Suprema Corte de Justicia de la Nación – Página 2 – Centro Nacional de Comunicación Social AC

6 diciembre, 2018

Corte falla a favor de que las trabajadoras del hogar sean inscritas en el IMSS; acataremos, responde el Instituto

Redacción/Animal Político

De acuerdo con el amparo concedido por la Suprema Corte, la inscripción de las trabajadoras del hogar al IMSS no será de carácter voluntario, sino obligatorio.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinó que es inconstitucional excluir a las trabajadoras del hogar del régimen obligatorio del Instituto Mexicano de Seguro Social (IMSS), y que los patrones no estén obligados a inscribirlas.

Este miércoles, la SCJN aceptó el proyecto del ministro Alberto Pérez Dayán del amparo directo 9/2018, con el que se determinó que no existe alguna razón constitucionalmente válida por la cual la Ley Federal del Trabajo y la Ley del IMSS excluyan el trabajo doméstico del régimen obligatorio de seguridad social, lo cual, consideraron “provoca una discriminación injusta contra dichas trabajadoras”.

“Dejar fuera el trabajo doméstico del régimen obligatorio del IMSS afecta de manera desproporcionada a la mujer, pues estadísticamente la labor del hogar es realizada preponderantemente por ellas (nueve de cada diez empleados del hogar son mujeres, según el Inegi)”, detalló la Corte en un comunicado.

De acuerdo con la SCJN, el trabajo doméstico ha sido tradicionalmente objeto de extensas jornadas, bajos salarios y condiciones lejanas del concepto “trabajo digno”, lo que implide a los trabajadores acceder a prestaciones sociales y generar un proyecto de vida en condiciones igualitarias”.

Por ello, concedió el amparo con el que se hará de conocimiento al IMSS de esa situación discriminatoria, y ordenará que en un plazo prudente (primer semestre de 2019) el Instituto implemente un “programa piloto” que tenga como fin diseñar y ejecutar un régimen especial de seguridad social para las trabajadoras del hogar.

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16 noviembre, 2018

La Guardia Nacional no es la vía: Programa de Seguridad Ciudadana IBERO

Ernesto López Portillo/ibero.mx

Ernesto López Portillo, experto en seguridad y coordinador de este programa universitario, afirma que la militarización no construye seguridad sostenible
La vía correcta es la seguridad ciudadana, que concilia la seguridad y los derechos humanos a través de políticas públicas

Desde el Programa de Seguridad Ciudadana de la IBERO hemos observado con atención dos trascendentes acontecimientos sucedidos apenas. Mientras la Suprema Corte de Justicia de la Nación declaraba la inconstitucionalidad de toda la Ley de Seguridad Interior, entre otros motivos porque regularizaba la intervención militar en tareas de seguridad pública, Andrés Manuel López Obrador, en sentido contrario, anunciaba la creación de la Guardia Nacional cuyo impulso va incluso más allá, no sólo regularizando esa intervención, sino además institucionalizando el mando operativo militar sobre el civil en tareas policiales.

La Corte acumuló los suficientes votos para invalidar la Ley sesionando los días 13 y 15 de noviembre y fue el 14 cuando el presidente electo presentó su llamado Plan Nacional de Paz y Seguridad. La coincidencia en el tiempo es sorprendente y buscaremos si detrás de ella hay decisiones políticas intencionales para que así sucediera –eso será materia de otro análisis–.

En el Programa celebramos la decisión del máximo tribunal y lamentamos la del próximo Ejecutivo Federal. Ambas tienen enorme relevancia. La Corte dijo no a la militarización de la seguridad pública mientras López Obrador dice sí. Debido a que el documento presentado por éste no es en estricto sentido un plan, ya que no incluye una definición sólida de los problemas –con evidencia empírica suficiente de soporte- y tampoco presenta una ruta de tránsito desde esos problemas hacia las soluciones –los ‘cómos’-, tanto la creación de la Guardia Nacional como todos los demás temas del llamado Plan esperan una explicación que sí alance los estándares mínimos de una política pública.

