El doloroso andar de las víctimas

Por Ixchel Cisneros
@Chelawuera

Esta nota se publicó oringalmente en The Mexican Times, el 16 de septiembre de 2016.

Perdiste a una hija de la manera más ruin que puede haber. Un hombre la agredió sexualmente, la estranguló y abandonó su cuerpo en un cañaveral.

Por meses no supiste dónde estaba. Debido a las deficiencias de las autoridades, tuviste que iniciar tu propia investigación. Poco a poco fuiste desenmarañando el caso, diste con el presunto responsable y gracias a su declaración encontraste el cuerpo de tu pequeña.

Hoy, ese hombre está a punto de salir libre porque el ministerio público no armó bien la investigación, no desahogó las pruebas y únicamente se basó en la declaración del inculpado.

Este es el caso de cinco madres y padres que perdieron a sus hijas entre 2010 y 2014 en el municipio de Tamuín en San Luis Potosí.

La primera víctima de feminicidio fue Rosa María Sánchez de 15 años, desapareció el 29 de octubre de 2010; siete meses después, desapareció Adriana Martínez Campuzano, tenía 13 años. El 24 de enero de 2013, Itzel Romany Castillo Torres de 11, no regresó a su casa; un año después, pasó lo mismo con Dulce Ximena Reyes Rodríguez de 9; la última fue Eliehoenai Chávez Rivera, el 4 de julio de 2014, tenía 32 años.

La familia de Eliehoenai no se conformó con la respuesta de las autoridades quienes les decían que seguramente se había ido con el novio y ya regresaría. Iniciaron su propia investigación, entrevistaron a testigos, consiguieron las sábanas de las llamadas telefónicas y varios videos que les permitieron dar con el presunto responsable, un ex militar de nombre Filiberto.

El presunto agresor, quien también era catequista y profesor de zumba, la había estado siguiendo y hostigando meses previos a su desaparición.

Tras su detención, él indicó a las autoridades dónde había dejado el cuerpo de Eliehoenai. Confesó haber asesinado a las otras 4 niñas y los llevó al lugar donde estaban sus restos. Ahora, su defensa acusa que fue torturado y por eso se autoincriminó.

Según los familiares y sus abogados, fue el ministerio público quien no realizó una investigación exhaustiva pues existen pruebas en la camioneta del ex militar como sangre, cabellos y fibras que no fueron procesadas por las autoridades. Debido a esto, la Quinta Sala Penal del Estado de San Luis Potosí revocó por falta de elementos uno de los autos de formal prisión, el del caso de Adriana Martínez.

La justicia mexicana tiene la mala costumbre de basar sus investigaciones únicamente en declaraciones y no en pruebas, en esos casos hay suficientes elementos para procesar al inculpado por los que el Grupo de Acción por los Derechos Humanos y la Justicia Social ha decidido acompañarlos en su exigencia de justicia.

Filiberto todavía puede ser encontrado culpable por los otros 4 asesinatos por lo que me gustaría que estas autoridades se pusieran en los zapatos de la madre de Adriana Martínez, quien llora al saber que el responsable de la muerte de su hija ya no puede ser encarcelado gracias a su ineficiencia y se pongan a trabajar.

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¿Despertará la propuesta de una candidatura indígena más discriminación en México?

Por Omar García Velásquez

A finales de mayo del presente año fue nombrado el Concejo Indígena de Gobierno (CIG) y su vocera, la indígena nahua de Tuxpan, Jalisco, María de Jesús Patricio Martínez, como parte de una controvertida propuesta anunciada por el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) y el Congreso Nacional Indígena (CNI) desde finales del año pasado.

En las últimas semanas han tenido lugar numerosos eventos refiriéndose al caso y algunos medios de comunicación, como Aristegui Noticias, han entrevistado a la vocera, mostrando apertura e interés. Por otro lado, han surgido también muchas opiniones al respecto que rayan en la discriminación y el estigma sobre esta persona a partida triple: por ser mujer, indígena y pobre.

Esto nos lleva a poner sobre la mesa la cuestión del derecho de los pueblos indígenas y de las mujeres, debido a que el país padece en gran medida un alto índice de discriminación, marginación y, en los últimos años, de feminicidios.

Son muchas las personas que se han planteado este problema que habrá de enfrentar la propuesta zapatista en la palestra nacional, sobre todo en política, terreno en el cual más que hablar y debatir las propuestas de cambio, hemos presenciado la tendencia a las descalificaciones más desorbitantes a diestra y siniestra.

Pareciera que la política se ha convertido en vehículo hacia la discriminación sistémica que afecta a nuestro país de un rincón a otro.

Considero de vital importancia el tema debido a que los grupos indígenas, ya de por sí, se encuentran en una situación de vulnerabilidad. Darles voz en un contexto como el actual es desafiar superestructuras que permanecen ahí, veladas, escondidas en un clóset esperando manifestarse.

Si hacemos un poco de memoria hacia las encuestas que se hacían en la pasada contienda electoral en Estados Unidos, seguramente pudimos percibir la innegable realidad de que estas no revelaban exactamente la afinidad por el racismo Trumpniano, ¡pues ninguna persona estaría dispuesta a declararse públicamente racista!

En México como en Estados Unidos, lejos de las encuestas, muchas personas esconderán su tendencia discriminatoria y racial con argumentos como: ¡Es una propuesta sin alcances! ¡Es una mujer que no tiene experiencia! ¡Los usos y costumbres no son aplicables al conjunto de la realidad mexicana! ¡Quieren que todos seamos pobres! ¡Si de verdad propugnan por una mujer ahí está Margarita Zavala!

No es desconocida la historia en cuanto a que las mujeres tomen parte en las decisiones de sus países. En México las mujeres votaron por primera vez en 1955, después de una larga lucha por hacer valer sus derechos en ese terreno. Pero atrás o abajo quedaron los derechos de estas otras mujeres pertenecientes a los pueblos indígenas y pobres.

Pero lo que queremos destacar es el terreno fértil que se creará, no en cuanto a la aceptación y los efectos que una propuesta así tenga en política, sino de los sentimientos, sentires, reacciones y acciones que existen entre la población mexicana, sus líderes de opinión, etcétera.

Hace unos días veía una entrevista que Milenio realizó a la vocera del CIG, y justo al inicio el entrevistador aludía a su nombre, vinculándolo con la religión católica: “En el nombre llevas la penitencia… los obispos deben estar bendiciéndote… ¿El subcomandante Galeano te dice qué hacer?”, remató. De alguna forma, tratando de hacer entender que esta mujer no sería capaz de pensar, hablar y hacer por sí misma.

Es importante empezar a reflexionar sobre la violación a los derechos humanos a la igualdad y a la no discriminación, porque está claro que el proceso electoral podrá medir exactamente nuestros niveles en ese sentido, pero no hay duda que será sobre el pellejo de miles de mujeres pertenecientes a los pueblos y comunidades indígenas que hoy se apresuran a levantar la voz.

#GobiernoEspía

El gobierno de México gasta 80 millones de dólares para espiar a periodistas y personas defensoras de DH. ¿Qué tiene que pasar para que se le llame a rendir cuentas?