados y de los municipios, en el ámbito de sus respectivas competencias, en materia de protección al ambiente y de preservación y restauración del equilibrio ecológico”.

Por otro lado, existen diversas disposiciones en tratados internacionales de los cuales el Estado mexicano es parte, que también imponen obligaciones en materia de protección al ambiente y bienestar, y que por ser tratados de derechos humanos forman parte del bloque de constitucionalidad con base en el artículo primero constitucional.

Entre ellos destacan:

A. Los artículos 11 y 12 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, los cuales establecen el derecho de toda persona a un nivel de vida adecuado y el derecho al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental.

B. La Convención sobre los Derechos del Niño en su artículo 24, párrafo primero y segundo incisos c) y e), establecen también la obligación de los Estados Parte de tomar todas las medidas pertinentes para reducir los riesgos a la salud de los niños por contaminación del medio ambiente.

Cabe destacar que entre las muchísimas leyes que tenemos expedidas por nuestros magníficos legisladores existe la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, cuyo objeto es sentar las bases para garantizar el derecho de toda persona a vivir en un medio ambiente sano para su desarrollo, salud y bienestar.

Es claro que las medidas implementadas por las autoridades, tanto federales como locales y las de la Ciudad de México, no son suficientes ni eficaces en la protección del medio ambiente y la salud de los ciudadanos, puesto que sigue habiendo contingencias ambientales con cierta cotidianidad, además de que la carga de la responsabilidad recae únicamente en los automovilistas y otros conductores, excluyendo a otros actores, como las empresas e industrias, que también contribuyen a la contaminación con sus emisiones.

Como siempre -y para variar-, hay muchos intereses de por medio, pero es claro que no se ha llegado a medidas apropiadas que ante todo evitan la continua transgresión del derecho humano a la salud.

¿Será posible promover un juicio de amparo indirecto por omisiones legislativas en materia ambiental, como lo son la falta de disposiciones legales que responsabilicen a las empresas o cualquier otro sujeto que contribuya a la contaminación y que garanticen el respeto al derecho humano a la salud? Es una pregunta que queda en el aire. Mientras, mejor usemos Uber, Cabify o la bicla, y contribuyamos todos con un granito de arena.

Culpable bajo tortura

Por Eduardo Espinosa

Esta nota se publicó originalmente en The Mexican Times el 29 de septiembre del 2016.

En México, la tortura a los presos es recurrente. A pesar de que nuestra constitución prohíbe la tortura y otros tratos crueles e inhumanos, y las confesiones obtenidas bajo estas prácticas no pueden considerarse válidas, esto ocurre seguido.

Según una encuesta del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), 57,2% de los detenidos en centros federales dijo haber sido golpeado durante la detención, y 34,6% declaró haber sido forzado a firmar o modificar una confesión.

Es decir, en muchas ocasiones, los derechos que tenemos los mexicanos en caso de ser acusados por un delito, son letra muerta y violan el respeto al debido proceso. Y ¿qué es eso? En apretada síntesis, la aplicación de las leyes dentro de un marco de respeto mínimo a la dignidad humana.

En diciembre de 2014 el Relator Especial sobre la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes de Naciones Unidas, Juan E. Méndez, presentó un informe sobre la situación que vive México en este rubro, y dentro de sus conclusiones dijo:

La tortura y los malos tratos durante los momentos que siguen a la detención y antes de la puesta a disposición de la justicia son generalizados en México y ocurren en un contexto de impunidad. Generalmente la finalidad es castigar o extraer confesiones o información. Hay evidencia de la participación activa de las fuerzas policiales y ministeriales de casi todas las jurisdicciones y de las fuerzas armadas, pero también de tolerancia, indiferencia o complicidad por parte de algunos médicos, defensores públicos, fiscales y jueces.

Ahí tenemos el caso de Héctor Casique Fernández en Quintana Roo. Su historia comenzó cuando el 16 de marzo de 2013 fue detenido por el delito de ultrajes a la autoridad al salir de un bar.

De acuerdo con su testimonio, el joven de 28 años fue presentado al Ministerio Público (MP) y sometido a 30 horas de tortura, donde le quemaron los testículos, lo violaron, le rompieron las costillas, le deformaron los dedos del pie y a consecuencia de los golpes perdió un ojo y un oído. Todo con la finalidad de que se confesara autor intelectual del homicidio de siete personas.

