Organizaciones sociales denunciaron que “toda la fuerza del Estado se volcó, no a la búsqueda de los desaparecidos, sino al combate de una sentencia innovadora” que ordenaba la creación de dicha instancia.
Foto: Cencos/Marcela Méndez
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) deberá establecer en definitiva la viabilidad o no de crear una Comisión de Investigación para la Justicia y la Verdad del Caso Ayotzinapa, consideraron organizaciones que han dado seguimiento y apoyo jurídico a los familiares de los 43 normalistas desaparecidos.
Esto luego de que el Tercer Tribunal Unitario del Décimo Noveno Circuito Judicial con sede en Reynosa, Tamaulipas, a cargo del magistrado Sabino Pérez García, publicó un acuerdo mediante el cual considera “fundado el incidente de imposibilidad jurídica promovido por la Procuraduría General de la República (PGR)”, respecto a la creación de esa instancia.
Como se recordará, el Primer Tribunal Colegiado del mismo Circuito judicial había ordenado la creación de una comisión como mecanismo extraordinario para investigar el paradero de los estudiantes normalistas desaparecidos el 26 de septiembre de 2014.
En un comunicado, el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), Servicios y Asesoría para la Paz, A.C. (Serapaz), el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan y Fundar, Centro de Análisis e Investigación, denunciaron la “acción inédita” del gobierno de Enrique Peña Nietoal interponer más de 100 recursos y escritos jurídicos para combatir la resolución que ordena dar origen a la Comisión de Investigación.
CIUDAD DE MÉXICO (proceso.com.mx).- El ómbudsman nacional, Luis Raúl González Pérez, demandó al Estado mexicano redefinir políticas y terminar con la estigmación hacia personas con padecimietos mentales, y en particular atender las recomendaciones del Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.
El presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) exhortó que los servicios de salud mental se proporcionen, en la medida de lo posible, con base en el consentimiento libre e informado de la persona concernida, garantizar que los tratamientos farmacológicos sean considerados parte del sistema de apoyos, que estén disponibles a bajo costo o sean gratuitos.
Asimismo, que puedan tener mayor acceso a la justicia personas de comunidades indígenas, mujeres y niñas víctimas de violencia y abuso, así como quienes viven con alguna discapacidad.
González Pérez expuso que cerca de 29% de la población mexicana entre 18 y 65 años ha padecido algún problema de salud mental -estimación que puede ser mayor por el desconocimiento del tema-, y que el presupuesto asignado a esta cuestión se acerca al 2% del gasto total en salud y hay un especialista por cada 29 mil habitantes.
En este contexto, el ómbudsman hizo un llamado a generar un cambio para otorgar atención prioritaria a los pacientes, revisar y adecuar las políticas públicas y presupuestarias, así como los marcos normativos correspondientes.
González Pérez participó en la inauguración del Seminario “El Derecho y la Salud Mental”, organizado por el Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz, por la Suprema Corte de Justicia de la Nación y la licenciatura de Ciencia Forense de la Universidad Nacional Autónoma de México a través de la Red Temática de Ciencias Forenses.
El titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Luis Raúl González Pérez, alertó sobre la violencia y polarización que vive el país en el reciente proceso electoral. Señaló que este ejercicio democrático debe ser ocasión para encontrar vías de salida a los problemas que enfrentamos, “no rutas rumbo a callejones sin salida de violencia, intolerancia y división”. Al presentar su informe de trabajo ante el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), llamó a las autoridades a respetar la institucionalidad democrática mediante el impulso al reconocimiento de la ley.
México, 8 may (EFE).- México padece violencia en este proceso electoral en medio de un escenario polarizado, de crispación e incierto, alertó hoy el titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Luis Raúl González Pérez.
“México no puede sucumbir en la coyuntura de ningún proceso electoral, mucho menos sumirse en la contemplación pasiva de la violencia y la impunidad”, afirmó hoy el ombudsman nacional en la presentación del Informe de Actividades 2017 de la CNDH ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
González Pérez condenó la “crispación, polarización, incertidumbre y violencia política bajo cualquier forma que se presente”, según recoge un boletín.
