Sufren desplazados olvido en Chiapas

Redacción / Agencia Reforma / El Zócalo

Foto: Facebook Frayba Derechos Humanos

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) acreditó que los tres niveles de gobierno incurrieron en omisiones para prevenir los actos de violencia que derivaron en el desplazamiento forzado de aproximadamente 5 mil 266 personas originarias de distintas comunidades de los Municipios de Chalchihuitán y Chenalhó, en Chiapas.

El organismo concluyó que debido a que las autoridades no les garantizaron ayuda inmediata, el desplazamiento forzado obligó a las víctimas a refugiarse en 11 campamentos en los que se vulneraron sus derechos humanos, como el acceso a los servicios de salud, a la asistencia humanitaria y a la seguridad personal.

El desplazamiento forzado se enmarca en los hechos ocurridos el 18 de octubre de 2017, cuando varias personas ingresaron al Municipio de Chalchihuitán con armas de fuego, dispararon contra la población y ocasionaron la muerte de una persona.

Tras estos hechos y en medio de un conflicto interno por la propiedad de las tierras, miles de habitantes de las comunidades de Canalumtic, Pom, Ch´enmut, Bololchojón, Bejeltón, Tulantic, Cruztón, Cruz Cacanam y Tzomoltón dejaron sus hogares y buscaron refugio en otras zonas.

De acuerdo con la Recomendación 87/2018 de la CNDH, los desplazados se refugiaron en condiciones precarias.

Por ejemplo, el campamento “Bejelton II”, ubicado al interior de la montaña y a 30 minutos de la cabecera municipal de Chalchihuitán, albergaba a 159 personas que dormían en el suelo bajo una carpa de 10 por 10 metros hecha con palos de manera y plástico negro, y dado que carecían de agua potable, baños o letrinas, realizaban sus necesidades fisiológicas en los alrededores.

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De la religión al territorio y a la política: la violencia que mina la vida en Los Altos de Chiapas

Por Redacción/Anima Político

Escenario constante de conflictos internos entre partidarios de distintos partidos, de grupos religiosos y de reclamantes de tierras, la violencia en Chenalhó recrudece ahora por razones electorales que han dejado cientos de personas desplazadas de tres municipios, de acuerdo con las denuncias.

Incubada por décadas, la violencia crece en el municipio de Chenalhó, en Chiapas. Ahora se expande y alcanza no solo a sus pobladores, sino también a los vecinos cercanos. El 24 de marzo pasado, el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba) denunció que un grupo armado proveniente del ejido Manuel Utrilla desplazó a 90 familias tsotsiles de la comunidad de Koko, en el municipio de Aldama. Los desplazados se encuentran dispersos en la montaña, sin condiciones de seguridad ni de asistencia humanitaria.

El grupo armado que provocó este desplazamiento es el mismo que cuatro días antes, el 20 de marzo, expulsó de sus casas y territorios a 145 familias de Tabak, también en Aldama. Desde febrero de este año, otras comunidades aldameñas, como Cotzilnam, Stselej Potop, Xchuchte y Puente, han sido víctimas de ataques con armas de fuego orquestados por alrededor de 75 hombres.

Quienes han huido a las montañas lo han hecho porque saben que los armados están dispuestos a ir más allá de asustarlos. Apenas el lunes 2 de abril, un grupo ejecutó a tres personas de la comunidad San Pedro Cotzilnam, Aldama. En los hechos también murió un poblador de Atzamilo, Santa Martha, municipio de Chenalhó, de acuerdo con información divulgada por el Centro de Derechos Humanos Ku´untik.

De acuerdo con el Frayba, existen testimonios que mencionan que el grupo armado del ejido de Manuel Utrilla se encuentra reclutando personas y que se ha coordinado en sus acciones con otro, de corte paramilitar y procedente de Chenalhó, vinculado con la presidenta municipal Rosa Pérez Pérez, el mismo que según las denuncias operó en el desplazamiento de más de 5 mil personas en el municipio de Chalchihuitán.