Como mencionaba antes, esta práctica ilegal es común en nuestro país, primero te detienen por un delito y al momento de hacer la presentación ante MP te imputan otro totalmente distinto; violan tus derechos humanos cuando hacen valer una confesión obtenida bajo tortura y por si fuera poco, te presentan ante los medios de comunicación como culpable.

FOTO: desinformemonos.org

Durante el proceso penal la Comisión Nacional de Derechos Humanos le practicó a Casique el Protocolo de Estambul (es un conjunto de pruebas que buscan conocer si una personas sufrió tortura u otros tratos crueles e inhumanos), al cual salió positivo, sin que esto significara que alcanzaría la libertad, incluso la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas lo reconoció como víctima del Estado.

De acuerdo con la defensa de Héctor Casique después de que se le dictara auto de formal libertad por falta de elementos para procesar, otro Juez le giró orden de aprensión por el mismo delito, a lo que la Procuraduría del Estado argumentó nuevas imputaciones de otros supuestos testigos. Parece ser que a las autoridades se les olvido que nadie puede ser juzgados dos veces por el mismo delito.

Después de tres años y seis meses de prisión en medio de un proceso plagado de irregularidades y desatenciones al interior del penal, Héctor Casique Fernández quedó libre por falta de elementos para procesar, sí otra vez, y sí en su segundo juicio por el mismo delito. A diferencia de muchos otros casos Héctor identifica a sus agresores como antiguos compañeros de la Policía Judicial, a quienes había entrenado en artes de defensa personal, por lo cual la familia ha manifestado que dará seguimiento a las denuncia contra los servidores públicos que cometieron los actos de tortura.

Juan E. Méndez señaló que la tortura “Se ha convertido en el método eficiente, supuestamente eficiente de resolver delitos, de producir resultados contra la inseguridad y contra el crimen” y por la gravedad de situación recomendó al Estado Mexicano “Reconocer públicamente la dimensión de la impunidad respecto a las torturas y malos tratos y enviar enérgicos mensajes públicos a todos los funcionarios de seguridad y justicia federal y estatal de que toda tortura y maltrato será seriamente investigado y castigado, conforme a la normativa internacional, constitucional y penal”.

A lo que José Antonio Meade, Secretario de Relaciones Exteriores en ese momento dijo “Esta valoración no corresponde a la realidad”, dejando muy claro que no reconocen el problema y por tanto no buscan solucionar desde este frente la grave crisis de derechos humanos que vive nuestro país.

Megaproyectos: Cuando el despojo se hace costumbre

Por Redacción

Esta nota se publicó originalmente en The Mexican Times el 10 de noviembre del 2016.

Juan Carlos Flores Solís, es representante del Frente de Pueblos en Defensa del Agua y la Tierra de Morelos, Puebla y Tlaxcala, y opositor al Proyecto Integral Morelos (PIM), el cual consiste en dos termoeléctricas, un gasoducto y un acueducto que se construirían en las tierras de cientos de indígenas.

FOTO: Uriel Reyes y Alberto Filio

Juan Carlos fue detenido el 7 de abril de 2014 por 12 hombres vestidos de civil tras salir de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla, a donde le pidieron que fuera a ratificar una denuncia. Estuvo preso 10 meses acusado de motín, extorsión, despojo y daño contra la infraestructura hidráulica.

Un día antes, la policía estatal detuvo a la defensora Enedina Rosas Vélez, comisariada ejidal del San Felipe Xonacayucan y también opositora al PIM. La acusaron de robarle con violencia un celular a un trabajador de Bonatti, empresa responsable de la construcción del gasoducto, y de “oponerse a la ejecución de alguna obra o trabajo público”.

Lo único que hizo Enedina fue pararse frente a las máquinas para evitar que sus milpas, que en su mayoría producen maíz y quelites, quedaran arruinadas. Juan Carlos, ni siquiera estaba en el lugar donde supuestamente ocurrieron los hechos que le imputaban.