Porque los ejercicios democráticos, enfatizó, deben ser ocasión para encontrar vías de salida a los problemas que enfrentamos, “no rutas rumbo a callejones sin salida de violencia, intolerancia y división”.
Por ello, demandó que las fuerzas políticas eleven el nivel de la discusión y que todos los sectores sociales y todas las personas tengamos altura de miras para ver propuestas de debates en que se confronten ideas, no personas.
Todo, dijo, en favor de un proceso electoral que permita dar cauce a las instituciones democráticas, al cumplimiento de la ley, “para que las mexicanas y mexicanos tengamos claras las plataformas electorales desde una perspectiva ajena a la polarización”.
El dictamen pasará al Senado para que sea discutido; organizaciones sociales consideran que no favorece la libertad de expresión ni el pluralismo en la información.
La Cámara de Diputados aprobó con 205 votos a favor, 168 en contra y cero abstenciones la Ley General de Comunicación Social.
El dictamen tiene como objetivo establecer las normas a que deberán sujetarse los entes públicos a fin de garantizar que el gasto en comunicación social cumpla con los criterios de eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez; y, respete los topes presupuestales, límites y condiciones de ejercicio que establezcan los presupuestos de egresos respectivos.
Sin embargo, organizaciones sociales denuncian que esta ley incentivaría el uso proselitista de la publicidad oficial que afectaría la equidad de la contienda electoral, además promueve un gasto discrecional y excesivo.
<blockquote class=”twitter-tweet” data-lang=”es”><p lang=”es” dir=”ltr”>¡No a la <a href=”https://twitter.com/hashtag/LeyChayote?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw”>#LeyChayote</a>! ¡No más gastos discrecionales y excesivos! ¡Sí a los <a href=”https://twitter.com/hashtag/MediosLibres?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw”>#MediosLibres</a>! <a href=”https://t.co/u95dMHJTSr”>pic.twitter.com/u95dMHJTSr</a></p>— Fundar (@FundarMexico) <a href=”https://twitter.com/FundarMexico/status/983808590346637312?ref_src=twsrc%5Etfw”>10 de abril de 2018</a></blockquote>
<script async src=”https://platform.twitter.com/widgets.js” charset=”utf-8″></script>
El dictamen atiende el mandato de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de crear una ley reglamentaria al artículo 134 de la Constitución, reformado en 2014.
De acuerdo con el dictamen, los medios de comunicación tienen garantizado el pleno ejercicio del desarrollo a la libertad de expresión en la contratación y difusión de propaganda gubernamental.
“La Secretaría de Gobernación (Segob) administrará el uso de los tiempos del Estado y de los tiempos fiscales, conforme a lo dispuesto por la Ley Federal de Telecomunicaciones, salvo en el caso de los tiempos oficiales que administra el Instituto Nacional Electoral”.
Imagina que caminas por la calle, un policía te detiene y comienza a revisarte, no estás cometiendo un acto ilícito y no tiene una orden; el motivo de la inspección –argumenta el agente– es que considera que el celular que portas está relacionado con un delito que se investiga.
Desafortunadamente, y como es sabido, México es un país que tiene niveles muy altos de desconfianza en sus instituciones policiales. Una prueba es la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública 2017, la cual registró que 48.8 por ciento de los ciudadanos confía poco o nada en la policía municipal, 43.6 por ciento en la estatal y 33.5 por ciento en la federal.
Foto: Foto: hemeroteca.proceso.com.mx
A pesar de ello, recientemente la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolvió la acción de inconstitucionalidad interpuesta por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) contra diversos numerales del Código Nacional de Procedimientos Penales por considerarlos violatorios de derechos humanos. La Corte declaró constitucionales los artículos impugnados, entre ellos los numerales 266 y 268.
Esta decisión permitirá que la policía realice inspecciones sobre una persona y sus posesiones, entre ellas, los vehículos, por el simple motivo de considerar que podría estar ocultando algo relacionado con un delito que se investiga, sin ninguna orden ni control judicial previo.