La violencia no solo se esparce hacia afuera de Chenalhó, que ha sido escenario constante de conflictos internos entre partidarios de distintos partidos, de grupos religiosos y de reclamantes de tierras. El más reciente, el conflicto postelectoral de 2015, ha dejado cientos de personas desplazadas del Ejido Puebla.

Sumando los hechos, grupos armados de Chenalhó han causado la salida de habitantes de tres municipios. En todos los casos, los testimonios señalan a Rosa Pérez como la causante de que se hayan reactivado estos grupos armados, a los cuales se ubica como paramilitares. No obstante, el Frayba no descarta que estén también articulados con cédulas del crimen organizado y que en la zona, sobre todo entre Chalchihuitán yChenalhó, hay intereses económicos por los yacimientos de jade verde azul que se presume existen ahí.

Desplazados del Ejido Puebla y el Centro de Derechos Humanos Ku´untik han denunciado a Abraham Cruz, quien fungió como tesorero municipal en la administración de Rosa Pérez de octubre de 2015 hasta el 16 de marzo de 2018, como quien canalizaba los recursos a los grupos paramilitares para la compra de armas.

 

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Ya que me maten, estoy cansado: violencia sigue asfixiando a desplazados que retornaron en Chiapas

Foto: Xavier Ferré

Por Redacción/Animal Político

Con el inicio de año, el gobierno de Chiapas dio por finalizada la crisis humanitaria por el desplazamiento de más de cinco mil personas causado por la violencia paramiliar en Chalchihuitán y Chalchihuitán, enfrascados en una disputa territorial que data de 1973. Pero la amenaza para las familias continúa.

La familia Pérez Paciencia intentó volver a casa después de tres meses de desplazamiento forzado en Chiapas pero a pocos minutos de estar ahí se escucharon disparos nuevamente y tuvieron que regresar a su campamento. Solo alcanzaron a ver el saqueo y las paredes quemadas y perforadas por los balazos.

“Ya hemos intentado llegar a nuestras casas. Hace una semana fuimos con mi hermana y con mi mamá y cuando llegamos nos vieron y nos dispararon”, contó Ausencio Pérez Paciencia desde el Campamento Uno, en la comunidad de Pom, en Chalchihuitán, un pequeño conjunto de casitas improvisadas donde está la prueba de que la emergencia sigue vigente.

Con el inicio de año, el gobierno de Chiapas dio por finalizada la crisis humanitaria por el desplazamiento de más de cinco mil personas causado por la violencia paramiliar en los municipios de Chalchihuitán y Chenalhó, enfrascados en una disputa territorial que data de 1973.

Este pleito habría llegado a su fin el pasado 14 de diciembre gracias a la decisión del Tribunal Unitario Agrario de dar las tierras en disputa a Chenalhó y resarcir daños a Chalchihuitán.

El 2 de enero retornaron tres mil 858 personas pero otras mil 165 se quedaron en los campamentos, de acuerdo con cifras recabadas por agentes comunitarios. Según personas entrevistadas en los campamentos, la paz y el desarme que se anunciaron fueron una mentira.

Un día antes, el ayuntamiento de Chalchihuitán había admitido un comunicado en el cual puntualizó que se trata de un “retorno parcial” puesto que “no existen totalmente mejorías de las condiciones de seguridad. Prevalecen aún los disparos en los puntos de la zona limítrofe”. Aún así, la gente volvió, pues necesitaban labrar sus tierras y atender sus cultivos.

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Acusan que inacción de las autoridades permitió el “retorno al matadero” de los desplazados en Chiapas

Por Desinformémonos

El regreso de los desplazados del municipio de Chalchihuitán, en Chiapas, a sus comunidades sin condiciones de seguridad y con el grupo paramilitar sin desarmar en la comunidad vecina de Chenalhó hace que “el riesgo de una masacre” sea “claro”, aseguraron organizaciones civiles y de derechos humanos que acusaron que “de ocurrir, la responsabilidad directa es de los 3 niveles de gobiernos: el federal, el del estado de Chiapas y el municipal de Chalchihuitán, quienes con su inacción, han permitido este retorno al matadero”.