En un trabajo realizado entre 2014 y 2016 por el Centro Nacional de Comunicación Social (Cencos) y la Maestría en Periodismo sobre Políticas Públicas del Centro de Investigación y Docencia Económicas (Periodismo CIDE), registramos 80 agresiones contra comunidades indígenas y pueblos originaros por la construcción de megaproyectos.

Los ataques van desde las detenciones arbitrarias (30), como el caso de estas personas defensoras en Puebla, la violación al derecho a un medio ambiente sano (21), hasta la consulta previa, libre e informada (8).

Los estados con más agresiones son el Estado de México (28), Colima (12) y Puebla (9).

FOTO: Uriel Reyes y Alberto Filio

El Artículo 2º de la Constitución Política Mexicana dice: “La Nación tiene una composición pluricultural sustentada originalmente en sus pueblos indígenas […] El derecho de los pueblos indígenas a la libre autodeterminación se ejercerá en un marco constitucional de autonomía […] Esta Constitución reconoce y garantiza el derecho de los pueblos indígenas a la libre determinación y en consecuencia tienen autonomía para: […] Aplicar sus propios sistemas normativos; […] Conservar y mejorar el hábitat y preservar la integridad de sus tierras[…]”.

Aun así, según las cifras de esta base de datos, el gobierno mexicano continúa violando los derechos de los pueblos indígenas al no respetar las normas por las que ellos se rigen, despojarlos de sus tierras o utilizar sus recursos naturales sin consultarles y encarcelar o amedrentar a quienes los defienden.

Del total de 80 agresiones registradas, 77 fueron cometidas por funcionarios públicos. La Comisión Nacional del Agua encabeza la lista con 24 de ellas; después le sigue la Secretaría de Seguridad Ciudadana del Estado de México, con 19, y la Secretaría de Energía, con 12. El mayor número de ataques ocurre en los proyectos mineros (14), en los hidroeléctricos (13) y en los eólicos (11).

Además, queda el agravante que en esta base de datos únicamente incluimos las agresiones que fueron denunciadas y pudimos comprobar, es decir, pudiese haber por ahí muchas más de las que todavía no nos enteramos.

Algunos dirán que las comunidades no quieren el desarrollo o que se oponen a la modernización pero ni siquiera se los hemos preguntado. Varios de ellos han asegurado estar de acuerdo con la construcción de la presa, el parque eólico o la mina, pero es la forma en la que las autoridades y empresas llegan a imponerlo, lo que les molesta. En otros casos, los pueblos originarios quieren proponer alguna alternativa para la construcción de la carretera o el paso del gasoducto, mas no se les permite.

Es necesario entender que ellos tienen derechos sobre la tierra y los recursos naturales. Viven desde hace siglos ahí, no son invisibles y tienen el derecho a decidir.

Si quieres conocer más sobre este proyecto, visita megadiscriminacion.org

¿Quién vigila a los que nos gobiernan?

Por Redacción

Esta nota se publicó originalmente en The Mexican Times el 24 de noviembre del 2016.

En México, el desvió de recursos públicos es una actividad usual y poco sancionada. O por lo menos lo era hasta hace unos meses, cuando decidieron investigar a los ex gobernadores de Veracruz, Quintana Roo, Chihuahua y Sonora por los delitos de abuso de autoridad, tráfico de influencias, asociación delictuosa, enriquecimiento ilícito, ejercicio indebido del servicio público y ejercicio abusivo de funciones, mismos que están relacionados con el desfalco económico a sus respectivos estados.

FOTO: sinembargo.mx

He ahí de la importancia del Sistema Nacional Anticorrupción con el que en 2015 se implementaron y modificaron diversas leyes, que en parte, “buscan” acabar con este problema. Dentro de las más relevantes encontramos:

– Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción.
– Ley General de Responsabilidades Administrativas (3de3).
– Reformas a la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación.

Sin embargo, con modificaciones de último momento, -para no variar-, los puntos importantes en estas leyes fueron limitados y difícilmente se podrán implementar correctamente. Las pérdidas económicas por la corrupción equivalen al 10 por ciento del producto interno bruto nacional (1 billón 920 mil millones de pesos), de acuerdo a Gustavo de Hoyos, presidente de la Coparmex, lo que deja claro su costo a la economía nacional.