Lo anterior es sumamente preocupante. Si bien la SCJN ha pretendido puntualizar los supuestos en que podrían realizarse estas inspecciones, argumentando que es necesaria la existencia de una investigación en curso para que sean legales, esta salvaguarda no resulta suficiente.
Inicialmente en el ámbito jurídico es importante señalar que no existe ningún protocolo, regulación expresa, lineamientos básicos que establezcan parámetros específicos a los que debería ceñirse el actuar policial, es decir: ¿en qué casos pueden realizar estas inspecciones? ¿cómo deben hacerlo?, ¿qué criterios deben tomarse en cuenta? Esto queda totalmente al arbitrio de la policía, por lo que se deja al ciudadano completamente vulnerable y sin certeza jurídica alguna, se viola indudablemente el principio de legalidad, al que toda norma debería ajustarse, más aún, tratándose de limitaciones a la libertad personal.
Se argumenta que mediante estas normas se pretende dotar de herramientas a los agentes para posibilitar que realicen sus labores de manera efectiva, pero este discurso formal deja de lado el grave contexto nacional, mismo que muestra que la desconfianza social en las instituciones policiales deriva de que estas son señaladas por la comisión de un sinfín de abusos relacionados con la ejecución de sus funciones.
La necesidad del fortalecimiento de las autoridades civiles, en este caso fuerzas policiales, no está a discusión, es claramente necesaria, sin embargo, ésta debe darse en un marco de respeto irrestricto a los derechos humanos, los cuales no pueden sacrificarse para optimizar procesos, aunque estos sean relativos a la procuración de justicia.
Lo cierto es que se están dejando vigentes contenidos normativos cuya forma en que serán aplicados no es clara, aunado a que confieren facultades discrecionales a instituciones señaladas por la mala ejecución de sus funciones. En suma, estas circunstancias dejan la puerta abierta a la comisión de abusos y violación sistemática de derechos.
De acuerdo con las cifras preliminares de la Secretaría de la Función Pública, cada día de 2017 el Gobierno federal pagó en publicidad 18 millones 998 mil 018 pesos. Por mes, la cifra fue de 577 millones 856 mil 405 pesos.
Las dependencias federales gastaron de enero a diciembre de 2017, 6 mil 934 millones 276 mil 871 pesos en publicidad oficial, cantidad que es por 3 mil millones más alta de lo que tenían permitido usar.
Esta semana, en una carta conjunta, el INE, Inai y la Comisión Nacional de Derechos Humanos, le exigieron al Congreso de la Unión que el proceso de la ley de publicidad oficial sea plural, incluyente e informado.
Ciudad de México, 22 de febrero (SinEmbargo).- Cada día de 2017, el Gobierno federal pagó en publicidad 18 millones 998 mil 018 pesos. Por mes, la cifra fue de 577 millones 856 mil 405 pesos.
En ese año, de acuerdo con las cifras preliminares de la Secretaría de la Función Pública (SFP), las dependencias federales gastaron de enero a diciembre de 2017, 6 mil 934 millones 276 mil 871 pesos en publicidad oficial, cantidad que es por 3 mil millones más alta de lo que tenían permitido usar, de acuerdo con el Presupuesto de Egresos de la Federación.
Ese gasto se da justo en el año en que la urgencia de regular el gasto de las dependencias federales en publicidad oficial llegó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que terminó por exhibir que el Congreso no elaboró una legislación al respecto a pesar de que era una de sus responsabilidades.
SinEmbargo ha dado seguimiento a la cifra del gasto de 2017. En un primer corte, correspondiente a los gastos de enero a agosto, la cantidad erogada en el rubro fue de mil 932 millones 558 mil 689 pesos.
De enero a noviembre, la cifra creció 147 por ciento, ubicándose en 4 mil 779 millones 640 mil 801 pesos. Finalmente, a diciembre, se sumaron 2 mil 154 millones 636 mil 070 pesos.
De esta manera, el sobreejercicio anual sería de 3 mil 369 millones 836 mil 871 pesos, que es casi la misma cantidad de dinero que se podía gastar: 3 mil 564 millones 440 mil pesos.
