Desplazados de Guerrero dejan plantón en CDMX; Segob les promete protección ante grupos armados

Redacción / Animal Político

Foto: Facebook Frayba Derechos Humanos

Después de 39 días de estar en plantón afuera de Palacio Nacional, en la CDMX, desplazados de los municipios de Zitlala, Leonardo Bravo y Heliodoro Castillo regresaron a Guerrero luego de firmar un acuerdo con Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, SEGOB.

Los pobladores de Guerrero se trasladaron a la CDMX y se colocaron en plantón afuera de la sede del gobierno nacional en demanda de una audiencia con el presidente Andrés Manuel López Obrador, ante lo que calificaron como la inacción del gobierno de su estado para resolver su problema como víctimas de desplazamiento por parte de un grupo del crimen organizado que los sacó de sus casas para tomar el control de la zona de entrada a la sierra de Guerrero y otras rutas.

Los cerca de 400 afectados no regresarán todavía a sus viviendas ni podrán ser reubicados, como lo solicitaban en un principio, se concentrarán en el auditorio municipal de Chichihualco, cabecera de Leonardo Bravo, en la Sierra de Guerrero, en tanto el gobierno federal diseña la estrategia para el retorno seguro a sus comunidades.

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Desplazados de Guerrero piden garantías de seguridad y ayuda humanitaria

Notimex / 20 minutos

Foto: Facebook Frayba Derechos Humanos (Imagen ilustrativa)

Desde mediados de febrero pasado, al menos unas 380 personas desplazadas de Guerrero esperan a la sombra de Palacio Nacional, en la Ciudad de México, una solución para el regreso a sus comunidades.

Un retorno en el que se garantice la seguridad de las familias; las respuestas han llegado a cuentagotas; mientras, mujeres, niños y ancianos viven en más de una veintena de coloridas tiendas de campaña.

Crescencio Pacheco es desplazado de la comunidad de Campo de Aviación, municipio de Leonardo Bravo, desde que salieron de sus comunidades el 17 de febrero pasado se contabilizaban aproximadamente 320 personas, estos últimos días se incorporaron 60 personas de Heliodoro Castillo, en la parte alta de la sierra, así que al momento, viven unas 380 personas en el campamento.

En entrevista con Notimex, explicó que con este plantón buscan solución a la violencia que se vive en Guerrero; el desplazamiento surgió el 11 de noviembre del año pasado a raíz de un grupo delictivo que opera en la sierra y se les denomina como Comunitarios, el problema, dijo, es por el libre paso de este grupo a las mineras de la región.

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Desplazados de Guerrero hacen plantón en Palacio Nacional; exigen seguridad en sus comunidades

Redacción / El Universal
Foto: Eric Chavelas Hernández
Más de 400 pobladores de los municipios de Leonado Bravo y Zitlala, Chilpancingo, arribaron a la Ciudad de México este domingo para plantarse en Palacio Nacional hasta que el Presidente Andrés Manuel López Obrador los atienda y resuelva el tema de violencian que padecen.

Al mediodía del domingo, una caravana conformada por pobladores de comunidades del municipio de Leonardo Bravo, en la sierra, y de Tlaltempana, en Zitlata llegaron a la Ciudad de México para que sea tratado el desplazamiento que han sufrido por la violencia.

El objetivo es reunirse con López Obrador para pedirle que los apoye a regresar a sus comunidades.

Los pobladores salieron con colchonetas y casas de campaña para realizaran el plantón afuera de Palacio Nacional.

En el caso de los desplazados de la sierra, desde el 11 de noviembre dejaron sus pueblos después de que nos 2 mil hombres armados, quienes se autodenominaron comunitarios, irrumpieron en la comunidad de Filo de Caballos y fueron avanzando a otros pueblos, hasta tener el control de 10 localidades.

Desde hace tres meses más de mil 600 pobladores están albergados en el auditorio de la cabecera municipal y regados en casas de familiares. En el auditorio viven hacinados y con objetos indispensables para ellos.

Los menores de edad no han podido retomar sus clases y los pobladores han denunciado que los hombres armados están saqueando sus viviendas.

En más de dos ocasiones han intentado regresar a sus pueblos, pero los hombres armados se lo han impedido. Incluso, una vez dispararon contra la caravana que los llevaba de vuelta.

Los desplazados harán dos peticiones a López Obrador: que retire a los sujetos armados de sus pueblos y que les garantice la seguridad para volver.

El vocero de los desplazados, Crescencio Pacheco González, dijo que acudieran a la Ciudad de México porque el gobernador, Héctor Astudillo Flores, no ha mostrado interés para resolver su problema.

