Ciudad de México | Desinformémonos. Las consultas realizadas por el gobierno federal sobre el corredor del Istmo de Tehuantepec y el proyecto eólico Gunna Sicaru fueron rechazadas por las organizaciones que integran la red El Istmo es Nuestro, al considerarlas “violatorias y fuera de contexto”, pues los poblados no fueron informados y sólo se invitó a algunos representantes de las comunidades indígenas en la zona.
Las organizaciones, entre las que se encuentran las asambleas comunitarias de San Dionisio y San Mateo del Mar y comuneros de Unión Hidalgo Comité de Defensa de los Pueblos Indígenas, señalaron que las autoridades no pueden hablar en nombre de los pueblos “que ni siquiera están informados”.
Acusaron que el Programa de Desarrollo del Istmo de Tehuantepec o Corredor Interoceánico sólo es un “destructor” del territorio y las culturas en la región, así como que busca “sólo beneficiar a empresas trasnacionales y nacionales”.
Catorce comunidades originarias de Xochimilco anunciaron que esta demarcación será la primera de la Ciudad de México (CDMX) en la que todos sus pueblos ejercerán plenamente su derecho al autogobierno, y elegirán a sus representantes con base en sus sistemas normativos o usos y costumbres”.
La Coordinación de Pueblos, Barrios Originarios y Colonias de Xochimilco declaró que “transformará” la elección de Coordinador Territorial en la designación de órganos de gobierno colectivos y comunitarios. A partir de la segunda semana del 2019 ellos mismos determinarán sus mecanismos de autogobierno, según lo establecido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y tratados internacionales.
Después de que habitantes de la hoy alcaldía de Xochimilco se inconformaran ante la convocatoria para la elección de Coordinadores Territoriales “por no haber sido consultada con los pueblos, en tanto el Tribunal Electoral de la Ciudad de México (TECDMX) reconoció en el expediente JLDC-13/2017 el derecho de los pueblos de Xochimilco a la libre determinación”. Ahora ellos “darán cumplimiento a la primera etapa del proceso, consistente en la realización de Asambleas Comunitarias Informativas en todos nuestros pueblos”.
Ciudad de México | Desinformémonos. Ante los megaproyectos aprobados por el gobierno federal, como el Tren Maya, el Nuevo Aeropuerto de Ciudad de México (NAICM) y el el proyecto de desarrollo del Istmo de Tehuantepec, “observamos al presidente reunirse con empresarios, inversionistas y con el gobierno federal saliente; sin embargo, vemos una gran deficiencia de diálogo genuino con los pueblos y las comunidades potencialmente afectadas por dichos proyectos, así como con las organizaciones civiles que los acompañan en la defensa de sus territorios”, aseguraron en un comunicado conjunto autoridades de la Tribu Yaqui de Vícam, la comunidad indígena de San Francisco Xochicuautla, el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan y el Proyecto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.
Los firmantes del comunicado manifestaron su preocupación ante el hecho de que la nueva administración, incluso antes de entrar en funciones, llevó a cabo una consulta en la que no se cumplieron los estándares internacionales ratificados por el Estado, como el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, y la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, con los que está obligado a consultar a las comunidades que resultarían afectadas por los megaproyectos antes de que éstos sean aprobados.
“El gobierno mexicano tiene el deber de respetar y garantizar los derechos antes mencionados en las discusiones sobre proyectos como el Nuevo Aeropuerto de Ciudad de México, el Tren Maya, así como el proyecto de desarrollo del Istmo de Tehuantepec. De lo contrario no sólo afectan la vida de los pueblos, sino que también comprometen la responsabilidad internacional del Estado”, destacaron.
Este miércoles, el Centro de Análisis e Investigación Fundar presenta su balance de la administración federal que concluye este viernes, en el que destaca cuatro grandes fracasos: combate a la corrupción; derechos humanos; reducción de la pobreza y una reforma energética que vulneró a los pueblos indígenas.
Imagen: Fundar
Fracasos, deudas, batallas perdidas y promesas insostenibles: así resume la organización Fundar el gobierno de Enrique Peña Nieto, que este viernes llega a su fin.
El Centro de Análisis e Investigación presenta este miércoles su balance del sexenio en un documento titulado ‘Fue un mal año. No, menos, como seis’ utilizando el traspié cometido por el presidente en una declaración pública de 2017, para definir una administración que “reemplazó crisis sociales con aplausos para sus reformas estructurales”. El título hace referencia a la frase “Estamos a un minuto de aterrizar, no, menos: como a cinco”, que enunciara Peña Nieto durante un vuelo hacia Oaxaca.