Estas cifras son preliminares, las definitivas se publican siempre en el portal de la SFP varios meses después de concluido el año en cuestión, por lo que los datos reales de los gastos de comunicación de 2017 se sabrán durante la primera mitad de 2018.
Ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo | Foto: Marco Peláez/La Jornada
Por Redacción/La Jornada
Ciudad de México. La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) dio entrada a la primera controversia constitucional en contra de la Ley de Seguridad Interior, y será el ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo quien elabore el proyecto de resolución. Este es el primer recurso que se presenta ante el máximo tribunal del país para que se analice si la legislación recientemente aprobada afecta los derechos humanos de los ciudadanos y algunos de sus artículos viola la Constitución.
Esta controversia constitucional fue presentada por Esperanza Estela Chilaca, síndica del municipio de San Pedro Cholula, Puebla, ”en representación del referido municipio, contra las cámaras de Diputados y Senadores del Congreso de la Unión, el Poder Ejecutivo federal y el director del Diario Oficial de la Federación, en la que impugna y demanda la invalidez de la Ley de Seguridad Interior”.
La legislación fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el 21 de diciembre del año pasado. Con la aprobación del ministro presidente de la SCJN, Luis María Aguilar Morales, el asunto fue turnado al ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo como instructor del procedimiento.
Integrantes de la comunidad indígena de Juchitán, Oaxaca, donde ya hay 15 parques eólicos, interpusieron una demanda de amparo en 2015 porque la Comisión Reguladora de Energía violó su derecho a una consulta libre, previa e informada acorde al marco internacional. Aunque en junio de 2016 el titular del Juzgado Séptimo de Distrito en Salinas Cruz, Oaxaca, lo negó, este día la Suprema Corte de Justicia de la Nación atrajo el caso.
Esta acción judicial “puede fijar criterios importantes en futuros casos similares”, expusieron organizaciones civiles defensoras de derechos humanos.
Ciudad de México, 10 enero (SinEmbargo).– La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) atrajo el caso del amparo contra la instalación del parque eólico de la empresa española Eólica del Sur, para implementar una consulta libre, previa e informada en la comunidad zapoteca de Juchitán de Zaragoza, ubicado en el Istmo de Tehuantepec en Oaxaca, donde hay más de 20 parques eólicos.
“Los integrantes de la Primera Sala consideraron que el asunto reúne los requisitos de interés y trascendencia, en tanto que involucra el contenido y alcance del derecho humano a la consulta previa, libre e informada de las comunidades indígenas”, expuso la SCJN en un comunicado. “Según lo alegado por los indígenas, [el parque eólico] podría producir importantes afectaciones y alteraciones ambientales que repercutirían de manera directa en su comunidad, e indirectamente, en la sociedad en general”.
De 2014 a 2015, se llevó a cabo una simulación de consulta con “una serie de vicios procesales y una marcada violación a los principios rectores de los derechos” que derivaron en intimidaciones y falta de claridad sobre cómo se verán afectados en sus actividades diarias como la agricultura y la pesca, evidenciaron las organizaciones ProDesc y PODER.
Diversas organizaciones pidieron a los ministros que también consideren las denuncias de otros pueblos indígenas sobre consultas no apegadas al marco internacional en el contexto de la implementación de proyectos derivados de la Reforma Energética.
Esta acción judicial “puede fijar criterios importantes en futuros casos similares”, expusieron en un comunicado. Fundar, Serapa, Centro Prodh y otras consideraron que, a raíz de este caso no aislado, la Primera Sala de la SCJN puede entrar a definir criterios importantes y necesarios sobre los principios de la consulta a pueblos y comunidades indígenas, en especial sobre el carácter de “previo”, ya que implementar un proceso de consulta cuando el proyecto a desarrollar ya está definido no es compatible con el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
Eólica del Sur busca imponer el parque eólico más grande de América Latina en Juchitán de Zaragoza y El Espinal, con 132 torres de 125 metros de altura cada una. El director general, Eduardo Centeno, resaltó que es el primero proyecto que se realiza con la aprobación de la comunidad tras una consulta.