Lamentablemente, en estas discusiones se han dejado fuera a la Auditoría Superior de la Federación (ASF), la cual debería ser el pilar para enfrentar la corrupción, ya que su misión es fiscalizar la cuenta pública mediante auditorías que se efectúan a los tres Poderes de la Unión, a los órganos constitucionalmente autónomos, a las entidades federativas y municipios del país, así como a todo ente que ejerza recursos públicos federales, incluyendo a los particulares.

FOTO: eluniversal.com.mx

Como podemos ver, la capacidad de revisión es amplia, aun cuando esta fiscalización se realiza bajo los principios de anualidad y posterioridad, es decir una vez que ya se gastó el presupuesto. En casos específicos tales como el Javier Duarte, gobernador con licencia de Veracruz, desde el 2014 ASF advirtió a la Procuraduría General de la República sobre irregularidades en al gasto de los recursos, sin que esto significara una investigación seria.

Es importante conocer que aun cuando la ASF tenga información sobre irregularidades solo tiene las facultades de:

– Emitir un pliego de observaciones cuando se tienen elementos para suponer que ha habido un daño al erario federal. En caso de que la institución auditada no aporte elementos para solventar dicho pliego se inicia un procedimiento de fincamiento de responsabilidades resarcitorias en contra del servidor público responsable.

– Promover ante los Órganos Internos de Control correspondientes, de ser necesario, la aplicación de sanciones administrativas a los funcionarios públicos en falta, o

– Presentar denuncias penales ante las autoridades competentes, de encontrarse evidencia de conductas dolosas o que permitan la presunción de un delito.

Como podemos ver sus facultades son acotadas y de escrutinio interno, lo que deja esta institución lejos de poder incidir en la erradicación de la corrupción, por lo que es necesario modificar esta falta de “dientes”, pues dentro de nuestro sistema enfermo una institución está trabajando.

Es un problema que se debe atacar por diversos frentes, pero la ASF deber ser un pilar fundamental para que el desvío de recursos pueda ser erradicado y se implementen los presupuestos de acuerdo con el plan nacional de desarrollo.

El otro efecto Trump

Por Redacción

Esta nota se publicó originalmente en The Mexican Times el 8 de diciembre del 2016.

Con el triunfo de Donald Trump, y a poco más de un mes para que asuma su papel como presidente de los Estados Unidos de América, en México estamos destinados a sufrir cada decisión, cada arrebato, y cada tuitazo en la mitad de la noche que se le ocurra al magnate de las bienes raíces.

FOTO: Cencos

No podemos esperar algo distinto después del 20 de enero. Periodistas y economistas se han cansado de advertirnos del difícil año que se avecina, de que no es necesario si quiera una renegociación del Tratado de Libre Comercio que tenemos con los vecinos del norte para que nuestra economía se cimbre; basta con que ciertos temas de interés mutuo sean mencionados para que la incertidumbre afecte de manera inmediata la de por sí frágil estructura económica de nuestro país.

Sin embargo, se viene también otro ‘efecto Trump’, uno que culminará con el proceso electoral de 2018 y que es, si cabe, incluso más preocupante. La fórmula utilizada por Donald Trump en su campaña no es una casualidad, y las probabilidades de éxito son muchas cuando está dirigida a sectores de la población golpeados, económicamente vulnerables y hartos de un sistema del que parecen verdaderos dueños los partidos políticos.

FOTO: Cencos

Vamos a ver un desfile de aspirantes a candidatos independientes, con mayores y menores posibilidades reales de serlo, con un discurso políticamente incorrecto, dando golpes sobre la mesa, levantando la voz y con propuestas de campaña que estarán diseñadas con base en su impacto mediático, y no en las necesidades reales e inmediatas de los mexicanos.

El mismo discurso, es probable, se repetirá desde dentro de los partidos políticos, con algunos aspirantes poniéndose la etiqueta de outsider.

Al igual que para Trump, lo verdaderamente importante luego de cada evento de campaña no serán las propuestas y las soluciones presentadas, sino la viralidad y las notas publicadas.

FOTO: Cencos

Personalmente, como a cualquier mexicano, me resulta preocupante que el asunto no pinte bien, pero ¿por qué mencionar dicha preocupación en este espacio, en esta columna, destinada a abordar problemáticas sobre derechos humanos?