Mientras eso sucede, en todo caso la decisión del próximo gobierno federal desdice la oferta que el entonces candidato López Obrador reiteró, cuando expresa y acertadamente se postuló en contra del uso de las fuerzas armadas en tareas de seguridad pública: “No se puede apagar el fuego con fuego“, expresó. Sin embargo, luego de su triunfo vinieron los tumbos protagonizados por el propio presidente electo y Alfonso Durazo -próximo secretario federal de seguridad-, quien dijo varias veces que no habría, al menos por ahora, Guardia Nacional.

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1 noviembre, 2018

Organizaciones presentan recomendaciones emitidas por panel internacional de expertos para la selección de ministra/o de la SCJN

Asunto: Presentamos recomendaciones

emitidas por el Panel Internacional de

Expertos para la Selección de Ministra/o

de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Ciudad de México, 1 de noviembre de 2018

Señor
Enrique Peña Nieto
Presidente de la República de los Estados Unidos Mexicanos Presente.

Como es de conocimiento público, en las próximas semanas debe darse inicio al proceso para seleccionar a la persona que ocupará el cargo de Ministra/o de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (en adelante, la SCJN), en reemplazo del Ministro José Ramón Cossío, cuyo mandato se extiende hasta noviembre del presente año. Dentro de este procedimiento, y por mandato del Artículo 96 de la Constitución, la Presidencia de la República que usted ostenta, debe nominar ante el Senado una terna de candidatas/os, para que éste lleve a cabo una evaluación de sus respectivos perfiles, y adopte una decisión por mayoría calificada.

Siendo que este mecanismo de designación supone la intervención de dos poderes políticos del Estado, consideramos fundamental que el Estado mexicano observe los estándares internacionales desarrollados sobre la materia, los cuales exigen que todo proceso de selección de altas autoridades de los sistemas de justicia se lleven a cabo de manera transparente, pública, participativa, orientada a la identificación y valoración de los méritos y capacidades, así como que sean respetuosos del principio de igualdad y no discriminación. Consideramos, además, que estos principios no solo son aplicables a la evaluación en el Senado, sino también a la etapa de conformación de la terna a su cargo, tomando en cuenta su responsabilidad constitucional de sugerir al Senado a las personas más idóneas para ocupar el puesto de Ministra/o de la SCJN.

En esa convicción, las organizaciones nacionales e internacionales que suscribimos la presente carta, interesadas en el fortalecimiento del máximo órgano del sistema de justicia mexicano, y conscientes del rol de la SCJN como pieza fundamental del sistema democrático, hemos promovido, como una iniciativa desde la sociedad civil, la creación de un Panel Internacional de Expertos para la Elección de Ministra/o de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el cual se encuentra actualmente instalado.

Este Panel se encuentra integrado por tres expertos internacionales de extraordinaria trayectoria –Catalina Botero (Colombia), Carlos Ayala Corao (Venezuela) y Macarena Sáez (Chile)– quienes realizarán un seguimiento y evaluación de todo el proceso de selección durante su desarrollo, y producirán pronunciamientos parciales y un informe final que contendrá una evaluación independiente de los perfiles de los candidatas/os nominados en la terna, y de la transparencia, publicidad y apertura hacia la sociedad civil del mecanismo de selección en general.

Para esta evaluación, los expertos utilizarán la información pública que los órganos competentes pongan a disposición, las fuentes normativas de derecho interno mexicano, así como los estándares internacionales sobre designación de miembros de altas cortes, que resulten vinculantes para México. Asimismo, para formular sus recomendaciones, el Panel considerará buenas prácticas identificadas en otros países con mecanismos similares de designación.

Ponemos en conocimiento de la Presidencia el primer pronunciamiento parcial del Panel Internacional, en el cual formula recomendaciones específicas referidas a la etapa de conformación de la terna de candidatas/os, el cual corre a cargo de su Presidencia. En este pronunciamiento, que anexamos a la presente comunicación, el Panel recomienda medidas concretas para promover una mayor transparencia y debate público en la etapa de preselección de las/os candidatas/os a ser nominadas/os, como la apertura de una convocatoria para recibir sugerencias de candidatas y candidatos por parte de la sociedad civil. Asimismo, sugiere que la Presidencia tome especial atención al criterio de género en la futura composición de la SCJN.