OAXACA, Oax. (apro).- Aunque la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ordenó al Congreso de la Unión regular el uso del dinero público destinado a la publicidad oficial, “eso no significa que ya podemos cantar victoria, ahora esperamos que no sea una ley mediocre o que simule a intereses particulares”, afirmó el representante de Articulo 19, Ricardo Reyes.
Al preguntarle qué pasaría si el Congreso de la Unión desacata ese mandato judicial, dudó porque considera difícil que vaya a destituir a 500 diputados y senadores como sucedió recientemente con el delegado de la Venustiano Carranza, Israel Moreno Rivera, aunque lo más probable es que traten de cumplir legislando una ley que simule.
Durante la mesa de análisis “Contar lo bueno, cuesta mucho. El gasto en publicidad oficial del gobierno federal 2013-2016”, a la que convocó el Comité de Defensa Integral de Derechos Humanos Gobixha (Codigo dh) con el objetivo de transparentar la publicidad oficial del gobierno, reconoció que, en efecto, de decisión de la Corte “es un gran paso, pero no es una victoria”.
Relató que esta decisión se logró gracias a la “omisión legislativa” y el tema de libertad de expresión que atentaba contra los medios de comunicación principalmente y de la sociedad en su derecho a informar.
A petición de Artículo 19, la Corte ordenó el pasado 15 de noviembre legislar sobre la publicidad oficial porque la omisión implicaba violencia sutil a los medios de comunicación y el gasto excesivo en comunicación social o publicidad oficial. Ahora el Congreso está obligado a emitir una ley a más tardar el 30 abril de 2018.
Sin embargo, dijo, “tememos que haya una simulación de parte del legislativo para enviar una ley y decir: ‘ya cumplimos’, pero que no contemple las necesidades de transparentar los contratos públicos, que existan topes presupuestales, que no haya un gasto excesivo, que haya una repartición equitativa y no discriminatoria que afecte a medios críticos”.
Adelantó que desde la sociedad civil estarán atentos para que esta ley salga bien porque “las expectativas son altas, pero hay que ser precavidos para que no sea una ley a modo o a interés de particulares”.
“Se ha desatado una escalada de violencia y hostigamiento contra las comunidades indígenas” tras la consulta popular sobre el cultivo de soya transgénica en los municipios de Holpechén y Tenabo, en Campeche, denunciaron los apicultores mayas de la entidad, quienes acusaron a “grupos patrocinados por Monsanto” de llevar a cabo las agresiones.
Representantes de las 34 comunidades afectadas que se oponen a la siembra de soya genéticamente modificada aseguraron que las amenazas y el hostigamiento incrementaron desde que se presentó el informe final del Grupo de Trabajo sobre Empresas y Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), el pasado 8 de junio.
“Las comunidades mayas de Hopelchén y Tenabo externamos nuestra preocupación por las intimidaciones, las amenazas y la falta de libertad, seguridad y buena fe, así como por los intentos de grupos bien identificados de dividir a las comunidades a causa de la consulta que ordenó la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN)”, expresaron.
De acuerdo con los representantes, Monsanto no respeta las recomendaciones de Naciones Unidas y otros organismos internacionales sobre la relación entre las empresas y los derechos humanos. “No nos escuchan. Hemos intentado dialogar, pero las autoridades involucradas nunca han volteado a vernos como debe ser. ¿Por qué nos ignoran? Porque somos indígenas. Nos sentimos muy orgullosos de lo que representa cada una de las comunidades”, agregaron.
Recordaron que sin apicultura, no habrá bosques, y que sin ellos no habrá oxígeno. Por ello, enfatizaron que la consulta se refiere al permiso de liberación al medio ambiente de soya transgénica creada por Monsanto en los estados de Campeche, Quintana Roo y Yucatán.
“No estamos manipulados por nadie ni somos un grupito, como se quiere hacer creer. Somos gente originaria que está preocupada por las actividades que están siendo afectadas por el uso de productos transgénicos”, reafirmaron los representantes.
