Ciudad de México. Los pueblos originarios de México siguen enfrentando graves problemas de discriminación y falta de cumplimiento de sus derechos básicos, problemas que se han ido incrementando –en gran medida– por falta de voluntad política del gobierno del país para resolverlos, señaló la relatora especial de la Organización de Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas, Victoria Tauli-Corpuz.
En conferencia de prensa, una vez terminada su visita oficial al país, la especialista hizo un resumen de sus principales hallazgos, luego de reunirse con más de 200 personas de 23 pueblos indígenas, provenientes de 18 estados del país.
“Pude reconocer un serio patrón de exclusión y discriminación, que a su vez se refleja en la falta de acceso a la justicia, entre otras violaciones de derechos humanos”, destacó la relatora de origen filipino.
“Otro problema serio que me fue presentado del hecho de que los pueblos indígenas no están siendo apropiadamente consultados, de acuerdo con los estándares internacionales, sobre proyectos y otras decisiones que afectan sus derechos, incluyendo el derecho a la vida”, añadió.
Al detallar algunos de los aspectos que analizó en su visita del 8 al 17 de noviembre, Tauli-Corpuz señaló que el derecho de los indígenas a la tierra y el territorio es una de las garantías violadas con mayor frecuencia, con el propósito de imponer diversos megaproyectos económicos, cómo minas, presas hidroeléctricas y otras iniciativas similares.
Organizaciones civiles que acompañan a grupos indígenas presentarán ante la Relatoría especial de la ONU un cúmulo de denuncias sobre las disputas territoriales, la falta de consulta, despojo y criminalización a quienes se oponen a megaproyectos en México, entre otras violaciones a los derechos humanos a los que son sometidos los pueblos originarios.
El documento sobre la problemática general en el país será presentado por las organizaciones, pese a que la Relatora se limitará a visitar Chihuahua, Chiapas y Guerrero, y esperan que el peso internacional de las futuras recomendaciones traiga cambios favorables a esas comunidades.
Ciudad de México, 8 de noviembre (SinEmbargo).- Ocho personas del pueblo de Salazar, Estado de México, que se oponían a la construcción de un proyecto de la Inmobiliaria Hsea S.A. fueron detenidas desde el pasado 31 de agosto. Cinco hombres y tres mujeres de esta localidad están vinculados a proceso por los delitos de robo con violencia, privación ilegal de la liberta y lesiones.
Para la comunidad, es una clara afrenta por la resistencia a un proyecto de recreación que se pretende construir en terrenos que consideran que se están usurpando.
Entre los detenidos está el presidente de bienes comunales Cutberto Vilchis García, encargado de velar por la defensa del territorio de la localidad otomí. El caso está incluido entre las denuncias que activistas presentarán a la Relatoría sobre los derechos de los pueblos indígenas de Naciones Unidas (ONU).
El caso de Salazar, municipio de Lerma, refleja la criminalización de los defensores del territorio en el Estado de México, sostuvo la abogada Citlalli González del Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero (CDHZL). El caso se prevé llegará a las manos de la Relatora Victoria Tauli-Corpuz, quien estará en el país del 8 al 17 de noviembre.
“Los problemas agrarios también son parte de la problemática que enfrentan los pueblos indígenas en el Estado de México. La comunidad de Salazar ha peleado por un reconocimiento de sus tierras, pero las autoridades no reconocen a sus autoridades comunales para hacer este reclamo”, explicó González.
En un breve mensaje, la Relatora sobre los derechos de los pueblos indígenas Victoria Tauli-Corpuz aseguró que buscará “información acerca de casos reportados sobre amenazas y criminalización contra defensores de los derechos de los pueblos indígenas y estudiaré las medidas de protección disponibles para las y los líderes, así como las comunidades en riesgo”.
La visita ha alentado a las organizaciones civiles, que acompañan a los pueblos indígenas, a presentar un informe sobre los problemas de los pueblos indígenas a nivel nacional, pese a que la Relatora se limitará a visitar Chihuahua, Chiapas y Guerrero.
Por Redacción
Esta nota se publicó originalmente en The Mexican Times el 10 de noviembre del 2016.
Juan Carlos Flores Solís, es representante del Frente de Pueblos en Defensa del Agua y la Tierra de Morelos, Puebla y Tlaxcala, y opositor al Proyecto Integral Morelos (PIM), el cual consiste en dos termoeléctricas, un gasoducto y un acueducto que se construirían en las tierras de cientos de indígenas.
FOTO: Uriel Reyes y Alberto Filio
Juan Carlos fue detenido el 7 de abril de 2014 por 12 hombres vestidos de civil tras salir de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla, a donde le pidieron que fuera a ratificar una denuncia. Estuvo preso 10 meses acusado de motín, extorsión, despojo y daño contra la infraestructura hidráulica.