En razón de lo anterior, nos dirigimos a usted, para hacer de su conocimiento esta iniciativa de monitoreo y observación del proceso de selección promovida e impulsada desde la sociedad civil, y compartirle el primer pronunciamiento del Panel Internacional de Expertos, cuyas recomendaciones esperamos sean valoradas y atendidas en esta etapa a su cargo.

Sin otro particular, le reiteramos nuestro atento saludo y quedamos pendientes de su respuesta, que esperamos sea positiva.

Atentamente:

Artículo 19; Borde Jurídico; Centro Nacional de Comunicación Social (CENCOS); Comisión Mexicana para la Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH); EQUIS Justicia para las Mujeres; Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho (FJEDD); Fundación para el Debido Proceso (DPLF); Fundar Centro de análisis e investigación; Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE); Instituto de Liderazgo Simone de Beauvoir (ILSB); Observatorio Ciudadano de los Procesos de Designación de los Servidores Públicos; Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA).

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1 noviembre, 2018

#SeguridadSinGuerra: ¿La Suprema Corte está enterada de la guerra?

31 octubre, 201831 octubre, 2018

Proyecto de la Corte avala Ley de Seguridad Interior pero con 14 cambios. Aquí los detalles de las modificaciones

Redacción/Animal Político

De acuerdo con el ministro Pardo Rebolledo, la actuación de militares solo es válida si es por petición de estados y en situaciones excepcionales, por ello, se ordena eliminar siete artículos.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación perfila avalar la Ley de Seguridad Interior aprobada desde diciembre de 2017, bajo la premisa de que con ella no se viola la Constitución ni se militariza al país, pero siempre y cuando la intervención de las fuerzas armadas se limite a situaciones graves y excepcionales, y bajo solicitud – sin excepción – de gobiernos estatales.

Para que esto se cumpla, el proyecto de sentencia elaborado por el ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo – que será sujeto a consideración del pleno en los próximos días – plantea 14 cambios y modificaciones diversos artículos de la ley, incluyendo la anulación total de siete de ellos, al concluir que son inconstitucionales.

Entre lo que desaparecería se encuentra cualquier palabra o cláusula en la Ley que abra la puerta para que el Ejército actúe por su cuenta; la clasificación automática de información reservada que se hizo de los datos de operativos; y la inclusión del tema de marchas como posible amenaza a la seguridad interior.

El proyecto de sentencia de la Corte desestima de forma general lo planteado por la CNDH, el INAI, así como diversos diputados y estados, respecto a que la ley en su conjunto era inconstitucional al militarizar la seguridad pública que era facultad exclusiva de autoridades civiles.

Y es que, según el análisis del ministro Pardo Rebolledo, la Ley sí delimita de forma clara el concepto de “seguridad interior” como una vertiente de la Seguridad Nacional, con los mismos riesgos que esta encuadra, pero con la diferencia de que dichos riesgos tengan su origen en el interior del país.

Es por ello, señala la sentencia, que seguridad interior no es lo mismo que seguridad pública y por tanto las fuerzas armadas sí tienen facultad de intervenir a ella siempre y cuando, insiste el ministro, sea en apoyo y bajo subordinación de autoridades civiles y en situaciones graves y excepcionales. Incluso, recalca la sentencia, es necesario que el Ejército intervenga.

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4 octubre, 2018

La SCJN atrae caso sobre reparación del daño a integrante de Los Avispones de Chilpancingo

Redacción/Proceso

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinó atraer el caso de un integrante del equipo de futbol Avispones de Chilpancingo, cuyo autobús fue atacado el 26 de septiembre de 2014, durante los acontecimientos que dieron lugar a la desaparición de 43 estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa.

Familiares de los 26 futbolistas del equipo de futbol de tercera división club deportivo Avispones de Chilpancingo. Foto: Germán Canseco

A propuesta del ministro Arturo Zaldívar, el miércoles pasado la Primera sala resolvió la solicitud de atracción 477/2018, asunto mediante el que se debate qué medidas se deben otorgar a un integrante del equipo de fútbol para que se le reparen los daños que sufrió durante el ataque.

En un comunicado, la Corte recordó que el 26 de septiembre de 2014, jóvenes de entre 14 y 17 años, integrantes del equipo “Avispones de Chilpancingo F.C.” viajaban en un autobús hacia Chilpancingo luego de haber jugado un partido de la tercera división.