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Desplazados de Chalchihuitán piden al gobierno reparación de daños

Redacción / La Jornada

San Cristóbal de Las Casas, Chis., El Comité de Desplazados de Chalchihuitán exigió a los tres niveles de gobierno que reparen los daños económicos y morales ocasionados a más de 5 mil personas que estuvieron desplazadas en 2017 y 2018, así como el desarme y desarticulación de un grupo armado que opera en Chenalhó y participa en un conflicto por límites territoriales.

Representantes del comité, llamado Chalchihuite, aseguraron en una conferencia de prensa realizada en el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba) que ninguna autoridad se ha comprometido a repararnos los daños en casas, cosechas, animales y herramientas.

Demandaron que se otorgue pensión para Elicia Gómez García, esposa de Samuel Luna Girón, asesinado a balazos por vecinos de Chenalhó en octubre de 2017, lo que originó el desplazamiento de más de 5 mil pobladores de nueve comunidades de Chalchihuitán en la zona en disputa.

Continúa el miedo porque los grupos armados de corte paramilitar de Chenalhó siguen activos. Muchas personas no pueden ir a trabajar por los disparos y el despojo de sus parcelas, agregaron.

Manifestaron que mujeres de Chenalhó casadas con hombres de Chalchihuitán sufren discriminación y no las dejan visitar a sus familiares.

En especial pidieron a las autoridades que atiendan el caso de 10 familias expulsadas el 8 de enero pasado de la comunidad Cruz Kakana por las autoridades de ese lugar, quienes las obligaron a regresar a sus casas en la zona de riesgo.

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Sufren desplazados olvido en Chiapas

Redacción / Agencia Reforma / El Zócalo

Foto: Facebook Frayba Derechos Humanos

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) acreditó que los tres niveles de gobierno incurrieron en omisiones para prevenir los actos de violencia que derivaron en el desplazamiento forzado de aproximadamente 5 mil 266 personas originarias de distintas comunidades de los Municipios de Chalchihuitán y Chenalhó, en Chiapas.

El organismo concluyó que debido a que las autoridades no les garantizaron ayuda inmediata, el desplazamiento forzado obligó a las víctimas a refugiarse en 11 campamentos en los que se vulneraron sus derechos humanos, como el acceso a los servicios de salud, a la asistencia humanitaria y a la seguridad personal.

El desplazamiento forzado se enmarca en los hechos ocurridos el 18 de octubre de 2017, cuando varias personas ingresaron al Municipio de Chalchihuitán con armas de fuego, dispararon contra la población y ocasionaron la muerte de una persona.

Tras estos hechos y en medio de un conflicto interno por la propiedad de las tierras, miles de habitantes de las comunidades de Canalumtic, Pom, Ch´enmut, Bololchojón, Bejeltón, Tulantic, Cruztón, Cruz Cacanam y Tzomoltón dejaron sus hogares y buscaron refugio en otras zonas.

De acuerdo con la Recomendación 87/2018 de la CNDH, los desplazados se refugiaron en condiciones precarias.

Por ejemplo, el campamento “Bejelton II”, ubicado al interior de la montaña y a 30 minutos de la cabecera municipal de Chalchihuitán, albergaba a 159 personas que dormían en el suelo bajo una carpa de 10 por 10 metros hecha con palos de manera y plástico negro, y dado que carecían de agua potable, baños o letrinas, realizaban sus necesidades fisiológicas en los alrededores.

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Huyen de la violencia mujeres y niños en Guerrero

Redacción/La jornada

Foto: Sergio Ocampo/La Jornada

Leonardo Bravo, Gro. Cerca de cien mujeres, entre ellas, menores de edad, huyeron la madrugada de ayer por la violencia que persiste en el poblado Los Morros y otras comunidades de Leonardo Bravo; después de caminar 10 horas llegaron a Chichihualco, la cabe-cera municipal.

Una de las mujeres, que pidió el anonimato, dijo que si el gobernador, el priísta Héctor Astudillo Flores, no resuelve el problema en esta semana, nos vamos a plantar en el palacio de gobierno, para que vea lo que se siente.

Denunció que los elementos del 50 Batallón de Infantería de la Secretaría de la Defensa Nacional apostados en el poblado de Los Morros no hacen nada, solamente se andan paseando por las calles, y ahora están aliados con los de la Policía comunitaria de Tlacotepec.

Explicó que las cien mujeres salieron a las 4 de la madrugada de Los Morros, y llevaban horas sin comer, por lo que le pidieron al mandatario estatal atender el problema de inseguridad en esa región de la sierra Madre del Sur.

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Acusan a Velasco Coello de ejercer política represora

Redacción / El Universal
Niños tzotziles desplazados. Foto: Óscar León / La Jornada
Indígenas desplazados, estudiantes de la escuela normal Mactumatzá e integrantes de la Coordinadora de Estudiantes Normalistas del Estado (CENECH) realizaron una marcha en la capital del estado como parte de la acción global por Ayotzinapa, en la que acusaron al gobernador Manuel Velasco Coello de ejercer una política represora.

