Colectivos exigen desarme de paramilitares en Chalchihuitán

Foto: Moysés Zúñiga Santiago/La Jornada

San Cristóbal de Las Casas, Chis. Decenas de organismos civiles exigieron “desarticulación, desarme y castigo inmediato a los grupos civiles armados de corte paramilitar, cuyos líderes materiales e intelectuales, han sido claramente identificados y señalados, por parte de autoridades, comisionados y comuneros de Chalchihuitán”. Ello, en respuesta a los acuerdos que oficialmente se tomaron en diciembre pasado entre las partes y el gobierno en relación al conflicto entre los municipios tzotziles de Chalchihuitán y Chenalhó, en la región de Los Altos.

El colectivo de organismos de la sociedad civil integrantes de la Misión Civil de Observación de la Zona Altos demanda el reconocimiento, por parte de los gobiernos federal y de Chiapas, “del estatus legal de desplazamiento forzado interno, de todas las familias y personas bajo esta inhumana situación, producto de la violencia armada de tipo paramilitar, en el marco del conflicto agrario Chalchihuitán-Chenalhó”. Dicho reconocimiento “implica la aplicación inmediata de la Declaración de los Principios Rectores de Desplazamiento Interno de la ONU y de la Ley para la Prevención y Atención del Desplazamiento Interno en el Estado de Chiapas”.

Ante la presencia de los paramilitares de Chenalhó que provocaron desde octubre el éxodo de miles de indígenas, impune aún ahora que se ha militarizado el área, los organismos apremian para que se garantice “seguridad plena para el libre tránsito y el abasto de productos básicos y medicinas en toda la zona”, así como “seguridad plena” para la observación de derechos humanos.

Los organismos manifiestan repudio al “Comisionado Especial para Chalchihuitán y Chenalhó” designado por el ejecutivo estatal. Solicitan el “retiro inmediato” del “impuesto nombramiento de Fortino Vázquez Pérez”, independientemente de “su nefasta trayectoria política”. Consideran que “la imposición unilateral de cualquier comisionado viola los derechos de las comunidades involucradas, a la consulta libre previa e informada, máxime en un contexto tan delicado como el prevaleciente”.

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