Antes de llegar a su destino, el autobús en el que viajaba el equipo se encontró con un retén que les impedía llegar a la zona en la que los normalistas estaban siendo atacados.

Al acercarse al retén, hombres armados dispararon contra el camión hiriendo al chofer, lo que provocó que el vehículo se saliera de la carretera y por el impacto la puerta quedara bloqueada.

“Los jóvenes, se encontraron atrapados dentro del camión mientras les disparaban de manera indiscriminada y sin cesar. Durante este ataque murieron uno de los integrantes del equipo, una señora que estaba cerca y más de 30 personas resultaron gravemente heridas, entre ellos, el chofer, quien murió a causa de esas lesiones”, recordó la Corte en su comunicado.

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2 octubre, 20182 octubre, 2018

Piden a SCJN audiencias públicas para resolver la inconstitucionalidad de la Ley de Seguridad Interior

Marcela Méndez/Cencos

Representantes del colectivo #SeguridadSinGuerra acudieron esta mañana a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para entregar una petición dirigida a Luis María Aguilar Morales, presidente del máximo tribunal, para que se lleven a cabo audiencias públicas ciudadanas antes de que sean resueltas las acciones de inconstitucionalidad y controversias constitucionales interpuestas en contra de la Ley de Seguridad Interior, lo cual sucedería en las próximas semanas.

El colectivo busca que todas las voces sean escuchadas de forma exhaustiva y transparente de cara a la sociedad, por el impacto profundo que la resolución de estos asuntos tendría en la vida constitucional de México.

#SeguridadSinGuerra recordó que en diciembre del año pasado la ley fue aprobada y promulgada, a pesar de las advertencias de organismos nacionales e internacionales (entre los que se encuentran la CNDH, la ONU y la CIDH) sobre los riesgos de que el ejército realice labores de seguridad interior, que corresponden a la policía.

“La Ley de Seguridad interior deja de lado el anhelo de fortalecer a las policías y perpetúa el modelo militarizado”, aseguró Alfredo Lecona, integrante del Colectivo.

Ante los medios de comunicación Denisse Dresser hizo un llamado a la congruencia al nuevo gobierno, encabezado por Andrés Manuel López Obrador, ya que mucha gente votó por él ante el ofrecimiento de paz, lo cual es incompatible con la permanencia de la Ley de Seguridad Interior, que repite el modelo anterior de seguridad.

“Es incompatible un discurso de pacificación con la permanencia del modelo militarizado que hemos padecido durante los últimos 12 años, que no ha producido más que una crisis de derechos humanos… y que nos ha colocado en el peor de los mundos: tenemos al ejército en las calles porque no hay buenas policías, y no hay buenas policías porque tenemos al ejército en las calles”.

El colectivo #SeguridadSinGuerra, que agrupa a más de 300 organizaciones y personas, decidió hacer esta petición a exactamente 50 años de la matanza del 2 de octubre en Tlatelolco.

“En este día histórico (…) es más importante que nunca reafirmar la defensa de las libertades y derechos”, aseguró e hizo énfasis en que después de esa noche no debieron permitirse más excesos bajo la complicidad del Estado, sin embargo, el los últimos 12 años cientos de miles de personas han muerto de forma violenta, se encuentras desplazadas o buscando a algún ser querido.

5 septiembre, 2018

Defiende ministro posesión personal de marihuana

Redacción / El Universal

El ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena intentará nuevamente conseguir los votos necesarios para declarar inconstitucional la criminalización de la posesión simple de droga, por considerarla violatoria de los derechos humanos.

En su proyecto, el ministro considera que el uso o consumo personal de las drogas no debe ser equiparable a las diferentes modalidades del narcotráfico ni del narcomenudeo porque no existe una afectación a terceras personas.

“[…] El contenido y alcance de este tipo de comportamientos se ciñe a la salud e integridad personal del poseedor o consumidor de la droga, así como a su libertad y autonomía”, indica el documento.

Hace dos semanas, la SCJN rechazó un proyecto realizado por la ministra Norma Lucía Piña Hernández en el que consideraba que la sanción impuesta por posesión simple de marihuana es inhumana.

El argumento del ministro Gutiérrez Ortiz Mena se enfoca en la afectación a terceras personas que ocasionan el narcomenudeo y el narcotráfico, para que se justifique la protección a la salud pública, como establece la ley.