Como resultado de su evaluación de las políticas públicas del gobierno de Peña Nieto y su implementación, Fundar destaca cuatro temas fundamentales en los que la administración saliente fracasó: la estrategia contra la corrupción; el respeto a los derechos humanos en las políticas de seguridad; el combate a la pobreza, y el modelo de desarrollo al que aspiraba la reforma energética, que sólo derivó en pueblos indígenas vulnerados por emporios mineros.
“No sólo fue un año en el que la narrativa de la presidencia sumamente optimista se contradecía con las alarmas sobre México derivadas de la violencia por el narcotráfico y la crisis económica de unos años atrás; también lo fueron los cinco años restantes de la administración”, señala el reporte.
Para ilustrar la baja calificación que otorga al gobierno de Peña Nieto, Fundar menciona casos emblemáticos como el desvío de recursos públicos a través de universidades revelado por la investigación La Estafa Maestra; la impunidad en los actos de corrupción cometidos por varios gobernadores; el inmueble ocupado por el presidente y su esposa en las Lomas de Chapultepec -conocido como La Casa Blanca-; el espionaje a periodistas, así como la desaparición de 43 estudiantes de la Normal rural Isidro Burgos de Ayotzinapa, en el estado de Guerrero.
Unos 370 indígenas de Chenalhó, Zinacantán y Ocosingo desplazados en diferentes fechas por conflictos políticos y agrarios, y que el lunes emprendieron una marcha a la capital del estado para exigir el cumplimiento de minutas firmadas con autoridades estatales, acordaron descansar ayer en el kilómetro 16 de la carretera de cuota y continuar este viernes, informó su asesor, Diego Cadenas Gordillo, director del Centro de Derechos Humanos Ku’untik.
Agregó que los desplazados exigen ayuda humanitaria, pues ya no tienen que comer y el gobierno ha incumplido sus promesas.
Comentó que algunas personas han ofrecido ayuda humanitaria a los desplazados. El gobierno tiene interés de que se suspenda la caravana, pero los desplazados pretenden llamar la atención del próximo gobernador, Rutilio Escandón Cadenas, y del presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, para encontrar una solución a la violencia en sus comunidades, aseveró.
El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas (Frayba) confirmó que son más mil 700 indígenas tzotziles los que fueron desplazados de manera forzada el pasado 7 de noviembre de la comunidad de Chavajeval, municipio de El Bosque y que viven en una situación de emergencia por falta de víveres y cobijas para enfrentar el frío de la temporada.
El Frayba exigió hoy al gobierno estatal proporcione ayuda humanitaria a cada una de las personas, y garantice su integridad y retorno en condiciones óptimas de seguridad.
El desplazamiento sucedió mientras se realizaba una asamblea comunitaria. Las personas escucharon disparos y decidieron irse de la comunidad por temor a ser heridos, según relata el comunicado.
“Las personas concentradas se dispersaron buscando refugio. Ante rumores de agresiones armadas, en el transcurso de esa noche se desplazaron forzadamente buscando senderos hacia la cabecera municipal, otras comunidades y hacia la montaña” informó el Frayba.
El Estado mexicano está obligado a cumplir sus compromisos internacionales y consultar de manera previa, libre e informada a los pueblos indígenas cuando existan megaproyectos de desarrollo que puedan afectar a sus comunidades, como el Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM) o el Tren Maya.
La relatora especial de las Naciones Unidas sobre Derechos de Pueblos Indígenas, Victoria Tauli-Corpuz, afirmó lo anterior al presentar en la Universidad del Claustro de Sor Juana el informe de la visita oficial que hizo a nuestro país del 8 al 17 de noviembre de 2017.
Agregó que en México estas comunidades enfrentan violaciones a sus garantías, lo que genera violencia, desplazamiento forzado, impunidad, criminalización a quienes defienden sus tierras, falta de acceso a la educación, salud, vivienda e incluso asesinatos.
La experta internacional recordó que aun cuando en México no exista una ley nacional sobre consulta a las comunidades indígenas, esto no exime a las autoridades de aplicar este proceso conforme sus obligaciones internacionales.
El modelo de desarrollo que rige en México es ajeno a las culturas indígenas y representa un riesgo para agravar la desigualdad en esas comunidades. Es tal la inequidad, que actualmente están vigentes 4 mil concesiones en las que se han entregado los territorios de los pueblos originarios para la explotación de sus recursos por grandes empresas.