Las organizaciones señalaron que los 3 mil 858 indígenas que regresaron a las comunidades de Pom, Ch’enmut, Cruzkakalnam, Tzomolton, Cruzton, Bejeltón y Bololchojon van sin alimentos, con la cosecha perdida por la violencia generalizada, varios de ellos enfermos y bajo los impactos psicológicos de la violencia.

“Según testimonios, nos reportan que bajo una persistente presión de funcionarios del gobierno -sobre todo de protección civil-, y ante el hecho de ver perder sus cosechas, animales, posesiones y viviendas, sin que los gobiernos federal y estatal cumplieran el desarme y desarticulación de los grupos armados, desde alguna instancia se tomó la decisión de retornar a sus comunidades de origen, sin condiciones ni medidas de seguridad”, indicaron.

Desplazados de Chalchihuitán regresarán a sus comunidades a partir del martes

Foto: Cuartoscuro/La Jornada Maya

Por Redacción/La Jornada

San Cristóbal de las Casas, Chis. El ayuntamiento de Chalchihuitán informó que la mayoría de los aproximadamente 5 mil desplazados de ese municipio acordaron retornar a sus comunidades a partir de este martes, a pesar de que las condiciones “no están dadas”.

En un comunicado, agregó que “el gobierno de Chiapas y las instituciones de justicia y seguridad tendrían que cumplir eficazmente su obligación de garantizar las condiciones de seguridad, pero ante la necesidad de labrar sus tierras y atender sus cultivos, harán el retorno parcial entre las 7 y las 9 horas”.

El cabildo responsabilizó a las autoridades estatales “de cualquier incidente o hecho que atente contra la integridad física de los habitantes, ya que prevalecen los disparos de armas de fuego en ciertos puntos de la zona limítrofe con Chenalhó y si no hay castigo y desarme de las personas que provocaron muchos daños irreparables, el caso quedará en el olvido como la masacre de Acteal de 1997”.

A partir del 18 de octubre pasado, en que fue asesinado el indígena Samuel Luna Girón, originario de Chalchihuitán, unos 5 mil pobladores de ese municipio se desplazaron por temor a ser agredidos por sus vecinos de Chenalhó.

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Colectivos exigen desarme de paramilitares en Chalchihuitán

Foto: Moysés Zúñiga Santiago/La Jornada

Por Redacción/La Jornada

San Cristóbal de Las Casas, Chis. Decenas de organismos civiles exigieron “desarticulación, desarme y castigo inmediato a los grupos civiles armados de corte paramilitar, cuyos líderes materiales e intelectuales, han sido claramente identificados y señalados, por parte de autoridades, comisionados y comuneros de Chalchihuitán”. Ello, en respuesta a los acuerdos que oficialmente se tomaron en diciembre pasado entre las partes y el gobierno en relación al conflicto entre los municipios tzotziles de Chalchihuitán y Chenalhó, en la región de Los Altos.

El colectivo de organismos de la sociedad civil integrantes de la Misión Civil de Observación de la Zona Altos demanda el reconocimiento, por parte de los gobiernos federal y de Chiapas, “del estatus legal de desplazamiento forzado interno, de todas las familias y personas bajo esta inhumana situación, producto de la violencia armada de tipo paramilitar, en el marco del conflicto agrario Chalchihuitán-Chenalhó”. Dicho reconocimiento “implica la aplicación inmediata de la Declaración de los Principios Rectores de Desplazamiento Interno de la ONU y de la Ley para la Prevención y Atención del Desplazamiento Interno en el Estado de Chiapas”.