Además, indica que el Estado es garante de los derechos de los ciudadanos, más no persecutor y criminalizador de conductas que sólo atañen a la vida privada.

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3 septiembre, 2018

Consulta Río Sonora: la oportunidad para un fallo histórico en pro del medio ambiente

Redacción/Proceso

Derrame de la mina Buenavista en el río Sonora. Foto: Profepa

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- De nueva cuenta, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) aplazó la resolución del juicio de amparo 365/2018 que interpuso el Comité de Cuenca Río Sonora (CCRS) en marzo de 2016 y con el que busca reconocer el derecho de todos los pueblos a participar sobre la construcción de megaproyectos que impacten el medio ambiente.

El pasado miércoles 29, sin conocimiento de las comunidades amparadas, el máximo órgano de justicia del país pospuso la emisión del fallo del caso que atrajo en abril de 2017. La primera fecha para su resolución se había fijado para el miércoles 22 de agosto, pero se postergó una semana más y, llegado el día se aplazó una vez más.

A pesar de que no es una falta legal de la SCJN y de que el tiempo de su resolución podría ampliarse de manera indiscriminada, las comunidades implicadas y su representación legal — que lleva la organización civil Proyecto sobre Organización, Desarrollo, Educación e Investigación (PODER)— esperan una respuesta pronta y positiva.

Un fallo a su favor no sólo podría detener la construcción de una nueva planta de jales en el municipio de Cananea, Sonora (mismo sitio donde ocurrió el derrame de sulfato de cobre en el Río Sonora, en 2014) sino que podría ser un parteaguas para casos como el del Nuevo Aeropuerto de la Ciudad de México o del Tren Interurbano de Toluca, en los que existen reclamos de comunidades afectadas.

Luis Miguel Cano, abogado de PODER y representante de los pobladores agrupados en el CCRS, comenta a Apro:

“No es inusual el retraso (en la SCJN), pero tampoco es la regla, porque la mayor parte de los casos se resuelven el día de la sesión. Sin embargo, no lo vemos con malos ojos. Lo importante es que al final se llegue a un fallo que tome en cuenta lo elemental: que hay un derecho a participar en asuntos medioambientales”.

El abogado también insiste en que la resolución “puede tener un impacto mayúsculo para las causas medioambientales en todo el país”.

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23 agosto, 2018

Familiares de los 43 urgen a la SCJN y al CJF defender su autonomía y dar luz verde a Comisión de la Verdad

Redacción/Proceso

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Familiares de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos emplazaron a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y al Consejo de la Judicatura Federal (CJF), a defender su autonomía e independencia frente al gobierno de Enrique Peña Nieto en su pretensión de revertir la sentencia del Primer Tribunal Colegiado de Décimo Noveno Circuito, que ordena la creación de la “Comisión de Investigación para la Verdad y la Justicia”.

En vísperas de que se cumplan 47 meses de la desaparición de los estudiantes, padres, madres y alumnos de la Normal Rural “Isidro Burgos” acudieron al CJF para exigir una audiencia, luego de no obtener respuesta a la solicitud que entregaron el pasado 25 de julio.

En el contexto de la jornada “Ni perdón ni olvido”, los familiares realizaron una protesta frente a las oficinas del CJF, aprovechando la presencia del presidente de la SCJN, Luis María Aguilar Morales, quien de manera extraordinaria conversó con ellos por aproximadamente 30 minutos.

Melitón Ortega, vocero de los padres y madres de los 43, recordó que en julio pasado entregaron al CJF un documento en el que fijaban su posición frente a la embestida del gobierno de Peña Nieto para revertir la sentencia garantista diseñada por el magistrado Mauricio Fernández de la Mora.

De acuerdo con un reportaje publicado en la edición de Proceso que circula esta semana (con el título: El gobierno en pleno se ampara contra una Comisión de la Verdad), contra esa resolución histórica se han interpuesto alrededor de cien recursos judiciales presentados por la Presidencia de la República, la Procuraduría General de la República (PGR) y la Policía Federal (PF).

También participaron las secretarías de la Defensa Nacional (Sedena), Marina (Semar), Salud, Hacienda y Gobernación, así como la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), el Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social y la Cámara de Diputados.

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