La manifestación se dio tras 72 horas de los enfrentamientos de desplazados con la policía estatal, los cuales dejaron un saldo de cinco indígenas lesionados y varias personas golpeadas, por lo que ayer en su movilización los inconformes exigieron juicio político en contra del mandatario estatal, quien termina funciones el próximo 8 de diciembre.

Javier Hernández, vocero de los desplazados, acusó que “el actual gobierno estatal mantiene una política de muerte y persecución. Por ello, le exigimos que sean respetados nuestros derechos y no utilice a la policía para reprimir”, afirmó.

“Le pedimos a López Obrador que mediante una consulta no permita que Velasco llegue al Senado, sino que lo juzgue y lo meta la cárcel; que mande a [el penal de] El Amate al Güero Velasco”, indicó el vocero del grupo de indígenas.

Catalina Entzín López, una de las indígenas desplazadas, aseguró que “la represión contra la caravana Pies Cansados —perpetrada el pasado fin de semana—, evidenció que a Velasco no le bastó con desplazar a las personas de sus comunidades, sino también nos echó de la plaza pública”.

Desplazados de Chiapas, sin comida

Redacción / La Jornada

Foto: Óscar León / La Jornada

Unos 370 indígenas de Chenalhó, Zinacantán y Ocosingo desplazados en diferentes fechas por conflictos políticos y agrarios, y que el lunes emprendieron una marcha a la capital del estado para exigir el cumplimiento de minutas firmadas con autoridades estatales, acordaron descansar ayer en el kilómetro 16 de la carretera de cuota y continuar este viernes, informó su asesor, Diego Cadenas Gordillo, director del Centro de Derechos Humanos Ku’untik.

Agregó que los desplazados exigen ayuda humanitaria, pues ya no tienen que comer y el gobierno ha incumplido sus promesas.

Comentó que algunas personas han ofrecido ayuda humanitaria a los desplazados. El gobierno tiene interés de que se suspenda la caravana, pero los desplazados pretenden llamar la atención del próximo gobernador, Rutilio Escandón Cadenas, y del presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, para encontrar una solución a la violencia en sus comunidades, aseveró.

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Frenan a balazos retorno de desplazados a sus comunidades en la sierra guerrerense

Redacción/Proceso

LOS MORROS, Gro. (proceso.com.mx).- Un grupo armado atacó a balazos la caravana de personas desplazadas por la violencia de la sierra de Guerrero, pese a que era resguardada por soldados y policías estatales, y acompañada por funcionarios estatales, representantes de organismos de Derechos Humanos y reporteros.

Foto: Ezequiel Flores/Proceso
El atentado que no dejó víctimas fatales, impidió que pobladores de Campo de Aviación, Filo de Caballos y Puentecillas regresaran a sus comunidades, las cuales siguen tomadas por la guardia comunitaria de Tlacotepec.
Un día antes, el gobierno de Héctor Astudillo Flores había asumido el compromiso con las víctimas de garantizar el regreso a sus pueblos y replegar al grupo armado de Tlacotepec.
Cerca del medio día de ayer, más de 200 personas desplazadas salieron de Chichihualco en una extensa caravana de autos que recorrió un sinuoso camino de terracería entre paisajes boscosos y sembradíos de marihuana y amapola, esparcidos en las entrañas de la Sierra Madre del Sur.
Dos horas después, las víctimas que fueron expulsadas de sus comunidades la semana pasada y permanecieron refugiadas en condiciones de hacinamiento en Chichihualco, arribaron a Los Morros y cuando se disponían a seguir avanzando hacia el poblado de Campo de Aviación, municipio de Leonardo Bravo, se registró la agresión armada sobre la carretera.

Son mil 700 los indígenas en desgracia por desplazamiento en Chavajeval; urge ayuda: Frayba

Redacción / Proceso

Foto: Facebook Panther Angel

El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas (Frayba) confirmó que son más mil 700 indígenas tzotziles los que fueron desplazados de manera forzada el pasado 7 de noviembre de la comunidad de Chavajeval, municipio de El Bosque y que viven en una situación de emergencia por falta de víveres y cobijas para enfrentar el frío de la temporada.

El Frayba exigió hoy al gobierno estatal proporcione ayuda humanitaria a cada una de las personas, y garantice su integridad y retorno en condiciones óptimas de seguridad.

El desplazamiento sucedió mientras se realizaba una asamblea comunitaria. Las personas escucharon disparos y decidieron irse de la comunidad por temor a ser heridos, según relata el comunicado.

“Las personas concentradas se dispersaron buscando refugio. Ante rumores de agresiones armadas, en el transcurso de esa noche se desplazaron forzadamente buscando senderos hacia la cabecera municipal, otras comunidades y hacia la montaña” informó el Frayba.

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