Pues precisamente eso, que la grave -gravísima- crisis de derechos humanos en México ha demostrado no ser un tema de impacto. Se habla de Ayotzinapa, pero no de los otros 28 mil desaparecidos. Casos como Apatzingán, Tlatlaya o Nochixtlán, no tienen la resonancia que deberían en la sociedad civil. No pasan de ser la nota del día (de la semana, si hay suerte) que no tiene consecuencias reales para los responsables.

FOTO: Cencos

Más allá de contados medios que estén comprometidos con el seguimiento a estos temas, éstas siguen siendo noticias que gran parte de los mexicanos pasan por alto; que no representan, al menos, un elemento que los haga cuestionarse su decisión de voto en las próximas elecciones.

Los temas con los que estos aspirantes ‘outsiders’ intentarán convencernos, los que escucharemos desde el año que viene, serán los de siempre: seguridad y pobreza
. Los mismos que nos han venido repitiendo ad nauseam en campañas políticas sin ningún avance real en su solución, inmediata o estructural.

FOTO: Cencos

Serán aderezados con la promesa de encarcelar al gobernante corrupto en turno, dependiendo del lugar del discurso, y sabiendo que es una promesa que resulta atractiva -y para nada descabellada- casi en cualquier punto del país donde se haga.

La fórmula de Trump está probada, y tiene, hoy más que nunca, posibilidades reales de recrearse con éxito en México. Lamentablemente, es una fórmula en la que no cabe una crisis de derechos humanos.

Un año trágico para la libertad de expresión en México

Por Redacción

Esta nota se publicó originalmente en The Mexican Times el 22 de diciembre del 2016.

Está por terminar un año complicado para el país y en materia de libertad de expresión no ha sido la excepción, el número de periodistas asesinados incrementó respecto a años anteriores.

De acuerdo con información recaba por La Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, en 2016 se registraron 14 periodistas asesinados, cinco en Oaxaca, tres en Veracruz, uno en Chihuahua, uno en Guerrero, uno en Puebla, uno en Tabasco, una en Tamaulipas y uno en Michoacán.

Haciendo una revisión de las cifras, la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos a través de su Relatoría Especial para la libertad de expresión documentó el asesinato de 6 periodistas en 2014 y otros 6 en 2015, por lo que en este año el número de asesinatos aumentó en más del 100%. Siendo lo anterior un indicador más que demuestra la grave crisis de derechos humanos que vive nuestro país.

El pasado 13 de diciembre la organización Reporteros Sin Fronteras dio a conocer su balance 2016, en el que estableció que México es el tercer país del mundo más mortífero para la prensa y el más letal en América latina.

A todo esto, las autoridades han quedado una vez más rebasadas, La Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra de la Libertad de Expresión (FEADLE), quien es la autoridad encargada de dirigir, coordinar y supervisar las investigaciones sigue sin funcionar. Motivos hay varios, pero el eje central es la dificultad para atraer los casos, por tanto, en la mejor de las situaciones realizan investigación paralela.

Buscando estadística en la página de la FEADLE sobre el número de casos que revisan, encontré que en 2015 dieron seguimiento a solo una investigación relacionada con homicidios a periodistas. Lo que deja claro la inactividad del Estado ante este grave problema.

Pero hay algo que no debemos olvidar, detrás de todos estos números en informes hay familias que han perdido un ser querido, situación que no debemos dejar que continúe. Como lo ha dicho Irina Bokova, directora general de la UNESCO, “La sociedad en su conjunto debe responsabilizarse de la seguridad de los periodistas, ya que todos dependemos de ellos para que exista un debate público informado. No puede permitirse que la violencia sea un freno al derecho humano fundamental a la libertad de expresión y la libertad de información”.

Partiendo de que este derecho es la piedra angular de la democracia, la seguridad de quienes nos mantiene informados es prioridad, los próximos años son de suma importancia y la labor de los periodistas es medular para que la ciudadanía pueda acceder a más derechos y por tanto mejore el funcionamiento del país.

Es deber de las autoridades prevenir e investigar las violaciones a los derechos fundamentales, sancionar a sus autores y asegurar a las víctimas una reparación integral del daño, por la libertad de expresión sumemos las voces.