Ante la presencia de los paramilitares de Chenalhó que provocaron desde octubre el éxodo de miles de indígenas, impune aún ahora que se ha militarizado el área, los organismos apremian para que se garantice “seguridad plena para el libre tránsito y el abasto de productos básicos y medicinas en toda la zona”, así como “seguridad plena” para la observación de derechos humanos.

Los organismos manifiestan repudio al “Comisionado Especial para Chalchihuitán y Chenalhó” designado por el ejecutivo estatal. Solicitan el “retiro inmediato” del “impuesto nombramiento de Fortino Vázquez Pérez”, independientemente de “su nefasta trayectoria política”. Consideran que “la imposición unilateral de cualquier comisionado viola los derechos de las comunidades involucradas, a la consulta libre previa e informada, máxime en un contexto tan delicado como el prevaleciente”.

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Cuatro niños de familias desplazadas en Chiapas murieron por hambre y frío; edil pide ayuda

Foto: frayba.org.mx

Por Redacción/Animal Político

Cuatro niños de familias desplazadas de Chalchihuitán, Chiapas, murieron a causa del hambre y frío, informó Martín Gómez Pérez, alcalde de ese municipio que desde hace semanas mantiene un conflicto armado con la localidad vecina Chenalhó por los límites territoriales.

Desde hace semanas, familias enteras de Chalchihuitán, que suman más de mil personas, emigraron de sus casas por la presencia de hombres armados, que han ocupado su comunidad, obligándolos a dormir bajo árboles o en cuevas de montes cercanos.

“No hay paso, nuestros caminos están bloqueados, necesitamos de su apoyo… niños, adultos y mujeres embarazadas están sufriendo por el frío en el monte… no tenemos medicinas, ni con que atender a la gente… por eso le pedimos a nuestro gobernador que nos apoye”, comenta en un video difundido a través de Facebook el alcalde Martín Gómez.

De acuerdo con el diario La Jornada, el alcalde de Chalchihuitán detalló que tres de los menores tenían menos de 4 años, mientras que el otro tenía apenas tres días de nacido. Además, durante el clip (difundido por el párroco de Simojovel, Marcelo Pérez Pérez), asegura que también tres adultos perecieron por las mismas razones.

Acompañado del sacerdote, el alcalde desmiente las versiones dadas a conocer por “la presidencia municipal de Chenalhó que asegura que ya hay paz en la zona”. Asegura que hay muchos enfermos y los caminos siguen totalmente cerrados, dominados por grupos paramilitares que han amenazado de muerte a los habitantes de Chalchihuitán.

Cabe recordar que la semana pasada, el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas y el sacerdote Marcelo Pérez Pérez, dieron a conocer que tras el asesinato de un habitante tzotzil de Chalchihuitán, cerca de 5 mil personas huyeron de sus casas, mil de ellas hacia los montes de la localidad para resguardarse del conflicto.

A partir de ese momento, se han instalado campamentos para que los desplazados logren sobrevivir en estas zonas, donde se presentan climas extremos, donde el clérigo recopila testimonios de los más afectados.

Algunos de ellos, cuentan que los grupos paramilitares quemaron todas sus pertenencias y sus cosechas. Se dicen tristes por haberlo perdido todo y tener que dormir ahora a la intemperie.

Desde el pasado 4 de diciembre, autoridades de Chalchihuitán en compañía de autoridades, han solicitado una audiencia con el gobernador del estado, Manuel Velasco Coello para solucionar el problema, pero no han sido atendidos. En aquellos días el edil Gomez Pérez aseveró tras la negativas: “perdonen lo que voy a decir, pero el gobernador me trata como a un perro. Sólo hemos podido hablar con unos licenciados y unos ingenieros que únicamente dicen pero no le dan atención a la gente”.

Es por esto que en esta ocasión, se vio en la necesidad de solicitar ayuda por medio de redes sociales. Ante la cantidad de personas enfermas solicita a la sociedad en general, que se donen medicamentos, alimentos. Ya en ocasiones anteriores han pedido la presencia de médicos voluntarios.

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