Así lo advirtió el representante en México de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Jan Jarab, quien agregó que en la mayoría de los casos observados por su oficina no se garantiza el derecho a las comunidades indígenas a una consulta previa, libre, informada, culturalmente adecuada y de buena fe, y en caso de que éstas se efectúen, no cumplen con los estándares internacionales.
Durante la inauguración del seminario Los derechos humanos de los pueblos y comunidades indígenas frente a los proyectos de desarrollo, que se realizó ayer en El Colegio de México, Jarab destacó que el prototipo de desarrollo que se sigue en el país afecta de manera negativa los derechos de diversos pueblos indígenas.
Parque eólico Eurus, La Venta (Juchitán de Zaragoza, Oaxaca) | Foto: Diana Manzo/La Jornada
Por Redacción/La Jornada
Ciudad de México. La comunidad indígena de Unión Hidalgo, en el estado de Oaxaca, presentó una queja ante la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), contra una empresa francesa que pretende instalar en sus tierras un parque eólico, sin haber solicitado su autorización y sin haber realizado antes una consulta entre los habitantes.
En entrevista, Juan Antonio López, coordinador del área de justicia transnacional de la organización de derechos humanos Prodesc, explicó que a inicios de 2017, pobladores de Unión Hidalgo comenzaron a reunir evidencias sobre la instalación de un parque de la empresa Eólica de Oaxaca, filial de la compañía paraestatal francesa Électricité de France (EDF).
De acuerdo con el activista, la empresa comenzó a promover la firma de contratos de arrendamiento con algunas personas en particular, lo cual es ilegal, porque la posesión de las tierras del pueblo es comunal.
De igual forma, trató de engañar a los habitantes al prometerles ganancias de más de 50 mil pesos al mes por dejarles instalar aerogeneradores en sus tierras, cuando en realidad la paga sería de 250 pesos por hectárea al año.
Pese al rechazo de buena parte de los habitantes de Unión Hidalgo al proyecto eólico, y a la exigencia de que se realice una consulta previa, libre e informada –como lo establece el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, para los pueblos indígenas–, tanto las autoridades estatales como municipales le externaron su apoyo a la empresa.
Bruselas, 22 nov (EFE/SinEmbargo).- Activistas mexicanos acudieron al Parlamento Europeo (PE) para reclamar que la renovación del tratado comercial entre la Unión Europea (UE) y México esté supeditada a la inclusión de “cláusulas vinculantes para evitar la vulneración de derechos humanos”.
“No se debería firmar el acuerdo mientras no se manifieste por parte del Gobierno mexicano la voluntad de cumplir con los derechos humanos”, denunció Olga Guzmán, integrante de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos en una rueda de prensa en el PE.
La activista mexicana visitó el PE para participar en la conferencia “Acuerdo Global UE-México: ¿derechos humanos o intereses comerciales?”, organizada por los eurodiputados españoles Josep-María Terricabras (ERC) y Estefanía Torres (Podemos).
El propio parlamentario de ERC también solicitó un informe al PE que presentó hoy mismo, en el que se acusa a la UE de no aplicar las cláusulas de suspensión del tratado en materia de derechos humanos que ya existen en el presente acuerdo, lo que se define como “una decisión política”.
“En el Parlamento Europeo se han denunciado en diversas ocasiones violaciones de los derechos humanos en México, desde incrementos alarmantes de beneficios hasta una escalada de violencia en 2016”, denuncia el informe, que señala estos casos “son suficientes para aplicar las cláusulas”.
El texto, además, apunta directamente contra empresas españolas que “se están aprovechando de los privilegios que el tratado confiere a las transnacionales europeas”, como Aigües de Barcelona por “vulnerar el derecho al acceso a agua potable” o a Gas Natural Fenosa, por “expulsar a indígenas que vivían donde instalan sus parques eólicos”.
El eurodiputado ponente de este informe, el propio Terricabras, denunció en rueda de prensa que “se está desatendiendo la cuestión de los derechos humanos en la negociación del tratado con la excusa de apresurarse ante la nefasta influencia del Presidente de Estados Unidos, Donald Trump”.
Por su parte, la eurodiputada de Podemos, Estefanía Torres, criticó “la fe ciega en la potencia socializadora de los tratados comerciales que tiene en la UE” y que en estos “muchas veces se anteponen los derechos de las multinacionales a los de la ciudadanía y a los de los agricultores locales”.
De esta forma, la parlamentaria pasó a asegurar que su formación “sólo apoyará tratados que defiendan los derechos fundamentales a través de cláusulas y compromisos” y que el comercio “prospera cuando se da en condiciones de igualdad”.