Un día antes, la policía estatal detuvo a la defensora Enedina Rosas Vélez, comisariada ejidal del San Felipe Xonacayucan y también opositora al PIM. La acusaron de robarle con violencia un celular a un trabajador de Bonatti, empresa responsable de la construcción del gasoducto, y de “oponerse a la ejecución de alguna obra o trabajo público”.
Lo único que hizo Enedina fue pararse frente a las máquinas para evitar que sus milpas, que en su mayoría producen maíz y quelites, quedaran arruinadas. Juan Carlos, ni siquiera estaba en el lugar donde supuestamente ocurrieron los hechos que le imputaban.
En un trabajo realizado entre 2014 y 2016 por el Centro Nacional de Comunicación Social (Cencos) y la Maestría en Periodismo sobre Políticas Públicas del Centro de Investigación y Docencia Económicas (Periodismo CIDE), registramos 80 agresiones contra comunidades indígenas y pueblos originaros por la construcción de megaproyectos.
Los ataques van desde las detenciones arbitrarias (30), como el caso de estas personas defensoras en Puebla, la violación al derecho a un medio ambiente sano (21), hasta la consulta previa, libre e informada (8).
Los estados con más agresiones son el Estado de México (28), Colima (12) y Puebla (9).
FOTO: Uriel Reyes y Alberto Filio
El Artículo 2º de la Constitución Política Mexicana dice: “La Nación tiene una composición pluricultural sustentada originalmente en sus pueblos indígenas […] El derecho de los pueblos indígenas a la libre autodeterminación se ejercerá en un marco constitucional de autonomía […] Esta Constitución reconoce y garantiza el derecho de los pueblos indígenas a la libre determinación y en consecuencia tienen autonomía para: […] Aplicar sus propios sistemas normativos; […] Conservar y mejorar el hábitat y preservar la integridad de sus tierras[…]”.
Aun así, según las cifras de esta base de datos, el gobierno mexicano continúa violando los derechos de los pueblos indígenas al no respetar las normas por las que ellos se rigen, despojarlos de sus tierras o utilizar sus recursos naturales sin consultarles y encarcelar o amedrentar a quienes los defienden.
Del total de 80 agresiones registradas, 77 fueron cometidas por funcionarios públicos. La Comisión Nacional del Agua encabeza la lista con 24 de ellas; después le sigue la Secretaría de Seguridad Ciudadana del Estado de México, con 19, y la Secretaría de Energía, con 12. El mayor número de ataques ocurre en los proyectos mineros (14), en los hidroeléctricos (13) y en los eólicos (11).
Además, queda el agravante que en esta base de datos únicamente incluimos las agresiones que fueron denunciadas y pudimos comprobar, es decir, pudiese haber por ahí muchas más de las que todavía no nos enteramos.
Algunos dirán que las comunidades no quieren el desarrollo o que se oponen a la modernización pero ni siquiera se los hemos preguntado. Varios de ellos han asegurado estar de acuerdo con la construcción de la presa, el parque eólico o la mina, pero es la forma en la que las autoridades y empresas llegan a imponerlo, lo que les molesta. En otros casos, los pueblos originarios quieren proponer alguna alternativa para la construcción de la carretera o el paso del gasoducto, mas no se les permite.
Es necesario entender que ellos tienen derechos sobre la tierra y los recursos naturales. Viven desde hace siglos ahí, no son invisibles y tienen el derecho a decidir.
Si quieres conocer más sobre este proyecto, visita megadiscriminacion.org
México encamina sus políticas públicas a fin de impulsar las inversiones en el sector energético y minero a costa del aumento de los impactos sociales y ambientales tanto en los territorios como en los habitantes, señalaron investigadores del Centro de Análisis e Investigación Fundar, Cartocrítica, Red Unidos por los Derechos Humanos (RUDH), Corason y consultores independientes.
Durante la presentación del “Anuario de Industrias Extractivas: Situación actual 2016”, Beatriz Olivera, de Fundar reveló que el marco regulatorio en torno a la minería en el país es laxo y subrayó que con la apertura del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) “proliferaron” los proyectos extractivos, en especial los canadienses, ya que el 60 por ciento de las concesiones mineras que existen a lo largo y ancho de la República Mexicana pertenecen precisamente a Canadá.
La investigadora indicó que la Ley Minera ha sido modificada a modo de favorecer a las empresas, pues de los 25 años que permitía de concesión anteriormente, pasó a 50 con opción a prórroga hasta por otros 50, es decir, las mineras pueden llegar a explotar un territorio hasta por todo un siglo.
Por si fuera poco, Olivera manifestó que el Artículo 20 de la misma Ley permite las explotaciones energética y minera en las Áreas Naturales Protegidas (ANP) con que cuenta el territorio nacional. Para el año 2015 existían ya más de mil 600 concesiones en dichas zonas.
